Félix Manuel Méndez García
Expediente 782/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 782/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 27/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Félix Manuel Méndez García
Actuaciones
- Principal
El Primer Tribunal Colegiado en Materia de Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, remite copia certificada de la ejecutoria dictada en la queja... de la que se advierte que declaró infundado el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa en contra del proveído por el cual se desechó de plano la demanda que originó el juicio de amparo en que se actúa... archívese este asunto como concluido...
- Principal
La parte quejosa interpone recurso de queja contra el proveído de... dese trámite al citado recurso y remítase el original del escrito que contiene la expresión de agravios a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, para la substanciación de dicho medio de defensa... ES CIERTO EL ACTO IMPUGNADO...
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO QUE DICE: La parte quejosa cumple con la prevención formulada en autos y precisa los actos que reclama en este asunto; al respecto, se acuerda lo siguiente: HIPÓTESIS NORMATIVA El artículo 113 de la Ley de Amparo faculta al órgano jurisdiccional para desechar la demanda de amparo si advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Tiene aplicación al caso la tesis siguiente: Época: Décima Época Registro: 2006352 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III Materia(s): Común Tesis: I.11o.C.15 K (10a.) Página: 1985 DEMANDA DE AMPARO. LA SATISFACCIÓN DE LA PREVENCIÓN POR PARTE DEL QUEJOSO, NO TRAE COMO CONSECUENCIA LÓGICA Y FORZOSA, SU ADMISIÓN (INTERPRETACIÓN LATO SENSU DEL ARTÍCULO 115 DE LA LEY DE AMPARO). De un estudio gramatical, aislado y en "estricto sensu" de ese precepto, se llegaría a la conclusión de que en la hipótesis de que el primer proveído emitido una vez presentada la demanda sea una prevención y ésta se cumpla, el actuar forzoso y lógico del Juez de Distrito es su admisión, por lo que quedaría impedido para declararse incompetente o desecharla. Sin embargo, esa interpretación no puede ser válida, dado que debe preferirse una interpretación lato sensu, sistemática y teleológica de ese precepto en relación con los restantes que forman un sistema definido por el legislador, a fin de no hacer nugatorio dicho régimen. Al partir de esas bases, la finalidad de una prevención es, por una parte, auxiliar al promovente en el planteamiento y exposición de su demanda, a fin de procurar su acceso a la justicia y, por otra, que el Juez de Distrito quede en aptitud de admitir la demanda, una vez satisfechos todos los requisitos de forma y contenido de aquélla, con base en los cuales es dable concluir que los presupuestos procesales de la acción constitucional están satisfechos y que no se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En razón de lo expuesto, debe preferirse una interpretación lato sensu del citado precepto 115 pues, de no ser así, se llegaría al absurdo de obligar a un Juez de Distrito a admitir una demanda aun cuando pudieran no estar satisfechos los presupuestos procesales de la acción constitucional o cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, derivado de los nuevos datos aportados por el quejoso. Por tanto, de interpretarse en forma aislada y gramatical el precepto 115 de la Ley de Amparo, se rompería con el sistema establecido por el legislador, dentro del cual se encuentra inmerso y que atiende a los distintos escenarios que se presentan al recibir una demanda. Esto se respalda con el hecho de que dicha interpretación gramatical y aislada iría en detrimento del derecho fundamental de acceso a la justicia de forma pronta y expedita, en virtud de que éste no debe ser irrestricto, sino consonante con el de las demás partes que debieran intervenir en el juicio de amparo y que podrían ser llamadas innecesariamente. Asimismo, porque sería contrario al derecho de tutela judicial efectiva, tramitar un procedimiento de amparo que desde el momento en que se satisface la prevención efectuada, pueda advertirse de manera clara e indudable su improcedencia, con el consecuente desgaste derivado de echar a andar la maquinaria judicial. Por otra parte, el artículo 61, fracción VII, de la Ley de Amparo prevé que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones o declaraciones del Congreso Federal o de las Cámaras que lo constituyen, de las Legislaturas de los Estados o de sus respectivas Comisiones o Diputaciones Permanentes, en declaración de procedencia y en juicio político, así como en elección, suspensión o remoción de funcionarios en los casos en que las Constituciones correspondientes les confieran la facultad de resolver soberana o discrecionalmente. Por su parte, el artículo 67, fracción I, párrafo cuarto, inciso h), párrafos segundo, cuarto, quinto y sexto de dicho inciso, de la Constitución del Estado de Veracruz, establece lo siguiente: Artículo 67. Conforme a esta Constitución y la ley, los Organismos Autónomos del Estado contarán con personalidad jurídica y patrimonio propios, tendrán autonomía técnica, presupuestal, de gestión y para emitir las reglas conforme a las cuales sistematizarán la información bajo su resguardo, y sólo podrán ser fiscalizados por el Congreso del Estado. I. La procuración de justicia y la vigilancia del cumplimiento de las leyes, de acuerdo con las disposiciones de la Constitución federal que rigen la actuación del ministerio público, para ejercer las acciones correspondientes en contra de los infractores de la ley, así como las que tengan por objeto la efectiva reparación del daño causado y la protección de los derechos de la víctima del acto ilícito. h) La ley establecerá el procedimiento mediante el cual se puedan impugnar, por la vía jurisdiccional, las resoluciones del Ministerio Público sobre la reserva de la carpeta de investigación, el no ejercicio de la acción penal y su desistimiento. La Fiscalía General contará con una Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, cuyo titular deberá reunir todos los requisitos señalados para ser Fiscal General. El Fiscal Especial será nombrado por las dos terceras partes de los diputados presentes del Congreso del Estado, previa convocatoria pública que éste emita para tal efecto. Una vez concluido el proceso establecido en la convocatoria pública emitida, la propuesta será presentada al Pleno del Congreso del Estado para su votación. En caso de no obtener el voto aprobatorio a que hace referencia el párrafo anterior, se observará el procedimiento establecido en dicha convocatoria. El Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción durará en su encargo cinco años, sin perjuicio de que pueda ser removido a solicitud del Fiscal General o por el propio Congreso, por el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes, cuando se actualice alguna de las causales que se establezcan en la ley para tal efecto. Del artículo transcrito se advierte que la Constitución Política del Estado de Veracruz otorga la facultad discrecional y soberana al Congreso del Estado de Veracruz de proponer, nombrar, suspender y remover funcionarios, entre ellos, al titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. HECHOS En el caso, del análisis del escrito de demanda y aclaratorio relativo se advierte que el promovente precisó concretamente como actos reclamados los siguientes: 1. El dictamen de decreto que contenía la terna propuesta para nombrar al titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. 2. La aprobación del dictamen con proyecto de decreto de veintisiete diputados, el cual finalizó con la expedición del decreto 688, de veinticuatro de julio de dos mil dieciocho, relativo a la designación y aprobación del nombramiento de Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción del Estado de Veracruz a ****, así como la publicación y aceptación del cargo y nombramiento del mismo en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz. 3. La designación del Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción del Estado de Veracruz, por la Comisión Permanente de la Procuración de Justicia de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad. Asimismo, en los hechos de la demanda el promovente manifestó, bajo protesta de decir verdad, que fue aspirante para ocupar el cargo de Fiscal Especial de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y que no fue considerado en la terna de candidatos. CONCLUSIÓN Acorde con lo anterior, se considera respetuosamente que el juicio de amparo resulta improcedente, debido a que los actos reclamados por el promovente derivan de las atribuciones conferidas en la Constitución Estatal al Poder Legislativo del Estado de Veracruz, mismas que se traducen en una facultad y decisión soberana y discrecional contra la cual no se advierte que proceda el juicio constitucional. Aunado a lo anterior este juzgado de Distrito considera respetuosamente que los actos reclamados se traducen en una decisión discrecional y soberana del Poder Legislativo local; de ahí que dichas funciones no pueden ser materia de estudio en el juicio de amparo, ello con independencia de que el directo quejoso haya mostrado intención de ser designado para ocupar el cargo de titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, pues la integración de la terna y la posterior designación del titular de dicha Fiscalía, es una facultad exclusiva del Congreso del Estado de Veracruz. A mayor abundamiento debe decirse que las facultades conferidas a este órgano jurisdiccional, se circunscriben a realizar un análisis constitucional de la actuación de las autoridades, sin que tenga el alcance de cuestionar las facultades discrecionales soberanas o de legitimidad de éstas, como lo pretende el promovente con los actos reclamados destacados, ya que ello incluso podría traducirse en una injustificada intervención en la soberanía de las entidades federativas y podría redundar en el empleo del juicio de amparo como instrumento para influir en materia política; por lo tanto, si la pretensión del quejoso es reclamar la aprobación y expedición de dos dictámenes, mediante los cuales, con el primero, se integró la terna para la designación del titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y, con el segundo, se nombró al titular de dicha Fiscalía, publicados en la Gaceta Legislativa 103 y 104 el veinticuatro de julio del año en curso, se considera que este juzgado no puede asumir jurisdicción sobre ese aspecto; pues, de ser así se podría invadir la esfera soberana del Poder Legislativo local. Tienen aplicación al caso las tesis siguientes: Época: Quinta Época Registro: 337035 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo XXXV Materia(s): Común Tesis: Página: 874 INCOMPETENCIA DE ORIGEN. La Suprema Corte ha venido sosteniendo, uniformemente, que el juicio de amparo es ineficaz para investigar la incompetencia de origen de las autoridades responsables, toda vez que la única competencia protegida por medio del juicio de garantías, es la constitucional, o sea, la que se refiere a la órbita de las atribuciones de los diversos poderes; pero de ninguna manera puede dilucidarse, mediante el ejercicio de la acción constitucional, la cuestión de la existencia o inexistencia de una autoridad o la de su legítima integración. Época: Quinta Época Registro: 365619 Instancia: Tercera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo XXV Materia(s): Común Tesis: Página: 363 INCOMPETENCIA DE ORIGEN. La Corte ha sostenido el criterio de que la autoridad judicial no debe intervenir para resolver cuestiones políticas, que incumben constitucionalmente a otros poderes; en el amparo no debe juzgarse sobre la ilegalidad de la autoridad, sino simplemente sobre su competencia; pues si se declara que una autoridad señalada como responsable, propiamente no era autoridad, el amparo resultaría notoriamente improcedente. Sostener que el artículo 16 de la Constitución prejuzga la cuestión de legitimidad de las autoridades, llevaría a atacar la soberanía de los Estados, sin fundamento constitucional y por medio de decisiones de un poder que, como el judicial, carece de facultades para ello, convirtiéndose en árbitro de la existencia de poderes que deben ser independientes de él. Época: Novena Época Registro: 164583 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXI, Mayo de 2010 Materia(s): Administrativa Tesis: 2a./J. 71/2010 Página: 833 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE GARANTÍAS, CONFORME A LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO DE LOS ACTOS SOBERANOS EMITIDOS POR EL CONGRESO LOCAL EN EL PROCEDIMIENTO PARA EL NOMBRAMIENTO O RATIFICACIÓN DEL PRESIDENTE DE AQUEL ORGANISMO. La referida causal de improcedencia se actualiza cuando la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o la de alguna entidad federativa, confiere al órgano legislativo la facultad de resolver soberana o discrecionalmente sobre la elección, remoción o suspensión de funcionarios. Ahora bien, los artículos 35, fracción XXXIII, de la Constitución y 43, fracciones I a VII, de la Ley de Transparencia e Información Pública, ambas del Estado de Jalisco, confieren al Congreso Local la facultad para elegir o ratificar al Presidente del Instituto de Transparencia e Información Pública de la entidad, la cual reviste características que permiten clasificarla como soberana, aun cuando el texto normativo no le atribuya tal adjetivo, en la medida en que no exige que la decisión sea avalada o sometida a la aprobación, sanción o ratificación de persona u organismo alguno; sin que sea óbice a lo anterior que el mencionado artículo 43, fracciones I a VII, establezca diversos requisitos que debe cumplir la Legislatura para la elección o ratificación correspondientes, como son que se alcance una votación de las dos terceras partes de los diputados presentes y la consulta ciudadana, pues ello no menoscaba la soberanía de la facultad del órgano legislativo, al no condicionar su fallo a la aprobación, sanción o ratificación de persona, asociación u organismo alguno, ya que no atribuye fuerza vinculatoria a la opinión vertida por los sectores consultados. En ese sentido, tales actos encuadran en el supuesto del artículo 73, fracción VIII, de la Ley de Amparo y, por ende, si se señalan como reclamados en el juicio de amparo, éste será improcedente al actualizarse esa causa, extendiéndose a cualquier otro acto emitido por el propio Congreso, dentro del procedimiento instaurado para la designación o ratificación mencionados, pues si la acción constitucional no procede contra el último acto pronunciado en el procedimiento de designación o ratificación, que son los únicos que en todo caso podrían irrogar perjuicio a determinada persona, menos procederá la acción de amparo contra cualquier otro acto intermedio. Época: Novena Época Registro: 172814 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXV, Abril de 2007 Materia(s): Administrativa Tesis: I.4o.A.564 A Página: 1669 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL. EN EL PROCEDIMIENTO PARA LA DESIGNACIÓN O RATIFICACIÓN DE SU PRESIDENTE, LA ASAMBLEA LEGISLATIVA EMITE ACTOS SOBERANOS Y DISCRECIONALES A LOS QUE RESULTA APLICABLE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. La causa de improcedencia que prevé el precepto citado surge cuando se reclaman resoluciones o declaraciones del Congreso Federal o de las Cámaras que lo constituyen, de las Legislaturas de los Estados o de sus respectivas Comisiones o Diputaciones Permanentes, en elección, suspensión o remoción de funcionarios, en los casos en que las Constituciones correspondientes les confieran la facultad de resolver soberana o discrecionalmente. No obstante lo anterior, también se actualiza en el caso de que la facultad ejercida por el órgano legislativo no derive de una Constitución Local, sino de otro ordenamiento secundario, o cuando la resolución o declaración provenga de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y no de los Poderes Legislativos de los Estados, pues de una interpretación histórica progresiva del precepto que contiene aquella hipótesis de improcedencia del juicio de garantías, el cual no ha sido modificado desde su creación el 10 de enero de 1936, se concluye que también aludiría a ella si el legislador hubiese podido tomar en consideración las reformas al artículo 122 constitucional de 25 de octubre de 1993 y 22 de agosto de 1996, mediante las cuales el presidente de la República dejó de tener a su cargo el Gobierno del Distrito Federal, que ejercía anteriormente a través de un jefe de departamento y, a partir de las cuales el Distrito Federal se convirtió, para efectos de su régimen administrativo y político, en una entidad cuyas características más importantes se asimilan a las de los Estados, como son su integración por tres Poderes Locales, esto es, Ejecutivo, Legislativo y Judicial. En ese contexto, las atribuciones que confieren a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal los artículos 107, 108 y 109 de su ley orgánica; 9 y 10 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, para designar o ratificar al presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la propia entidad y llevar a cabo el procedimiento respectivo, revisten características que permiten calificarlas como soberanas y discrecionales, en virtud de que las decisiones que se tomen con fundamento en ellas, especialmente la de quién ocupará el cargo, son definitivas -no requieren el aval, aprobación o ratificación de otro órgano, en términos de las propias disposiciones- y, por consiguiente, el juicio de garantías en su contra resulta improcedente, con fundamento en la fracción VIII del artículo 73 de la Ley de Amparo. En consecuencia, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en el artículo 113, en relación con el artículo 61, fracción VII, de la Ley de Amparo. DISCO DE VIDEOGRABACIÓN En relación con el disco de videograbación que anexó la parte quejosa a su escrito de demanda, guárdense en un sobre amarillo el cual deberá permanecer glosado a los autos con los datos del juicio de amparo en que se actúa.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS AL PROMOVENTE, EL AUTO QUE DICE: *** promueve juicio de amparo contra actos del Congreso del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad y otras autoridades; regístrese en el libro de gobierno respectivo con el número 782/2018. PREVENCIÓN PROPUESTA DEMOSTRATIVA Del contenido de la demanda de amparo se advierten irregularidades que deben ser subsanadas, como se explica a continuación: HIPÓTESIS NORMATIVAS De los artículos 110, 112, 113 y 114, fracción II, de la Ley de Amparo, se advierte la facultad de este juzgado de Distrito de prevenir a la parte quejosa para que realice las aclaraciones pertinentes, cuando dentro del escrito de demanda encuentre alguna irregularidad, o se hubiere omitido alguno de los requisitos que señala el artículo 108 de la Ley de Amparo; o bien, no se exhiban las copias para el traslado de las partes. Adicionalmente, el artículo 108 fracciones III, IV y V, de la Ley de Amparo dispone que la demanda de amparo deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley autorice, en la que, entre otras cosas, el quejoso manifestará, la autoridad o autoridades responsables, la norma general, acto u omisión que de cada autoridad reclame; asimismo, bajo protesta de decir verdad, cuáles son los hechos o abstenciones que constituyen antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación. HECHOS Del análisis íntegro del escrito de demanda, se advierte que el promovente señaló como actos reclamados, los siguientes: La designación del Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción del Estado de Veracruz, por la Comisión Permanente de la Procuración de Justicia de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad. La aprobación del dictamen con proyecto de decreto de veintisiete diputados, el cual finalizó con la expedición del decreto 688, de veinticuatro de julio de dos mil dieciocho, relativo a la designación y aprobación del nombramiento de Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción del Estado de Veracruz a ***, así como la publicación y aceptación del cargo y nombramiento del mismo en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz. Por otra parte, del apartado que la parte quejosa denominó como hechos antecedentes, se advierte que el quejoso se inscribió como aspirante a ocupar el cargo de Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción en enero de dos mil dieciocho, por lo que quedó registrado bajo el número ***. Asimismo, el quejoso manifiesta que a pesar de haber acreditado los requisitos documentales y la entrevista ante la Comisión de Procuración de Justicia del Congreso del Estado de Veracruz, nunca se le incluyó en el procedimiento de conformación a la terna para Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, ni se le otorgó la oportunidad de ingresar a dicha terna, a pesar de cumplir con todos los requisitos que requería la convocatoria, pues la referida terna solo fue integrada por funcionarios y servidores públicos. De igual manera manifiesta que la terna integrada por ***, todos ellos funcionarios y servidores públicos del Estado de Veracruz, fue rechazada debido a que no obtuvo las dos terceras partes de los votos de los diputados presentes en el congreso; motivo por el cual, la Comisión de Procuración de Justicia volvió a proponer en una segunda terna, a las dos personas más votadas en la terna anterior, esto es, a ***, por lo que volvieron a excluir al quejoso de la terna para Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción. Acorde con lo anterior, no se advierte con claridad si el quejoso también señala como acto reclamado el dictamen de decreto que contiene la terna propuesta para nombrar al titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. CONCLUSIÓN Acorde con lo anterior, se concluye respetuosamente que la demanda de amparo es imprecisa, debido a que no se advierte con precisión si la parte quejosa desea señalar como acto reclamado el dictamen de decreto que contiene la terna propuesta para nombrar al titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. REQUERIMIENTO En consecuencia, a efecto de permitir el efectivo acceso a la jurisdicción en favor de la parte quejosa, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se requiere al promovente para que en el plazo de cinco días legalmente computado, por escrito, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, cumpla con lo siguiente: Manifieste si señala como acto reclamado el dictamen de decreto que contenía la terna propuesta para nombrar al titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, de ser el caso, la fecha y forma en que tuvo conocimiento de dicho dictamen de decreto, así como las autoridades en específico que participaron en su elaboración. Del escrito mediante el cual desahogue el requerimiento contenido en este acuerdo, deberá acompañar las copias que resulten necesarias para cada una de las partes Lo anterior se considera necesario para la tramitación de este asunto; es decir, sin la aclaración solicitada por este Juzgador no sería posible fijar la litis correctamente en el mismo. Tiene aplicación al caso, en lo conducente, la tesis siguiente: Registro No. 175345 Localización: Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIII, Abril de 2006Página: 990Tesis: I.7o.A.100 Tesis Aislada Materia(s): Común DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Conforme al precepto legal aludido, la parte quejosa debe manifestar los hechos y abstenciones descritos con antelación; sin embargo, en la hipótesis de que no sea satisfecha dicha carga procesal, el Juez Federal debe requerir para que sea subsanada la irregularidad. Ahora bien, en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, página mil ciento noventa y dos, vigésima segunda edición, Editorial Espasa Calpe, Sociedad Anónima, dos mil uno, Madrid, España, se establecen distintas acepciones de la palabra hecho, entre ellas, las siguientes: hecho, 5. Cosa que sucede. 6. Acción que se ha llevado a cabo, adelantándose a cualquier evento que pudiera dificultarla o impedirla. Por su parte, en la página ciento sesenta y dos de la obra consultada, es definido el vocablo antecedente de diferentes maneras, entre las cuales destaca la que se reproduce a continuación: 2. Acción, dicho o circunstancia que sirve para comprender o valorar hechos posteriores. De la misma manera, en la página veintiuno del diccionario mencionado se establecen los conceptos de la palabra acción, entre otros, los que se transcriben enseguida: Ejercicio de la posibilidad de hacer. 2. Resultado de hacer. En la página catorce se define el vocablo abstención de la manera siguiente: Acción y efecto de abstenerse. En esas condiciones se concluye que para dar cumplimiento al requisito previsto en la fracción IV del artículo 116 de la Ley de Amparo, concerniente a la manifestación bajo protesta de decir verdad sobre los hechos o abstenciones que le constan al gobernado y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, es necesario realizar una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de garantías, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al último párrafo del artículo 73 de la citada ley. Asimismo, se hace saber a la parte promovente que el cumplimiento al requerimiento efectuado únicamente podrá realizarlo quien promueve este asunto, por constituir un acto de carácter personal. Resulta aplicable, la tesis siguiente: Registro No. 174745 Localización: Novena Época Instancia: Segunda Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIV, Julio de 2006Página: 348Tesis: 2a./J. 88/2006JurisprudenciaMateria(s): Común DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA. El artículo 116 de la Ley de Amparo establece, en sus fracciones I y IV, que la demanda de amparo deberá formularse por escrito, en la que se expresarán el nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre, así como la ley o acto que de cada autoridad se reclama, manifestando aquél, bajo protesta de decir verdad, cuáles son los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe ser realizado forzosamente, en términos de la fracción I señalada, por quien promueve la demanda, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse, motivo por el cual el autorizado por el quejoso en los términos amplios a que se refiere el artículo 27 de la ley citada, no puede desahogar la prevención relativa a que se exprese la protesta de decir verdad omitida en la demanda, pues ello se traduciría en hacer suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a la mencionada presentación de la demanda; además de que los derechos y obligaciones procesales que conlleva su autorización, son a partir de esa presentación y no antes. Se hace del conocimiento de la parte promovente, del delito en que pudieran incurrir quienes declaran con falsedad ante la autoridad judicial en un juicio de amparo, previsto en el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo que dispone: Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta de a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. APERCIBIMIENTO Lo anterior, con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a cualquiera de los puntos requeridos, se tendrá POR NO PRESENTADA la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 114 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en el escrito de demanda, de conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo. Asimismo, se faculta como su autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ***, debido a que tiene su cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, y en términos del último párrafo del citado artículo, esto es, únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos, al restante profesionista que indica, por no tener registrada su cédula en dicho sistema. LEY DE TRANSPARENCIA Se comunica a la parte promovente que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 110, fracción V, 113, fracción I, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; tiene derecho a oponerse para que se publiquen o se den a conocer sus datos personales, en aquellos casos en que la resolución que se publique o la constancia o prueba que se solicite, contenga información reservada que ponga en peligro su vida, seguridad o salud, o bien, sea confidencial, por así establecerse en un tratado internacional o ley nacional; en la inteligencia que de no realizar manifestación alguna antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconforme con la divulgación de sus datos personales. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · 10,537 expedientes
- Félix Dávila Córdoba936/2021
- Felix Federico Palma Valdés112/2016
- Félix García García809/2017
- Félix Hipólito López Marín978/2018
- Félix Manuel Hernando Trejo810/2017
- Félix Manuel Hernando Trejo912/2016
- Felix Manuel Sedano López369/2017
- Félix Martínez Aguilar1180/2017
- Félix Martínez Jiménez y Otros.1156/2016
- Félix Mauricio Huerta Cuéllar1051/2018
- Félix Netro García y Otros.110/2016
- Félix Rafael Morales Bernal480/2019