Feliza Ramírez Pisaña

Expediente 85/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 15 de abril de 2016.

Datos del expediente

Expediente
85/2016
Año
2016
Actuaciones
5
Última actuación
15/04/2016

Partes del expediente

  • Feliza Ramírez Pisaña

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Con fundamento en los artículos 62 y 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponde, el oficio que suscribe la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Civil del Decimosexto Circuito, residente en Guanajuato, capital, al que anexa testimonio de la resolución dictada en el recurso de queja número 33/2016, que en su punto resolutivo estableció: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja." Acúsese recibo a la Superioridad; con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el expediente como totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión. Acorde con lo previsto en el punto décimo primero, último párrafo, del multicitado Acuerdo General Conjunto, prevéngase a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, acuda a este juzgado a recoger el documento que en original y con sello de recepción anexó a su escrito de demanda; apercibida que de no hacerlo, este podrá ser destruido junto con el expediente.

  2. Principal

    Visto el ocurso presentado por ***********, por sí y como apoderado legal de **********, mediante el que promueve el recurso de queja contra el auto de diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, de conformidad con el artículo 97 de la Ley de Amparo, agréguese al sumario para que obre como legalmente corresponde. En razón de lo anterior, con fundamento en el numeral 101 de la Ley de Amparo, ríndase por separado el informe justificado, y remítase el escrito de cuenta al Tribunal Colegiado en Materia Civil en turno, del Décimo Sexto Circuito, anexándose copia certificada íntegra del expediente relativo al juicio de amparo 85/2016.

  3. Principal

    Visto el ocurso presentado por **********, por sí y como apoderado legal de **********, mediante el que promueve el recurso de queja contra el auto que desechó su demanda de amparo (acuerdo de once de febrero de dos mil dieciséis); de conformidad con el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, agréguese al sumario para que obre como legalmente corresponde. En razón de lo anterior, con fundamento en el numeral 101 de la Ley de Amparo, ríndase por separado el informe justificado, y remítase el escrito de cuenta al Tribunal Colegiado en Materia Civil en turno, del Décimo Sexto Circuito, anexándose copia certificada íntegra del expediente relativo al juicio de amparo 85/2016. Por otra parte, en cuanto a la solicitud del quejoso para que le sea otorgada la suspensión provisional del acto reclamado, no ha lugar a proveer de conformidad, toda vez que conforme al artículo 128 de la Ley de Amparo, resulta indispensable que antes de pronunciarse al respecto, se haya admitido la demanda de amparo, situación que en el caso no aconteció.

  4. Principal

    Glósese al sumario para que obre como legalmente corresponde el ocurso presentado por **********, por su propio derecho y como apoderado de **********, albacea de la sucesión de **********, personalidad que acredita y se le tiene por reconocida en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo, al tenor de la copia certificada de los autos de catorce y veintiséis de enero de dos mil dieciséis dictados en el toca 56/2016, del índice de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad del mismo nombre; con el que se le tiene desahogando la prevención que le fue realizada en auto de tres de febrero actual. A efecto de lo anterior, exhibió las documentales descritas en el párrafo que antecede, manifestó bajo protesta de decir verdad que el expediente C1231/2014, origen del acto reclamado se encuentra en etapa de prueba y expresó su deseo por señalar como autoridad responsable ejecutora al Juez Segundo Civil de Partido de Acámbaro, Guanajuato, y por ampliar la demanda en cuanto a los conceptos de violación planteados en el escrito inicial; por lo que se deja sin efectos el apercibimiento contenido en el mencionado acuerdo. Luego, del estado que guardan los presentes autos se advierte que se impugna la determinación asumida por el Magistrado de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, en data veintiséis de enero de dos mil dieciséis, en la que declaró infundada la recusación propuesta por el hoy quejoso contra la Juez Segundo Civil de Partido de Acámbaro, Guanajuato, en los autos del juicio ordinario civil C1231/14, el cual se encuentra en etapa de pruebas, y la agraviada figura como parte demandada y actora reconvencionista. Ahora bien, de los numerales 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107 fracción V, de la Ley de Amparo, se desprende que los actos dictados durante el juicio sólo pueden impugnarse en amparo indirecto cuando tengan una ejecución de imposible reparación. Actos de imposible reparación que han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos sustantivos del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal -y en el marco constitucional actual también los reconocidos en los tratados internacionales en que México sea parte, como lo prevé el inciso b), de la fracción III, del artículo 107 de la vigente la Ley de Amparo. Es aplicable en lo conducente y por identidad de razón jurídica, la tesis jurisprudencial P./J. 37/2014 (10ª.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación el viernes seis de junio de dos mil catorce, de rubro y texto: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).- Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Al igual que la diversa tesis P. LVII/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XX, de octubre de dos mil cuatro, página nueve, que dice: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo." En esa tesitura, la determinación reclamada no constituye acto que tenga sobre las personas o las cosas, una ejecución de imposible reparación, ni pueden combatirse, de conformidad con los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República y 107, fracción V, de la ley reglamentaria, a través del juicio de amparo en la vía indirecta. Así, puesto que el magistrado responsable determinó declarar infundada la recusación propuesta por la demandada en el juicio ordinario civil subyacente (hoy parte quejosa), contra la juez de origen, se considera que tal acto procesal no tiene una ejecución de imposible reparación, pues sus consecuencias no afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo, sino que sus efectos son de orden procesal y cualquier violación que se hubiera cometido con la determinación reclamada puede disiparse eventualmente en la sentencia que se emita siempre que resulte favorable a los intereses de la parte quejosa, o en caso contrario, en el medio de impugnación ordinario o extraordinario (según proceda) que en su contra se haga valer. En respaldo se invoca, por identidad de razón jurídica, la tesis jurisprudencial 1ª.115/ 2008, legible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Marzo de 2009, página 22, Novena Época, de rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE REVOCA O DECLARA INFUNDADA LA EXCUSA PLANTEADA POR UN JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que tratándose de violaciones formales, adjetivas o procesales, el juicio de amparo indirecto procede excepcionalmente cuando aquéllas afecten a las partes en grado predominante o superior, lo que debe determinarse objetivamente considerando la institución procesal de que se trate, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica, así como los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo. En congruencia con lo anterior y tomando en cuenta que la resolución que revoca o declara infundada una excusa planteada por un juez de primera instancia para conocer de un asunto, por encontrarse en alguno de los supuestos legales previstos como impedimento, produce únicamente efectos formales o intraprocesales que no afectan en grado predominante o superior a las partes, se concluye que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra la resolución mencionada. Lo anterior es así, porque si bien la excusa atiende un aspecto subjetivo que puede afectar la imparcialidad del juzgador, ello no necesariamente habrá de materializarse, en tanto que si el afectado obtiene sentencia favorable a sus intereses en cuanto al fondo del asunto, quedarían reparadas las violaciones y los posibles perjuicios causados con la aludida resolución. Además, conforme a la fracción X del artículo 159 de la Ley de Amparo, se trata de una violación procesal reclamable en la vía directa, pues al resolverse en definitiva el juicio, la parte que se considere afectada puede hacerla valer, ya que hasta entonces podrá alegar que el juzgador actuó con parcialidad." En el entendido de que la tesis invocada, así como las que se citan en el presente proveído, son aplicables de conformidad con el Artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en vigor a partir del día siguiente a aquel en que fue publicada en el citado medio de difusión oficial nacional; en razón de que no se oponen a los postulados establecidos en la mencionada Ley. Consecuentemente, al reclamarse en el particular actos dictados dentro de un procedimiento que no son de imposible reparación, se actualiza en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia que deviene de relacionar la fracción XXIII del artículo 61, con la V del numeral 107, ambos de la Ley de Amparo y conforme lo dispuesto en el ordinal 113 del mismo ordenamiento, se desecha de plano la demanda constitucional en trato. Por otra parte, en cuanto al señalamiento como autoridad responsable ejecutora que hace el impetrante; así como la ampliación de su demanda, dígasele que se esté a lo acordado en parágrafos precedentes.

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