Félix Rebolledo Olivera

Expediente 548/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 8 actuaciones registradas, la última del 28 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
548/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
28/07/2023

Partes del expediente

  • Félix Rebolledo Olivera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Incidental

    Acapulco de Juárez, Guerrero; veintiocho de julio de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta; se provee: con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme a su numeral 2°; agréguese a los presentes autos para los efectos legales conducentes, la copia simple del proveído de esta misma fecha dictado en el cuaderno principal del juicio de amparo del cual deriva el presente cuaderno incidental, tal y como esta ordenado en dicho auto. Ahora bien, en relación al original del cuaderno incidental que deriva del presente, en términos del artículo 20, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Destrucción, Digitalización, Transferencia, Resguardo y Destino Final de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, ES DESTRUIBLE, toda vez que en la especie se negó la suspensión provisional y definitiva; en consecuencia, transcurrido el periodo de conservación de tres años descrito en líneas precedentes, dentro de los treinta días siguientes, procédase a su destrucción previa formulación del acta y relación correspondiente. Atento a lo ordenado en el artículo 34 del referido acuerdo, hágase las anotaciones respectivas en las carátulas del incidente de suspensión en que se actúa. Notifíquese. Lo acordó y firma César Barajas García, Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, encargado del despacho por vacaciones concedidas a la Titular, en términos de lo dispuesto por los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado por la Secretaria Técnica de la Comisión Permanente de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio CCJ/ST/2828/2023, de veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, quien actúa asistido de Omar Tomás Velázquez López, Secretario que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; veintiocho de julio de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta; se provee: atenta la certificación secretarial de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, se advierte que ha fenecido el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia de diez de julio de dos mil veintitrés; en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia que sobresee HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otro lado, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, remítase el expediente al archivo de este órgano constitucional para su resguardo como asunto totalmente concluido y, en el momento oportuno, conforme al procedimiento correspondiente, procédase a su transferencia a la Dirección General de Archivo y Documentación. Déjese por separado el único cuaderno del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo de que se trata. En la inteligencia de que, en su oportunidad, y con fundamento en el artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Destrucción, Digitalización, Transferencia, Resguardo y Destino Final de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, el EXPEDIENTE PRINCIPAL ES DESTRUIBLE; por tanto, una vez que transcurra el término de tres años, a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo. Por tal motivo, de conformidad con el referido numeral, una vez que haya transcurrido el plazo de conservación, previa acta y relación que se elabore para la identificación del expediente, procédase a la destrucción de los autos, háganse las anotaciones en el libro de gobierno electrónico y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y dentro del término de treinta días siguientes, remítase una copia del acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. A su vez, con fundamento en el artículo 20, fracción III, del referido Acuerdo General, se determina que el original del incidente de suspensión ES DESTRUIBLE. Por tanto, una vez que haya transcurrido el plazo de conservación de tres años a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo, habrá de solicitarse su transferencia a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de Judicatura Federal. Finalmente, agréguese copia simple del presente proveído al cuaderno del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo de que se trata. Notifíquese. Lo acordó y firma César Barajas García, Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, encargado del despacho por vacaciones concedidas a la Titular, en términos de lo dispuesto por los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado por la Secretaria Técnica de la Comisión Permanente de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio CCJ/ST/2828/2023, de veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, quien actúa asistido de Omar Tomás Velázquez López, Secretario que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la ciudad de Acapulco, Guerrero, a las once horas con diez minutos del diez de julio de dos mil veintitrés, día y hora señalados para la audiencia constitucional en el juicio de amparo 548/2023-II, promovido por *****, por derecho propio, ante la presencia de Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida por Carlos Adán Piza Cortez, secretario de juzgado que da fe. A continuación, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la Jueza declara abierta la audiencia constitucional sin asistencia de las partes. Enseguida, el secretario hace relación de las constancias que obran en el expediente: Demanda de amparo; auto admisorio de treinta y uno de mayo del año en curso; informe justificado rendido conjuntamente por las autoridades responsables; auto que lo tuvo por recibido, y dio vista a las partes con su contenido; y constancias de notificación. Acto seguido, la jueza acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias que antecede para los efectos que en derecho correspondan. Abierto el periodo de ofrecimiento, recepción y desahogo de pruebas: El secretario da cuenta con la documental exhibida por las autoridades responsables. La Jueza de Distrito acuerda: Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, téngase por admitida y desahogada por su propia y especial naturaleza la prueba de referencia, la que será tomada en consideración al momento de resolver el sumario en que se actúa. A continuación, se procede al desahogo de la etapa de alegatos, y el secretario hace constar que las partes no los formularon y que la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no presentó pedimento alguno. La Jueza de Distrito acuerda: Al no haber alegatos que reproducir, con apego en el artículo 124 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, se tiene por perdido el derecho de las partes para hacerlo con posterioridad; con lo anterior se cierra este periodo. Desahogada en todas sus etapas la presente audiencia constitucional, se dicta sentencia: Vistos los autos, para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 548/2023-II, promovido por Félix Rebolledo Olivera, por derecho propio, en contra del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares,, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades responsables. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda Por escrito presentado el veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, por Félix Rebolledo Olivera, por derecho propio, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que se indican a continuación: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: ORDENADORA: 1. C. JUEZ PRIMERO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TABARES. EJECUTORA 2.- C. SECRETARIO ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TABARES. 3.- C. SECRETARIO DE ACUERDOS. IV.- ACTOS RECLAMADOS: a).- De las ordenadoras, reclamo: I.- La Negativa de oponerse a revisar mi expediente,. II.- La falta de expedición de un cheque. III.- El solicitar mi expediente en varias ocasiones y la negativa de siempre. b.-DE LA EJECUTORA, RECLAMO: I.- La ilegal forma de entregar dicho paso, a la persona indicada. II.- La falta de entrega del pago de dicho documento (pagare). III.- La ejecución material y cumplimiento a las ordenes emanadas de sus superiores". Previa prevención y desahogo, la parte quejosa aclaró, lo siguiente: "1.- Manifiesto a su señoría que bajo protesta de decir verdad promuevo el amparo y protección de la justicia por mi propio derecho. 2.- EL ACTO RECLAMADO de la ordenadora reclamo: Que con fundamento en el Artículo 17 de muestra Constitución Política Mexicana, que manifiesta que la justicia debe ser pronta y expedita de tal manera que el Juez Primero Civil del Distrito Judicial de Tabares, en varias ocasiones que he solicitado mi expediente que le toco conocer y que es el siguiente 112-2/2013, del índice del Juzgad Primer Civil ha hecho caso omiso y en distintas ocasiones me he negado a mi expediente, por lo que solicito a este Tribunal Federal orden a dicho Juez me lo facilite en virtud de que seguiré actuando en dicho expediente, por tal motivo vengo a solicitar la protección de la justicia Federal en virtud de que se me han violado mis derechos Constitucionales a mi persona, mi familia y mis documentos". SEGUNDO. Trámite del juicio Previa prevención y desahogo, por acuerdo pronunciado el doce de junio del año en curso, este órgano jurisdiccional admitió la demanda de amparo, la cual se registró con el número 548/2023-II; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano de control constitucional la intervención legal que le compete, se solicitó a las autoridades responsables su respectivo informe justificado, y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que, una vez integrado el expediente, tuvo verificativo con el resultado asentado en el acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de febrero de dos mil trece, en virtud de que el acto reclamado se atribuye a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este juzgado. SEGUNDO. Jurisprudencia aplicable En el presente asunto se aplicará aquélla integrada con anterioridad, en lo que no se oponga a la Ley de Amparo vigente, en términos de lo señalado en su artículo 6º transitorio TERCERO. Fijación del acto reclamado Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I12, de la Ley de Amparo, es necesario delimitar los actos reclamados, que se advierten del análisis integral de la demanda. En esa tesitura, de la lectura íntegra de la demanda constitucional, se advierte que en el presente juicio de amparo, la parte quejosa sustancialmente reclama, la negativa de las autoridades responsables para prestarle el expediente 112-2/2013, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad. CUARTO. Certeza de los actos reclamados Las autoridades responsables Jueza, Secretario Actuario y Secretario de Acuerdos, todos del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, al momento de rendir su informe justificado de forma conjunta, negaron el acto reclamado; sin embargo, dicha negativa se desvirtúa, ya que realizan manifestaciones en su informe de donde se evidencian su certeza, es decir, al existencia del expediente del cual se duele la parte quejosa, se niegan a prestárselo. Ello es así, toda vez que el acto reclamado es de aquellos denominados como negativos, que se caracterizan porque la autoridad se rehúsa expresamente a obrar a favor de la pretensión del gobernado; en otras palabras, existe una conducta que se traduce en no aceptar, o negar lo solicitado por la parte quejosa. De ahí que le correspondía a la autoridad responsable acreditar que no actúa en determinada forma. Por ello, resulte cierta la conducta reclamada en esta instancia constitucional. Tiene apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito13, del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." QUINTO. Análisis de las causas de improcedencia 12 "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado; (.)". 13 Visible en la página 391 del tomo XIV, del mes de Julio de 1994, Octava Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 211004. Previo al estudio del fondo de la controversia constitucional que ocupa, se deben analizar las causales de improcedencia que hagan valer las partes o que de oficio se adviertan, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, de conformidad con lo establecido en el artículo 6214 de la Ley de Amparo. En ese tenor, quien aquí resuelve advierte que en relación a los actos reclamados, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o. de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia (.)". Para explicar la determinación tomada, conviene recordar que el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de los actos de las autoridades que de conformidad con lo que establece la fracción I, del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consagra uno de los principios que rigen a la acción constitucional, que dice: "El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada". La anterior disposición se reproduce en los artículos 5°, fracción I, y 6°, ambos de la ley de la materia, que respectivamente establecen: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.]. I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico". "Artículo 6°. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." En los preceptos parcialmente transcritos se contiene uno de los principios rectores del juicio de amparo, atinente a la presencia innegable de una persona física o moral a quien perjudique el acto que se reclama, y por tal debe entenderse todo aquel que haya sufrido un agravio, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en sus derechos o interés, en la inteligencia que el término perjuicio no atañe al concepto civilista de privación de cualquier 14 "Articulo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." ganancia lícita que pudiera obtenerse, sino como sinónimo de ofensa hecha a los derechos o intereses de una persona. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia con número de registro 220965, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito15, que expresa: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SU CONCEPTO. De acuerdo con el artículo 4o. de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. Por lo tanto, la noción de perjuicio, para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta, para la procedencia del juicio de garantías". Al respecto, es pertinente explicar qué se entiende por interés jurídico, y en ese sentido, según la definición extraída de los criterios sustentados por los tribunales del Poder Judicial de la Federación, se ha precisado que éste se considera como el derecho jurídicamente tutelado que le asiste al gobernado para reclamar, ante el órgano jurisdiccional, en la vía de amparo, algún acto violatorio de derechos fundamentales en su persona, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por un acto de autoridad que ocasiona un perjuicio a su titular, lo cual debe entenderse como una ofensa, daño o lesión en los derechos o intereses del particular. De ahí, que tratándose del juicio de amparo, el interés jurídico como noción fundamental lo constituye la existencia o actualización de un derecho subjetivo jurídicamente tutelado que puede afectarse, ya sea por la violación de ese derecho, o bien, por el desconocimiento del mismo por virtud de un acto de autoridad. De ahí, que sólo el titular del derecho legítimamente protegible, pueda acudir ante el órgano jurisdiccional de amparo en demanda de que cese la violación de alguna autoridad que trasgreda determinados derechos fundamentales de su esfera jurídica. Ese derecho protegido por el ordenamiento es lo que constituye el interés que se toma en cuenta para la procedencia del juicio de amparo; de lo que se sigue, que si no se demuestra la existencia del derecho de la norma positiva tutelada a la par del perjuicio resentido por el acto de autoridad que se reclama, no es dable tener por acreditado el interés jurídico. Por consiguiente, para que la acción constitucional proceda, no basta un interés simple derivado de un impulso cualquiera cuyo origen es la norma encaminada a proteger derechos indeterminados en beneficio de una colectividad en general, sino que es menester que ese interés sea particular, diferenciado, individual, concedido por el legislador a un sujeto determinado; por ende, basta que la parte quejosa pruebe que el acto de autoridad afecta su persona, para probar su interés legal. 15 Semanario Judicial de la Federación, Tomo VIII, Diciembre de 1991, página 117. Tiene aplicación la jurisprudencia con número de registro 200614416, sustenta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. CUANDO SE RECLAMAN VIOLACIONES PROCESALES Y EL QUEJOSO NO ACREDITA HABER SIDO PARTE EN EL JUICIO DE ORIGEN, SE DEBE DETERMINAR LA FALTA DE AQUÉL Y, POR ENDE, LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA RENDIDO SU INFORME JUSTIFICADO. La impugnación de violaciones procesales en el juicio de amparo indirecto requiere que el quejoso haya sido parte en el juicio ordinario del cual deriva el acto reclamado, pues sólo por ello es que cuenta con el derecho público subjetivo para que deba desplegarse correctamente la función jurisdiccional de la autoridad que conoce de su reclamo o donde deduce su defensa, y es uno de los presupuestos a verificar para establecer la procedencia del juicio, ya que el interés jurídico es un presupuesto para su procedencia, con fundamento en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, debiendo ser este estudio, previo al análisis de fondo de la cuestión planteada. Por tanto, como la presunción de que es cierto el acto reclamado por haber sido omisa la autoridad responsable al no rendir informe justificado se refiere únicamente a la certeza de aquél, pero no a la de los actos o hechos diversos en que el quejoso basa su acción de amparo, se concluye que la falta de prueba que corrobore el dicho del quejoso de ser parte en el procedimiento del cual deriva el acto reclamado, lleva a determinar la falta de interés jurídico y, en consecuencia, la improcedencia del juicio de amparo". En relación con lo anterior, se cita la jurisprudencia con número de registro 237794, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación17, que dispone: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. La afectación de los intereses jurídicos debe realizarse de manera directa para que sea procedente el juicio de amparo. No acontece esa situación cuando es mediata la afectación que produce al promovente del amparo el acto de autoridad que éste reclama". Además, es criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la afectación al interés jurídico debe acreditarse fehacientemente, sin que pueda inferirse con base en presunciones, por el carácter excepcional que tiene el juicio de amparo y los efectos que debe tener la sentencia que lo conceda, ya que encierra una declaración de restitución de esos derechos afectados o violados por el acto de autoridad. Sobre ese aspecto, es aplicable la jurisprudencia 16/94, con número de registro 206338, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación18, que expresa: 16 Registro digital: 2006144, Instancia: Pleno, Décima Época, Materia(s): Común, Tesis: P./J. 23/2014 (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, página 206, Tipo: Jurisprudencia 17 Registro digital: 237794, Instancia: Segunda Sala, Séptima Época, Materia(s): Común, Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 145-150, Tercera Parte, página 167, Tipo: Jurisprudencia. 18 Registro digital: 206338, Instancia: Segunda Sala, Octava Época, Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 16/94, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 82, Octubre de 1994, página 17,Tipo: Jurisprudencia. "INTERÉS JURÍDICO. AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones". En síntesis, si no existe un derecho protegido por el ordenamiento legal, o si de existir, la parte quejosa no resiente perjuicio alguno por el acto de autoridad que se reclama, es inconcuso que no demostró el requisito de procedibilidad, atinente a la legitimación en el obrar. De tal suerte que, para que la acción constitucional proceda, ni siquiera bastaría que se demostrara la existencia del acto reclamado, pues aun así, pese a que no fuera dubitable el actuar ilegal de la autoridad, si el peticionario de amparo no acredita en forma por demás indudable que dicho acto afectó su esfera de derechos subjetivos tutelados y reconocidos por la ley, la acción constitucional, se reitera, se tornará improcedente. Lo anterior encuentra apoyo en el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la jurisprudencia con número de registro 229368, cuyo rubro y texto son: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO LO ACREDITA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Cuando alguna autoridad emite un acto que el gobernado estime violatorio de sus garantías individuales, y lo impugne a través del medio de defensa instituido para atacar tales violaciones, como lo es el juicio de amparo, deberá observar las reglas que para su procedencia establece la ley respectiva. Así tenemos que para acudir al juicio de amparo, es necesario que exista un acto autoritario que, según la apreciación subjetiva del gobernado, sea violatorio de sus derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución Política. Ahora bien, no basta que exista el acto autoritario para que prospere el juicio de garantías, sino que es necesario que el peticionario del amparo acredite que dicho acto afecta su esfera de derechos subjetivos otorgados por la ley. Lo anterior es así ya que, entre otros requisitos de procedencia del juicio de garantías, el artículo 107 constitucional, en su fracción I, reglamentada por el artículo 4o. de la Ley de Amparo, señala que dicho juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que equivale a decir que no basta que el acto autoritario exista, sino que es necesario, para efectos de procedencia del juicio de amparo, que transgreda un derecho subjetivo que le otorgue nuestra Carta Fundamental al quejoso"19. Sentadas las anteriores premisas, se concluye que en el presente juicio de amparo, los actos reclamados acotados en estudio; no lesionan el interés jurídico de la parte quejosa, en razón de que el procedimiento de origen, fue promovido por Rosa María Pacheco Rodarte, en contra de Carlos de la Colina Sordo y Crece Guerrero, Sociedad Anónima de Capital Variable, por lo que, el solicitante del amparo no es parte, lo anterior es así en atención a las siguientes consideraciones: Para ejercitar la procedencia de la acción constitucional de amparo, tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, la parte quejosa deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; es decir, se requiere que la parte quejosa haya sido parte en el juicio del cual deriva los actos reclamados, pues sólo por ello es que cuenta con el derecho público subjetivo para que deba desplegarse correctamente la función jurisdiccional de la autoridad que conoce de su reclamo o donde 19 Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo III, Segunda Parte-2, Enero a Junio de 1989, página 923. deduce su defensa, y es uno de los presupuestos a verificar para establecer la procedencia del juicio, ya que el interés jurídico es un presupuesto para su procedencia, debiendo ser este estudio, previo al análisis de fondo de la cuestión planteada. En esas condiciones, si el juicio de origen se sigue por diversas personas distintas a la aquí parte quejosa, es incuestionable que ésta no tiene un derecho legítimamente tutelado que le faculte a acudir en demanda de amparo a reclamar la negativa a que le faciliten el expediente de origen, ya que no es parte. Por tanto, se concluye que la falta de prueba que corrobore que la parte quejosa es parte en el juicio de origen del cual deriva el acto reclamado, lleva a determinar la falta de interés jurídico y, en consecuencia, la improcedencia del juicio de amparo. Sobre el particular, resulta aplicable por analogía jurídica, la jurisprudencia con número de registro 216124, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito20, que establece: "INTERES JURIDICO. LEGITIMACION PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA CIVIL. Si la sentencia reclamada no afecta los intereses jurídicos del quejoso, y si de todo lo actuado en el juicio civil de donde emana el acto de molestia no se advierte pronunciamiento alguno que pudiese afectar la esfera jurídica de los intereses del solicitante de garantías, entonces, éste carece de la debida legitimación para ejercitar la acción constitucional que por sus propios derechos pretende, en virtud de que el artículo 4o. de la Ley de Amparo, ello sólo es dable a quien perjudique el acto reclamado". De igual manera, la jurisprudencia con número de registro 254937, sustentada por el entonces Tribunal Colegiado del Sexto Circuito21, que establece: "AUTO DE EXEQUENDO. CUANDO DEBE SOBRESEERSE. Como el auto de exequendo, que un tercero extraño reclama con el embargo de bienes que dice son de su propiedad, se decreta para que se requiera de pago al demandado y en caso de no efectuarlo se le embarguen bienes bastantes a cubrir las prestaciones reclamadas, refiriéndose tal orden a bienes propiedad del demandado y no del quejoso que no es parte en el juicio generador de los actos reclamados, aun cuando el embargo deriva de ese acuerdo, es claro que al no estar dictado en contra del amparista, dicho auto de exequendo por sí mismo no afecta su interés jurídico. En tal concepto, al quedar configurada la causal de improcedencia prevista por la fracción V, del artículo 73, de la Ley de Amparo, con fundamento en la fracción III del artículo 74, de la propia ley, debe sobreseerse el juicio de garantías respecto a esa resolución". En razón de lo anterior, al no haberse acreditado mediante prueba alguna, que la aquí parte quejosa Félix Rebolledo Olivera, sufriera una afectación personal y directa a sus derechos subjetivos en lo individual, lo procedente es sobreseer en el juicio, con fundamento en la fracción V, del artículo 63, de la Ley de Amparo vigente, al haberse actualizado la causal de improcedencia contenida en la fracción XII, del artículo 61, con relación a los artículos 5, fracción I y 6°, de la ley antes citada. 20 Registro digital: 216124, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, Materia(s): Común, Tesis: IV.3o. J/26, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 66, Junio de 1993, página 41, Tipo: Jurisprudencia. 21 Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, foja 133, tomo 72, sexta parte, registro: 254937. Sobreseimiento que se hace extensivo al acto reclamado a las autoridades ejecutoras, en virtud de que éste no fue reclamado por vicios propios, sino en vía de consecuencia de lo determinado por la autoridad ordenadora. En esa virtud, el suscrito se encuentra legalmente impedido para abordar el análisis de los conceptos de violación hechos valer en la demanda. Ello en estricto apego a la jurisprudencia 509, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro expresa: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO22". Por lo anteriormente expuesto, y además con apoyo en los artículos 61, 62, 63, 73, 74, 75, 124 y 217, de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por *****, por propio derecho, en contra del acto reclamado y autoridades precisadas en el resultando primero, por las razones expuestas en el último considerando de este fallo. Notifíquese. Así lo sentenció y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, asistida de Carlos Adán Piza Cortez, secretario de juzgado que da fe.

  4. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; diecinueve de junio de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se provee: Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos únicamente para que obre como corresponda, el oficio firmado por la autoridad vinculada Director General de Promotora y Administradora de Playas, de la Zona federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT), con sede en esta ciudad, por el que remite copia certificada del acta administrativa relativa a la reunión de trabajo de nueve de junio pasado, sin mayor proveído, debido a que similar información se tuvo por recibida el quince del actual. Notifíquese

Quedan 4 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero · 8,905 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano