Félix Pozos Palafox
Expediente 870/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 870/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 02/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Félix Pozos Palafox
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación secretarial que antecede, se aprecia que ha transcurrido el plazo de cinco días, sin que la parte promovente hubiere recurrido el auto de veintidós de julio de dos mil veintidós; en consecuencia, se declara que dicho auto que desechó la demanda de amparo, ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Comuníquese lo anterior a la parte quejosa y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. De conformidad con el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el citado numeral. De igual manera, en cumplimiento al artículo 21, inciso d), del mencionado Acuerdo General, se establece que este expediente deberá destruirse transcurrido el plazo de tres años; mientras tanto, resérvese en el archivo de este órgano jurisdiccional para su posterior destrucción. Una vez que obre en autos la constancia de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, archívese el presente expediente como asunto concluido.
- Principal
Vista la demanda de amparo que promueve ***, contra los actos y autoridades siguientes: Autoridad responsable: -Secretario de Seguridad Ciudadana del Estado de Tlaxcala. Acto reclamado: - La tortura y actos de terrorismo a través de la autorización del empleo de bombas de gas lacrimógeno. Actos que estima violatorios de los artículos 1, 3, 4, 5, 6, 8, 14, 16, 17, 19, 20 y 133 Constitucionales. Ahora bien del numeral 113 de la Ley de Amparo se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano; en ese sentido, procede efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial ***. Esencialmente, la tesis en cuestión refiere que, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo; finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Establecido lo anterior, se considera que en lo particular se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVI de la Ley de Amparo, en atención a las consideraciones siguientes: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:(.); XVI. Contra actos consumados de modo irreparable. (.)" Ahora, para una mejor compresión del numeral antes citado debe decirse que, los actos consumados se entienden por la doctrina y la jurisprudencia como aquéllos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquéllos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. Para efectos de la procedencia del juicio de amparo los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos los podemos clasificar en: a) actos consumados de modo reparable; y, b) actos consumados de modo irreparable. Los primeros son aquéllos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable (artículo 77 de la Ley de Amparo), de ahí el que proceda el juicio de amparo en contra de omisiones consumadas de modo reparable. Ahora bien, como se adelantó la quejosa se duele del empleo de bombas de gas lacrimógeno durante las manifestaciones del ocho de marzo y diecisiete de julio, ambos de la presente anualidad, para lo cual aduce que el actuar de la autoridad responsable pone en riesgo la seguridad de las personas que se encontraban en la presidencia de comunidad de Xaltocan. No obstante, dichos actos tienen el carácter de consumado de modo irreparable, dado que del escrito inicial de demanda se desprenden las siguientes manifestaciones: " 1. El día de ayer domingo, diecisiete de julio del año dos mil veintidós, por la tarde, en diversos medios de comunicación, difundieron en vivo en redes sociales, que en Xaltocan, llego a la Presidencia de Comunidad, personal de la Secretaria de Seguridad Ciudadana, y de los videos se observa como avientan bombas de gas lacrimógeno, se observa a periodistas, que en su transmisión se escucha como se ahogan y padecen las consecuencias de los gases lacrimógenos; 2. Estos hechos de La TORTURA y Actos de Terrorismo, del empleo abusivo de Gas Lacrimógeno, el 8 de marzo del año dos mil veintidós, contraen la manifestación de feministas en Palacio de Gobierno de Tlaxcala, hoy en Xaltocan Tlaxcala. El uso de gases lacrimógenos, somete a cualquier ser humano a una tortura agonizante, sufrimiento agonizante, es un terror y un acto terrorista, el Pacto de Ginebra, limitaba y prohibía su uso. El uso de gases se puede citar que se da en combates de guerra, su primer antecedente, puede ser la Primera Guerra Mundial, prohibido por la Convención de Armas Químicas en 1997, como lo explica Anna Feigenbaum, una profesora de la Universidad británica de Boumemouth, de acuerdo a la nota News/Mundo, de treinta de agosto de 2014, el contacto de este gas al cuerpo es qe n ose puede respirar, arden los ojos, pierdes el control y el sentido, hasta poder provocarte la muerte, la suscrita soy Activista Social y Defensora de Derechos Humanos, conozco lo que el cuerpo de un ser humano resiente ante el hecho que te rocíen gas lacrimógeno; el uso de estos gases data de 1915, por eso se llamo a la Primera Guerra Mundial la Guerra de los Químicos." Tal como se advierte de las propias manifestaciones del quejoso contenidas en su demanda de amparo, se desprende que el empleo de las bombas de gas lacrimógeno ya fue ejecutada por parte de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Tlaxcala el ocho de marzo y diecisiete de julio de la presente anualidad. Derivado de lo anterior, es menester precisar que la afectación que, en su caso, se hubiera dado con el empleo de dichas bombas de gas lacrimógeno ya no puede ser reparada aun cuando se otorgara una eventual concesión de amparo, porque es materialmente imposible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación alegada por haberse consumado irreversiblemente. Esto, porque está fuera del alcance de los instrumentos jurídicos restituir las cosas al estado que guardaban antes de la ejecución del acto reclamado. Solo resta aclarar que si la intensión del promovente era que se analizara la conducta de las autoridades, a efecto de determinar si incurrieron en una posible responsabilidad, debió hacerlo valer a través de la vía y medios legales pertinentes; pues tal cuestión no puede ser analizada a través de un juicio constitucional. En tales condiciones, al haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en la fracción XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de derechos fundamentales. Máxime que el numeral 6° de la Ley de Amparo, confirma lo que el imperativo constitucional establece, pues prevé que el juicio de amparo deberá promoverse únicamente por la parte a quien perjudique la ley o acto que de cada autoridad se reclama. Es decir, el juicio de amparo se iniciará solo a petición del particular o gobernado que se considere afectado por una ley o un acto de autoridad. De tal forma que, ante una afectación de derechos fundamentales real o inminente, en ningún supuesto puede iniciarse de oficio por el órgano de control constitucional la instancia de amparo. Además, se exige que quien promueva el juicio de amparo sea la persona quien se vea afectada en su esfera de derechos sustantivos. Dicho perjuicio debe ser inmediato, directo y actual en los intereses jurídicos del quejoso, y no en el mediato o indirecto que no es propiamente lesivo de un derecho. En esa tesitura, puede decirse que el empleo de bombas de gas lacrimógeno, no causan un agravio personal y directo a la impetrante, ello en razón de que de las propias manifestaciones de la quejosa se advierte que dichos eventos los advirtió de grabaciones en el lugar, es decir que ella no se encontraba en dichas manifestaciones públicas; de ahí que el empleo del referido gas no le causa un agravio personal y directo, pues dichos actos no fueron dirigidos a esta, razón por la cual es que a la promovente no le origine consecuencias jurídicas directas e inmediatas que pudieran causarle una afectación a sus derechos. Por otra parte, téngase como por domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa. Además, téngase como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que refiere en el ocurso de cuenta, toda vez que no cuentan con cédulas profesionales inscritas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. De igual forma, se tiene por señalado el correo electrónico y número telefónico proporcionado, para efecto de entablar comunicaciones no procesales, en términos de lo previsto en el artículo 22, fracciones I y II del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Se autoriza a cualquier secretario adscrito a este juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación del presente juicio. En cumplimiento al artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en vigor a partir del diez de mayo de dos mil dieciséis; el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación, en el entendido de que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", según lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; sin perjuicio de que este juzgado federal, como sujeto obligado, en términos de lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. Asimismo, se instruye al secretario encargado del expediente para que una vez dictada la resolución que corresponda, se ingrese en el módulo Sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, en su caso, cuide los datos personales a que se refiere el "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales" aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve.
- Principal
Se hace efectivo el apercibimiento hecho a la parte QUEJOSA, al no haber acudido a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, dentro de los dos días siguientes, en el horario comprendido entre las nueve y las quince horas, a partir de la fecha en que se le dejó el AVISO JUDICIAL en el domicilio señalado en autos y se procede a notificar por lista que se fija en los estrados del Juzgado y en la página electrónica www.cjf.gob.mx, el AUTO de fecha VEINTIDÓS DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, del cual ya existe síntesis publicada con anterioridad.
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