Felizardo Bejarano Luna

Expediente 814/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
814/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
09/08/2023

Partes del expediente

  • Felizardo Bejarano Luna

Actuaciones

  1. Principal

    Culiacán, Sinaloa, nueve de agosto de dos mil veintitrés. Con base en la certificación de cuenta y dado que la parte promovente no recurrió el auto en que se desechó la demanda de amparo, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que el citado proveído HA CAUSADO ESTADO. Al no existir actuación por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se ordena el archivo definitivo de este expediente como concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, este expediente es susceptible de destrucción. En el entendido que este expediente no es de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos indicados en el citado Acuerdo General. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, el tomo de pruebas formado con el expediente ******************** de su estadística, virtud que resulta innecesario conservarlo en este Juzgado de Distrito. Notifíquese.

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b)de la Ley de amparo se notifica por lista de estrados y página electrónica a la parte a la quejosa. Culiacán, Sinaloa, doce de julio de dos mil veintitrés. Por recibido el oficio firmado por la Actuaria Judicial adscrita al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Segundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, por medio del cual remite el juicio de amparo ********************2021 del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Segundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, virtud que carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo; acúsese recibo vía interconexión y, provéase como legalmente corresponda. I. Parte quejosa. ********************Acto reclamado: El levantamiento del embargo precautorio establecido en el expediente ******************** sobre los bienes propiedad de ********************y/o quien resulte responsable y********************, el cual es parte del expediente principal ********************. En tal virtud, este juzgado se avoca al conocimiento del juicio de amparo directo ********************2021 del índice del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Segundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, regístrese con el número que corresponda. II. Desechamiento. A fin de proveer lo conducente en relación a la demanda de amparo prmovida por el quejoso de referencia, es preciso señalar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, faculta desechar de plano la demanda de amparo al advertir la existencia de una causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de garantías. Por manifiesto, se entiende lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, en su caso, de los documentos que se anexen; mientras lo indudable es que se tenga certeza y plena convicción que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no sería factible obtener convicción diversa. Al respecto es aplicable la tesis 2a. LXXI/2002 de la Segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 448, Tomo XVI, Julio de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de la siguiente lectura: DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada. En el presente asunto, la demanda de amparo debe desecharse respecto el acto reclamado, consistente en el levantamiento del embargo precautorio establecido en el expediente ******************** sobre los bienes propiedad de ********************y/o quien resulte responsable y********************, el cual es parte del expediente principal ********************; virtud de actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dice: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. [.] De esta disposición se obtiene, entre otras cosas, que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones judiciales de tribunales administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, aun cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente. Así, los elementos con los que se integra la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, son los siguientes: El acto reclamado sea resolución proveniente de autoridad judicial; La ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; Ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y, Por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Por consiguiente, se impone conocer el contenido del artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo aplicable: 849. Contra actos de los presidentes, actuarios o funcionarios, legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares, procede la revisión. En tal circunstancia, si la ley que rige el acto que reclama el accionante de amparo prevé medio ordinario de defensa mediante el que puede obtener la reparación de las violaciones que estime cometidas en su contra y que tiene por efecto modificarlo o revocarlo, el promovente como parte en el juicio del que emana el auto reclamado previamente a la interposición del juicio de amparo debió agotar el medio de defensa que concede la ley ordinaria (revisión). En ese sentido, si el promovente reclama el levantamiento del embargo precautorio que realizó por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, mediante auto de trece de octubre de dos mil diecisiete en el expediente ******************** sobre los bienes propiedad de ********************y/o quien resulte responsable y********************, respecto del cual procede la revisión previsto por la ley como medio ordinario de defensa, entonces el accionante de amparo antes de acudir a la presente instancia, debió haber agotado dicho medio de impugnación. Por ende, al actualizarse notoriamente la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, y con apoyo en el precepto 113 del ordenamiento en cita, se desecha la presente demanda de amparo. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para recibir notificaciones el que indica en la demanda de amparo para esta ciudad y para tales efectos a las personas que menciona. Transparencia y acceso a la información. Cualquier información relacionada con el expediente, incluidas las llevadas a cabo en ejecución de sentencia, estarán a disposición del público para su consulta conforme el procedimiento de acceso a la información; en la inteligencia que las partes podrán oponerse a la publicidad de sus datos personales, por lo que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia y demás actuaciones se hagan públicas sin supresión de datos, salvo los legalmente protegidos conforme a la ley de la materia. Notifíquese personalmente. Así lo acordó el licenciado Pedro Jara Venegas, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa, ante el licenciado José Leónides Miguel Santos Cortés, secretario que asiste y da fe.

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