Felix Vazquez Rodriguez
Expediente 141/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 9 actuaciones registradas, la última del 23 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 141/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 23/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Felix Vazquez Rodriguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
ESTADO PROCESAL Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el término de tres días, concedido a la parte quejosa mediante proveído de doce de julio de dos mil veintiuno, para que manifestara lo que a su interés conviniera respecto a las constancias aportadas por la Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, en cumplimiento al fallo protector; asimismo, en acuerdo de diecinueve de julio del año en curso, se reservó proveer en relación al escrito de la parte promovente, mediante el cual formuló diversas manifestaciones sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, hasta en tanto transcurriera el término dado en la vista; circunstancia que aconteció; por tanto, se provee sobre dicho ocurso. ESTUDIO DE CUMPLIMIENTO Al respecto, conviene destacar que mediante sentencia definitiva emitida por este órgano jurisdiccional, terminada de engrosar el veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, a efecto de que la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, realizara lo siguiente: ? "Deje insubsistente la resolución de trece de enero de dos mil veintiuno, emitida en el juicio ordinario laboral ***, relativa al recurso de revisión interpuesto por la parte actora (quejosa), en la parte conducente en la que adujo que mediante acuerdo de quince de septiembre de dos mil veinte se estaba indicando el procedimiento a seguir para el cumplimiento del laudo, respecto a la inscripción retroactiva del actor, así como al pago de las aportaciones que corresponde al IMSS, INFONAVIT, AFORE, tan es así que se giró oficio al Instituto Mexicano del Seguro Social, cumpliendo así en términos del artículo 940 de la Ley Federal del Trabajo; y, ? En su lugar emita otra en la que, declare fundado el agravio formulado por el quejoso en su recurso de revisión relativo a que la Presidencia no funda ni motiva su actuar ni indica el procedimiento a seguir para que se dé la ejecución y en consecuencia, requiera a la parte condenada (patrón) a dar cumplimiento a la condena decretada en el laudo, esto es, a realizar la inscripción retroactiva del trabajador, así como el pago de las aportaciones que correspondan ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y la Administradora de Fondos para el Retiro (AFORE) por el tiempo de servicios prestados que lo fue del trece de junio de mil novecientos ochenta y cuatro al quince de diciembre de dos mil trece a razón de un salario diario de $***. Dejando intacto lo relativo al agravio por el que se ordenó dar vista con la resolución al Presidente de la Junta Local de Conciliación de esta ciudad, para que se pronunciara respecto a la multa, girando el oficio respectivo." En consecuencia, en acuerdo de veinticinco de junio de dos mil veintiuno, causó ejecutoria y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento a la sentencia de amparo. Luego, por misiva registrada con el progresivo 6332/2021, la responsable informo que mediante auto de dos de julio de dos mil veintiuno dejo insubsistente la resolución de trece de enero de dos mil veintiuno, emitida en el juicio ordinario laboral *** y ordeno remitir los autos del citado asunto al secretario auxiliar para que emitiera una nueva interlocutoria, atendiendo los lineamientos de la ejecutoria de amparo. Asimismo, en esa fecha, dicto otra resolución interlocutoria, en el que declaró fundado el agravio formulado por el quejoso en su recurso de revisión relativo a que la Presidencia no funda ni motiva su actuar ni indica el procedimiento a seguir para que se dé la ejecución, en consecuencia, requirió a la parte demandada (patrón) a dar cumplimiento a la condena decretada en el laudo. En tales condiciones, con dichas actuaciones la responsable cumplió con lo ordenado en la sentencia de amparo. Por ende, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de amparo dictada en el presente asunto, HA QUEDADO DEBIDAMENTE CUMPLIDA. Sin que se soslaye que la parte quejosa en su promoción con folio 6691 aduzca que la sentencia no se encuentra cumplida, debido a que la junta responsable le ha impuesto diversas multas a la parte demandada, sin lograr que acate sus determinaciones. Ello es así, pues las medidas de apremio empleadas no fueron materia de la ejecutoria de amparo, en virtud de que los efectos de la sentencia, consistieron medularmente, en dejar insubsistente la resolución reclamada y emitir otra en la que, la responsable declarara fundado el agravio formulado por el quejoso en su recurso de revisión relativo a que la Presidencia no fundó ni motivó su actuar ni indicó el procedimiento a seguir para que se dé la ejecución. Luego, si bien uno de los efectos también fue que se requiriera a la parte condenada a dar cumplimiento al laudo, en lo relativo a realizar la inscripción retroactiva del trabajador, así como el pago de las aportaciones que correspondan ante las diversas instituciones señaladas, lo cierto es que no se estableció que medidas de apremio debía emplear la responsable para ello. Por tanto, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. ? VALORACIÓN: No es de relevancia documental, carece de valor jurídico, histórico, documental o de relevancia alguna. ? DESTINO: ? Expediente principal. ES DEPURABLE en el plazo de 3 años, contado a partir de la fecha del presente auto. ? Documentos: La parte quejosa allegó documentos de los catalogados como no originales. Lo anterior, en cumplimiento a los artículos 12, 15, interpretado a contrario sentido, 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo en cita. Ahora, respecto de los documentos exhibidos en el presente juicio, catalogados como no originales, su devolución se autoriza desde este momento. En el entendido que para su obtención, deberá agendar una cita a efecto de que se le permita el acceso a este juzgado a la persona que pretenda hacer el trámite correspondiente; lo cual deberán realizar a través del sistema "Agenda OJ", en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx.23 , respecto de lo que se les informa que horario de este Juzgado es de las 12:30 a las 18:30 horas, a efecto de que lo tome en consideración al momento de agendar su cita Luego de obtenerse la cita, deberá comunicarse de inmediato al teléfono 462 123 9428, en el que deberá indicar el número del presente expediente, la fecha y hora de su cita, así como el motivo de la diligencia, a fin de realizar las acciones necesarias para prepararla con anticipación; en el entendido de que cualquier error en la cita del expediente, dará lugar a que no pueda llevarse a cabo el trámite, ante el tiempo que requiere su preparación y la duración de las citas. En el entendido que, de no hacerlo, se destruirán junto con el expediente en el plazo señalado, conforme al Acuerdo General antes citado. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física de los cuadernos y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Finalmente, se requiere a las autoridades responsables para que se abstengan de acusar recibo de los oficios que este juzgado les remita, salvo en aquellos casos en los que de manera expresa le sea solicitado, ello atendiendo a las cargas de trabajo con las que cuenta este órgano jurisdiccional. Notifíquese, personalmente al quejoso
- Principal
...Téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por el apoderado legal de la parte quejosa; atento a su contenido, se le tiene formulando diversas manifestaciones sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, lo anterior, con fundamento en los preceptos 192, 193 y 196 de la ley de la materia; en el entendido que una vez que trascurra la vista se hará el pronunciamiento correspondiente. AUTORIZADOS Por otra parte, se tiene como su autorizada en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a la persona que menciona en su escrito de cuenta, por así haberlo solicitado expresamente. Notifíquese.
- Principal
...Téngase por recibido el oficio remitido por la Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa el cumplimiento que dio a la ejecutoria de amparo, por lo cual remite copia certificada de las resoluciones de dos de julio del año en curso, emitidas en el laboral número *** del su índice, para acreditar su dicho. En tales condiciones, se ordena correr traslado a la parte quejosa con la promoción de cuenta y anexos, para que dentro del término de tres días previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, legalmente computado, manifiesten lo que a su interés legal convenga respecto del cumplimiento que informó la autoridad responsable; con el apercibimiento que, en caso de omisión, en su oportunidad este órgano jurisdiccional dictará la resolución correspondiente con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable...
- Principal
...Ténganse por recibidos los escritos signados por el apoderado legal del quejoso, mediante los cuales solicita se declare que ha causado ejecutoria la sentencia dictada en el presente asunto. CAUSA EJECUTORIA En atención a lo solicitado, del estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86, en relación con el diverso 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión contra la sentencia definitiva en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, sin que las partes lo hicieran valer. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales. Sin que sea necesario realizar el cómputo correspondiente a las responsables, toda vez que éstas carecen de legitimación para interponer recurso de revisión; de conformidad con la jurisprudencia número P./J./ 22/2003, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 23, tomo XVIII, Julio de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA. Por regla general, la autoridad responsable en el juicio de amparo tiene legitimación para interponer la revisión con el propósito de que subsista el acto que de ella hubiera emanado, cuya inconstitucionalidad se cuestiona, lo cual es particularmente notorio tratándose de autoridades administrativas, que propugnan por el predominio de su pretensión en aras de la finalidad de orden público que persiguen; sin embargo, esto no sucede tratándose de las atribuciones que corresponden a las autoridades judiciales o jurisdiccionales, en virtud de que la característica fundamental de su función, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, es la completa y absoluta imparcialidad, el total desapego al interés de las partes, sean privadas o públicas, ya que sus resoluciones deben ser dictadas conforme a derecho y su actividad primordial se agota en el pronunciamiento de la sentencia. La imparcialidad del órgano jurisdiccional o judicial es una característica aceptada en el orden jurídico mexicano, aun tratándose del Juez Penal, puesto que conforme al artículo 102-A constitucional, la persecución de los delitos le corresponde al Ministerio Público -órgano administrativo- ante los tribunales; éstos tienen la función de decir el derecho entre partes contendientes de modo imparcial, y si bien es cierto que una de las funciones del Juez Penal, como la de cualquier otro juzgador, es la de velar por el interés público, esa tutela se encuentra limitada a su actuación como rector del proceso, sin que ese interés trascienda al juicio de amparo, pues en esa instancia corresponde a los órganos judiciales competentes la salvaguarda de las garantías individuales. Por otra parte, la existencia de algunos tipos penales establecidos en los artículos 215 y 225 del Código Penal Federal, como abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia no justifican la legitimación de los tribunales penales para interponer el recurso de revisión en contra de las sentencias que concedan el amparo respecto de sus resoluciones, ya que éstos no se configuran por el hecho de que un Juez Penal dicte resolución o sentencia, aparte de que la misma supuesta legitimación tendrían no sólo los Jueces Penales, sino los de todas las materias; con la salvedad de que si el titular -persona física- del órgano de autoridad es afectado en lo personal en la sentencia de amparo, como cuando en ella se le impone una multa, por tales afectaciones personales sí tiene legitimación para recurrir" En ese tenor, este órgano de control constitucional procede a precisar los alcances del fallo protector y determinar qué autoridad se encuentra vinculada y en qué medida para cumplirla; ello con el objeto de conseguir el eficaz y pleno cumplimiento de la sentencia de amparo, de conformidad con los artículos 192 a 198 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 47/98, cuyo rubro y texto son los siguientes: "SENTENCIAS DE AMPARO. PARA LOGRAR SU EFICAZ CUMPLIMIENTO, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA TIENE FACULTADES PARA PRECISAR SU ALCANCE, SEÑALAR LAS AUTORIDADES VINCULADAS A CUMPLIRLAS Y LA MEDIDA EN QUE CADA UNA DE ELLAS DEBE PARTICIPAR. El artículo 17, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal, dispone que "Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones por su parte, los artículos 104 al 113 de la Ley de Amparo, establecen diversos procedimientos tendientes a obtener el cumplimiento eficaz de las sentencias que conceden el amparo e, inclusive, el último de estos preceptos dispone que no podrá archivarse ningún expediente sin que esté enteramente cumplida la sentencia de amparo. La interpretación congruente de tales disposiciones constituye el sustento en que se apoya toda determinación encaminada a conseguir el cumplimiento pleno de las resoluciones jurisdiccionales, máxime si lo que se pretende es ejecutar un fallo emitido por los tribunales de la Federación en un juicio de amparo, ya que éste tiene por objeto, precisamente, tutelar a los gobernados contra los actos de autoridad que infrinjan sus garantías individuales. De esto se sigue que si la causa del retardo para la ejecución de la sentencia de amparo consiste en la confusión respecto de la manera correcta en la que procede cumplimentarla, para estar en posibilidad de dar solución a la situación descrita, la Suprema Corte tiene facultades para establecer los alcances del fallo protector, determinar qué autoridades se encuentran vinculadas a cumplirlo y en qué medida, con el objeto de conseguir el eficaz y pleno cumplimiento de la sentencia de amparo." Al respecto, es de precisarse que el fallo protector se concedió a efecto de que la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, realice lo siguiente: Deje insubsistente la resolución de trece de enero de dos mil veintiuno, emitida en el juicio ordinario laboral *** relativa al recurso de revisión interpuesto por la parte actora (quejosa), en la parte conducente en la que adujo que mediante acuerdo de quince de septiembre de dos mil veinte se estaba indicando el procedimiento a seguir para el cumplimiento del laudo, respecto a la inscripción retroactiva del actor, así como al pago de las aportaciones que corresponde al IMSS, INFONAVIT, AFORE, tan es así que se giró oficio al Instituto Mexicano del Seguro Social, cumpliendo así en términos del artículo 940 de la Ley Federal del Trabajo; y, En su lugar emita otra en la que, declare fundado el agravio formulado por el quejoso en su recurso de revisión relativo a que la Presidencia no funda ni motiva su actuar ni indica el procedimiento a seguir para que se dé la ejecución y en consecuencia, requiera a la parte condenada (patrón) a dar cumplimiento a la condena decretada en el laudo, esto es, a realizar la inscripción retroactiva del trabajador, así como el pago de las aportaciones que correspondan ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y la Administradora de Fondos para el Retiro (AFORE) por el tiempo de servicios prestados que lo fue del trece de junio de mil novecientos ochenta y cuatro al quince de diciembre de dos mil trece a razón de un salario diario de $85.71 (ochenta y cinco pesos 71/100 moneda nacional). Dejando intacto lo relativo al agravio por el que se ordenó dar vista con la resolución al Presidente de la Junta Local de Conciliación de esta ciudad, para que se pronunciara respecto a la multa, girando el oficio respectivo. En consecuencia, en términos del segundo párrafo del artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, para que dentro del término que impone el precepto legal en cita, es decir, tres días, dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Lo anterior, con el apercibimiento que de no cumplir en los términos antes indicados, se le impondrá una multa equivalente a cien veces la Unidad de Medida y Actualización vigente, con apoyo en el artículo 258 de la Ley de Amparo, asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Decimosexto Circuito en Materia de Trabajo en turno, con residencia en la capital, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar en la separación de su puesto y su consignación. Ahora bien, no obstante que la Ley de Amparo vigente, en su artículo 192, párrafo tercero, obliga a este juzgado federal a notificar y requerir al superior jerárquico de la autoridad directamente vinculada para que la constriña a dar cumplimiento al fallo protector, en el presente caso, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, al constituirse como autoridad formal y materialmente jurisdiccional dotada de autonomía e independencia para dictar y hacer cumplir sus resoluciones, carece de superior jerárquico en los términos que se establecen en la ley de la materia. Ilustra sobre el tópico expuesto la Tesis: 2a./J. 36/2011 (10a.) Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Décima Época 2000099, 1 de 1, Segunda Sala. Libro IV, Enero de 2012. Tomo 4, página 3515. Jurisprudencia (Común), de rubro y texto: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo". Asimismo, devuélvase a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, las constancias que remitió en apoyo a su informe de ley, consistentes en copia certificada del expediente *** en dos tomos. Finalmente, se requiere a las autoridades responsables para que se abstengan de acusar recibo del oficio que este Juzgado le remite, ello atendiendo a las cargas de trabajo con las que cuenta este órgano jurisdiccional...
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