Félix María Y/O Ma. Félix Molina Paredes
Expediente 1239/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 17 actuaciones registradas, la última del 8 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1239/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 08/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Félix María Y/O Ma. Félix Molina Paredes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, ocho de abril de dos mil veintidós. Causa estado. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión en contra del auto de veintiocho de febrero de dos mil veintidós, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. ( Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ( Se ordena archivo. Una vez que obren en autos las constancias de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo interpretado a contrario sensu, envíese el presente juicio constitucional al ARCHIVO, toda vez que se encuentra totalmente concluido. ( Valoración del expediente. Se establece que el juicio de amparo es destruible, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, POR HABERSE SOBRESEÍDO FUERA DE AUDIENCIA EN EL JUICIO. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15 del citado Acuerdo General, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 21, deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Cuaderno original del incidente de suspensión. Ahora, mediante oficio CAP/DGAD/392/2021, de ocho de marzo de dos mil veintiuno, el Director General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, en atención a la consulta formulada por el Juez Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, informó que únicamente será depurable el original del incidente de suspensión cuando se concedan la suspensión definitiva o ambas medidas cautelares, de ocurrir lo contrario, es decir, si se concedió la suspensión provisional, pero se negó la definitiva, lo procedente será que el órgano jurisdiccional lo destruya al carecer dicho documento de relevancia jurídica. Luego, tomando en consideración que en el incidente de suspensión fue negada la medida provisional y definitiva; el incidente de suspensión es susceptible de destrucción. Así, respecto al original del incidente de suspensión, al haberse negado la suspensión provisional y definitiva, de conformidad con el numeral 21, inciso c), del citado acuerdo general, tan pronto haya transcurrido el término de tres años, es susceptible de destrucción. Por lo que respecta al duplicado del referido incidente, de conformidad con el numeral 20, fracción II, inciso a), del multicitado acuerdo general, tan pronto haya transcurrido el término de seis meses, procédase a la destrucción de este expediente. Resguárdese por el término de seis meses, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Destrúyase dentro de los treinta días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior, debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. En consecuencia, realícense las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia o destrucción; asimismo, insértese copia certificada de este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión, para constancia. Devolución de constancias. Finalmente, devuélvase a la Juez Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, el tomo de prueba formado con el expediente 381/2008-IV, que anexó como apoyo en su informe justificado. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Carmen Esther Pérez Vargas, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.lomelí
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, tres de marzo de dos mil veintidós. Autoridad informa sin mayor proveído. Agréguense únicamente para que obre como corresponda, el oficio de cuenta signado de manera electrónica por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala; a través del cual informa que, con fecha veintiocho de febrero de dos mil veintidós se dictó interlocutoria dentro del incidente de usura interpuesto por Félix María Molina Paredes y/o Ma. Félix Molina Paredes en su carácter de deudora principal, dentro de los autos del juicio ejecutivo mercantil 381/2008-IV de su índice. Lo anterior, toda vez que en proveído de esa misma data -veintiocho de febrero de dos mil veintidós-, se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de garantías en términos de la fracción V, del numeral 63 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Ciliany Álvarez Ayala, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala; veintiocho de febrero de dos mil veintidós. Se decreta sobreseimiento fuera de audiencia constitucional Visto el estado procesal de autos, se advierte que, la parte quejosa reclama en la presente instancia constitucional: los autos de dos y diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno -diferimientos de audiencia incidental-, en el incidente de usura, derivado del juicio ejecutivo mercantil número 381/2008-IV, del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, juicio que se encuentra en etapa de ejecución de sentencia. Ahora, de las constancias que integran el presente sumario, se desprende que el veintiséis de enero de dos mil veintidós, se celebró la audiencia incidental de usura en el juicio ejecutivo mercantil del que derivan los actos reclamados, citándose a las partes para la emisión de la resolución interlocutoria relativa a dicho incidente (fojas 785 y 786 del tomo de pruebas). Lo expuesto pone de relieve que en el caso se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el primer párrafo de la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. (.)" Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en reiteradas ocasiones que tratándose de una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, no hay razón que justifique esperarse hasta la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, ya que las pruebas que aporte eventualmente el quejoso, de modo alguno podrán hacer que desaparezca la posibilidad de que se sobresea en el amparo. Así, el sobreseimiento en el juicio de amparo debe decretarse desde que aparezca actualizada, de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia respectiva, pues a ningún fin práctico conduce tramitarlo si, atendiendo a la naturaleza propia del impedimento relativo, no es posible formarse una convicción diversa al dictarse la sentencia constitucional. En ese sentido, tal como se precisó, conforme a la fracción transcrita, el juicio de amparo es improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Ahora, para que opere la causal de improcedencia del juicio de amparo referida se requiere necesariamente de la concurrencia de los elementos que se enuncian: a) Que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial, o de uno administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución procesal que venga a cambiar la situación jurídica en que se encontraba la parte quejosa en virtud del acto reclamado en el juicio constitucional; c) Que en virtud de esa nueva determinación sobrevenida se genere una situación en la cual no sea posible decidir la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica que no es motivo de análisis en el juicio de amparo, o bien, que la declaratoria de inconstitucionalidad del acto reclamado a nada práctico conduzca en razón de que la nueva situación creada, al no ser motivo de impugnación en el amparo, en nada cambiaría el estado general de las cosas; y d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de manera que esta última pueda subsistir con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Lo anterior, se sustenta en los criterios que se citan: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional". "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE QUE EMANAN LOS ACTOS RECLAMADOS. Según la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente: "contra actos emanados de un procedimiento judicial, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio promovido por no poder decidirse en dicho juicio sin afectar la nueva situación jurídica". Ahora bien, para que el cambio de que habla la fracción citada, produzca los efectos que esta determina, es necesario que verse precisamente sobre la situación jurídica creada en el procedimiento que dio margen al juicio de amparo; de manera que si el cambio se verifica dejando inalterados los derechos y obligaciones que las partes controvierten en dicho procedimiento, no puede haber cambio en la situación jurídica y faltará, por ende, el presupuesto esencial de la fracción mencionada, la que resultará, en último análisis, absolutamente inaplicable." "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. Para que exista la causal que menciona la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, es necesario que el cambio de situación jurídica se opere en el mismo procedimiento de que emanan los actos reclamados y que se consideren consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas, por no poder decidirse en el juicio, sin afectar la nueva situación jurídica." En la especie, como se indicó la promovente de la acción constitucional reclamó los autos de dos y diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno -diferimientos de audiencia incidental- en el incidente de usura, derivado del juicio ejecutivo mercantil número 381/2008-IV, del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, juicio que se encuentra en etapa de ejecución de sentencia. Por otra parte, de las constancias allegadas por la autoridad señalada como responsable se advierte que el veintiséis de enero de dos mil veintidós, se celebró la audiencia incidental de usura en el juicio ejecutivo mercantil del que derivan los actos reclamados, citándose a las partes para la emisión de la resolución interlocutoria relativa a dicho incidente (fojas 785 y 786 del tomo de pruebas). De ese modo, es patente que no puede emprenderse estudio de la inconstitucionalidad planteada contra las determinaciones reclamadas, porque no puede decidirse sobre ellas sin afectar la nueva situación que sujetó a la parte quejosa con motivo de la celebración de la audiencia incidental en el procedimiento de origen, pues se trata de una determinación que genera sus propios efectos, de tal modo que las violaciones reclamadas por la parte quejosa, deben considerarse consumadas de modo irreparable. Por último, cabe precisar que en el caso concreto la presente determinación se emite, limitándose en función de los actos reclamados y en consideración a la etapa en la que se sitúan dichos actos dentro del procedimiento -ejecución de sentencia-. Resulta aplicable al caso, por identidad de razón, la tesis aislada 2ª. CV/2013 aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 732, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, publicada el trece de diciembre de dos mil trece, que señala: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." En consecuencia, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio constitucional respecto del acto reclamado a la autoridad señalada como responsable, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En esas circunstancias, al haberse decretado el sobreseimiento en el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las TRECE HORAS CON DOS MINUTOS DEL DOS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Por tanto, una vez que cause estado la presente determinación, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el SISE, así como en el libro de registro electrónico que se lleva en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. Notifíquese; y personalmente a las partes. Así lo acordó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, asistido de Olga Viviana López González, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte tercera interesada María Guadalupe Hernández Mendoza en su carácter de endosataria en propiedad de Israel Vázquez Morales, el contenido del proveído de veintiocho de febrero de dos mil veintidós: Apizaco, Tlaxcala; veintiocho de febrero de dos mil veintidós. Se decreta sobreseimiento fuera de audiencia constitucional Visto el estado procesal de autos, se advierte que, la parte quejosa reclama en la presente instancia constitucional: los autos de dos y diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno -diferimientos de audiencia incidental-, en el incidente de usura, derivado del juicio ejecutivo mercantil número 381/2008-IV, del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, juicio que se encuentra en etapa de ejecución de sentencia. Ahora, de las constancias que integran el presente sumario, se desprende que el veintiséis de enero de dos mil veintidós, se celebró la audiencia incidental de usura en el juicio ejecutivo mercantil del que derivan los actos reclamados, citándose a las partes para la emisión de la resolución interlocutoria relativa a dicho incidente (fojas 785 y 786 del tomo de pruebas). Lo expuesto pone de relieve que en el caso se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el primer párrafo de la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. (.)" Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en reiteradas ocasiones que tratándose de una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, no hay razón que justifique esperarse hasta la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, ya que las pruebas que aporte eventualmente el quejoso, de modo alguno podrán hacer que desaparezca la posibilidad de que se sobresea en el amparo. Así, el sobreseimiento en el juicio de amparo debe decretarse desde que aparezca actualizada, de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia respectiva, pues a ningún fin práctico conduce tramitarlo si, atendiendo a la naturaleza propia del impedimento relativo, no es posible formarse una convicción diversa al dictarse la sentencia constitucional. En ese sentido, tal como se precisó, conforme a la fracción transcrita, el juicio de amparo es improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Ahora, para que opere la causal de improcedencia del juicio de amparo referida se requiere necesariamente de la concurrencia de los elementos que se enuncian: a) Que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial, o de uno administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución procesal que venga a cambiar la situación jurídica en que se encontraba la parte quejosa en virtud del acto reclamado en el juicio constitucional; c) Que en virtud de esa nueva determinación sobrevenida se genere una situación en la cual no sea posible decidir la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica que no es motivo de análisis en el juicio de amparo, o bien, que la declaratoria de inconstitucionalidad del acto reclamado a nada práctico conduzca en razón de que la nueva situación creada, al no ser motivo de impugnación en el amparo, en nada cambiaría el estado general de las cosas; y d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de manera que esta última pueda subsistir con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Lo anterior, se sustenta en los criterios que se citan: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional". "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE QUE EMANAN LOS ACTOS RECLAMADOS. Según la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente: "contra actos emanados de un procedimiento judicial, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio promovido por no poder decidirse en dicho juicio sin afectar la nueva situación jurídica". Ahora bien, para que el cambio de que habla la fracción citada, produzca los efectos que esta determina, es necesario que verse precisamente sobre la situación jurídica creada en el procedimiento que dio margen al juicio de amparo; de manera que si el cambio se verifica dejando inalterados los derechos y obligaciones que las partes controvierten en dicho procedimiento, no puede haber cambio en la situación jurídica y faltará, por ende, el presupuesto esencial de la fracción mencionada, la que resultará, en último análisis, absolutamente inaplicable." "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. Para que exista la causal que menciona la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, es necesario que el cambio de situación jurídica se opere en el mismo procedimiento de que emanan los actos reclamados y que se consideren consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas, por no poder decidirse en el juicio, sin afectar la nueva situación jurídica." En la especie, como se indicó la promovente de la acción constitucional reclamó los autos de dos y diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno -diferimientos de audiencia incidental- en el incidente de usura, derivado del juicio ejecutivo mercantil número 381/2008-IV, del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, juicio que se encuentra en etapa de ejecución de sentencia. Por otra parte, de las constancias allegadas por la autoridad señalada como responsable se advierte que el veintiséis de enero de dos mil veintidós, se celebró la audiencia incidental de usura en el juicio ejecutivo mercantil del que derivan los actos reclamados, citándose a las partes para la emisión de la resolución interlocutoria relativa a dicho incidente (fojas 785 y 786 del tomo de pruebas). De ese modo, es patente que no puede emprenderse estudio de la inconstitucionalidad planteada contra las determinaciones reclamadas, porque no puede decidirse sobre ellas sin afectar la nueva situación que sujetó a la parte quejosa con motivo de la celebración de la audiencia incidental en el procedimiento de origen, pues se trata de una determinación que genera sus propios efectos, de tal modo que las violaciones reclamadas por la parte quejosa, deben considerarse consumadas de modo irreparable. Por último, cabe precisar que en el caso concreto la presente determinación se emite, limitándose en función de los actos reclamados y en consideración a la etapa en la que se sitúan dichos actos dentro del procedimiento -ejecución de sentencia-. Resulta aplicable al caso, por identidad de razón, la tesis aislada 2ª. CV/2013 aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 732, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, publicada el trece de diciembre de dos mil trece, que señala: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." En consecuencia, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio constitucional respecto del acto reclamado a la autoridad señalada como responsable, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En esas circunstancias, al haberse decretado el sobreseimiento en el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las TRECE HORAS CON DOS MINUTOS DEL DOS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Por tanto, una vez que cause estado la presente determinación, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el SISE, así como en el libro de registro electrónico que se lleva en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. Notifíquese; y personalmente a las partes. Así lo acordó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, asistido de Olga Viviana López González, secretaria que autoriza y da fe.
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