Félix Salvatori Lozada
Expediente 242/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 242/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 26/03/2021
Partes del expediente
- Félix Salvatori Lozada
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos el oficio signado por los integrantes del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, por el que remiten copia certificada de las constancias de notificación a las partes respecto del acuerdo de nueve de marzo de dos mil veintiuno, dictado en el conflicto laboral D-****/2010, en el que la responsable regularizó el procedimiento y dejó sin efectos el auto de dos de febrero de dos mil veintiuno, en el que había fijado la cantidad que debía pagarse a la parte actora y en su lugar precisó que la cantidad correspondiente es de $**** M.N. (**** moneda nacional), por lo que señaló las once horas del veintidós de marzo de dos mil veintiuno, para la celebración de la diligencia de requerimiento de pago; sin que se tenga conocimiento del resultado de la diligencia en comento. A lo anterior, con fundamento en el artículo 192, de la Ley de Amparo, se requiere al Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, para que, dentro del plazo de veinticuatro horas, contadas a partir de que reciba el oficio por el cual se le notifique el presente proveído, remita copia certificada de la diligencia de las once horas del veintidós de marzo de dos mil veintiuno. En el entendido, que de no dar cumplimiento a lo anterior, se hará efectivo el apercibimiento con el cual se le previno en auto de tres de diciembre de dos mil veinte.
- Principal
...Así, del análisis de la demanda, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado lo siguiente: La sentencia interlocutoria de dos de febrero de dos mil veintiuno, emitida dentro de las actuaciones del juicio ejecutivo mercantil ****/2015, del índice del Juzgado Décimo Segundo Especializado en Asuntos Financieros del Distrito Judicial de Puebla, que resolvió el Recurso de Revocación interpuesto por la parte demandada en contra del auto de fecha siete de octubre de dos mil veinte, que desecho el Incidente de impugnación de Primera y Pública Almoneda... Del precepto anterior se observa que el legislador dispuso que el juicio de amparo indirecto procede en contra de actos realizados fuera de juicio o después de concluido éste, en tanto se reconoce la posibilidad del control constitucional de los actos emitidos fuera del procedimiento judicial que también pueden vulnerar derechos fundamentales de las personas; no obstante, a fin de resguardar la operatividad del sistema del juicio de amparo y evitar dilaciones innecesarias a la ejecución de sentencias y no obstaculizar el flujo secuencial de los actos de autoridad judicial realizados fuera de juicio, se dispuso que el juicio de amparo indirecto únicamente procederá en contra de la resolución definitiva dictada en el procedimiento de remate respectivo, esto es, la última resolución que se dicta. Luego, a fin de otorgar claridad y certeza en el requisito de procedencia del juicio de amparo indirecto, se debe entenderse por última resolución emitida en la etapa de ejecución de sentencia, tratándose de actos emitidos fuera de juicio o después de concluido, éste debe ser entendida como aquella que: Aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o Declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, Las que ordenan el archivo definitivo del expediente. En el caso de interponer juicio de amparo indirecto en contra de esas resoluciones, la parte quejosa podrá hacer valer conceptos de violación en contra de vicios en el procedimiento del cual haya emanado la última resolución emitida fuera de juicio, siempre que éstos trasciendan su resultado. Ahora bien, tratándose de actos de remate, el legislador fue incluso más específico, precisando que la última resolución del procedimiento de remate, es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, pues una vez que el bien inmueble sujeto a remate, fue adjudicado y entregado materialmente a quien resultó vencedor del remate, no hay posibilidad de emitir acto posterior que retrotraiga o modifique los efectos del remate, luego entonces, el acto reclamado en el juicio de amparo indirecto permanecerá como definitivo, lo que a la par asegura que el procedimiento de ejecución de sentencia del juicio de instancia que en el caso se materializa en el remate del bien inmueble, se haya agotado en su totalidad. Lo anterior refleja dos objetivos, el primero consiste en asegurar que no existirá ningún acto posterior a esa última resolución, emitida fuera del juicio -remate-, por el cual se puedan modificar, revocar o cesar los efectos del acto reclamado en el juicio de amparo, pues al limitar la procedencia del amparo a la última resolución emitida en la etapa de ejecución, se garantiza la efectividad del juicio de amparo indirecto, evitando que el juicio constitucional quede sin materia; y de forma más destacada, como un segundo objetivo, el requisito de procedencia del juicio de amparo indirecto, consistente en asegurar que la interposición del juicio de amparo sí es en contra de la última resolución del remate, a fin de evitar dilaciones y obstáculos innecesarios en la ejecución de sentencias emanadas de los procedimientos jurisdiccionales, esto es, evitar que se interpongan innumerables juicios de amparo que suspendan la continuidad del procedimiento de ejecución, así que, al establecer como requisito de procedibilidad del amparo, el que únicamente procede en contra de la última resolución dictada fuera de juicio, se facilita la culminación del proceso de ejecución de sentencia, pues únicamente procede el amparo en contra del acto que en definitiva ponga fin al remate. Como se dijo, la finalidad de establecer el requisito de procedencia del juicio de amparo indirecto, únicamente en contra de la última resolución emitida contra actos fuera de juicio, estriba en impedir que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, mediante la interposición sucesiva de juicios de amparo que impidan lograr la ejecución de una sentencia judicial. Asimismo, la intención del legislador en la Ley de Amparo en vigor, fue ser específico para efectos de dotar de claridad al requisito de procedencia del juicio de amparo indirecto, ya que reguló la procedencia de la acción constitucional contra los actos dictados fuera de juicio o después de concluido, distinguiendo como supuestos de actos susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo, a aquellos que actualicen el supuesto general de procedencia, referido a los actos realizados fuera de juicio o después de concluido, y un supuesto de procedencia de actos específicos, referidos a: actos emitidos en ejecución de sentencia; y, actos emanados de procedimiento de remate. Así, en el caso de actos emitidos en ejecución de sentencia, el juicio de amparo biinstancial, únicamente procede contra la resolución que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o bien, la que ordena el archivo definitivo del expediente, actos y resoluciones que sin duda ponen fin a la fase de ejecución de sentencia, por tanto, no es óbice que previamente a dichos actos, las responsables emitan algún otro intermedio, pues a través del amparo indirecto interpuesto en contra de la última resolución de ejecución, se permite al quejoso que en los conceptos de violación, pueda reclamar las violaciones cometidas durante la fase del procedimiento de ejecución. Luego, tratándose de actos de remate, la acción constitucional, sólo podrá reclamarse contra la resolución que ordena de manera definitiva el otorgamiento de la escritura de adjudicación y se ordene la entrega de los bienes rematados, donde también podrán combatirse las violaciones que se hubieran cometido durante este procedimiento. Cabe resaltar, que la actuación judicial autónoma, denominada como adjudicación es una etapa del remate, mediante la cual se adjudica el bien embargado a favor del acreedor o ejecutante, pues constituye una determinación que establece un derecho sustantivo de propiedad en favor del adjudicatario (conforme con la mecánica y regulación propia del procedimiento de remate y con el pago o satisfacción del valor del bien objeto del mismo), en la medida que jurídicamente con ese acto se actualiza la incorporación de la cosa embargada al patrimonio del ejecutante adjudicatario. Además, éste por sí mismo no culmina el procedimiento del remate, pues claramente en contra del acto de adjudicación, los interesados pueden hacer valer medios de defensa, cuyas consecuencias pueden, incluso, provocar la reposición del procedimiento de remate, así una vez que el bien ha sido adjudicado, y cuando la adjudicación ya es firme, se continúa con el procedimiento de remate, mediante los efectos del acto firma de adjudicación, esto es, con la posibilidad de formalizar la transmisión de propiedad por medio de la escrituración y con la entrega material del bien, actos que de forma indistinta culminan el proceso de remate. Lo expuesto, explica que el juicio de amparo indirecto, sólo procede en contra de actos fuera de juicio derivados de procedimientos de remate, cuando se promueve en contra de la última resolución, lo que debe de ser entendido como aquella que ordena la escrituración del inmueble y su entrega material al adjudicatario. Ahora bien, como se señaló al inicio de este proveído, de los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad, se desprende que la resolución hoy reclamada se dictó en etapa de ejecución de sentencia, en el juicio 153/2015, del índice del Juzgado Décimo Segundo Especializado en Asuntos Financieros del Distrito Judicial de Puebla. Por lo que en el particular, se actualiza la causal de improcedencia en estudio, puesto que el acto reclamado consistente en la resolución interlocutoria de dos de febrero de dos mil veintiuno, que resolvió el recurso de revocación interpuesto en contra del acuerdo de siete de octubre de dos mil veinte que desechó el incidente señalado de impugnación de audiencia de remate en primera y pública almoneda, confirmando el auto recurrido, no constituye la última resolución dentro de la etapa de ejecución. Ello, porque la resolución de dos de febrero de dos mil veintiuno, no es de aquellas que culminen con el procedimiento de ejecución, ya que no ordena la adjudicación de un bien inmueble, ni tampoco formaliza la transmisión de propiedad por medio de la escrituración y la entrega de los bienes rematados, en contra de la cual procedería el juicio de amparo y en cuyo caso se harían valer las violaciones cometidas durante todo procedimiento... En ese orden de ideas, la resolución de dos de febrero de dos mil veintiuno, en este momento, no es un acto de imposible reparación ya que no afecta ningún derecho sustantivo de propiedad o posesión, máxime si se toma en consideración que todas las violaciones que pudieran surgir en el procedimiento de remate, son susceptibles de ser impugnadas en la vía de amparo indirecto, contra la última resolución dictada en la fase correspondiente, pudiendo ser reparada la infracción, y ello evidencia que dicho acto no transgrede algún derecho sustantivo. En esas condiciones, al no ser el acto reclamado la última resolución en la etapa de ejecución de sentencia en un procedimiento de remate; se debe desechar el presente juicio al actualizarse las hipótesis de improcedencia a que se contrae el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, y 113 de la misma Ley, se desecha de plano la misma. Sostener un criterio contrario, propiciaría la promoción de diversos juicios de amparo, haciendo nugatorio las reglas de procedencia que consagra el artículo 107 de la Ley de Amparo, pues bastaría aducir que el acto reclamado es de imposible reparación para hacer procedente la acción constitucional. Además, esta determinación obedece a la prontitud y expeditez que impone el artículo 17 Constitucional, pues aun cuando se llegara a admitir la demanda y se tramitara el presente juicio, no podría dejarse de observar las reglas de procedencia del juicio de amparo indirecto. IV. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que señaló en la demanda. Asimismo, se tiene por autorizada en términos del artículo 12, segundo parrafo de la Ley de Amparo, a **** y ****, pues de la certificación secretarial que antecede, se advierte que no cuentan con registro de cédula profesional ante los órganos del Poder Judicial de la Federación. Por otra parte, la quejosa proporcionan un correo electrónico de contacto; en consecuencia, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tienen como formas especiales y expeditas de contacto, los datos que proporciona, a través de los cuales se podrán entablar comunicaciones no procesales. V. Habilitación de días y horas. En otro aspecto, a fin que puedan practicarse todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, se faculta a los Actuarios Judiciales para que una vez agotadas sin éxito las visitas correspondientes a un domicilio señalado por las partes para oír y recibir notificaciones en días y horas hábiles, realicen las diligencias conducentes en días y horas inhábiles en términos del numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2º; lo cual encuentra sustento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio. VI. Expediente electrónico. Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en Todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a Cargo del Propio Consejo, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las promociones, documentos, autos y resoluciones para su debida integración. Por tanto, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3, quinto y séptimo párrafos, de la Ley de Amparo, así como 3 fracción III, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en Todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a Cargo del Propio Consejo, se comisiona al Secretario que integre la presente en el expediente electrónico. En el entendido que no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las cuáles son: Copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier tipo de material sin leyenda relevante alguna, cuya presentación se aprecie encaminada a la protección de los documentos que se ingresan; copias presentadas como "anexos" y que correspondan a actuaciones del propio órgano jurisdiccional. Sin embargo, es criterio de esta juzgadora que se digitalicen las pruebas, poderes, valores, garantías diversas, así como las constancias que sirvan de justificación al acto reclamado remitidas por las autoridades responsables, para el efecto de una debida integración del expediente electrónico. VII. Protección de datos personales. En último lugar, conforme a lo dispuesto en los artículos 9°, 11, fracción VI, 113, fracciones I y III, y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos; indíquese a las partes que los datos considerados como confidenciales habrán de salvaguardarse en cualquier caso, a efecto de evitar su publicidad.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de la Actuaria Judicial adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, que contiene inserto el acuerdo de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, del cual se advierte que el citado órgano colegiado, admitió el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa contra la sentencia emitida en este asunto, registrándolo con el número de expediente ***** de su índice; de lo que este juzgado toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar.
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