Felix Vargas Aguilar

Expediente 346/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 8 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
346/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
21/06/2022

Partes del expediente

  • Felix Vargas Aguilar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    PERSONAL.....(53)....cítese a las partes a la audiencia de alegatos relativa al incidente innominado.....NUEVE HORA CON QUINCE MINUTOS DEL TREINTA DE JUNIO DOS MIL VEINTIDOS.....

  2. Principal

    Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 75 y 76, la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por ****, en contra del acto y por la autoridad que fueron precisados en el resultando primero y, en términos de lo expuesto en el último considerando de esta sentencia.

  3. Principal

    agréguese a los autos el oficio firmado por la delegada del Director Normativo de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por medio del cual formula diversas manifestaciones en torno al acatamiento del fallo protector e informa las gestiones que realiza a fin de dar cumplimiento al mismo. En atención a su contenido, en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, se tienen por hechas sus manifestaciones y por informadas las gestiones, de las que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar.

  4. Principal

    Ciudad de México, treinta y uno de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término otorgado a la parte quejosa en auto de veintidós de marzo de dos mil veintidós, a efecto de que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto de las constancias con las que la responsable adujo el acatamiento a la ejecutoria de amparo; sin que haya formulado manifestación alguna al respecto. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo vigente, se procede a analizar si el fallo protector se encuentra cumplido con base en las constancias procesales. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J.26/2000, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XI, marzo de 2000, de rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Acorde con lo anterior, es necesario precisar que se otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, en los siguientes términos: "[.] Por consiguiente, dado que la abstención de brindar a la quejosa el tratamiento y atención oportunos y adecuados -que en su condición requiere-, genera una violación al derecho fundamental de salud que consagra el artículo 4° constitucional, lo procedente es otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal para efecto de que las autoridades responsables, Director General y Encargado de la Farmacia, ambos del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, por sí o por conducto de las autoridades que resulten competentes y que estén a su cargo, provean lo conducente para que:??????????????? - De forma inmediata garanticen el respeto al derecho a la salud de Graciela Jerónimo Bonifacio, cuestión que implica que le sea entregado oportunamente el medicamento que tiene prescrito para tratar la enfermedad que padece . Lo anterior, bajo responsabilidad del médico tratante y con independencia de que sea necesaria una nueva valoración de la paciente, considerando que su padecimiento al igual que los fármacos que requiere para su tratamiento, podrían modificarse posteriormente. Aspectos que deben ser considerados con el esencial propósito de reparar, de forma integral, las violaciones al artículo 4° constitucional. Cobra aplicación la tesis P. XVIII/2011, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXIV, agosto de 2011, página 32, que dice: DERECHO A LA SALUD. SU TUTELA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO. La justiciabilidad del derecho a la salud no tiene manifestaciones idénticas cuando su violación se denuncia por los ciudadanos en vía de amparo y cuando se reclama por otras vías como por ejemplo, la acción de inconstitucionalidad. Para determinar qué tipo de pretensiones pueden estudiarse en vía de amparo hay que constatar no sólo que se invoque la violación de un derecho fundamental que incorpora pretensiones jurídicas subjetivas, sino también que la invasión al derecho que se denuncia represente un tipo de vulneración remediable por dicha vía. Lo anterior es así, porque el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de actos y normas con efectos únicamente para el caso concreto, como lo establecen los artículos 103, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 76 de la Ley de Amparo; sin embargo, ello no permite descartar que, en ciertas ocasiones, dar efectividad al amparo implique adoptar medidas que colateral y fácticamente tengan efectos para más personas que las que actuaron como partes en el caso concreto. Pero este tipo de efectos, que podrían denominarse ultra partes, deben ser colaterales y estar unidos por una relación de conexidad fáctica o funcional con los efectos inter partes, es decir, no pueden ser efectos central o preliminarmente colectivos. Ello es así, porque la Constitución General de la República reserva la posibilidad de impugnar las normas de manera que puedan ser declaradas inválidas con efectos erga omnes a una serie acotada de órganos legitimados, por la vía de las controversias constitucionales o las acciones de inconstitucionalidad. Así como, la tesis CCCXLIII/2015 (10a.), de la Primera Sala de nuestro máximo Tribunal, consultable a foja 969 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 24, noviembre de 2015, tomo I, con el rubro y texto siguientes: DERECHO A LA SALUD. ALGUNAS FORMAS EN QUE LAS AUTORIDADES DEBEN REPARAR SU VIOLACIÓN. Cuando en un caso concreto esté directamente vinculado el derecho a la salud y exista una determinación de la vulneración de aquél, el juzgador tiene que, en efecto, buscar, dentro de sus respectivas competencias y atendiendo al caso concreto, ordenar las reparaciones pertinentes. Así, la protección del derecho a la salud supone la regulación de los servicios de salud en el ámbito interno, así como la implementación de una serie de mecanismos tendientes a tutelar la efectividad de dicha regulación. Algunas de las reparaciones que se pudieran dar en estos supuestos, de conformidad con el parámetro de regularidad constitucional, son: i) establecer un marco normativo adecuado que regule la prestación de servicios de salud, estableciendo estándares de calidad para las instituciones públicas y privadas, que permita prevenir cualquier amenaza de vulneración a la integridad personal en dichas prestaciones; ii) las autoridades deben prever mecanismos de supervisión y fiscalización estatal de las instituciones de salud, así como procedimientos de tutela administrativa y judicial para la presunta víctima, cuya efectividad dependerá, en definitiva, de la puesta en práctica que la administración competente realice al respecto; iii) cuando hay una lesión clara a la integridad de la persona, como es la mala práctica médica, las autoridades políticas, administrativas y especialmente judiciales, deben asegurar e implementar la expedición razonable y prontitud en la resolución del caso; iv) tomar todas las medidas necesarias para salvaguardar el derecho humano al nivel más alto posible de salud; v) otorgar servicios de salud de calidad en todas sus formas y niveles, entendiendo calidad como que sean apropiados médica y científicamente. Cuando en un caso concreto esté directamente vinculado el derecho a la salud y exista una determinación de la vulneración de aquél, el juzgador tiene que buscar, dentro de sus respectivas competencias y??????????????? atendiendo al caso concreto, ordenar las reparaciones pertinentes. Resultando igualmente aplicable, por el criterio que informa, la tesis XXI.2o.P.A.18 A (10a.) que aparece publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 35, octubre de 2016, tomo IV, página 2725, cuyo contenido es el siguiente: ACCESO A LA SALUD. CORRESPONDE AL ESTADO PROTEGER ESE DERECHO HUMANO Y, POR TANTO, AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INCUMBE LA CARGA DE PROBAR EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN EL QUE SE LE DEMANDE UNA NEGLIGENTE ATENCIÓN MÉDICA, QUE SU PERSONAL MÉDICO OTORGÓ AL PACIENTE LA ADECUADA A SU PADECIMIENTO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 173/2008, el 30 de abril de 2008, entre otras consideraciones sostuvo, en relación con el derecho humano de acceso a la salud, reconocido por el artículo 4o., párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que entre varios elementos, comprende: el disfrute de servicios de salud de calidad en todas sus formas y niveles, entendiendo calidad como que sean apropiados médica y científicamente, esto es, que exista personal médico capacitado, medicamentos y equipo hospitalario científicamente aprobados y en buen estado, y condiciones sanitarias adecuadas. Asimismo, que para garantizar la calidad en los servicios de salud como medio para proteger el derecho mencionado, el Estado debe emprender las acciones necesarias para alcanzar ese fin. En ese orden de ideas, corresponde al Instituto Mexicano del Seguro Social, en su calidad de parte demandada en el juicio contencioso administrativo, la carga de probar que su personal médico otorgó al paciente una atención médica adecuada a su padecimiento, con el objeto de restaurar su salud, cuando la pretensión deducida por el actor es, por ejemplo, obtener el reembolso de los gastos extrahospitalarios generados, debido a una negligente atención médica durante el tiempo que estuvo internado en un hospital de dicho organismo. Sin que obste a lo anterior, lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en el sentido de que, como regla general, las resoluciones y actos administrativos se presumirán legales y, como excepción, que las autoridades deberán probar los hechos que los motiven cuando el afectado los niegue lisa y llanamente, a menos que la negativa implique la afirmación de otro hecho. Ello, tratándose de los casos en que a las autoridades demandadas en el juicio de nulidad se les atribuya un hecho negativo, como es la omisión de otorgar servicio médico diligente y de calidad; caso en el cual, se repite, es a éstas a quienes corresponde la carga de demostrar que la atención médica otorgada al paciente, en el momento en que estuvo internado en uno de sus hospitales y de acuerdo a los síntomas que presentaba, era la adecuada para tratar el padecimiento por el cual fue hospitalizado y restaurar su estado de salud. [.]" Del análisis a lo anterior, se desprende que para que este órgano jurisdiccional se encuentre en aptitud legal de declarar cumplida la sentencia, la autoridad responsable deberá acreditar con constancias idóneas, lo siguiente: ? El Director General y el Encargado de la Farmacia, ambos del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por sí o por conducto de las autoridades que resulten competentes y que estén a su cargo, provean lo conducente para que: o De forma inmediata garanticen el respeto al derecho a la salud de Graciela Jerónimo Bonifacio, cuestión que implica que le sea entregado oportunamente el medicamento que tiene prescrito para tratar la enfermedad que padece. Lo anterior, bajo responsabilidad del médico tratante y con independencia de que sea necesaria una nueva valoración de la paciente, considerando que su padecimiento al igual que los fármacos que requiere para su tratamiento, podrían modificarse posteriormente. En cumplimiento a lo anterior, junto con el oficio registrado con el folio 6597, presentado en la Oficialía de Partes de este Juzgado Federal el dieciocho de marzo de??????????????? dos mil veintidós, el Jefe de la División de Asuntos Jurídicos del Centro Médico Nacional "20 de Noviembre" del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, remitió las siguientes documentales: ? Copia constatada de la Impresión de la consulta al sistema Integral de Abasto de Medicamentos SIAM, respecto de la quejosa Graciela Jerónimo Bonifacio, por el periodo del uno de noviembre de dos mil veintiuno al ocho de marzo de dos mil veintidós. Constancias que por ser públicas, merecen eficacia probatoria plena en términos de los artículos 129, 197 y 202, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo vigente. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 226 publicada en la página 153 del Tomo VI, materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 2000, de rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Ahora, de un análisis comparativo entre los efectos para los cuales fue concedida la protección de la justicia federal y la constancia remitida en cumplimiento al mismo, se advierte lo siguiente: EFECTOS DE LA CONCESIÓN DE LA PROTECCIÓN FEDERAL. CONSTANCIAS DE CUMPLIMIENTO ? El Director General y el Encargado de la Farmacia, ambos del Centro Médico ? Copia constatada de la Impresión de la consulta al sistema Integral de Abasto de Nacional 20 de Noviembre del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por sí o por conducto de las autoridades que resulten competentes y que estén a su cargo, provean lo conducente para que: o De forma inmediata garanticen el respeto al derecho a la salud de Graciela Jerónimo Bonifacio, cuestión que implica que le sea entregado oportunamente el medicamento que tiene prescrito para tratar la enfermedad que padece. Medicamentos SIAM, respecto de la quejosa Graciela Jerónimo Bonifacio, por el periodo del uno de noviembre de dos mil veintiuno al ocho de marzo de dos mil veintidós ? Del cuadro comparativo que antecede, se advierte que con las documentales de referencia, la autoridad responsable, acató los extremos de la concesión de la protección constitucional, ya que de la consulta al sistema Integral de Abasto de Medicamentos SIAM, respecto de la quejosa Graciela Jerónimo Bonifacio, por el periodo del uno de noviembre de dos mil veintiuno al ocho de marzo de dos mil veintidós, se advierte que se le ha entregado periódicamente el medicamento que tiene prescrito para tratar la enfermedad que padece. Con las constancias analizadas se dio vista a la parte quejosa en proveído de veintidós de marzo de dos mil veintidós, para que, en el término ahí precisado, manifestara lo que a su derecho conviniera; sin que haya formulado manifestación alguna al respecto, a pesar de haber sido notificada por lista el veintitrés de marzo siguiente. Atento a lo anterior y considerando el estado procesal que guardan los presentes autos, con fundamento en lo previsto en el artículo 196 párrafos segundo, tercero y cuarto, de la Ley de Amparo vigente, SE DECLARA CUMPLIDA la sentencia ejecutoria dictada en el presente juicio de garantías.??????????????? En el entendido que quedará a cargo de las responsables en el ámbito de sus atribuciones, la obligación de garantizar la salud (tratamiento) de la quejosa y verificar que no se repita la práctica violatoria sobre ese derecho a la salud; pues la presente determinación no implica dejar a la discrecionalidad de las autoridades responsables el continuar o no entregando los medicamentos que tiene prescritos la parte quejosa para tratar su padecimiento, ello en razón de que estas continúan teniendo la obligación de respetar el derecho a la salud previsto en el artículo 4, cuarto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que deberán abstenerse de negar la entrega de dichos medicamentos o de dar el tratamiento médico que requiera. En tales condiciones, notifíquese personalmente a la parte quejosa la presente determinación, para los efectos de los artículos 201 fracción primera y 202, de la Ley de Amparo vigente; en consecuencia, hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y, de conformidad con los artículos 196 párrafo cuarto y 214, del ordenamiento legal antes invocado, una vez concluido el término otorgado en el artículo 202 de la citada ley de la materia, y que no existan diligencias pendientes por desahogar en el presente juicio de amparo, archívese el expediente como asunto concluido. Ahora, en caso de que las autoridades responsables se encuentren gozando no estén laborando con motivo de la contingencia decretada en nuestro país, comisiónese a un actuario adscrito a este órgano jurisdiccional para que al día en que reanuden sus labores, entreguen los oficios notificatorios del presente proveído, sin necesidad de ulterior acuerdo; los cuales deberán quedar resguardados bajo su estricta responsabilidad, hasta en tanto sean entregados a sus receptores. NOTIFÍQUESE; POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA DE CONFORMIDAD CON LO ORDENADO EN AUTO DE TRECE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO Y VÍA ELECTRÓNICA AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO. Así lo proveyó y firma Laura Gutiérrez de Velasco Romo, Jueza Séptima de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en unión de Josué Yoao García García, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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