Félix Roberto Rodríguez Domínguez y Otros.
Expediente 843/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 843/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 25/01/2021
Partes del expediente
- Félix Roberto Rodríguez Domínguez y Otros.
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veinticinco de enero de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda de amparo, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); ARCHÍVESE el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. 2. Una vez cumplido el término a que se refiere el punto anterior, este órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo dispone el penúltimo párrafo del citado artículo 21. 3. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente. 4. Devolución de documento. Toda vez que en autos constan documentos exhibidos por la parte quejosa, en términos de lo dispuesto en el segundo párrafo del precepto 21 del Acuerdo General citado, requiérasele para que comparezca en un plazo de noventa días hábiles ante este Juzgado, a recogerlos, apercibida que de no hacerlo, podrán ser destruidos junto con el expediente. Se hace de su conocimiento que para tal efecto deberá acudir a este Juzgado con identificación oficial vigente con fotografía y copia de la misma; lo anterior, con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. En el entendido que para dar cumplimiento a lo antes ordenado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, podrá ingresar al micrositio "Servicios jurisdiccionales" que está disponible en el Portal de Servicios en Línea, a fin de agendar una cita y generar un Código QR con el que podrá ingresar a este órgano jurisdiccional en el día y hora que la "Agenda OJ" le genere; en el entendido que para tal efecto, deberá cumplir los lineamientos establecidos en el artículo 7 del citado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, doce de enero de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que debido a los contagios generados por el virus denominado COVID-19, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veinte de diciembre de dos mil veinte, acordó regresar al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinte y hasta el once de enero de dos mil veintiuno, periodo durante el cual, con las salvedades previstas en el citado esquema, se suspendieron los plazos y términos procesales. Posteriormente, en sesión de ocho de enero de dos mil veintiuno, la citada Comisión determinó que a partir del doce siguiente, el ordenamiento aplicable para la operación de este órgano jurisdiccional y demás que integran el Vigésimo Circuito es nuevamente el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regía hasta antes de la suspensión. En tales condiciones, con fundamento en la fracción I del artículo 2o. del Acuerdo General citado en el párrafo que antecede, se levanta la suspensión de los plazos y términos procesales decretada en el presente asunto, con la precisión de que dicha determinación implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. En consecuencia, se reanuda el procedimiento en el presente asunto, en el entendido de que, lo anterior operará a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación que se realice a las partes de este proveído. Con la precisión de que el actuario de la adscripción deberá tomar en consideración la fecha en que las autoridades responsables reanuden sus labores, de conformidad con lo previsto en el artículo 2, fracción IX, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para el efecto de que realicen la notificación respectiva con oportunidad. Ahora, visto el estado que guardan los autos, del que se advierte que la audiencia constitucional no pudo ser celebrada debido al periodo de suspensión; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se señalan las doce horas con cuarenta y seis minutos del doce de febrero de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo la misma. Por otra parte, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por la Jefa de la Administración Postal Número Dos "Palmas" del Servicio Postal Mexicano, con sede en esta ciudad, por el cual, en cumplimiento al requerimiento de once de diciembre de dos mil veinte, informa el trámite dado al oficio 25280/2020, dirigido a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con sede en la Ciudad de México. Atento lo anterior, se tiene a la autoridad oficiante dando cumplimiento al requerimiento de mérito, por lo que se deja sin efectos el apercibimiento realizado, quedando en espera de la llegada del aludido acuse de recibo. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; quince de diciembre de dos mil veinte. Vista la demanda de amparo promovida por ***, por conducto de su apoderada ***, cuya personalidad acredita en términos del primer testimonio de la escritura mil trescientos siete, pasada ante la fe del Notario Público número 111 del Estado de Chiapas; contra actos de la autoridad señalada como: 1. Fiscal General del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad. 2. Fiscal de Combate al Robo de Vehículos, con sede en esta ciudad. 3. Fiscal del Ministerio Público Investigador Adscrito a la Fiscalía de Combate al Robo de Vehículos, con sede en esta ciudad. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 843/2020-1. DESECHAMIENTO Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de garantías, estudiando en su orden si es procedente o no. Para determinar la improcedencia del juicio es necesario analizar si los actos reclamados se sitúan en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable; esto es, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara, el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En armonía con lo anterior, es aplicable la tesis 2a.LXXI/2002 , sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tiene por rubro "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO." En el caso particular, de la lectura integra de la demanda se desprende que los actos reclamados se hacen consistir esencialmente en: a) La omisión del Ministerio Público de dar trámite a la denuncia formulada por el quejoso, por conducto de su apoderada, e iniciar la investigación de los hechos denunciados. En ese sentido, analizada la demanda de amparo en su integridad, se tiene que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo, 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; preceptos que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. El aludido precepto 61 de la ley en cita, en su fracción XXIII, establece la improcedencia del juicio de amparo en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Federal o de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. Es decir, se contempla la posibilidad de que la improcedencia del juicio protector de derechos humanos, tenga apoyo en alguna disposición de la Carta Magna. Por su parte, el diverso numeral de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: "Artículo 20. [.] C. De los derechos de la víctima o del ofendido. [...] II. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley. [.] VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. Dicho precepto constitucional prevé los principios y directrices que regirán el proceso penal acusatorio, mismo que reconoce los derechos de las víctimas u ofendidos, entre los cuales destaca el derecho a impugnar a través de la vía jurisdiccional, entre otros actos, las determinaciones del Ministerio Público, así como las omisiones y abstenciones de investigar los delitos. Por tanto, constituye un derecho fundamental de la víctima u ofendido el impugnar las omisiones y determinaciones que el Ministerio Público puede emitir en la investigación de los delitos. De ahí que, de la interpretación sistemática realizada a ambos preceptos, se desprende el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, el cual refiere a la exigencia de agotar los recursos y medios de defensa ordinarios antes de acudir al juicio de amparo indirecto, a fin de modificar, revocar o nulificar el acto impugnado. Ello, ya que al ser el juicio de amparo un medio extraordinario de defensa, no pueden analizarse cuestiones respecto de las cuales la ley común prevea un medio legal ordinario que pueda hacerse valer. Ahora, la hipótesis -acto reclamado- sujeta a estudio en el presente juicio, no cumple con la definitividad exigida, en razón que el acto impugnado puede ser modificado, revocado o anulado, a través del medio de defensa ordinario establecido en la norma secundaria, en el caso concreto, el recurso denominado control judicial, previsto en el artículo 258, del Código Nacional de Procedimientos Penales. En efecto, a fin de evidenciar la causa de improcedencia invocada, conviene precisar que el Código Nacional de Procedimientos Penales, también reconoce los derechos de la víctima u ofendido, en su artículo 109, cuya fracción XXI, prevé la posibilidad de impugnar las omisiones o negligencia del agente investigador, al señalar: "Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos: [.] XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables; [.]" De lo anterior, se advierte que la víctima u ofendido podrán -en su caso- impugnar diversas determinaciones, así como las omisiones en la fase de investigación, ante el juez de control facultado para tal efecto, en razón de que fue intención del legislador, que dentro del nuevo esquema procesal, el órgano jurisdiccional de que se trata tuviera la atribución para conocer de impugnaciones de esa índole para controlar su legalidad. En concordancia con lo anterior, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales dispone: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno". El normativo referido sujeta a control judicial las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal. Para tal efecto, la víctima u ofendido podrá impugnarlas ante el juez de control, dentro de los diez días siguientes a que le sean notificadas. Por tanto, a juicio de la suscrita, el aludido precepto, relacionado con los diversos numerales anteriormente analizados, concreta el derecho fundamental de impugnación contenido en el artículo 20, apartado C, fracción VII, constitucional. Resulta pertinente, señalar que la finalidad de los medios de impugnación es combatir la actuación de determinada autoridad, lograr que se realice un examen de lo actuado, y con ello, pretender un resultado favorable a los intereses de quien impugna. Entre los diversos medios de impugnación -género-, destacan los recursos -especie-, en los que se busca "revisar" o "volver a cursar" el actuar de determinada autoridad, y son interpuestos mediante un trámite específico, para subsanar las omisiones, excesos, defectos, y en general, cualquier error o falta a las disposiciones aplicables. Los recursos se someten a determinadas formalidades fijadas en la ley para dar certeza, procurar el equilibrio procesal y dar seguridad jurídica, al otorgar a las partes una "instancia" o "procedimiento", que revise lo actuado por la autoridad recurrida, cuando afecten sus pretensiones. Así, la facultad de impugnar, prevista en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, constituye un instrumento a través del cual la víctima u ofendido puede combatir tanto las actuaciones como las omisiones del Ministerio Público en la fase de investigación por lo que, en los términos expuestos, constituye un auténtico "recurso" en sentido procesal. Luego, la omisión del agente investigador de cumplir con sus atribuciones en favor de los intereses de la víctima u ofendido, constituye una dilación que vulnera los derechos reconocidos en su favor para acceder a la justicia que busca, dilación que debe considerarse impugnable a través de un medio ordinario, porque así lo establece el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal, así como el diverso 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales. En este orden de ideas, al interpretar sistemáticamente las citadas normas -de jerarquía constitucional y legal- y con la finalidad de armonizar el nuevo sistema de justicia penal, que busca que los asuntos de esta materia sean resueltos de forma breve y garantista en favor del imputado, así como de la víctima u ofendido, se concluye que los actos reclamados a las autoridades ministeriales señaladas como responsables, consistentes en la omisión de investigar los hechos denunciados, son impugnables en términos de lo previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ello, toda vez que el citado artículo prevé la posibilidad que tiene la víctima u ofendido, de impugnar las omisiones o determinaciones que afectan o impiden lograr su pretensión, tales como la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, las que, por similitud en sus efectos, son equiparables a la afectación que sufren sus pretensiones cuando el agente investigador es omiso o negligente en cumplir con sus labores. Lo anterior encuentra sustento en las consideraciones que se establecieron por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 233/2017, que dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 27/2018 (10a.) , de rubro y texto: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES." También, sirve de apoyo la tesis 1a./J. 28/2018 (10a.) , sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO". Sin que pase inadvertido que el quejoso refiera que el Ministerio Público levantó una constancia de hechos por la cual tuvo por recibida su denuncia y requirió su presencia, pues de lo que se duele en la presente instancia es precisamente de que el órgano investigador se abstuvo de dar inicio a la investigación, lo que actualiza una omisión susceptible de ser examinada por el Juez de Control conforme a las reglas del procedimiento penal. En relatadas consideraciones, si la parte promovente no agotó el medio de defensa ordinario establecido en la ley para combatir el acto que reclama en esta instancia constitucional, se colige que en el caso se actualiza de modo manifiesto la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 20 apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO POR NOTORIA IMPROCEDENCIA. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase notificaciones el que señala en su escrito de demanda. Por otra parte, de conformidad con el artículo 12, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se autoriza en términos restringidos a las personas que señala, por así haberlo solicitado expresamente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. Además, hágase del conocimiento del fedatario de la adscripción, que para el caso de que tenga a bien de realizar alguna notificación personal, deberá tomar las medidas necesarias y suficientes para evitar el contacto físico, siguiendo el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por coronavirus (COVID-19), para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones, emitido por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, de la Secretaría Ejecutiva de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, y empleando el equipo de protección proporcionado para ello. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que estos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C del Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia Civil, página 2847, registro 167640, de rubro: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Asimismo, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" Finalmente, en cumplimiento al artículo 2, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", utilizando los medios electrónicos disponibles en el Portal de Servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese.
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