Felix Martínez Miranda
Expediente 649/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 649/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 28/05/2018
Partes del expediente
- Felix Martínez Miranda
Actuaciones
- Principal
III) Toluca, Estado de México; veintiocho de mayo de dos mil dieciocho. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los autos, de los cuales se advierte que transcurrieron los cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de dieciséis de mayo de dos mi dieciocho, a través del cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo sin que la parte quejosa lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, en relación con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa contenida en el precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese el presente sumario como asunto concluido. Por otra parte, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I, párrafos primero y segundo del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, consultable en el Diario Oficial de la Federación número veinte, del veintiséis de octubre de dos mil nueve, se precisa que el presente expediente por tratarse de un asunto en el cual se desechó la demanda de amparo, es susceptible en su oportunidad de ser destruido. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. Toda vez, que el quejoso exhibió documentos originales durante la tramitación del presente asunto, se hace de su conocimiento que se dejan a su disposición, para comparecer a recogerlos si así lo estima conveniente, dentro del plazo de noventa días, con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo así, tales documentos podrán ser destruidos junto con el expediente. En el entendido que deberá dejarse en su lugar copia simple por la Secretaria de este Juzgado; asimismo, quien comparezca para tal efecto, deberá exhibir copia simple de su identificación oficial vigente, a fin de ser certificada y glosada para debida constancia legal. En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el Punto Segundo inciso XVIII) del Acuerdo citado; asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el párrafo último del Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. A las partes se les comunica que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Finalmente, se da cuenta con un escrito signado por el quejoso a través del cual solicita la devolución de los documentos que anexos a su escrito inicial de demanda; por tanto, con fundamento en el artículo 280 de del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvanse los documentos referidos, con la aclaración que se deberá dejar en su lugar, copia simple de los mismos por ser tratarse de un asunto concluido. Notifíquese; y por lista a la parte quejosa.
- Principal
III Vista la certificación de cuenta se desprende que la parte quejosa, no desahogó los requerimientos formulados en el auto de prevención de cuatro de mayo de dos mil dieciocho (fojas 15 a 18), en tales condiciones, con apoyo en lo anotado en el segundo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo vigente y dada la naturaleza del acto que por esta vía se tilda de inconstitucional, se hace efectivo el apercibimiento inserto en la providencia de referencia y se tiene por no presentada la demanda de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Notifíquese. Así lo acordó y firma Adrián Rivera López, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Alejandrina López Apodaca, que autoriza, firma y da fe.
- Principal
III Radicación. Por recibida la demanda de amparo promovida por quien firma como Félix Martínez Miranda, contra actos del Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de El Oro, México, con residencia en Atlacomulco y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno con el número 649/2018-III. Prevención. De conformidad con lo establecido en los artículos 108 y 114 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional estima procedente requerir a la parte quejosa por el plazo de cinco días para que por escrito, con siete copias de éste, y entendido de la responsabilidad en la que incurren las partes en el juicio de amparo y de las sanciones previstas en los artículos 237, 238 y 261 de la Ley de Amparo, para que realice lo siguiente: Con fundamento en el artículo 108, fracción I, deberá precisar el nombre completo y correcto de la persona que insta la presente acción de amparo. Lo anterior es así, pues en la parte superior y al calce del escrito de demanda de amparo se precisó como quejoso: J. Félix, Martínez Miranda; sin embargo, en el capítulo respectivo se señaló como impetrante constitucional a Gregorio Alfonso Monroy Becerril. Tal circunstancia genera incertidumbre para establecer de manera fehaciente que la demanda de amparo la promueve el gobernado a quien perjudica directamente la norma general, acto u omisión de autoridad, con lo cual se salvaguarda el principio de instancia parte agraviada previsto en el artículo 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Precise el acto o los actos controvertidos en este sumario constitucional, y el número del expediente de donde derivan. Ello, pues en el apartado correspondiente al acto reclamado, precisa lo siguiente: Y del contenido de los antecedentes señala: Lo cual crea confusión, pues no se advierte con claridad qué actos en concreto reclama, el expediente donde se emitieron pues de la misma demanda revela inicialmente que reclama un auto dictado en el expediente 454/2018, y luego refiere diverso acto no señalado con ese carácter en el capítulo correspondiente, como lo es que no fue emplazado ni llamado al juicio 896/2015, en el que se ordenó el desalojo del bien inmueble materia de la litis. Lo anterior es así, en virtud de que al promover en la vía indirecta es evidente que el Juez de Distrito no tiene a su alcance más datos que los proporcionados por la parte agraviada con el fin de conocer provisionalmente el acto combatido; aunado a que sólo con dichas aclaraciones se podrá determinar la procedencia o improcedencia de la demanda de amparo. Al respecto es aplicable la tesis XX.57 K, publicada en la página 871, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 1996, Tomo III, Novena Época, cuyo rubro y texto son: Y en lo conducente, la tesis VI.1o.C.18 K, publicada en la página 1716, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: Con apoyo en el artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo, "bajo protesta de decir verdad", deberá formular una narración sucinta y cronológica de los hechos o abstenciones que le constan, mismos que constituyen los antecedentes del acto reclamado, es decir, desde la radicación del expediente 454/2018 o 896/2015, hasta su estado actual, pues los narrados son insuficiente. Tal requerimiento lleva implícita la obligación de la parte quejosa de precisar, de manera enunciativa y no limitativa, lo siguiente: Quiénes son las partes en el expediente 454/2018 o 896/2015. Cuál es el estado procesal del juicio del cual deriva el acto reclamado. Si compareció de alguna forma y, de ser así, con qué carácter. Si se promovió algún medio de defensa ordinario o extraordinario contra el o los actos tildados de inconstitucionales, ya sea por la parte quejosa o alguna de las partes en los citados expedientes. En caso de haberse tramitado algún medio de defensa, deberá precisar cuál, quien lo promovió, cuándo, ante qué autoridad y el estado procesal del mismo. Si ha interpuesto recurso alguno contra el acto que pretende reclamar por esta vía constitucional. Si ha interpuesto recurso alguno contra el acto que pretende reclamar por esta vía constitucional. Lo anterior es así, en virtud de que al promover en la vía indirecta es evidente que el Juez de Distrito no tiene a su alcance más datos que los proporcionados por la parte agraviada con el fin de conocer provisionalmente el acto combatido; aunado a que sólo con dichas aclaraciones se podrá determinar la procedencia o improcedencia de la demanda de amparo. Sobre el particular se invoca la tesis 347, publicada en las páginas 293 y 294 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 - 2000, Tomo VI, Materia Común cuyo rubro y texto son: "PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA. Al señalar el artículo 116, fracción IV de la Ley de Amparo, como requisito en la demanda, el relativo a que el quejoso manifieste "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, estableció, con este requisito legal, que no constituye una fórmula sacramental o solemne, la obligación a cargo del quejoso de manifestar que su relato de hechos lo hace con sujeción a la verdad. Ahora bien, la omisión de esa declaración puede llevar al juzgador a tener por no interpuesta la demanda, en caso de que el solicitante del amparo no llene ese requisito cuando sea prevenido para ello, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo. De igual forma, el hecho de que, aun habiendo realizado la protesta de decir verdad, el quejoso incurra en falsedad, lo hace acreedor a las sanciones privativas de libertad o pecuniarias, establecidas en el artículo 211 de la Ley de Amparo. De ahí que la frase "Protesto lo necesario", que aparece comúnmente al final de una demanda, como expresión de cortesía y que deja ver que el ocursante manifiesta a la autoridad sus respetos, atenciones y consideraciones no puede ser utilizada en sustitución de la protesta de decir verdad, establecido como requisito en la demanda de amparo, ya que ambas expresiones tienen contenidos y finalidades distintas." Apercibimiento. Se apercibe a la parte quejosa que de no dar cumplimiento a los requerimientos insertos en este proveído, en el lapso concedido para tal efecto, se procederá en términos del artículo 114 de la Ley de Amparo. Domicilio. Con fundamento en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y 26 de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado por el promovente en el proemio de su demanda. Autorizados. Atento a la certificación de cuenta, se tiene por autorizados a Juan Carlos y/o Julio Cesar y/o Nallely, todos de apellidos de la Cruz Hernández. en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, por no encontrase registrados en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, restricción que se establece hasta en tanto cuenten con la patente de licenciado en derecho, circunstancia que deberán comunicar mediante nueva promoción. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Adrián Rivera López, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Alejandrina López Apodaca que autoriza, firma y da fe.
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