Félix Rafael Morales Bernal
Expediente 1035/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1035/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 12/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Félix Rafael Morales Bernal
- Ayuntamiento Constitucional de Xalapa, Veracruz
Actuaciones
- Principal
Vista la razón actuarial de cuenta, de la que se advierte la imposibilidad que tuvo el actuario adscrito a este juzgado para notificar personalmente al quejoso ********************, el proveído de nueve de diciembre de dos mil diecinueve, por el motivo en ella expuesto; en tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, hágasele dicha notificación al quejoso por medio de lista de acuerdos que se fija en los estrados de este Juzgado, así como las subsecuentes, aún las de carácter personal, hasta en tanto no subsane la omisión ahí apuntada. Xalapa-Enríquez, Veracruz, nueve de diciembre de dos mil diecinueve. Ténganse por rendidos los oficios de las autoridades responsables Director de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Xalapa y superior jerárquico de la Unidad de Ventanilla Única perteneciente a la Dirección de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Xalapa, ambas con residencia en esta ciudad; por los cuales rinden sus informes justificados en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. Por otra parte, como lo solicitan las autoridades responsables citadas en líneas precedentes, ténganse como domicilio de su parte para oír y recibir notificaciones, así como delegados a los mencionados en su oficio de cuenta, para los efectos legales procedentes, de conformidad con lo estipulado por el numeral 9, de la ley en cita. Ahora bien, de los informes rendidos se advierte que la solicitud de apertura realizada por el aquí quejoso mediante escrito de seis de septiembre de dos mil dieciocho, motivo las siguientes actuaciones: 1. El seis de septiembre de dos mil dieciocho, se llevó a cabo el procedimiento administrativo para solicitar la licencia de funcionamiento o cédula de empadronamiento, la cual se realiza con el formato único de apertura, de la Ventanilla Única de la Dirección de Desarrollo Económico, solicitud realizada por la "Operadora Hotelera Mozar S.A. de C.V.", representada por el ahora quejoso Félix Rafael Morales Bernal. 2. Por oficio número VU/892/2019 de nueve de octubre del año en curso, signado por Adriana Alejandra Mignon Gasca, en su carácter de Jefa de la Unidad de Ventanilla Única, notificó al representante legal Félix Rafael Morales Bernal de la Operadora Hotelera Mozar S.A. de C.V., que en relación a su solicitud con número de folio VU-111, no era procedente hasta en tanto no acudiera a esas oficinas para que actualizara su expediente y dictámenes de las Direcciones de Salud y Medio Ambiente, mismo que fue notificado a Francisca Rojas el once del mes y año en curso. 3. Por escrito de diez de noviembre del año en curso, Félix Rafael Morales Bernal (aquí quejoso), solicitó que le fueran indicadas de nueva cuenta las observaciones a fin de poder pagar las cargas fiscales que ello implicaba, para que a la brevedad posible se realzara el trámite correspondiente para así comenzar con el trámite correspondiente para el registro de apertura. 4. Posterior a esto, por oficio número VU/1150/2019, de veintiuno de noviembre del año en curso, signado por Adriana Alejandra Mignon Gasca, Jefa de la Unidad de Ventanilla Única, le informó al quejoso que en relación al trámite solicitado que fuera ingresado con número de folio VU-111, de siete septiembre de dos mil dieciocho, los dictámenes de la Dirección de Desarrollo Urbano, Dirección de Protección Civil, Subdirección de Salud, Subdirección de Comercio y Departamento de Inspección y Atención Comercial resultaron factibles; faltando por dictaminar Medio Ambiente, el cual ya había declinado el dictamen por no solventar en tiempo y forma lo requerido. 5. Por lo que, la respuesta extemporánea del aquí quejoso con relación a las reiteradas solicitudes realizadas para que cumpliera con lo que le faltaba, ocasionó que en el oficio VU/1150/2019, se le informara que la Subdirección Recursos Naturales y Cambio Climático, declinó el dictamen por no haber sido atendido en tiempo y forma. Ahora, del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el quejoso reclamó de las autoridades responsables: ". la falta de respuesta a la petición de fecha 6 de septiembre de 2018." El quejoso atribuyó dicha omisión al Director de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Xalapa, dado que presentó el seis de septiembre de dos mil dieciocho petición de registro de apertura o movimiento comercial para el Hotel Klimt; refiriendo que el veinticinco de junio de dos mil diecinueve, le fue entregada una invitación, a fin de presentarse en las oficinas de la Ventanilla Única, para informarle las observaciones en torno a su solicitud de seis de septiembre de dos mil dieciocho. En virtud de estas circunstancias la parte quejosa aduce que se ha vulnerado lo dispuesto en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto que no se ha dado contestación fundada y motivadamente a su escrito que presentó el seis de septiembre de dos mil dieciocho (el primero que presentó). En este orden, del informe rendido por la autoridad responsable y constancias adjuntas a éste, a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo se advierte que: 1. El seis de septiembre de dos mil dieciocho, se llevó a cabo el procedimiento administrativo para solicitar la licencia de funcionamiento o cédula de empadronamiento, la cual se realiza con el formato único de apertura, de la Ventanilla Única de la Dirección de Desarrollo Económico, solicitud realizada por la "Operadora Hotelera Mozar S.A. de C.V.", representada por el ahora quejosa Félix Rafael Morales Bernal. 2. Por oficio número VU/892/2019 de nueve de octubre del año en curso, signado por la licenciada Adriana Alejandra Mignon Gasca, en su carácter de Jefa de la Unidad de Ventanilla Única, notificó al representante legal Félix Rafael Morales Bernal de la Operadora Hotelera Mozar S.A. de C.V., que en relación a su solicitud de apertura con número de folio VU-111, no era procedente hasta en tanto no acudiera a esas oficinas para que actualizara su expediente y dictámenes de las Direcciones de Salud y Medio Ambiente, mismo que fue notificado a Francisca Rojas en fecha once del mes y año en curso. 3. Por escrito de diez de noviembre del año en curso, Félix Rafael Morales Bernal (aquí quejoso), solicitó que le fueran indicadas de nueva cuenta las observaciones a fin de poder pagar las cargas fiscales que ello implicaba, para que a la brevedad posible se realzara el trámite correspondiente para así comenzar con el trámite correspondiente para el registro de apertura. 4. Posterior a esto, por oficio número VU/1150/2019, de veintiuno de noviembre del año en curso, signado por la licenciada Adriana Alejandra Mignon Gasca, Jefa de la Unidad de Ventanilla Única, le informó al quejoso que en relación al trámite solicitado que fuera ingresado con número de folio VU-111, de siete septiembre de dos mil dieciocho, los dictámenes de la Dirección de Desarrollo Urbano, Dirección de Protección Civil, Subdirección de Salud, Subdirección de Comercio y Departamento de Inspección y Atención Comercial resultaron factibles; faltando por dictaminar Medio Ambiente, el cual ya había declinado el dictamen por no solventar en tiempo y forma lo requerido. 5. Por lo que, la respuesta extemporánea del aquí quejoso con relación a las reiteradas solicitudes realizadas para que cumpliera con lo que le faltaba, ocasionó que en el oficio VU/1150/2019, se le informara que la Subdirección Recursos Naturales y Cambio Climático, declinó el dictamen por no haber sido atendido en tiempo y forma. Luego, de la anterior exposición se advierte que con motivo del escrito del quejoso se formó un expediente administrativo para solicitar licencia de funcionamiento o cédula de empadronamiento, en el que se ha otorgado garantía de audiencia y se declinó el dictamen por no haber atendido las observaciones realizadas en tiempo. Es decir, se trata de un procedimiento seguido en forma de juicio que inició con la solicitud de la parte quejosa formulada el seis de septiembre de dos mil dieciocho, respecto de la cual dicha parte aduce vulneración al derecho de petición por no haberse resuelto en definitiva. Lo anterior nos lleva a afirmar, que en contra de ese acto que se reclama consistente en esa omisión de resolver en definitiva respecto de su petición inicial, se actualiza la causal de improcedencia prevista en en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción III, interpretada en sentido contrario, los cuales a la letra dicen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." Del texto de lo dispuesto en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, se deduce que la invocada causal de improcedencia se actualiza al relacionarse con alguna otra disposición de la propia Ley de Amparo. Por su parte, el artículo 107, fracción III, señala que el juicio de amparo procede en contra de resoluciones emitidas en un procedimiento seguido en forma de juicio, siempre y cuando se trate de la resolución definitiva, es decir, la que ponga fin a ese procedimiento, por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y bien en contra de resoluciones emitidas durante ese procedimiento, con la condicionante de que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Lo anterior implica que cuando la resolución reclamada carezca de esas características, el amparo que se intente en su contra resulta improcedente. Es decir son dos los presupuestos para que un acto emitido en un procedimiento seguido en forma de juicio sea impugnable a través del amparo indirecto, a saber: a) Que se trate de la resolución definitiva. b) Que se trate de un acto intermedio que sea de imposible reparación. Bajo esa óptica, se considera que el acto que reclama la moral impetrante carece de dichas características, pues se reclama de manera autónoma la vulneración al derecho de petición dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio, mismo acto que ni constituye la resolución definitiva, ni acarrea un perjuicio de imposible reparación al quejoso. En torno a este tema, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la jurisprudencia 8/2015, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 17, Abril de dos mil quince, Tomo I, la cual resulta obligatoria en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo pues si bien se refirió a las disposiciones de la Ley de Amparo anterior, la temática es la misma con las disposiciones de la actual ley, en la que estableció que cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación al derecho de petición, cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional o seguido en forma de juicio, el actuar de la autoridad se rige por lo dispuesto tanto en los artículos 14 y 17 constitucionales, como en los plazos y términos desarrollados por el legislador ordinario en la norma secundaria, por lo que, en razón de ello, por regla general, el amparo indirecto sería improcedente, pues si se trata exclusivamente de un reclamo dentro de un procedimiento respecto al derecho de petición, el cual no deja sin defensa al quejoso ni puede verse de forma autónoma, debe considerarse que se trata de una violación de carácter adjetivo conforme a la cual tienen que atenderse las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a dar respuesta a la petición realizada. Dicha jurisprudencia es del tenor siguiente: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMA UNA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO (LEY DE AMPARO ABROGADA). De acuerdo con lo establecido en el artículo 114, fracciones II, III y IV, de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, se desprende que en contra de actos dictados dentro de procedimientos jurisdiccionales, como dentro de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, será procedente el amparo indirecto de forma excepcional cuando los actos tengan el carácter de "imposible reparación"; o cuando el quejoso hubiese quedado sin defensa o privado de los derechos que la ley de la materia le conceda. En esas condiciones, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación al derecho de petición, cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional o seguido en forma de juicio, el actuar de la autoridad se rige por lo dispuesto tanto en los artículos 14 y 17 constitucionales, como en los plazos y términos desarrollados por el legislador ordinario en la norma secundaria. En razón de ello, por regla general, el amparo indirecto sería improcedente, pues si se trata exclusivamente de un reclamo dentro de un procedimiento respecto al derecho de petición, el cual no deja sin defensa al quejoso ni puede verse de forma autónoma, debe considerarse que se trata de una violación de carácter adjetivo conforme a la cual tienen que atenderse las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a dar respuesta a la petición realizada." Por lo que, si en el caso el quejoso reclaman de manera autónoma esa vulneración a un derecho de petición en un procedimiento seguido en forma de juicio, el juicio de amparo se torna improcedente en tanto que tal situación no le acarrea un perjuicio de imposible reparación, ya que éstos deben entenderse como aquéllos que sus derivaciones afectan directamente alguno de los derechos sustantivos del gobernado como son la libertad, la propiedad, el estado civil, etcétera, y que tutela la constitución general de la república por medio de las garantías individuales, por lo que, en estos casos pueden repararse esas violaciones a través del amparo biinstancial dada la propia naturaleza del acto que acarrearía imposible reparación. Sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia número 3a./J. 43 29/89, que sustentara la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la foja 291, Tomo IV, Primera Parte, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, del tenor siguiente: "EJECUCION DE IMPOSIBLE REPARACION. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCION III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo". Del mismo modo, sirve de apoyo la tesis XCIX/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Julio de mil novecientos noventa y nueve, que dice: "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE AMPARO. No existe criterio uniforme respecto a lo que debe entenderse por procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, puesto que tal carácter se ha dado por igual a los actos instaurados en forma unilateral por la autoridad administrativa para verificar el cumplimiento de los particulares a disposiciones de índole administrativa, en los que se le da al afectado la oportunidad de comparecer, rendir pruebas y alegar; a aquellos otros que se sustancian a solicitud de parte interesada para la obtención de licencias, autorizaciones, permisos, concesiones, etcétera; y, también a los procedimientos que importan cuestión entre partes, sujeta a la decisión materialmente jurisdiccional de la autoridad administrativa. Ahora bien, para los efectos de la procedencia del juicio de amparo en los supuestos previstos por el artículo 114, fracción II, de la Ley de Amparo, no basta la circunstancia de que en determinados procedimientos administrativos se prevea la posibilidad de que el particular afectado con el acto administrativo sea oído en su defensa, pues ello no autoriza a concluir que se está en presencia de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, dado que este último se caracteriza por la contienda entre partes, sujeta a la decisión jurisdiccional de quien se pide la declaración de un derecho y la correlativa obligación. Así, a manera de ejemplo, la orden de verificación, su ejecución y las consecuencias jurídicas que de ellas deriven, como la imposición de multas y clausura, en aplicación a la Ley para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, no son actos comprendidos dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio, debido a que no entrañan cuestión alguna entre partes que amerite la declaración de un derecho, sino que se trata de actos efectuados por la autoridad administrativa en ejercicio de sus facultades de comprobación, tendientes a vigilar el cumplimiento de normas de orden público en satisfacción del interés social. Luego, al configurarse de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción III, interpretada en sentido lo procedente es sobreseer en el juicio fuera de audiencia, con apoyo en lo dispuesto por la fracción V del artículo 63 de la misma Ley. Funda lo anterior, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial número 2ª.J/10/2003, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". En las relatadas condiciones, se deja sin efecto la hora que se encontraba señalada para la audiencia constitucional en este juicio, esto es, las nueve horas cincuenta minutos del diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve. Hágase saber lo anterior a las partes, para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
Notificación personal.
- Principal
Téngase por rendido el informe justificado de la autoridad responsable Jefe del Departamento de lo Contencioso de la Dirección de Asuntos Jurídicos y apoderado legal del Ayuntamiento de Xalapa, con residencia en esta ciudad; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese para que surta sus efectos legales procedentes y déjese a vista de las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga, sin perjuicio de hacer relación del mismo en la audiencia constitucional. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse como pruebas de la autoridad responsable la presuncional legal y humana, con las que se dará nueva cuenta al celebrarse la audiencia constitucional. Por otra parte, como lo solicita la autoridad responsable citadas en líneas precedentes, téngase como domicilio de su parte para oír y recibir notificaciones, así como delegados a los mencionados en su oficio de cuenta, para los efectos legales procedentes, de conformidad con lo estipulado por el numeral 9, de la ley en cita. Ahora bien, por lo que respecta a su solicitud, en el sentido de que le sean devueltos las documentales que exhibe para acreditar su personalidad; al respecto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en términos del artículo 2° de la Ley de Amparo, devuélvanse las documentales a que hace alusión, previo desglose y copias certificadas que se dejen en el expediente, quien deberá firmar por su recibo, para debida constancia. Asimismo, se hace constar que la referida autoridad manifestó que anexa copias simples de los mismos, para su cotejo y compulsa, sin que estas fueran anexadas.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por********************, contra actos reclamados al Ayuntamiento Constitucional de Xalapa, Veracruz y otras autoridades. FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE en el Libro de Gobierno correspondiente bajo el número ********************. Al respecto, se acuerda: SE ADMITE en sus términos la demanda de que se trata, con fundamento en los artículos 103 fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, párrafo primero, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108 y 110 de la Ley de Amparo. Dese a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que legalmente le compete, haciéndole entrega de una copia de la demanda de garantías. NO HA LUGAR A TRAMITAR EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN al no encontrarse reunido el requisito previsto por el artículo 128 fracción I, de la ley de la materia, en virtud de no haber solicitado la parte quejosa la suspensión del acto reclamado. LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL se señala para las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DIECISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, conforme lo establece el artículo 115 de la Ley de Amparo. SE PIDE INFORME JUSTIFICADO a las autoridades señaladas como responsables, en términos de los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo, que deberán rendir dentro del plazo de quince días, con el apercibimiento que de no hacerlo se presumirá cierto el acto que se les reclama, salvo prueba en contrario. Lo anterior, sin perjuicio que en sentencia se les aplique una sanción consistente en una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo que establece el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 26, apartado B, párrafo sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De igual manera, hágase saber a las autoridades responsables que el informe justificado que se les requiere, podrá presentarlo a este Juzgado o remitirlo vía ordinaria; o a por medio del correo electrónico 15jdo7cto@correo.cjf.gob.mx (haciendo uso de cuenta de correo institucional), o vía telegráfica; sin embargo, salvo que resulte estrictamente indispensable, la autoridad responsable deberá abstenerse de remitir su informe por más de uno de los mencionados medios; esto a fin de evitar la duplicidad innecesaria de actuaciones. En el entendido de que, si las autoridades responsables estiman remitir constancias en apoyo a dicho informe, deberá acompañarlas por el medio ordinario que estime conducente (correo, mensajería acelerada, etcétera). SE FORMULAN PREVENCIONES en aras de tutelar el derecho fundamental de administración de justicia contenido en el artículo 17 constitucional, evitando trámites innecesarios y dar a la ley un alcance acorde a la realidad actual para optimizar los recursos humanos y materiales a efecto de orientarlos en función de la resolución expedita del juicio: I. A la autoridad responsable, para que al rendir su informe justificado: a) Comunique el cambio de situación jurídica, y en su caso, sí han ocurrido causas notorias de sobreseimiento. En caso de no hacerlo, se le impondrá una multa de treinta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo que establece el artículo 251 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso precepto 26, apartado B, párrafo sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. b) Remita la copia certificada completa y legible de las constancias que guardan relación con el acto reclamado y sean necesarias para la solución del juicio constitucional. En caso de no hacerlo, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo que establece el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 26, apartado B, párrafo sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. II. A la parte quejosa: a) Que para el caso de que las autoridad señalada como responsable sea inexistente, o bien, su denominación sea incorrecta y no sea posible notificarla, una vez que se le dé vista de esa circunstancia, precise corrija o aclare el nombre de la autoridad respectiva, con el apercibimiento que de no hacerlo, entonces se le sancionará declarándola inexistente y suspendiendo de inmediato toda comunicación, sin que sea dable pronunciarse nuevamente al respecto, en la sentencia que en su caso se dicte. Ello, porque del análisis sistemático y armónico de los artículos 5º, fracción II, 108, fracción II, y 115 de la Ley de Amparo, se desprende que son parte en el juicio la autoridad o autoridades responsables, y que es obligación de la parte quejosa al formular su demanda de amparo, expresar a quiénes le otorga ese carácter, para efecto de que se les pida el informe justificado. TERCERO INTERESADO. En el presente asunto no se actualiza alguno de los supuestos previstos en el artículo 5, fracción III, de la Ley de Amparo, dada la naturaleza del acto reclamado. PRUEBAS. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse como pruebas de la parte quejosa, las documentales que anexa a su escrito inicial, así como la presuncional legal y humana, con las que se dará nueva cuenta al celebrarse la audiencia constitucional. DE LAS NOTIFICACIONES A LAS PARTES. Se instruye al Actuario Judicial para que los posibles diferimientos de la audiencia constitucional, se realicen en el presente asunto a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluidas las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarles personalmente las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción; de ahí, que resulta suficiente que ese tipo de acuerdos se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se le informan en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores; de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador en el invocado numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario librar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional, ya que la nueva fecha que se señale, puede consultarse en la lista de acuerdos que se publica en la página de internet del Consejo de la Judicatura Federal. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 2002576, cuyo rubro se lee: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Derivado de lo anterior, en caso de que se difiera la audiencia constitucional, la notificación de dichos autos se realizará únicamente a través de lista, la cual, como se dijo, puede ser consultada a través de la página de internet del Consejo de la Judicatura Federal. FIRMA DE OFICIOS. Se autoriza a los Secretarios de este juzgado firmen los oficios que emanen del presente juicio de amparo. COMO DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA para oír y recibir todo tipo de notificaciones, se tiene el señalado en el escrito que se provee, y por autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************, quien acorde a los lineamientos trazados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, que establece el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, cuenta con el registro número ********************. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado y, ello dar pauta a que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente sumario. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte promovente, por si o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso de scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro medio electrónico similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito juez federal, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Actuario del juzgado, así como la persona que recepcione la información debidamente identificada, para que se precise de que documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a disponibilidad del expediente y que este en trámite en este juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. DEPURACIÓN. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales en términos del capítulo primero, punto segundo, fracción dieciocho del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se requiere a la parte oferente del mismo para que se presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin el presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del Capítulo Quinto, último párrafo del punto Vigésimo del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al Secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos; sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que hay sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaria o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · 5,534 expedientes
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- Felix Francisco Hernández Echeverria268/2023
- Félix González Viveros87/2021
- Felix Hernández García905/2019
- Felix Manuel Hernández Trejo84/2015
- Félix Manuel Méndez García1110/2019
- Felix Ricardo Pichardo Fernández762/2021
- Félix Ricardo Pichardo Fernández344/2023
- Felix Ricardo Pichardo Fernández76/2020
- Felix Ricardo Pichardo Fernandez O Felix Pichardo Fernandez561/2020
- Felix Ricardo Pichardo y/o Pichardo Fernández960/2019
- Feliz Persi Aguilar Schacht206/2020