Félix Ovalle Olivo
Expediente 743/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 743/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 07/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Félix Ovalle Olivo
Actuaciones
- Principal
Se declara que la sentencia ha causado ejecutoria; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes. En su oportunidad, archívese este expediente como asunto concluido.
- Principal
PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Félix Ovalle Olivo, contra el acto reclamado a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, por los motivos expuestos el considerando cuarto de la presente resolución. SEGUNDO. Se ordena a la secretaría supervise la captura de esta resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y agregue la constancia que así lo acredite.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio signado por la Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual rinde su informe justificado; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes, sin perjuicio de hacer nueva relación al celebrarse la audiencia constitucional. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, recíbanse la constancia que remite la autoridad de cuenta, la cual atento a su naturaleza se tiene por desahogadas, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional. Ahora bien, tomando en consideración que el informe justificado no se rindió con los ocho días de anticipación, para que las partes se impongan del mismo, no se está en posibilidad de celebrar la audiencia constitucional señalada para esta fecha, misma que se difiere, fijándose para su celebración las ONCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DIECISIETE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO.
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a las partes en auto de siete de abril del presente año, para que manifestaran lo que a sus intereses conviniera respecto al cumplimiento que dio la autoridad responsable a la sentencia que concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal, sin que hubieran realizado manifestación al respecto; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en ese acuerdo, por lo que este órgano jurisdiccional procede a resolver, si conforme a las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En efecto, mediante ejecutoria dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, el veintitrés de enero de dos mil veinte, dentro del amparo en revisión administrativo 295/2019, se determinó conceder el amparo y protección de la justicia federal respecto del acto consistente a la orden de suspensión de pago de haberes, para efecto de que las autoridades responsables realizarán lo siguiente: "Dejar insubsistente la orden de suspensión de pago de haberes de los quejosos, como policías adscritos a la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas; y, Cubrir las prestaciones que dejaron de pagar, con motivo de la orden de suspensión de pago reclamada." Así por auto de treinta y uno de enero de dos mil veinte, se requirió su cumplimiento a las autoridades responsables. En observancia a lo anterior, el Secretario de Seguridad Pública, Encargado del despacho del Departamento de Recursos Humanos de la Coordinación General de Administración y el Coordinador General de Administración, todos de la Secretaría de Seguridad Pública y con sede en esta ciudad, remitieron copia certificada del RUP de baja por defunción y el acta de defunción a nombre del quejoso César Alexis Camacho Guevara, por lo que se encontraban imposibilitados para dar cumplimiento a la ejecutoria en el caso en particular del quejoso respectivo. Asimismo, remitieron copia certificada de los comprobantes de pagos realizados al quejoso Rolando de Jesús Norato Velázquez, de la primer quincena de junio de dos mil diecinueve a la segunda quincena de julio de dos mil veinte. De igual forma, el Coordinador General Jurídico y de Acceso a la Información Pública, en ausencia del Secretario de Seguridad Pública, con residencia en esta ciudad, remitió copia certificada de los comprobantes de pago realizados a la quejosa Rosangela Santana Gallardo, de la primer quincena de junio de dos mil diecinueve a la primer quincena de marzo de dos mil veintiuno, así como el comprobante de pago realizado a la parte quejosa Hugo Gabriel Urbina Valdez, de la primer quincena de noviembre de dos mil veinte y de la primer quincena de marzo del presente año. Las documentales de mérito cuentan con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme lo dispone el 2° numeral de la Ley de Amparo. En consecuencia, como las autoridades responsables acataron en sus términos el fallo protector, es decir, dejaron insubsistente la orden de suspensión de pago de haberes de los quejoso y cubrieron las prestaciones que dejaron de pagar, con motivo de la orden de suspensión de pago reclamada, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede declarar cumplida la sentencia emitida en este asunto para todos los efectos legales, respecto a los quejosos Rolando de Jesús Norato Velázquez, Rosangela Santana Gallardo y Hugo Gabriel Urbina Valdez. Ahora bien, en relación a la imposibilidad de la autoridad responsable para dar cumplimiento respecto al quejoso César Alexis Camacho Guevara, con motivo de su fallecimiento, se determina que existe una imposibilidad material para que la autoridad responsable acate el fallo protector en los términos que se concedió, esto es, dejar insubsistente la orden de suspensión de pago de haberes y cubrir a dicho quejoso las prestaciones que se le dejaron de pagar con motivo de dicha orden. Lo anterior es así, pues de conformidad con el numeral 77 fracción II de la Ley de Amparo, el objeto de la sentencia de amparo es el restituir al agraviado en el pleno goce del derecho violado, obligando a la autoridad a respetar el derecho vulnerado actuando conforme el marco legal establece, por lo que atendiendo a lo manifestado por la autoridad responsable, existe una imposibilidad fáctica de materializar los efectos de aquella, lo que ocasiona que el cumplimiento del fallo protector quede sin materia, al no poderse concretar éstos en la esfera jurídica del agraviado dado que ha fallecido. En esa tesitura, este órgano jurisdiccional llega a la conclusión de que la autoridad responsable tiene una imposibilidad jurídica y material para acatar los lineamientos del fallo protector, respecto al quejoso César Alexis Camacho Guevara, lo que deja sin materia su cumplimiento. Hágase del conocimiento de las partes interesadas el presente auto, e infórmeseles que cuentan con el plazo de quince días para que en caso de no estar conformes con la presente determinación, hagan valer el recurso de inconformidad en términos del artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo. En la inteligencia de que para el caso de no hacer manifestación alguna sobre el particular, con fundamento en los artículos 196, último párrafo, y 193 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, por analogía se dará trámite al incidente de inejecución de sentencia, y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito en Turno, para los efectos legales correspondientes. Lo antes precisado, encuentra apoyo en la Jurisprudencia P./J. 23/2018 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Décima Época, Registro 2017828, de rubro: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. PROCEDE CONTRA EL ACUERDO DEL JUEZ DE DISTRITO EN EL QUE DECLARA QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD MATERIAL O JURÍDICA PARA CUMPLIR LA EJECUTORIA DE AMPARO.
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