Felix Miguel Rojas Romero

Expediente 604/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 142 actuaciones registradas, la última del 14 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
604/2015
Año
2015
Actuaciones
142
Última actuación
14/12/2022

Partes del expediente

  • Felix Miguel Rojas Romero
  • Juez Cuarto Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Centro, Tabasco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 142.

  1. Principal

    Villahermosa, Tabasco, catorce de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese el oficio suscrito por la Jueza Mixto de Primera Instancia de Jalapa, Tabasco, mediante el cual informa la imposibilidad que tiene para acatar la sentencia dictada en el presente juicio; en virtud de que la causa penal 01/2022, de su índice, se encuentra en sigilo, en virtud de que el once de octubre del año en curso, se revocó la libertad provisional bajo caución otorgada al aquí quejoso Félix Miguel Rojas Romero, ordenando su reaprehensión; sin que a la presente data la Fiscalía General del Estado de Tabasco, lo haya puesto a disposición de dicho juzgado. En atención a lo anterior, para determinar lo procedente respecto de la imposibilidad al cumplimiento a la ejecutoria de amparo que aduce la autoridad responsable, hay que tomar en consideración lo dispuesto por la tesis P./J. 54/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el libro 12, tomo I, página 19, Noviembre de 2014, materia común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO." En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con el oficio y anexo de cuenta, por el término de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho convenga; en el entendido que una vez transcurrido dicho término, este juzgado efectuará el análisis respectivo del cumplimiento al fallo o la imposibilidad que exista para ello, con base en los elementos que obren en el expediente en que se actúa.

  2. Principal

    Villahermosa, Tabasco, dos de diciembre de dos mil veintidós. Visto, hágase del conocimiento de las partes que, de conformidad con lo establecido por el numeral 263, y el transitorio sexto, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos por Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga diversas disposiciones relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, el presente sumario se continuará integrando de forma electrónica, y únicamente se incorporarán al expediente físico aquellos documentos recibidos por esa vía. Por otro lado, del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que la autoridad responsable no ha dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto. Misma que se concedió para los siguientes efectos: ".I. "..conceder el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso FÉLIX MIGUEL ROJAS ROMERO, para el efecto de que el Juez Cuarto Penal de Centro, Tabasco, una vez que este veredicto cause ejecutoria, realice lo siguiente: 1. Ordene el desahogo de las probanzas ofertadas por las partes dentro de la causa penal 36/2014 de su índice, a saber: Pruebas ofertadas por madre de la ofendida: I. Inspección judicial en lugar de los hechos, debiéndose establecer: -Distancia entre domicilios de ofendida y procesado. -Características de inmuebles. II. Inspección judicial con carácter de reconstrucción de hechos. III. Inspección de página de internet transparencia.tabasco.gob.mx/transarchivos/dt/10/142444.pdf IV. Inspección judicial en archivos de INDETAP (sic) de formato de inscripción al sistema de eventos deportivos. V. Testimonial Valentín Torruco Montalvo. VI. Ampliación de declaración de la denunciante Ondina de Jesús Tum Pérez. VII. Careos entre Ondina de Jesús Tum Pérez con Iliana Victoria Díaz Hernández. -Ondina de Jesús Tum Pérez con Luis Ambel Galán. - Ondina de Jesús Tum Pérez con Jhoany Rubí López Valerio. VIII. Ampliación de declaración de Luis Ambel Galán. IX. Ampliación de declaración de Jhoany Rubí López Valerio. X. Ampliación de declaración de Iliana Victoria Díaz Hernández. XI. Informe que rinda el INDETAB (sic) sobre el registro de la adolescente ofendida de identidad reservada y proporcione nombres de profesores que la entrenaron y los tiempos en que ello ocurrió. Pruebas ofertadas por el procesado: I. Ampliación de declaración de Ondina de Jesús Tum Pérez. III. Careos procesales entre: -Procesado y Ondina de Jesús Tum Pérez. IV. Informe que debe rendir el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, sobre Ondina de Jesús Tum Pérez. V. Inspección judicial con carácter de reconstrucción de hechos. Pruebas del Ministerio Público adscrito: I. Declaración de Anori Minerva Andria Anecy Hernández Tum. II. Ampliación de Ondina de Jesús Tum Pérez. III. Careos entre: Ondina de Jesús Tum Pérez y el procesado. Lo anterior, debiendo tomar en consideración: A) El Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a niños, niñas y adolescentes expedido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues dicha autoridad, virtud de lo dispuesto por el artículo 1 Constitucional, debe salvaguardar la protección de los Derechos Humanos de los individuos. Ilustrativamente se invoca el criterio sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, visible a fojas dos mil seiscientos diez del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIV (Septiembre de 2013), Tomo 3, correspondiente a su Décima Época, de rubro y texto: "MENORES DE EDAD. SU PARTICIPACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO JUDICIAL DEBE PREPARARSE PREVIAMENTE MEDIANTE ACTOS ESPECIALES QUE PRESERVEN SU SALUD PSÍCO-EMOCIONAL, ASÍ COMO SU IDENTIDAD (IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA QUIENES IMPARTEN JUSTICIA EN CASOS QUE AFECTEN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EXPEDIDO POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN).- Según se advierte del mencionado protocolo, el derecho de participación del niño no debe conceptuarse como una mera citación para que declare libremente sobre determinados hechos o temas, sino que esa participación debe estar previamente preparada y diseñada no sólo en cuanto al punto sobre el que se pretende que el niño deponga sino, además, respecto de la asistencia profesional anterior a la cita judicial, en la que se le explique por un especialista neutral a las partes la razón de su próxima intervención, el contenido y su posible duración, la libertad de que goza tanto para declarar como para no hacerlo y las consecuencias posibles de su participación. Esa preparación que, además, debe acreditarse, es necesaria para propiciar que el infante quede lo más protegido posible en su condición psíquica y emocional, y prepararlo para enfrentar un ambiente regularmente cargado de la tensión propia de las contiendas judiciales en que los adultos -partes adversas- despliegan su ataque o defensa de forma directa ante el juzgador. Por otro lado, en el auto que requiera de cualquier modo la participación personal de un niño en el proceso judicial, debe definirse, previamente, el lugar específico en que aguardará mientras no se desahogue la diligencia a que haya sido invitado, el cual no podrá ser un pasillo de tránsito común de personas, sala o recinto abierto al acceso público, a fin de evitar la revelación de su fisonomía e identidad, ni someterlo a un esfuerzo físico (como permanecer parado el lapso de espera). Aunado a lo anterior, es necesario que tales lineamientos y condiciones consten en el mismo auto en que se invite a un menor de edad a acudir ante el Juez, a fin de tener certeza de que se adoptarán por decreto judicial tales medidas y, además, para estar en posibilidad de verificar si las que considera aplicables, efectivamente son todas las necesarias y conducentes." B) De igual modo, en aras de una pronta impartición de justicia, deberá actuar según lo dispone el artículo 67 del Código de Procedimientos Penales Para el Estado de Tabasco, el cual además de establecer que las audiencias son públicas salvo que el tribunal en forma fundada y motivada determine que deban realizarse de otra forma, por razones de seguridad, orden o moral, a las que deberán concurrir el Ministerio Público, el inculpado y su defensor, el asesor legal del ofendido, y éste, en su caso, y que, en caso de que no concurra un Ministerio Público o el inculpado, el tribunal diferirá la audiencia, sin perjuicio de hacer uso de las correcciones y las medidas de apremio que estime pertinentes. Contempla, también, la hipótesis de que el ausente sea defensor del inculpado o el asesor del ofendido, en cuyo caso se le da la potestad para considerar la posibilidad y conveniencia de designar en el acto un defensor de oficio o un asesor legal público, según corresponda, para que intervenga en la misma audiencia o en la posterior que se determine. Empero, si quien deja de comparecer es la parte ofendida -en este caso, su representante por tratarse de una menor de edad-, a juicio del juez, se realizará la audiencia, pero el tribunal de que se trate lo exhortará para que se presente en las subsecuentes y adoptará las medidas para garantizarle el derecho de comparecer y estar enterado de la marcha del proceso. Asimismo, en el desempeño de sus funciones y con el fin de impedir el entorpecimiento en el desarrollo del proceso penal, que pueda traducirse en un obstáculo para desahogo de las pruebas y diligencias en el proceso penal, el artículo 69 del mismo ordenamiento, faculta al juzgador para hacer cumplir sus determinaciones, adoptando las medidas de apremio en contra de quienes incurran en conductas que se traduzcan en dilaciones innecesarias. Medidas que consistirán en apercibimiento, multa, auxilio de la fuerza pública y arresto hasta por treinta y seis horas. Excepción hecha de la menor ofendida, pues respecto de ésta no podrá hacer uso de ellos, ya que si bien los menores de edad tienen el derecho a participar efectivamente en los procedimientos jurisdiccionales que los afectan y a dar su opinión de tal modo que pueda tener influencia en el contexto de la toma de decisión judicial que resuelva sobre su vida y sus derechos, su participación no constituye una regla irrestricta, pues asumir tal rigidez implicaría dejar de lado las condiciones específicas que rodean a los niños en casos particulares, lo que podría ir en detrimento de su interés superior. En ese sentido, tocante a la intervención de dicha menor de edad, con motivo del desahogo de las pruebas ofertadas por las partes, el juez debe evitar la práctica desconsiderada del derecho, lo que podría acontecer si sus derechos no forman parte de la litis del asunto, si la menor ha manifestado su deseo de no intervenir o hacerlo a través de sus representantes, si se pretende entrevistarla más veces de las necesarias, o si de cualquier manera pudiera ponerse en riesgo su integridad física o psíquica. Es decir, en el caso de que una de las medidas tomadas por el juez natural y que afecte a la menor de edad referida, el interés superior del niño demanda hacer un escrutinio mucho más estricto en relación con la necesidad y proporcionalidad de dicho medio de apremio. Ilustrativamente se invoca el criterio jurisprudencial emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la publicación semanal del Semanario Judicial de la Federación (Mayo de 2015), correspondiente a su Décima Época, de rubro y texto: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. EL EJERCICIO DEL DERECHO DE LOS MENORES DE EDAD A PARTICIPAR EN LOS PROCEDIMIENTOS QUE AFECTEN SU ESFERA JURÍDICA INVOLUCRA UNA VALORACIÓN DE PARTE DEL JUEZ.- El artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece el derecho de los menores de edad a participar efectivamente en los procedimientos jurisdiccionales que los afectan y a dar su opinión de tal modo que pueda tener influencia en el contexto de la toma de decisión judicial que resuelva sobre su vida y sus derechos. Sin embargo, su participación no constituye una regla irrestricta, pues asumir tal rigidez implicaría dejar de lado las condiciones específicas que rodean a los niños en casos particulares, lo que podría ir en detrimento de su interés superior. En este sentido, tanto al evaluar de oficio la participación de los menores de edad como al analizar la conveniencia de la admisión de su declaración o testimonio ofertada por las partes, el juez debe evitar la práctica desmedida o desconsiderada del derecho, lo que podría acontecer si sus derechos no forman parte de la litis del asunto, si el menor ha manifestado su deseo de no intervenir o hacerlo a través de sus representantes, si se pretende entrevistarlo más veces de las necesarias, o si de cualquier manera pudiera ponerse en riesgo su integridad física o psíquica. Ahora bien, esta sujeción a valoración judicial de la participación de los menores de edad en los procedimientos jurisdiccionales no debe ser jamás leída como una barrera de entrada, sino como el mecanismo que da cauce a su derecho. La premisa para el juzgador debe ser procurar el mayor acceso del niño, en la medida de lo posible, al examen de su propio caso. Por ende, la excepción debe estar debidamente fundada y motivada, previendo que dicha decisión puede ser impugnada y remitida a un nuevo examen jurídico por los tribunales de alzada y los jueces de amparo." De esa suerte, las disposiciones supra transcritas, ponen al alcance del juzgador, los medios necesarios para evitar dilaciones innecesarias en detrimento del principio de acceso a la pronta impartición de justicia, consagrado a favor de los gobernados, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; los que debe hacer valer para garantizar su cumplimiento y evitar con ello que se vulneren los derechos fundamentales de las partes, pues lo que se busca con ello, es que los procedimientos del orden penal, no se retarden indefinidamente, y con ello la función de las actividades tendentes a la administración de justicia en forma pronta, en términos de la legislación aplicable y de lo dispuesto por el numeral 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin que ello implique una vulneración a la garantía de defensa, dada la prevalencia que tiene respecto aquella y por ser más favorable a los intereses del oferente, pues el hecho de que se encuentren pendientes de desahogar pruebas, evidentemente imposibilita el dictado de la sentencia en los plazos que señalan dichos dispositivos. 2. Una vez desahogados los medios de convicción que acorde con el interés superior del niño, estén en posibilidad de verificarse, así como con el principio de impartición de justicia pronta y expedita, y atento a que de las constancias remitidas por la autoridad responsable no se advierte haya sido resuelto el juicio de amparo promovido por Ondina de Jesús Tum Pérez, en contra de la sentencia de la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, dictada en el toca penal número 323/2014-III, en la que se confirmó el auto de plazo constitucional dictado por el Juez Cuarto Penal de Centro, Tabasco, y que fue admitido a trámite el cuatro de diciembre de dos mil catorce por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y De Trabajo del Décimo Circuito, bajo el número de amparo directo 1102/2014, una vez que efectivamente no se encuentre pendiente actuación por diligenciar, promoción alguna por acordar, medio de impugnación ordinario o extraordinario de defensa por substanciar o resolver, cierre la etapa de instrucción dentro del proceso y ponga a la vista de las partes la causa para la formulación de sus respectivas conclusiones y finalmente se encuentre vista para dictar el veredicto correspondiente." Asimismo, de las constancias que integran el presente juicio, se colige que al resolverse el recurso de inconformidad 6/2017 del índice del entonces Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Circuito, con sede en esta ciudad, formado con motivo del recurso de inconformidad promovido por la aquí tercera interesada Ondina de Jesús Tum Pérez, fue declarado fundado el recurso citado, señalando que este juzgador, una vez resuelto el recurso de revisión 366/2017, interpuesto por la precitada tercera interesada contra la sentencia emitida el doce de junio de dos mil quince, en autos del diverso juicio de amparo 497/2015-VII, -lo cual ya aconteció-, deberá verificarse que para que se decrete el cierre de la instrucción en la causa penal 3/2019 (antes 34/2014), destacando que no debe existir promoción pendiente de acordar, medio de impugnación ordinario o extraordinario de defensa por substancia o resolver. Con base en lo anterior y de las manifestaciones que realizó el Juez Segundo Penal de Primera Instancia de Centro, Tabasco, por oficio 2022, de veintidós de octubre de dos mil veintiuno, de las que se advierte la imposibilidad para dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en este juzgado, debido a que la aquí tercera interesada Ondina de Jesús Tum Pérez, en representación de la menor ofendida, promovió juicio de amparo indirecto, del cual correspondió conocer al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Tabasco, el que ordenó su registro con el número 779/2021, de su estadística. Por lo que, de una consulta al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se corrobora lo anterior y se colige que el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Tabasco, con fecha veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, resolvió el precitado juicio de garantías; sin embargo, en veintitrés de noviembre siguiente, se advierte fue interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia constitucional; en tal virtud, subsiste la causa por la que la autoridad responsable, no está en condiciones de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en este juicio de amparo 604/2015. Por tanto, requiérase a la autoridad responsable Jueza Mixto de Primera Instancia de Jalapa, Tabasco, para que dentro del término de tres días hábiles, siguientes al en que tenga conocimiento de la resolución del recurso de revisión supracitado, remita copia certificada de las constancias con las que acredite dar cumplimiento a la ejecutoria de mérito, relativas a la causa penal 3/2019 (antes 34/2014) de su índice. En el entendido que, conforme al nuevo esquema de integración de expedientes, se exhorta a la autoridad de mérito para que, el oficio que contenga el requerimiento citado, deba realizarse de forma digital, autorizado con la firma electrónica correspondiente; y para el caso, de remitir copias certificadas o tomos de pruebas no mayor a 20 MG, éstas deberán estar debidamente digitalizadas; en la inteligencia que, de no contar con las herramientas necesarias para firmar digitalmente sus comunicaciones, podrá hacerlo de manera física, debiendo expresar bajo protesta de decir verdad, la imposibilidad que se tenga para hacerlo electrónicamente. Asimismo, se hace del conocimiento a la citada autoridad que en caso de no contar con firma electrónica o bien, de tener una imposibilidad para remitir de manera electrónica las citadas constancias, las mismas podrán ser presentadas de manera física. Bajo el apercibimiento que de ser omisa, de conformidad con los numerales 238 y 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una MULTA DE CIEN UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN equivalentes a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), cantidad que resulta respecto al valor de cada unidad de medida ($96.22 noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional) vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintidós, según el Decreto emitido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicado en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 192, en relación con el diverso 193, ambos de la Ley de Amparo. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la citada ley, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materia de Penal del Décimo Circuito, para los efectos del artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Federal, en donde el fallo que se dicte puede tener como consecuencia, que se le destituya del cargo que desempeña y sea consignado al Juez de Distrito correspondiente, por la desobediencia cometida. Esto encuentra sustento en la tesis P./J. 54/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el libro 12, tomo I, página 19, Noviembre de 2014, materia común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que es del siguiente rubro: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO." Sin que resulte aplicable la Jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 185736, de rubro y texto siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA EL INCIDENTE RELATIVO, SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE REALIZA ACTOS QUE ENTRAÑAN UN PRINCIPIO DE EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA CONCESORIA DEL AMPARO. Del análisis de lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, se desprende que para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva en definitiva un incidente de inejecución de sentencia, es necesario que exista, previamente, una determinación del Juez de Distrito, de la autoridad que haya conocido del juicio de amparo o del Tribunal Colegiado de Circuito, en el sentido de que no se ha cumplido con la sentencia de amparo pese a los requerimientos hechos a las responsables, y no obre en autos constancia alguna que demuestre lo contrario. En estas condiciones, se concluye que si encontrándose pendiente de resolver ante este Alto Tribunal un incidente de inejecución de sentencia, la autoridad responsable lleva a cabo algún acto tendiente a acatar incidente deberá declararse sin materia, porque éste exige, como presupuesto para su procedencia, que la aludida responsable incurra en una abstención total de dar cumplimiento a la ejecutoria protectora, lo que no se actualiza si aquélla efectúa algún acto relacionado con el núcleo esencial de la obligación.

  3. Principal

    Villahermosa, Tabasco; catorce de octubre de dos mil veintidós. Agréguese el oficio suscrito por la Jueza Mixto de Primera Instancia de Jalapa, Tabasco, mediante el cual informa que el once de octubre del año en curso, revocó la libertad provisional bajo caución otorgada al aquí quejoso Félix Miguel Rojas Romero, en virtud de que no se ha presentado desde el doce de agosto del presente año ante ese juzgado a firmar su tarjeta de control. De lo anterior se toma conocimiento para los efectos legales conducentes.

  4. Principal

    Villahermosa, Tabasco, catorce de julio de dos mil veintidós. Se tienen por recibidos los oficios signados por la Jueza Mixto de Primera Instancia de Jalapa, Tabasco, con el primero de ellos informa que se avocó a conocimiento de la causa penal 03/2019, derivado del conflicto competencial 1/2022-II, planteado por la Jueza Segundo Penal de Primera Instancia, misma que registró con el número 01/2022. Ahora, con el segundo oficio de cuenta, señala que una vez que obre en autos la ejecutoria de amparo del recurso de revisión pendiente, remitirá las constancias con las que acredite dar cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio. De todo lo anterior, se toma conocimiento para los efectos legales a los que haya lugar. Notifíquese.

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