Felix Morales Torres
Expediente 803/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 5 actuaciones registradas, la última del 2 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 803/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 02/07/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Felix Morales Torres
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dos de julio de dos mil dieciocho. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 803/2018-IV, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubieran recurrido el auto de trece de junio de dos mil dieciocho, dictado en este juicio, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto por el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, archívese el presente juicio de garantías como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Tomando en consideración se sobreseyó fuera de audiencia constitucional el presente asunto, por consiguiente se encuentra en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente principal sí es susceptible de destrucción. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, trece de junio de dos mil dieciocho. Agréguense a sus autos para que obre como legalmente corresponda el oficio de cuenta; atento a su contenido, téngase a la autoridad responsable, ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN SOCIAL "MORELOS" Y COMO PRESIDENTE DEL COMITÉ TÉCNICO, rindiendo su informe justificado y exhibe copias certificadas relacionadas con el acto reclamado. Ahora bien, vistos los autos del presente juicio, se advierte que en el presente asunto Félix Morales Torres, reclama la orden mediante la cual lo trasladaron a una celda de castigo e incomunicación. De acuerdo al artículo 63 de la actual Ley de Amparo, fracción V, si durante el juicio se advierte o sobreviene alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de la ley de la materia, se deberá sobreseer el juicio. En ese sentido, debe decirse que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, pues se estima que los actos reclamados no son susceptibles de combatirse en la presente vía constitucional, por las razones que se vierten a continuación. El referido artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;" El precepto legal transcrito prevé el principio de definitividad de los actos reclamados, que es uno de los pilares del juicio de amparo y radica en que éste sólo procede contra actos definitivos, entendidos como aquéllos contra los cuales no procede recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificarlos, revocarlos o modificarlos. Tal principio encuentra su justificación en el hecho de que, al ser el juicio de amparo un medio extraordinario de defensa constitucional, la parte quejosa debe previamente acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos en la propia ley y en la jurisprudencia. Ahora, como puede advertirse, la parte inconforme acude a reclamar en esta instancia constitucional, una orden mediante la cual lo trasladaron a una celda de castigo e incomunicación. Sin embargo, del informe justificado de cuenta y constancias certificadas que anexa, se advierte que el Comité Técnico del Centro Estatal de Reinserción Social Morelos, sancionó al quejoso con aislamiento temporal en el área de conductas especiales el once de enero de dos mil dieciocho, en cumplimiento a la Primera Sesión Ordinaria bis celebrada el once de enero de dos mil dieciocho y se tomó la decisión de que al concluir esa sanción quedaría como población de conductas especiales por un lapso de seis meses, que comprenden del veintiséis de enero al veintiséis de julio de dos mil dieciocho y una vez concluido de revaloraría su reubicación, por tanto no se trata de una incomunicación como lo señala el quejoso, sino de un aislamiento implementado como medida disciplinaria. Documentales públicas a las cuales se le concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispuesto en su artículo 2°. Ahora, en contra de dicha sanción procede el medio de impugnación establecido en el artículo 48 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, dispositivo legal que señala lo siguiente: "Artículo 48. Impugnación de resoluciones. Las resoluciones del Comité Técnico se impugnarán dentro de los tres días siguientes a su notificación y procederá su revisión ante el Juez de Ejecución. Cuando se impugne resoluciones administrativas por faltas disciplinarias, se dejará en suspenso la aplicación de las sanciones impuestas, hasta que el Juez de Ejecución resuelva en definitiva, sin perjuicio.". Del precepto legal transcrito se advierte que contra las resoluciones emitidas por el Comité Técnico del Centro Penitenciario procede el recurso de revisión, dejándose en suspenso la aplicación de la sanción impuesta con motivo de la interposición de dicho recurso, hasta en tanto el Juez de Ejecución resuelva en definitiva; de ahí que, en criterio del suscrito, previo a la promoción del juicio de amparo, debió agotarse dicho medio de impugnación. Lo anterior se estima así, ya que no existe alguna excepción al principio de definitividad, que conforme a la norma invocada, tenga aplicación en el presente asunto, atento a que la sanción combatida es una determinación dictada dentro de un procedimiento disciplinario realizado por las autoridades responsables, y dicho acto reclamado, en estricto sentido, no está directamente vinculado con los aspectos jurídicos básicos de la privación de la libertad del reo en el centro carcelario; de ahí que tal mandato de autoridad debe ser considerado jurídicamente como pronunciado en un procedimiento administrativo, en virtud de la autoridad que lo emite, seguido en forma de juicio y, por ende el quejoso debió observar el principio de definitividad antes de promover el juicio de amparo, tal y como lo consagra la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. La anterior consideración encuentra sustento, en lo conducente, en la jurisprudencia 1a./J. 39/2016 (10 a), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 861, Libro 36, noviembre de 2016, Tomo II de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2013063, cuyo rubro y texto son los siguientes: "CORRECTIVOS DISCIPLINARIOS EN CENTROS FEDERALES DE READAPTACIÓN SOCIAL. EL TÉRMINO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO EN SU CONTRA, ES EL GENÉRICO DE QUINCE DÍAS, ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 17, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE. El acta administrativa de imposición de correctivos disciplinarios, como la restricción de tránsito a los límites de la estancia del reo, emitida por el Consejo Técnico Interdisciplinario de un Centro Federal de Readaptación Social, si bien es un acto restrictivo de la libertad personal, es una determinación dictada "dentro de procedimiento", toda vez que se emite como resultado del procedimiento administrativo disciplinario previsto en los artículos 82 y 83 del Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social y los artículos 20, 22, 23, 24 y 25 del Manual de Estímulos y Correcciones Disciplinarias de los Centros Federales de Readaptación Social, procedimiento en el que se prevén las exigencias mínimas básicas del debido proceso, a efecto de respetar el derecho de audiencia y defensa al reo, previo a la emisión de la determinación que le impone el correctivo disciplinario. Por tanto, respecto de ese acto, la regla aplicable para juzgar la oportunidad en la promoción del juicio de amparo en su contra, es la genérica de quince días, prevista en el párrafo primero del artículo 17 de la Ley de Amparo, pues no se ubica en el supuesto de excepción establecido en la fracción IV de ese dispositivo para que la demanda se pueda presentar en cualquier tiempo, ya que éste se refiere exclusivamente a los actos que constituyan ataques a la libertad personal fuera de procedimiento." En la ejecutoria que originó la jurisprudencia invocada, se advierte que la Primera Sala del Máximo Tribunal del país determinó, que el acta o resolución que emite el Consejo Técnico Interdisciplinario de un Centro Federal de Readaptación o Reinserción Social, que impone correctivos disciplinarios a un interno ante la comisión de infracciones a las reglas que rigen el orden y disciplina del centro carcelario, constituye un acto emitido dentro del procedimiento disciplinario, porque emana de ese procedimiento administrativo disciplinario formalmente establecido en los ordenamientos reglamentarios que rigen la organización, operación y administración de los centros federales de reclusión, en la cual no tiene intervención el juez del proceso (en caso de que el interno sancionado se encuentre recluido por motivo de la medida de prisión preventiva) o el juez encargado de ejecución de la pena (en caso de que el reo compurgue una sentencia ejecutoria). Y, si bien es cierto que la situación jurídica de privación de la libertad del interno en el centro carcelario deriva de la existencia del procedimiento penal (en su fase de juicio o de ejecución de sentencia), también lo es que, el procedimiento disciplinario referido, en estricto sentido, no está directamente vinculado con los aspectos jurídicos básicos de la privación de la libertad que da causa a la presencia del reo en el centro carcelario, pues se trata de un procedimiento autónomo al procedimiento penal, exclusivamente vinculado a la mantención del orden, disciplina y seguridad del centro de reclusión, lo cual atañe a las atribuciones de organización, operación y administración del centro de reclusión que conciernen al Ejecutivo, y cuyo conocimiento es reservado por la regulación aplicable, al órgano Consejo Técnico Interdisciplinario, no a la autoridad judicial; por lo que, ese procedimiento disciplinario, atento a su naturaleza y fines, corresponde al denominado "Derecho Administrativo Sancionador". De manera que la orden o sanción emitida y su consecuencia, constituyen actos dentro del procedimiento disciplinario, que formalmente cumplen con las exigencias mínimas del debido proceso para ser considerados como tal, en el específico contexto de un reo, pues se trata de un procedimiento en el que se prevé en favor del interno, la garantía de audiencia y defensa, previo a la determinación que decide sobre la actualización de la infracción y la procedencia de la sanción, se prevé su notificación formal al reo, incluso, ante la propia autoridad administrativa, tiene cabida el planteamiento de una inconformidad, que debe ser resuelta por la autoridad designada en la norma (artículo 48 Ley Nacional de Ejecución Penal), antes de proceder, en su caso, a la ejecución de la sanción disciplinaria; por tanto, aunque en forma básica, no se trata de un proceso jurisdiccional, sin embargo reúne las condiciones para ser considerado formalmente un "procedimiento". Con apoyo a las consideraciones anteriores, este Juzgador estima que, debido a que la orden de castigo reclamada y su consecuencia referida por el quejoso en el presente juicio de amparo, y que fue decretada por el Comité Técnico del Centro de reclusión de once de enero de dos mil dieciocho, podían ser combatidos mediante controversia ante el Juez de Ejecución, debido a que está establecido en el artículo 48 de la Ley Nacional de Ejecución Penal; ello tienen como consecuencia que previo a acudir al amparo debió agotar dicho recurso. En efecto, el quejoso tenía la obligación de agotar el mencionado medio ordinario de defensa, contra el acto reclamado en esta instancia constitucional previo a la interposición del juicio de garantías, ya que el acto señalado como reclamado podía ser modificado, revocado o nulificado, mediante controversia ante el Juez de Ejecución que resulte competente, razón por la que en la especie se actualiza la causa de improcedencia del presente juicio, prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior se estima así, habida cuenta que, para que se surta la citada causa de improcedencia, es necesario que se actualicen las siguientes hipótesis: Que el acto reclamado emane de una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Que la ley conceda algún recurso, juicio o medio de defensa por el cual el acto reclamado puede ser modificado, revocado o nulificado, siempre que conforme a la misma ley se suspendan los efectos de dicho acto mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, sin exigir mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor para ello. Y en el caso específico, la orden de castigo y sus consecuencias, señalados como acto reclamado por el quejoso en el presente juicio de amparo, se imputa a autoridades penitenciarias; por lo cual, el acto de molestia proviene de autoridades distintas a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, actualizándose la primera hipótesis contenida por el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo. Además, el artículo 48 de la Ley Nacional de Ejecución Penal establece que queda en suspenso la aplicación de la sanción impuesta con motivo de la interposición de dicho recurso, hasta en tanto el Juez de Ejecución lo resuelva en definitiva, lo que evidencia que con su interposición se suspenden los efectos de la medida disciplinaria, sin exigirse mayores requisitos, ni plazos que los que consigna la Ley de Amparo, tal y como se lee del propio artículo citado. Concluyendo que tampoco se estima que se actualice la última de las excepciones al principio de definitividad, atento al principio que establece la presunción de legalidad de los actos de autoridad, a más que al observar que dicha sanción fue impuesta por la autoridad competente para ello en términos de la Ley Nacional de Ejecución, ello conduce a estimar que no carecía de fundamentación al sí estar previsto en una ley exactamente aplicable su imposición. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis III.2o.P.135 P (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, publicada el viernes nueve de marzo de dos mil dieciocho, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2016370, cuyo rubro y texto son los siguientes: "ACTOS RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. ATENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, ES NECESARIO AGOTAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS EN SU CONTRA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Los artículos 1, 2, 4, tercer y cuarto párrafos, 9, 25, fracción I, 30, 107 a 115, 122 y 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal establecen un procedimiento administrativo para atender las solicitudes de las personas privadas de su libertad, relacionadas con su salud, lugar de reclusión, cambio de módulos, estancias, dormitorios, alimentación, entrega de vestimenta y, en general, con todos los actos que afecten sus condiciones de vida digna y segura en reclusión; además, disponen la posibilidad de impugnar las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria, pues el artículo 114 de la ley citada, señala que si la solicitud fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de dicha resolución, o bien, en cualquier tiempo, si los efectos del acto son continuos o permanentes; asimismo, prevén la posibilidad de impugnar la omisión de la autoridad penitenciaria de atender esas solicitudes, pues dispone que si la petición no fue resuelta dentro del plazo legal, los promoventes podrán acudir ante el Juez de ejecución competente y demandar esta omisión; de igual manera, el interno tiene a su alcance los recursos de revocación y apelación previstos en los artículos 130 a 135 indicados, para el caso de estar inconforme con alguna decisión de la autoridad judicial. En esa virtud, antes de acudir al juicio de amparo a impugnar actos relacionados con las condiciones de internamiento de personas privadas de su libertad, es necesario agotar el procedimiento administrativo, así como los medios de impugnación previstos en su contra en la ley referida, atento al principio de definitividad". Por tanto, el quejoso se encuentra obligado a agotar los medios de impugnación de que se trata antes de acudir al juicio de garantías, pues no hay razón para pretender que no deba agotarse el expresado control judicial, cuya interposición priva de definitividad al acto reclamado, máxime que se trata de un acto que proviene de una autoridad formalmente administrativa, que no se sitúa en los casos de excepción al principio de definitividad. En mérito de lo anterior, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de referencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la referida ley, es procedente SOBRESEER EN EL PRESENTE JUICIO DE GARANTÍAS FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, por lo que se deja sin efectos la hora y fecha señaladas para dicha audiencia constitucional. Apoya la anterior, la tesis 2a./J. 10/2003, de rubro "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE" emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XVII, Marzo de 2003 de la Novena Época, visible en la página 386. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE AL QUEJOSO EN EL LUGAR EN EL QUE SE ENCUENTRA RECLUIDO. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Marcos Zamora Álvarez, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda y surta sus efectos legales procedentes, el escrito de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita al juzgado, a través del cual solicita copia certificada de la totalidad de las actuaciones que conforman el presente asunto. Ahora bien, como lo solicita la parte promovente, de conformidad con lo establecido en el artículo 3, párrafo segundo de la Ley de Amparo y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en términos del artículo 2, de la Ley de la Materia, expídase a su costa las copias que solicita, previa toma de razón y recibo que quede en autos, la que se expedirá una vez que las labores del juzgado lo permitan. Ahora, este juzgado federal no estima necesario notificar personalmente el presente acuerdo al impetrante del amparo privado de su libertad, toda vez que es una actuación judicial sin trascendencia en el procedimiento del juicio. NOTIFÍQUESE POR LISTA ÚNICAMENTE A LA FISCAL FEDERAL. Así lo proveyó y firma Jadilson Alonso Navarro, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por licencia del Titular, en términos de lo dispuesto por el artículo 43, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada en sesión celebrada el veintidós de agosto de dos mil diecisiete, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/3765/2017, ante el Secretario Marcos Zamora Álvarez, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintitrés de mayo de dos mil dieciocho. Agréguense a sus autos para que obren como legalmente correspondan los oficios de cuenta; atento a su contenido, ténganse a las autoridades responsables rindiendo sus informes sobre la suspensión de plano, por tanto, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga. Por otra parte, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda y surtan los efectos legales a que haya lugar, la razón actuarial que antecede, mediante la cual, el fedatario adscrito dio fe del estado de salud del quejoso, asimismo, éste manifestó que no ha sido objeto de golpes; lo que se asienta para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE AL QUEJOSO PRIVADO DE SU LIBERTAD. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe.
Quedan 1 actuación en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · 16,416 expedientes
- Felix Eduardo López Ruíz2555/2014
- Felix Gil Cervantes Lopez2104/2013
- Felix Iturbide Jimenez1295/2015
- Felix Juan Manuel Aguirre Gómez1181/2014
- Felix Manjarrez Giles2842/2014
- Felix Merida García1081/2015
- Felix Omar Ramón Vertiz801/2017
- Felix Rojas Manzanares385/2017
- Felix Sanchez Espinoza917/2021
- Félix Sánchez Zúñiga974/2015
- Félix Urbano Rosario834/2017
- Félix Urbano Rosario630/2017