Felix Zuñiga Medina y Otros.
Expediente 300/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 300/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 23/05/2023
Partes del expediente
- Felix Zuñiga Medina y Otros.
- Felix Zuñiga Medina
Actuaciones
- Principal
MESA II "... Ciudad del Carmen, Campeche, veintitrés de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa, interpusiera recurso de queja contra el auto de trece de abril de dos mil veintitrés, que tuvo por desechada de plano la demanda de amparo, transcurrió del diecinueve al veinticinco de abril del año en curso, con exclusión de los días veintidós y veintitrés del mismo mes y año, por ser inhábiles, en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de trece de abril de dos mil veintitrés, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Por tanto, remítase al archivo definitivo como asunto concluido. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que este juicio de amparo no es considerado de relevancia documental. Asimismo, transcurrido el plazo de tres años contados a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme a los artículos 21, inciso d), y 24 del referido Acuerdo General. En consecuencia, hágase constar su valoración en la carátula del expediente principal la leyenda "destruible", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del citado Acuerdo General. Por consiguiente, efectúense las anotaciones correspondientes en el libro uno: de juicios de amparo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese por lista a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma José Elías Pacheco Martínez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, asistido de Joel Moisés Estañol González, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
MESA II..."Ciudad del Carmen, Campeche, trece de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos la comparecencia de ratificación de firma del quejoso ***, mediante el cual, cumple en tiempo el requerimiento realizado en proveído de veintitrés de marzo de dos mil veintitrés. DESECHAMIENTO. Por ser cuestión de orden público y de estudio preferente a la admisión de una demanda, en primer lugar, se analizará si se actualiza alguna de las causales de improcedencia del juicio de amparo, previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto transcrito se advierte que si examinada la demanda de amparo, se encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desechará de plano. Ahora, un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, es aquel del que no se tiene duda ni incertidumbre de su existencia, es decir, el juzgador tiene la plena certeza y convicción de que no podrá ser desvirtuado con algún otro medio probatorio, porque se encuentra debidamente probada y no a base a presunciones. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada 2a. LXXI/2002, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVI, julio de 2002, página 448, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." Así las cosas, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, a saber: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" De los preceptos transcritos, se colige que el legislador dispuso que el juicio de amparo indirecto procede en contra de actos realizados fuera de juicio o después de concluido éste, en tanto reconoció la posibilidad del control constitucional de los actos emitidos fuera del procedimiento judicial que también pueden vulnerar derechos fundamentales. No obstante, a fin de resguardar la operatividad del sistema del juicio de amparo y evitar dilaciones innecesarias en la ejecución de sentencias y no obstaculizar el flujo secuencial de los actos de autoridad judicial realizados después de concluido el juicio, se dispuso que el juicio de amparo indirecto únicamente procederá en ciertos supuestos. Ahora bien, de acuerdo a la doctrina jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se advierte que existen dos hipótesis de procedencia del amparo contra actos emitidos por autoridad judicial en la etapa de ejecución de sentencia, a saber: a) Actos que gozan de autonomía con relación a dicha ejecución; y b) Actos en ejecución de sentencia. Por lo que hace a la primera clase de actos, son aquellos que cuentan con autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, por tanto, dichos actos pueden ser impugnados de manera inmediata. Respecto a la segunda clase de actos, el amparo indirecto procede, por regla general, contra la última resolución del procedimiento respectivo (definida jurisprudencialmente antes de la entrada en vigor de la nueva Ley de Amparo como la que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento), en donde también se pueden impugnar aquellas violaciones procesales sufridas durante el procedimiento de ejecución. Este criterio se refleja en la jurisprudencia 1a./J. 29/2003, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, junio de 2003, página 11, Novena Época, que dice: "AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA SU PROCEDENCIA, RESPECTO DE ACTOS DICTADOS DENTRO DEL JUICIO, DESPUÉS DE CONCLUIDO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. De lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso b) y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, se desprenden dos reglas genéricas y una específica de procedencia del juicio de amparo indirecto: la primera regla genérica consiste en que éste procede contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, por medio de las garantías individuales, pues esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufra obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones, a saber, la personalidad de las partes, el embargo o la negativa a denunciar el juicio a terceros, entre otros; la segunda regla genérica consiste en que el juicio de amparo biinstancial procede en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre que no se dicten en ejecución de sentencia, los cuales, de acuerdo con el criterio emitido por el Máximo Tribunal del país, gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como son el arresto dictado como medida de apremio para vencer la contumacia de alguna de las partes o la interlocutoria que fije en cantidad líquida la condena de que fue objeto el perdidoso; y la regla específica introducida por el legislador con el propósito de impedir que el juicio de garantías sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva con el carácter de cosa juzgada, consistente en que el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y, tratándose de remates, contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben; en el entendido de que conforme al criterio sustentado por el más Alto Tribunal de la República, la última resolución es aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. En estas condiciones, y en atención a que las citadas reglas tienen aplicación en diversas etapas del juicio natural, según la naturaleza y finalidad de cada uno de los actos dictados durante su prosecución, es claro que cada una de ellas es aplicable a hipótesis diferentes, por lo que no pueden adminicularse entre sí con el grave riesgo de desnaturalizar el juicio de garantías; por tanto, a los actos dictados en juicio que causen una ejecución de imposible reparación sobre las personas o las cosas, no se les pueden aplicar las reglas que rigen para los actos dictados después de concluido el juicio y en ejecución de sentencia, porque si así se hiciera, el juicio de amparo indirecto sería procedente en contra de todos los actos dictados dentro de un procedimiento, aun cuando no causen una ejecución de imposible reparación; de igual manera, a los actos dictados después de concluido el juicio o en ejecución de sentencia, no puede aplicárseles la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto que rige para actos dictados dentro del juicio, porque bastaría que se alegara que tales actos causan una ejecución de imposible reparación para que el juicio de amparo fuera procedente, pasando por alto que uno de los motivos por los cuales el legislador instrumentó esas reglas, fue evitar el abuso del juicio de garantías." El anterior criterio jurisprudencial participó en la contradicción de tesis 215/2019, resuelta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que tratándose de actos en ejecución de sentencia, el juicio de amparo procede excepcionalmente cuando: a) El acto infrinja directamente derechos sustantivos, esto es, que se trate de actos que tengan una ejecución de imposible reparación; y b) Los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, que no haya sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar. De esta ejecutoria surgió la jurisprudencia P./J. 108/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIII, enero de 2011, página 6, Novena Época, que dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." A partir de lo anterior, se puede concluir que conforme al marco jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tratándose de actos dictados después de concluido el juicio y, específicamente, en el periodo de ejecución de sentencia, el juicio de amparo procede: 1. Contra los actos que gocen de autonomía en el periodo de ejecución de sentencia; y 2. Contra los actos de imposible reparación, ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia. Ahora, no se soslaya que el criterio antes examinado, aborda el estudio de la procedencia del juicio de amparo, en tratándose de actos emitidos en la etapa de ejecución de sentencia, supuesto en el que no se encuentra el acto aquí reclamado, pues éste consiste en la resolución de dos de febrero de dos mil veintitrés, que declara improcedente el recurso de revocación interpuesto en contra del auto de trece de diciembre de dos mil veintidós, dictado en el juicio ejecutivo mercantil ***, por el cual la autoridad responsable negó la admisión del escrito de contestación presentado por el quejoso, relativo al incidente de liquidación de intereses tramitado en dicho asunto; lo que evidencia que se está en una etapa previa o preliminar a la ejecución de sentencia, ya que lo que se persigue con la tramitación del referido incidente de liquidación de intereses, es preparar, a través de determinar en cantidad líquida las prestaciones económicas materia de condena, dicha fase de ejecución. Sin embargo, nada impide aplicar el mismo criterio en tratándose de actos emitidos durante el trámite del incidente de liquidación de sentencia, por más que éste no forme parte de la etapa de ejecución de sentencia, por ser una fase preliminar a la misma, pues la irreparabilidad de los actos bien puede acontecer en cualquier etapa del juicio, sea dentro de juicio, fuera o después de concluido el mismo, sin que sea dable hacer distinción alguna, pues donde exista la misma razón, debe existir la misma disposición. Sirve de apoyo a lo anterior, por su contenido, la tesis III.1o.C.27 K (9a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, Décima Época, Materias(s): Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro X, Julio de 2012, Tomo 3, página 1884, de rubro y texto siguientes: "LIQUIDACIÓN DE SENTENCIA. CONTRA LOS ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, QUE GENEREN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (APLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 108/2010). El criterio adoptado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 108/2010, de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE.", es factible aplicarlo en tratándose del incidente de liquidación de sentencia, por más que éste no forme parte de la etapa de ejecución de sentencia, sino que es una fase preliminar a la misma. Ello es así, pues con tal proceder lo que se hace es uniformar el tratamiento que ha de dársele a las diferentes etapas que integran un juicio, en sentido amplio, como lo son las de demanda y excepciones; de instrucción y de sentencia que integran la etapa del juicio en sentido estricto, así como la preliminar o previa a la ejecución de sentencia, que es la liquidación o cuantificación de las prestaciones económicas materia de condena y, finalmente, la etapa de ejecución de sentencia, pues si en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo es aplicable la referida noción de irreparabilidad tratándose de actos ocurridos dentro del juicio, en sentido estricto, y si el Pleno de la Suprema Corte ya determinó que también es aplicable en la etapa ejecutiva de la sentencia, no se advierte alguna razón válida para que esa misma noción no se aplique a la mencionada etapa preliminar o previa a la ejecución y, en cambio, el aplicar el concepto de irreparabilidad a dicha etapa integra un mismo tratamiento para todas las fases del juicio en sentido amplio, pues debe tenerse presente que, como de hecho lo asumió el Pleno, la posibilidad de que la actuación de la autoridad responsable genere actos de imposible reparación sobre las personas o las cosas puede ocurrir en cualquiera de las etapas del juicio, dado que la eventual irreparabilidad depende de la naturaleza del propio acto de la autoridad, más que de la etapa procesal en la que se produzca, de modo que no es razonable hacer distinción, en cuanto al tema que nos ocupa, entre ellas, pues ésta iría en detrimento de la naturaleza protectora del juicio de garantías." Por otra parte, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver las contradicciones de tesis 377/2013 y 14/2015, determinó que por "actos de imposible reparación" deben entenderse aquellos que producen una afectación material a derechos sustantivos, ya sea que éstos se encuentren reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y precisó que sus consecuencias, al ser de tal gravedad, impiden en forma actual el ejercicio del derecho involucrado, por lo que con su dictado no sólo producen lesiones jurídicas de naturaleza formal o adjetiva. Asimismo, para delimitar esa irreparabilidad, se establecieron dos condiciones: 1. Que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto de autoridad impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente; y, 2. Que esos derechos revistan la categoría de "sustantivos", expresión que resulta antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento. De estas ejecutorias emergieron la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, junio de 2014, Tomo I, página 39, Décima Época, que dice: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado - con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Y, la jurisprudencia P./J. 1/2016 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, abril de 2016, Tomo I, página 15, Décima Época, intitulada: "CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al prever que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, proporciona mayor seguridad jurídica para su promoción, ya que mediante una fórmula legal establece que los actos referidos, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de ser "sustantivos", expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, no pueden seguir aplicándose los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, como son los contenidos en las tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P. LVIII/2004 y P. LVII/2004, de rubros: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS." y "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."; ya que se generaron bajo una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretar lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual ya no acontece, de modo que en los juicios iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente debe prescindirse su aplicación, al ser incompatibles con el nuevo texto legal y así evitar incurrir en desacato. En ese sentido, la resolución que revoca la caducidad decretada en la primera instancia no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrá impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo." A partir de lo anterior, es factible concluir que a raíz del nuevo marco normativo generado con motivo de la entrada en vigor de la Ley de Amparo, a partir del tres de abril de dos mil trece, han quedado superados los criterios jurídicos donde el Máximo Tribunal de Justicia del País, ha fijado los alcances de la expresión "actos de imposible reparación", para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto. Tales criterios, se reflejan en la tesis aislada P. LVII/2004, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XX, octubre de 2004, página 9, Novena Época, intitulada: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo." Asimismo, en la tesis aislada P. LVIII/2004, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XX, octubre de 2004, página 10, Novena Época, con la voz: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al analizar actos procesales que afectan a las partes en el juicio en grado predominante o superior, ha establecido, implícitamente, un criterio orientador para decidir cuándo revisten tales matices y se tornan de ejecución irreparable, en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo cual sucede, por regla general, cuando concurren circunstancias de gran trascendencia que implican una situación relevante para el procedimiento, de cuya decisión depende la suerte de todo el juicio natural, bien para asegurar la continuación de su trámite con respeto a las garantías procesales esenciales del quejoso, o bien porque conlleve la posibilidad de evitar el desarrollo ocioso e innecesario del procedimiento, debiendo resaltarse que siendo la regla general que las violaciones procesales dentro del juicio se reclamen junto con la sentencia definitiva en amparo directo, es lógico que aquellas que sean impugnables en amparo indirecto tengan carácter excepcional. Estas bases primarias para determinar los actos procesales que afectan a las partes en el juicio en grado predominante o superior, requieren que se satisfagan íntegramente, sin desdoro del prudente arbitrio del juzgador para advertir similares actos de esa naturaleza que puedan alcanzar una afectación exorbitante hacia el particular dentro del juicio." Lo anterior, porque los criterios jurídicos transcritos, se generaron al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por la expresión "actos de imposible reparación", lo cual, a la fecha ya no acontece, debido a que el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los "actos de imposible reparación" al establecer que por dichos actos se entienden: ". los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". Bajo ese contexto, en el caso que nos ocupa, el acto reclamado consiste en la resolución de dos de febrero de dos mil veintitrés, que declara improcedente el recurso de revocación interpuesto en contra del auto de trece de diciembre de dos mil veintidós, dictado en el juicio ejecutivo mercantil ****, por el cual la autoridad responsable negó la admisión del escrito de contestación presentado por el quejoso, relativo al incidente de liquidación de intereses tramitado en dicho asunto, lo que alega lo dejó en estado de indefensión. Asimismo, como se precisó en párrafos que precede, dicho acto, si bien fue emitido después de concluido el juicio de origen, sin embargo tampoco corresponde a la etapa de ejecución de sentencia, sino a una fase preliminar o de preparación a la misma. Por tal razón, se puede decir que, atendiendo a la doctrina jurisprudencial del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la decisión del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Mercantil del Segundo Distrito Judicial del Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, en declarar improcedente el recurso de revocación, interpuesto en contra del auto de trece de diciembre de dos mil veintidós, dictado en el juicio ejecutivo mercantil ****, por el cual la autoridad responsable negó la admisión del escrito de contestación presentado por el quejoso, relativo al incidente de liquidación de intereses tramitado en dicho asunto; no constituye la última etapa en la fase de ejecución de sentencia, pues se encuentra en una etapa preliminar, ni tampoco se trata de un acto de imposible reparación ajeno a la cosa juzgada, habida cuenta que lo que se pretende es precisamente preparar la fase ejecutiva del juicio, por medio de cuantificar en cantidad líquida las prestaciones a que se condenaron en el fallo con el que culminó el referido juicio ejecutivo mercantil, de manera que será hasta que se emita la interlocutoria que resuelva el incidente de liquidación de intereses correspondiente, que pueda determinarse si la resolución reclamada trascendió al resultado de dicha interlocutoria y será hasta entonces que pueda combatirse ésta, así como todas las violaciones procedimentales que estime ocurrieran durante su tramitación, a través del medio de impugnación que en derecho proceda. Por consiguiente, con fundamento en los artículos 113 y 61, fracción XXIII, y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, por causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por ***, contra actos de la Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Mercantil del Segundo Distrito Judicial del Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen. Notifíquese personalmente a la parte quejosa Así lo proveyó y firma José Elías Pacheco Martínez, juez Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, asistido de Joel Moisés Estañol González, secretario de juzgado con quien actúa y da fe
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MESA II.."Ciudad del Carmen, Campeche, tres de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito presentado a nombre del quejoso ***, mediante el cual, pretende desahogar la prevención realizada en proveído de veintitrés de marzo de dos mil veintitrés. Ahora bien, toda vez que la firma que aparece al calce del escrito de cuenta, a simple vista, difiere notablemente con la que obra en el escrito de la demanda de amparo; en consecuencia, a fin de tener certeza de la identidad de quien promueve y si preserva el propósito pretendido en el escrito que se atiende, requiérase a ***, para que dentro del plazo de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, en horas hábiles, esto es, de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos, se presente ante este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, ubicado en calle Caballito de Mar, número 34-A (entre calles 50 y 52), Playa Norte, Ciudad del Carmen, Campeche, código postal 24115, con identificación oficial vigente que acredite su identidad, con la finalidad de que en diligencia formal, previa lectura que se le haga del escrito que se recibe, manifieste si ratifica o no la firma que lo calza. Se apercibe a la quejosa que de no comparecer ante este órgano jurisdiccional dentro del plazo concedido, se presumirá que no es su voluntad ratificar la firma que calza el escrito aclaratorio y se tendrá por no presentado dicho ocurso. Resulta aplicable la jurisprudencia 3a. 24, de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, Primera Parte, Enero-Junio de 1989, página 385, Octava Época, intitulada: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS, DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA. Cuando un escrito presente una firma que sea notoriamente distinta de la que ya obra en autos, debe mandarse reconocerlas, con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Amparo, advirtiendo al ocursante de los delitos en que incurren quienes declaran con falsedad ante la autoridad judicial, así como del contenido del artículo 211 de la Ley de Amparo y después se dictará el acuerdo que corresponda, con vista a la propia diligencia de reconocimiento. Es importante distinguir que la firma notoriamente diferente, no equivale a la falta de firma, pues ambas son hipótesis distintas." Lo anterior, sin necesidad de que este juzgador requiera la práctica de algún dictamen en la materia para llegar a la conclusión asentada en párrafos precedentes, al ser notorio y evidente que presentan rasgos grafológicos diferentes, tanto la firma que obra al calce del escrito inicial de demanda, como la que se encuentra plasmada en el escrito de cuenta, lo que se hace a simple vista sin ningún resquicio de duda, pues de actuar en sentido contrario sería desconocer lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis 9/88, de la que derivó la jurisprudencia citada en el párrafo que antecede. Resulta aplicable, por su contenido, la tesis III.1o.T.Aux.2.K, del Primer Tribunal Colegiado de Auxiliar, con residencia en Guadalajara, Jalisco, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 1945, Novena Época, intitulada: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA ASENTADA EN LOS AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO LA CONSTITUYE LA QUE A SIMPLE VISTA PRESENTA RASGOS GRAFOLÓGICOS SIMILARES A AQUÉLLA Y, EN CONSECUENCIA, EL JUZGADOR DEBE DICTAR EL ACUERDO QUE EN DERECHO PROCEDA. Si bien es cierto que cuando un escrito presenta una firma que es notoriamente distinta de la que ya obra en autos del juicio relativo los Jueces de amparo deben mandar reconocer las firmas discrepantes entre sí, en términos de la tesis de jurisprudencia 3a./J. 24 (7/89), sustentada por la extinta Tercera Sala de nuestro más Alto Tribunal del país, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo III, Primera Parte, enero a junio de 1989, página 385, de rubro: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS, DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA.", también lo es que tal facultad no es irrestricta, sino que sólo opera en los casos en que la firma respectiva es tan burda que puede advertirse la discrepancia sin poseer algún conocimiento especial en grafología. Esto es así, pues aunque la referida tesis de jurisprudencia no proporciona elemento alguno para advertir los casos en que se está en presencia de una firma notoriamente distinta a otra, debe considerarse que el elemento notoriedad a que alude tal tesis debe ser el que de ese vocablo se desprende, o sea, público y sabido de todos, lo cual permite establecer que una firma será notoriamente distinta a otra cuando presente rasgos grafológicos tan diferentes que cualquier persona pueda detectarlos con sólo imponerse de ella a simple vista, es decir, aquella que aparece a los ojos del juzgador de manera clara y patente, porque resulta innegable que no presenta los propios rasgos grafológicos que tiene alguna otra firma asentada en autos del juicio de que se trate, de ahí que una firma no será notoriamente diferente a otra cuando para algunos sea distinta y para otros no, en virtud de que lo notorio es obvio e indiscutible y, por ello, no puede derivarse de apreciaciones que lleven a una conclusión u otra. Por tanto, en los supuestos en que una firma asentada en algún escrito dirigido al juicio correspondiente no sea materialmente igual a la que aparece en autos, pero presente, a simple vista, rasgos grafológicos similares a aquélla, el juzgador del conocimiento debe estimar que el ocurso relativo fue firmado por el mismo suscriptor y, en consecuencia, está constreñido a dictar el acuerdo que en derecho proceda." No se soslaya la jurisprudencia 2a./J. 59/2017 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "PERICIAL EN MATERIA DE CALIGRAFÍA Y GRAFOSCOPÍA. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA ORDENAR OFICIOSAMENTE SU PRÁCTICA Y DESAHOGO, A FIN DE VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE LA FIRMA QUE CALZA LA DEMANDA DE AMPARO, RECONOCIDA POR QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE EN ELLA, ÚNICAMENTE CUANDO ADVIERTA QUE LA FIRMA RATIFICADA Y LAS PLASMADAS DURANTE LA DILIGENCIA DE RATIFICACIÓN SON NOTORIAMENTE DIFERENTES"; sin embargo, no se está en el supuesto contemplado en dicho criterio, pues lo que se controvierte es la firma plasmada en el escrito aclaratorio de la demanda y no en la diligencia de ratificación. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma José Elías Pacheco Martínez, juez Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, asistido de Joel Moisés Estañol González, secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
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MESA II..."Ciudad del Carmen, Campeche, veintitrés de marzo de dos mil veintitrés. RADICACIÓN. Vista la demanda de amparo promovida *****, contra actos de la Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Mercantil del Segundo Distrito Judicial del Estado, con residencia en Ciudad del Carmen Campeche, radíquese con el número de expediente 300/2023-II, intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y efectúense las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. PREVENCIÓN. El artículo 114 de la Ley de Amparo, establece que el órgano jurisdiccional examinará el escrito de demanda y si advirtiere deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, mandará prevenir a la promovente para que dentro del plazo de cinco días subsane las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda. 27/04/24 20:00:02 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7f.77 Joel Moisés Estañol González 2 Por su parte, el numeral 108, fracción V de la citada legislación, deriva la obligación del quejoso de manifestar bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación. Ahora bien, la lectura integral de la demanda de amparo revela que la parte quejosa señala como acto reclamado la resolución de dos de febrero de dos mil veintidós, que declaró improcedente el recurso de revocación que interpuso en contra del auto de trece de diciembre del dos mil veintidós, dictado en el incidente *****. Sin embargo, posteriormente, en el numeral tres del capítulo de antecedentes, refiere que la responsable por auto de siete de diciembre de dos mil veintidós, negó la admisión de la contestación del incidente de liquidación de intereses, lo que recurrió mediante el recurso de revocación, conforme a lo narrado en el diverso numeral cuatro. Ahora bien, esa ambigüedad se traduce en una irregularidad de la demanda de amparo que debe ser aclarada por el promovente, pues del artículo 108, fracción V, de la ley de Amparo, deriva la obligación del quejoso de señalar bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, con la finalidad de fijar debidamente la litis constitucional, para que de esta forma la autoridad responsable esté en condiciones de rendir con claridad el informe justificado que se le solicite. Por consiguiente, con fundamento en los artículos 108, fracción V y 114, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del plazo de cinco días, cumpla con lo siguiente: 27/04/24 20:00:02 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7f.77 Joel Moisés Estañol González Juicio de Amparo Indirecto 300/2023-II 3 1. Bajo protesta de decir verdad, y a manera de ampliación de antecedentes precise la fecha del auto contra el cual promovió recurso de revocación, resuelto el dos de febrero de dos mil veintitrés. 2. Escrito aclaratorio que al ser parte integrante de la demanda de amparo deberá acompañarse con las copias suficientes, esto es, deberá exhibir cinco (4) copias, una (1) es para la autoridad responsable, una (1) para la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, una (1) para el tercero interesado y uno (1) para el incidente de suspensión. Se apercibe a la parte quejosa que de no cumplir con lo ordenado dentro del plazo concedido, con fundamento en el artículo 114, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada su demanda. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27 fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones personales el ubicado en *****. AUTORIZADOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. Como lo solicita la parte quejosa, se tienen por autorizados con las amplias facultades del 12 de la Ley de Amparo, se tiene a ***** y *****, pues, de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que después de una búsqueda en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, se encontró que los autorizados de la parte quejosa cuentan con cédula profesional de licenciados en derecho. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada 2a. VIII/2020 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la 27/04/24 20:00:02 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7f.77 Joel Moisés Estañol González 4 Federación, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo V, página 4456, Décima Época, de la voz: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO. El artículo 12 de la Ley de Amparo establece la posibilidad de que el quejoso o el tercero interesado designen autorizados para atender procesalmente el juicio de amparo, los que tratándose de las materias civil, mercantil, laboral (en el caso del patrón), administrativa y penal, deben acreditar encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. Para lo cual, sólo se requiere que en el escrito en el que se otorga la autorización se señalen los datos con los que el autorizado acredite tal carácter. En ese tenor, si el agraviado designa autorizado delegándole las facultades que prevé la indicada disposición y éste no tiene reconocida personalidad ante la autoridad responsable (conforme a lo previsto en el artículo 11 de la ley de la materia) o ante el órgano jurisdiccional de amparo, pero señala el número de su cédula profesional, ello es suficiente para que se le tenga reconocido tal carácter ante este Alto Tribunal, pudiendo confirmar la información proporcionada mediante consulta al Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública." AUTORIZADOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 24 DE LA LEY DE AMPARO. Se tienen por autorizado para oír y recibir notificaciones en términos del artículo 24, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a ***** y *****, quien no gozará de las demás facultades previstas en el artículo 12 de dicho ordenamiento legal. Lo anterior, dado que en el escrito de demanda el quejoso no proporciona datos que acrediten que las mencionadas personas se encuentra legalmente autorizada para ejercer la profesión de licenciado en derecho. AUTORIZACIÓN DE USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. 27/04/24 20:00:02 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7f.77 Joel Moisés Estañol González Juicio de Amparo Indirecto 300/2023-II 5 Desde este momento, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la reproducción de las constancias de autos (salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales), en la inteligencia que toda reproducción se llevará a cabo ante el secretario que tiene a cargo el expediente en que se actúa, quien levantará la certificación correspondiente del medio electrónico utilizado y de la constancia reproducida. EXHORTO A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA". Con fundamento en el artículo 263 fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo; se exhorta a las partes para que continúen la tramitación del presente asunto, mediante el esquema de "juicio en línea"; para lo cual, deberán proporcionar su nombre de usuario, solicitar que las notificaciones subsecuentes se les realicen de manera electrónica y que tengan firma electrónica vigente. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA. Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 13, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley 27/04/24 20:00:02 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7f.77 Joel Moisés Estañol González 6 General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma José Elías Pacheco Martínez, juez Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, asistido de Joel Moisés Estañol González, secretario con quien actúa y da fe.
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