Felix Ramos Esparza
Expediente 550/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en La Laguna. 29 actuaciones registradas, la última del 28 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 550/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 29
- Última actuación
- 28/01/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Felix Ramos Esparza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 29.
- Principal
SE DECLARA QUE LA SENTENCIA QUE SOBRESEE EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO HA CAUSADO EJECUTORIA, ARCHÍVESE EL EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO PARA SER SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN.
- Principal
UNICO.- SE SOBRESEE EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. En Torreón, Coahuila, siendo las diez horas con diez minutos del veinte de diciembre de dos mil dieciocho, en audiencia pública el licenciado Fernando Sustaita Rojas, Juez Cuarto de Distrito en La Laguna, con residencia en Torreón, Coahuila, con la asistencia del secretario con quien actúa, licenciado Javier Arredondo Ovalle, procede a celebrar la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo. El Secretario certifica que no se encuentran presentes las partes en la hora y fecha precisadas con antelación y que obran constancias en autos de que se encuentran debidamente emplazadas en este juicio de amparo. A continuación, se da cuenta con la demanda de amparo, con los informes justificados rendidos por las autoridades señaladas como responsables en el presente juicio de amparo, así como con las demás constancias que obran en autos. Período probatorio.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, el juez acuerda abrir a pruebas la presente audiencia, por lo que se tienen por ofrecidas y desahogadas en virtud de su propia naturaleza las pruebas documentales que ofrecieron las partes en el presente juicio. Se cierra el periodo probatorio y se abre el de alegatos. Período de alegatos.- Se tiene a las partes que así lo hicieron por formulando los correspondientes. Se cierra dicho estadio procesal. Al no existir más medios de convicción o alegatos de las partes, el juez acuerda dar por concluida la presente diligencia y ordena que se proceda a dictar la resolución correspondiente. VISTO para resolver el juicio de amparo 550/2018, promovido por Félix Ramos Esparza, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Gómez Palacio, Durango, y otra autoridad señalada como responsable; R E S U L T A N D O PRIMERO. Por escrito presentado el veinticinco de abril de dos mil dieciocho, ante la oficina de correspondencia común a los Juzgados de Distrito en La Laguna, y turnada ese mismo día ante este juzgado federal, Félix Ramos Esparza, promovió juicio de amparo en contra de la autoridad y el acto siguiente. "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES SEÑALO COMO AUTORIDADES RESPONSABLES AL C. PRESIDENTE DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, CON DOMICILIO AMPLIAMENTE CONOCIDO EN BLVD MIGUEL ALEMAN S/N ESQUINA CON BLVD. FRANCISCO GONZALEZ DE LA VEGA, GOMEZ PALACIO, DGO. SEÑALO COMO AUTORIDADES EJECUTORAS, AL C. ACTUARIO NOTIFICADOR ADSCRITO A LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, CON DOMICILIO AMPLIAMENTE CONOCIDO EN BLVD MIGUEL ALEMAN S/N ESQUINA CON BLVD. FRANCISCO GONZALEZ DE LA VEGA, GOMEZ PALACIO, DGO. IV.- ACTOS RECLAMADOS. DE LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES, RECLAMO LA NEGATIVA, LA RENUENCIA Y LA INDOLENCIA PARA DAR RESPUESTA DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA A LA PROMOCIÓN DE FECHA 22 DE MARZO DE 2018, LA CUAL ME FUERA RECIBIDA POR LA RESPONSABLE CON FECHA 4 DE ABRIL DEL AÑO 2018, HABIENDO TRANSCURRIDO DESDE LA FECHA EN QUE ME FUERA RECIBIDA HASTA LA PRESENTACIÓN DE LA PRESENTE DEMANDA DE GARANTÍAS, MÁS DE 12 DÍAS HÁBILES, SIN QUE LA RESPONSABLE HAYA ACORDADO LA PROMOCIÓN AL RESPECTO, CONSTITUYENDO DICHA OMISIÓN UNA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS CONSAGRADOS EN LOS ARTÍCULOS 8°, 14° Y 16° CONSTITUCIONALES. DE IGUAL MANERA RECLAMO LA NEGATIVA INJUSTIFICADA DE LA RESPONSABLE PARA EMPLAZAR A JUICIO A LOS HOY TERCEROS PERJUDICADOS, DEMANDADOS DENTRO DEL JUICIO PRINCIPAL, BAJO EL ARGUMENTO DE QUE EL EXPEDIENTE PRINCIPAL NO SE ENCUENTRA EN SU LUGAR, NI SE ENCUENTRA EN EL ARCHIVO, NI EN LA MESA DE LA SALA DE ACUERDOS, NI SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, NI CON LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO EJECUTORA QUE ES EL ACTUARIO NOTIFICADOR ADSCRITO A LA PROPIA RESPONSABLE, HECHO QUE CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN FRAGRANTE A LOS DERECHOS Y GARANTÍAS INDIVIDUALES DEL HOY QUEJOSO, TODA VEZ QUE NO SE HAN PROMOVIDO PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL HOY QUEJOSO ACTUACIONES QUE HAGAN PRESUMIBLE EL CAMBIO DE LUGAR DEL EXPEDIENTE LABORAL EN CITA. SEÑALO TAMBIÉN COMO ACTO RECLAMADO LA ALTERACIÓN DE LOS AUTÁS DEL EXPEDIENTE LABORAL 1/88/2009, DEL CUAL DERIVA EL ACTO RECLAMADO, TODA VEZ QUE EL MISMO NO SE ENCENTRA DEBIDAMENTE FOLIADO, NI EXISTE CERTIFICACIÓN POR PARTE DE LA RESPONSABLE, EN VIRTUD DE QUE SI SE BUSCA EN LOS ARCHIVOS DEL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO, EL EXPEDIENTE HA FORMADO PARTE DE OTROS JUICIOS DE AMPARO INDISTINTAMENTE PROMOVIDOS Y EL QUEJOSO ME LLEVO LA SORPRESA QUE LA ÚNICA VEZ QUE ME FUE PRESTADO EL EXPEDIENTE 1/88/2009 AL REVISARLO FOJA POR FOJA ME PUEDE PERCATAR QUE ESTA INCOMPLETO CON DOBLE NUMERACIÓN DE FOLIO, LO CUAL TAMBIÉN CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A MIS GARANTÍAS INDIVIDUALES Y DERECHOS HUMANOS, YA QUE DE LOS MISMOS AUTOS SE DESPRENDE LA INDOLENCIA DE LA RESPONSABLE Y LA NEGATIVA PARA DAR EL TRÁMITE CORRESPONDIENTE AL JUICIO LABORAL, TANTO EN EL EMPLAZAMIENTO COMO EN LAS NOTIFICACIONES YA QUE ES UN JUICIO QUE EL QUEJOSO INICIE DESDE EL AÑO 2009." SEGUNDO. Previa prevención por auto de siete de mayo de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la demanda de amparo, se le solicitaron los informes justificados a las autoridades señaladas como responsables, se ordenó dar la intervención que legalmente le corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano de control constitucional y, por último, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se verificó al tenor del acta que antecede, y; C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Cuarto de Distrito en La Laguna tiene competencia legal para conocer del presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 36 y 114 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 48 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y con el acuerdo 3/2013 del pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Segundo. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;(.)" El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. El criterio señalado se plasmó en la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En cumplimiento a lo anterior, debe precisarse, que la lectura de la demanda de amparo y el análisis de las constancias que integran el presente sumario, evidencian que la parte quejosa reclama la negativa, la renuencia y la indolencia, para dar respuesta fundada y motivada a la promoción presentada por el quejoso en fecha veintidós de marzo de dos mil dieciocho, y recibida el cuatro de abril del año en curso por la responsable en los autos del expediente laboral 1/88/2009. TERCERO. Son ciertos los actos reclamados al Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y actuario notificador adscrito a la misma, tal y como lo señalaron dichas responsables al rendir su informe justificado. CUARTO. En el caso concreto, se omite el análisis de la constitucionalidad de los actos reclamados, en atención a que se actualiza en la especie la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos preceptos 27, fracción III, inciso b) y 5°, fracción III, de la propia ley reglamentaria del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 262, del apéndice de fallos de 1985, parte VIII, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA." Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esta cuestión de orden público en el juicio de garantías". Se arriba a la anterior conclusión al tener en cuenta lo siguiente. Los artículos 61, fracción XXIII, 5, fracción III, y 27 de la Ley de Amparo, prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, o de esta ley.. "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: III. El tercero interesado, pudiendo tener tal carácter: a) La persona que haya gestionado el acto reclamado o tenga interés jurídico en que subsista; b) La contraparte del quejoso cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia del orden judicial, administrativo, agrario o del trabajo; o tratándose de persona extraña al procedimiento, la que tenga interés contrario al del quejoso; c) La víctima del delito u ofendido, o quien tenga derecho a la reparación del daño o a reclamar la responsabilidad civil, cuando el acto reclamado emane de un juicio del orden penal y afecte de manera directa esa reparación o responsabilidad; d) El indiciado o procesado cuando el acto reclamado sea el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal por el Ministerio Público; e) El Ministerio Público que haya intervenido en el procedimiento penal del cual derive el acto reclamado, siempre y cuando no tenga el carácter de autoridad responsable. "Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: III. Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto: b) Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio de origen. Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles..." De acuerdo con estos artículos se advierte que el juicio de amparo solamente puede plantearse a iniciativa o instancia de parte, que se dice agraviada por un acto de autoridad que, en su concepto, es inconstitucional; por tanto, el proceso de amparo sólo puede tramitarse en virtud de que esa parte ejerce el derecho público subjetivo de la acción ante los tribunales de la federación. En función a este principio, el ordenamiento jurídico en consulta impone a la parte quejosa la carga de cumplir con ciertos requisitos para que la relación jurídica procesal inherente al propio juicio, pueda constituirse válidamente a fin de que el procedimiento quede en estado de emitir la sentencia relativa. Una de esas cargas consiste en el señalamiento del nombre y domicilio del tercero interesado. Por otra parte, y en atención a las facultades que la propia legislación atribuye al juzgador de amparo, éste cuenta con atribuciones para lograr que se integre la mencionada relación jurídica procesal, como son, entre otras, cuando no consta en autos el domicilio del tercero interesado, la de llevar a cabo la investigación de tal domicilio y se dispone, incluso, que si la investigación no da resultados positivos, la primera notificación a dichos terceros se hará por edictos a costa del quejoso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción III, inciso b, de la Ley de Amparo. En este entorno, es a final de cuentas, la iniciativa del quejoso el que propicia, el establecimiento de la relación procesal en el juicio, para que se logre el dictado de la sentencia relativa. En ese orden de cosas, es dable considerar que constituye una manifestación evidente y clara de que ha cesado la iniciativa de la parte quejosa para la tramitación del juicio, la circunstancia de que, ante el desconocimiento del domicilio de los terceros interesados Graciano y Asociados S.A. DE C.V. ERANDI, José Adolfo Graciano Cuevas y José Daniel Graciano Cuevas, y satisfecha la investigación antes mencionada, la conducta de la parte quejosa muestra, precisamente, la pérdida de interés en la continuación del procedimiento, lo que ocurre cuando se ha ordenado el emplazamiento por edictos, y el accionante a pesar de ser conminado para que realice los actos tendientes a la publicación relativa, omite por completo cumplir con lo mandado y cesa en la activación del procedimiento. En consecuencia, se estima que ante la inamovilidad del procedimiento (lo que es contrario al principio de celeridad que rige en dicho juicio constitucional) y la evidente extinción de la iniciativa que la parte quejosa debe demostrar en él, aunado a la falta de composición de la relación jurídica procesal propia de la controversia de amparo, lo procedente es sobreseer dicho juicio, en función de los numerales a que se ha hecho mérito. Consecuentemente una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 27, fracción III, inciso b, de la Ley de Amparo, y ordenado el emplazamiento a juicio de los terceros interesados por medio de edictos a costa del quejoso, si éste no los recoge, paga su publicación y exhibición, incumple con un presupuesto procesal, que constituye una formalidad esencial del procedimiento, que impide al juzgador pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional. Ahora bien, en el caso particular, las constancias de autos acreditan, que: El veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, se ordenó una investigación de domicilio, para lo cual se giraron oficios a diversas dependencias para que informaran a este juzgado si contaban con registros de domicilio a nombre de los terceros interesados de trato, no habiendo localizado ningún domicilio a nombre de éstos, sin embargo, del domicilio precisado por el quejoso, al constituirse el actuario de la adscripción en éste, obtuvo resultado negativo. (foja 75) Por auto de diez de octubre del presente año, se declaró agotada la investigación de domicilio a que se refiere el artículo 27, fracción III, inciso b, de la Ley de Amparo, y se ordenó el llamamiento a juicio de los terceros interesados Graciano y Asociados S.A. DE C.V. ERANDI, José Adolfo Graciano Cuevas y José Daniel Graciano Cuevas, por medio de edictos, quedando a disposición de la parte quejosa en la secretaría de este juzgado los edictos para su publicación, apercibiéndole que de no recabar, publicar y exhibir dichos edictos, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5, fracción III de la Ley de Amparo y 17 Constitucional, se conllevaría a estimar la falta de interés procesal, considerando perdido su interés jurídico, y se procedería a decretar el sobreseimiento del presente juicio. (foja 131 a 133) Ahora bien, dicho proveído se tuvo por notificado a la parte quejosa el diecisiete de octubre del año en curso, sin que a la fecha haya comparecido a recoger los edictos a que se ha venido haciendo referencia, para su publicación. (Fojas 136 a 138) En tal virtud, es por demás evidente que en este caso concreto, se incumplió con el presupuesto procesal que constituye una formalidad esencial al procedimiento como lo es el emplazamiento a juicio de la parte tercero interesada, sin que por otro lado se esté en condiciones de emitir la sentencia de mérito. Así pues, sí ante el apercibimiento de que se sobreseería en el juicio, en caso de que no se recogieran los edictos en cuestión, para emplazar a los terceros interesados Graciano y Asociados S.A. DE C.V. ERANDI, José Adolfo Graciano Cuevas y José Daniel Graciano Cuevas, (proveído que fue consentido al no haber sido impugnado), la parte quejosa nada hizo para dar cumplimiento a lo requerido, con lo que se advierte de inmediato la falta de un elemento esencial para la continuación del juicio, como es el llamamiento a juicio del tercero interesado. Luego, los numerales antes citados, las actuaciones que integran esta causa constitucional y el apercibimiento a que se ha hecho mérito, sirven de base para considerar que en este caso se surte la causa de improcedencia que consiste en la falta de los elementos necesarios para la emisión de la sentencia de mérito, pues, al no publicarse los edictos para lograr el llamamiento a juicio de los multicitados terceros interesados, se paraliza el juicio de amparo al arbitrio de la parte quejosa, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, al entorpecer la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, lo que no es atribuible a éste órgano jurisdiccional, sino a las propias quejosas, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público. Al respecto, resulta aplicable la tesis de jurisprudencia número 64/2002, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del catorce de junio de dos mil dos, que dice: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal, siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, o por medio de edictos a costa del quejoso, si a pesar de la investigación se ignora aquél. Ahora bien, del análisis sistemático de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5º, fracción III, del propio ordenamiento, así como el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 30, fracción II, y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a costa del quejoso, éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza una causa de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la resolución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso el quejoso." En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento de que se trata y al haberse actualizado la causal de improcedencia que refiere la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 5, fracción III de la Ley de Amparo, lo procedente en el caso es sobreseer en el juicio de amparo, atento a lo dispuesto en el diverso 63, fracciones IV y V, del referido ordenamiento legal. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO: Se sobresee en el presente juicio de amparo. Notifíquese, y hágase la anotación correspondiente en el libro de gobierno. Así lo proveyó y firma Fernando Sustaita Rojas, Juez Cuarto de Distrito en la Laguna, con residencia en esta ciudad, ante Javier Arredondo Ovalle, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
VISTO EL ESTADO QUE GUARDAN LOS PRESENTES AUTOS, SE ADVIERTE QUE NO SE ESTÁ EN APTITUD DE CELEBRAR LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL TODA VEZ QUE NO HAN TRANSCURRIDO LOS VEINTE DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN III INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, PARA QUE LA PARTE QUEJOSA PUBLIQUE LOS EDICTOS A FIN DE QUE SE EMPLACE A LA PARTE TERCERO INTERESADA EN EL PRESENTE JUICIO; EN TAL VIRTUD, SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y SE SEÑALAN LAS DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, PARA QUE TENGA VERIFICATIVO.
- Principal
SE ADVIERTE QUE NO SE HA LOGRADO EL EMPLAZAMIENTO DE LOS TERCEROS INTERESADOS NO OBSTANTE DE HABER AGOTADO LA BÚSQUEDA RESPECTIVA DE SU DOMICILIO. SE ORDENA EMPLAZAR A LOS TERCEROS INTERESADOS POR MEDIO DE EDICTOS.
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