FELIX SANCHEZ SANCHEZ y Otros.

Expediente 71/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
71/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
08/04/2019

Partes del expediente

  • FELIX SANCHEZ SANCHEZ y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, suscrito con el oficio suscrito por la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, por el cual remite el testimonio de la ejecutoria pronunciada el veintidós de marzo de dos mil diecinueve, dictada dentro recurso de queja número 14/2019 y el expediente de amparo número 71/2019, de la cual se advierte que dicho Tribunal Colegiado resolvió declarar infundado el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa FELIX SÁNCHEZ SÁNCHEZ por su propio derecho y en representación de J.M. Z. S. y Y. Z. S. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, acúsese recibo a la superioridad de la ejecutoria antes mencionada, y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Glósese a los presentes autos el expedientillo que se formó con motivo del recurso planteado, únicamente por lo que hace a las constancias que obran en original; lo anterior a fin de hacer práctico el manejo del juicio de amparo en que se actúa. En razón de lo anterior, en cumplimiento a lo que establece el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente expediente en que se actúa, es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes, conforme a lo que dispone la fracción XVIII, del capítulo primero, del referido acuerdo general conjunto; por lo cual, una vez transcurridos TRES AÑOS a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal, al Centro de Documentación y Análisis, previa la anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Finalmente, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el capítulo tercero, punto décimo primero, párrafo segundo, del multicitado acuerdo general conjunto número 1/2009.

  2. Principal

    Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta de la parte quejosa por conducto de su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la ley de Amparo MAURICIO PÉREZ HERNÁNDEZ, por el cual interpone recurso de queja en contra del auto de veintiocho de enero de dos mil diecinueve; en conformidad con el artículo 97 fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo vigente; en tales condiciones, con fundamento en el artículo 101 de la Ley de Amparo, ríndase informe justificado en el sentido de que es cierto el acto reclamado; toda vez, que el suscrito determinó en el auto que se impugna desechar de plano la demanda de amparo promovida por la parte quejosa FÉLIX SÁNCHEZ SÁNCHEZ por derecho propio y ostentándose como representante de los menores J.M.Z.S y Y.Z.S, contra los actos del FACILITADOR EN MEDIOS ALTERNATIVOS ADSCRITA AL CENTRO ESTATAL DE MEDIOS ALTERNATIVOS EN SOLUCION DE CONFLICTOS EN MATERIA PENAL DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA y otra autoridad. Ahora bien, virtud de que en el caso se trata de un auto en el que se desechó la demanda de amparo, no es necesario hacer requerimiento alguno respecto de señalamiento de las constancias correspondientes; en consecuencia, se ordena remitir al Tribunal Colegiado en Materia Penal en Turno del Sexto Circuito, el informe justificado respectivo al cual deberán anexarse el recurso y los autos originales del presente expediente de amparo. Fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por FÉLIX SÁNCHEZ SÁNCHEZ por derecho propio y ostentándose como representante de los menores J.M.Z.S y Y.Z.S, contra los actos del FACILITADOR EN MEDIOS ALTERNATIVOS ADSCRITA AL CENTRO ESTATAL DE MEDIOS ALTERNATIVOS EN SOLUCION DE CONFLICTOS EN MATERIA PENAL DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA y otra autoridad. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 71/2019. Ante todo, debe puntualizarse que el Juez de Distrito está constreñido al análisis de la demanda, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA DE AMPARO La parte quejosa reclama de la aludida autoridad responsable y otra, los siguientes actos: 1.- De la FACILITADOR EN MEDIOS ALTERNATIVOS, ADSCRITA AL CENTRO ESTATAL DE MEDIOS ALTERNATIVOS EN SOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN MATERIA PENAL DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA, reclamo la omisión de designarme un intérprete en el dialecto náhuatl en la suscripción y emisión del acuerdo reparatorio de fecha treinta y uno de octubre del año dos mil dieciocho en el expediente número **** 2.- Del DEFENSOR PÚBLICO, ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS CIVILES, FAMILIARES Y ADMINISTRATIVOS DE LA DEFENSORIA PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, reclamo no haber solicitado la intervención de un defensor o intérprete en el dialecto náhuatl, para leerme explicar a cabalidad el contenido del ilegal acuerdo reparatorio mencionado en el punto anterior." De lo anterior, debe concluirse que la acción constitucional ejercida mediante la demanda amparo que se analiza deviene improcedente, pues se advierte que respecto de los actos que reclama, se actualiza una causa notoria e indudable de improcedencia, contemplada en el artículo 61, fracción XXIII con relación de los artículos 1 y 5 fracción I, de la Ley de Amparo establecen lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y III. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley." De los numerales transcritos se observa que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por leyes o actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, con lo que se obtiene que dicho juicio es improcedente cuando no exista una afectación real y actual en la esfera jurídica de los gobernados, esto es, cuando no se vulneren derechos humanos y garantías contenidas en aquellos. En el caso no se actualiza el supuesto previsto en el artículo 1º de la Ley de Amparo, pues el planteamiento no constituye una afectación real, actual y directa a los derechos humanos de la parte quejosa ni de las garantías previstas para su protección. Ello, porque el acto reclamado consistente en la omisión de designar a la promovente un intérprete en el dialecto náhuatl en la suscripción y emisión del acuerdo reparatorio de fecha treinta y uno de octubre del año dos mil dieciocho en el expediente número 71/2018/TETELA/CEMASC, del que refiere desconocer la transcendencia de sus cláusulas, no le genera una afectación real y actual en la gama de derechos de la impetrante y sus representados. Esto es, se trata de actos que no le causan un agravio inminente, toda vez que el acuerdo reparatorio celebrado en el expediente de referencia, está supeditado a ser aprobado, por el Ministerio Público, al encontrarnos en la etapa de la investigación inicial. Lo anterior, tal y como lo establece el artículo 190 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que a la letra dice: Artículo 190. Los acuerdos reparatorios deberán ser aprobados por el Juez de control a partir de la etapa de investigación complementaria y por el Ministerio Publico en la etapa de investigación inicial. En este último supuesto, las partes tendrán derecho a acudir ante el Juez de control, dentro de los cinco días siguientes a que se haya aprobado el acuerdo reparatorio, cuando estimen que el mecanismo alternativo de solución de controversias no se desarrolló conforme a las disposiciones previstas en la ley de la materia. Si el Juez de control determina como válidas las pretensiones de las partes, podrá declarar como no celebrado el acuerdo reparatorio y, en su caso, aprobar la modificación acordada entre las partes. Previo a la aprobación del acuerdo reparatorio, el Juez de control o el Ministerio Público verificarán que las obligaciones que se contraen no resulten notoriamente desproporcionadas y que los intervinientes estuvieron en condiciones de igualdad para negociar y que no hayan actuado bajo condiciones de intimidación, amenaza o coacción." En tanto, el dispositivo legal en comento, establece que los acuerdos reparatorios deberán ser aprobados por el Ministerio público en la etapa de investigación inicial. De ahí que, dicho acuerdo reparatorio reclamado no le depara perjuicio alguno hasta en tanto sea aprobado por el Agente del Ministerio Público de origen, tal como se estableció en la parte final del acuerdo de treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho. Pues es el Ministerio Público quien está obligado a verificar que las obligaciones que se contraen no resulten notoriamente desproporcionadas y que los intervinientes estuvieron en condiciones de igualdad para negociar y que no hayan actuado bajo condiciones de intimidación, amenaza o coacción, tal y como se desprende en la cláusula sexta último párrafo del propio acuerdo reparatorio que anexa la parte quejosa a su escrito de demanda, donde se ordenó remitir al Agente del Ministerio Público de origen para su aprobación. Por estas razones se considera que el acto reclamado no genera alguna afectación, menoscabo o privación en alguno de los derechos sustantivos consagrados constitucionalmente en favor de la parte quejosa, que deba ser analizado, y en su caso reparado, a través de este medio de defensa extraordinario, pues dicho acuerdo reparatorio no le depara perjuicio de forma real y actual en su esfera jurídica, hasta en tanto sea aprobado por el Ministerio Público correspondiente. Esto es, no se advierte la existencia de una controversia por violación a derechos humanos; ante lo cual, resultaría ocioso tramitar un juicio. En tales condiciones, al advertirse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia previsto por la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el 1 de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO, en conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 del mismo Cuerpo de Leyes. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase a la parte quejosa señalando domicilio para oír y recibir notificaciones personales, y como autorizadas en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a los profesionistas que indica, con las restricciones que el mismo numeral prevé respecto de los diversos autorizados, por así solicitarlo. Respecto a su solicitud de que se autorice la consulta del expediente electrónico de este juicio de amparo a través del usuario ASESOR3AJ; con fundamento en el artículo 77 y 78 del Acuerdo General Conjunto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que regula los servicios relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal, se comisiona a la Analista Jurídico SISE adscrita a este Juzgado Federal, para que previo cercioramiento del usuario proporcionado proceda a realizar la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. AUTORIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Por lo que respecta a la petición del impetrante de amparo, en cuanto a la reproducción de constancias mediante medios electrónicos de las actuaciones que de este expediente emanan; dígasele que se provee de conformidad a lo anterior, previa petición verbal y razón que del citado acto se deje asentada en el presente sumario, lo anterior de conformidad con la circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, signada por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero, y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente, no obstante que la parte quejosa manifestó su conformidad en que se publiquen sus datos personales; en términos de lo dispuesto en los preceptos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo la considerada legalmente como confidencial o reservada.

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