Felix Manuel Hernando Trejo

Expediente 519/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 1 actuación registrada, la última del 6 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
519/2018
Año
2018
Actuaciones
1
Última actuación
06/06/2018

Partes del expediente

  • Felix Manuel Hernando Trejo

Actuaciones

  1. Principal

    Dada imposibilidad de notificar personalmente, efectúese por lista fijada en los estrados: Xalapa, Veracruz, uno de junio de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por *********, por propio derecho, contra actos del *********; fórmese el expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y anótese en el Libro de Gobierno con el número de juicio 519/2018. SEPARACIÓN DE JUICIOS Ahora bien, a fin de proveer lo conducente, en relación con la demanda de amparo origen de este juicio, debe destacarse, que de su lectura, se advierte que los aquí quejosos reclaman el mismo acto de las autoridades que designaron como responsables; sin embargo, es un hecho notorio que el Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco Oriente, con residencia en Cerro de León, municipio de Villa Aldama, Veracruz, integra a cada uno de los internos su expediente; de lo que se colige que la materia de estudio respecto de cada uno de los impetrantes del amparo sería diversa. En consecuencia, es procedente la separación material de juicios, dado que resulta ocioso integrar este juicio por los promoventes si dada la naturaleza del acto reclamado en alguna fase del procedimiento, se decretaría la separación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J. 76/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento dieciocho, Tomo VI, del mes de septiembre de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 197671, de rubro siguiente: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. SU PROCEDENCIA". Por tanto, este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento de la demanda de garantías, únicamente por cuanto al impetrante de amparo *********, por los actos indicados en la demanda de amparo. Y respecto de los actos combatidos, por los demás quejosos, para el efecto de la separación material de autos, obténgase copias certificadas de las constancias necesarias, para que se estudien por separado en diversos juicios de amparo. En lo conducente, cobra aplicación por su sentido y consideraciones la tesis jurisprudencial P./J. 78/97 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento diecisiete, Tomo VI, septiembre de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 197669 bajo el rubro siguiente: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. EL JUEZ DE DISTRITO, AL DECRETARLA, DEBERÁ TOMAR LAS MEDIDAS Y SEÑALAR EL TRATO QUE A CADA UNO CORRESPONDA." Gírense atentos oficios a la Oficina de Correspondencia Común adscrita a los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, para que asigne el número de ingreso de los asuntos que fueron motivo de esta separación de juicios, y realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo, remitiéndolos respectivamente al Juzgado en turno, para a efecto de continuar con el trámite a que haya lugar. ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA DE AMPARO El artículo 113 de la Ley de Amparo prevé que el Juez de Distrito, ante todo, examinará la demanda de amparo y, en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano. Ahora, de la demanda de amparo se desprende que el promovente pretende combatir en esta vía, la omisión de las autoridades señaladas como responsables de proporcionar número de *********, así como la condicionante impuesta a los familiares de *********. Primeramente, cabe destacar que, a la fecha de presentación de la demanda que aquí se provee, ya estaba vigente la Ley Nacional de Ejecución Penal, pues de acuerdo con el artículo primero transitorio, entró en vigor al día siguiente de su publicación, lo que ocurrió el dieciséis de junio de dos mil dieciséis; por tanto, se encuentra en vigor desde el diecisiete de junio de dicho año. No se inadvierte que en el artículo segundo transitorio se establecieron dos reservas legislativas para la entrada en vigor de dicha ley, empero, tales excepciones solo se refieren a los artículos allí precisados y ninguno de ellos se refiere al establecimiento de los procedimientos para resolver los conflictos que se susciten al interior del centro de reclusión, que es la materia del presente amparo; por ende, dicha excepción no es aplicable al caso concreto. Además, el artículo tercero transitorio establece expresamente que se derogan las normas anteriores que contravengan el contenido de la ley de ejecución, mientras que los procedimientos que se encuentren en trámite, continuarán con la legislación aplicable al inicio de las mismas. Sin embargo, deberán aplicar los mecanismos de control jurisdiccional previstos en la nueva ley de ejecución de acuerdo con el principio pro persona, esto es que los nuevos mecanismos son aplicables a todos los procesados, sin importar si fueron iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la ley de ejecución, o si son conforme al sistema tradicional o al adversarial. En el caso, la demanda se presentó en el Servicio Postal Mexicano el veinte de febrero de dos mil dieciocho, esto es, cuando ya estaba en vigor la Ley de Ejecución, por lo que no hay duda de su aplicación. Además, la fracción II del artículo 1 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal, lo que significa que esa nueva ley creó todo un sistema por el que se deben resolver las controversias que surjan en reclusión, de allí que los internos tengan la posibilidad de instar cualquiera de esos procedimientos para la resolución de controversias que se susciten durante la privación de la libertad. El artículo 2 de la citada ley, como ámbito de aplicación señala en general a todas las personas privadas de la libertad, que incluye: a) Los internos por prisión preventiva y b) Los que estén compurgando una pena o medida de seguridad. Esto significa que la ley incluye expresamente a todas las personas privadas de la libertad, sin importar el estado procesal en que se encuentre su proceso penal. Bajo ese contexto, por tratarse de situaciones relacionadas con la reclusión del impetrante, al acto reclamado le resulta aplicable la Ley Nacional de Ejecución Penal. En efecto, el acto reclamado por el impetrante, es posible clasificarlo dentro de las controversias sobre condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas, de conformidad con los artículos 9, fracción IX, 30 y 117, fracciones I y IV de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Por tanto, este juzgador advierte que en el caso que en particular, se actualiza, de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia establecida en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con actos emitidos dentro de procedimientos formal o materialmente jurisdiccionales. Dicho numeral establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)" Del artículo transcrito se advierte que el amparo es improcedente contra las resoluciones jurisdiccionales respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, aun cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente. La citada fracción del numeral transcrito, establece el principio de definitividad en el juicio de amparo, consistente en que el quejoso previamente al ejercicio de la acción constitucional, debe agotar los medios ordinarios de defensa que establecen los preceptos aplicables, en el entendido que de no hacerlo así será improcedente el juicio de amparo. Este principio es indicativo que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa que garantiza la protección de los derechos humanos, de modo que para acudir a él, es necesario interponer en la vía ordinaria procedente, los recursos o medios ordinarios de defensa que procedan, que puedan tener por efecto modificar o revocar el acto reclamado. Ahora, el principio de definitividad no es absoluto, es decir, no opera en todos los casos ni en todas las materias, pues su aplicación y eficacia tienen excepciones importantes consignadas tanto legal como jurisprudencialmente. De modo que para que opere la causa de improcedencia prevista en dicho ordinal, es necesario que concurran los requisitos siguientes: a) Que el acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Además de lo anterior, la ley de la materia establece cuatro excepciones, que eximen del cumplimiento de agotar el medio de defensa legal que prevé la ley y ello es cuando: 1) Sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; 2) El acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; y 3) Se trate de persona extraña al procedimiento; y, 4) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. De lo anterior, se colige que el recurso que debe tener a su alcance el quejoso para impugnar la resolución del tribunal judicial, administrativo o del trabajo, es el que se otorga dentro del procedimiento del que proviene el acto reclamado; es decir, un recurso o medio ordinario, por virtud del cual se pueda revocar, nulificar o modificar la resolución impugnada, y que no se encuentre en las excepciones establecidas en los últimos incisos. Sirve de apoyo a lo anterior en lo conducente, la jurisprudencia emitida por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro: "RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO." Ahora, de conformidad con los artículos 107 a 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de la libertad podrán formular peticiones administrativas ante la Autoridad Penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento. Así mismo, conforme a lo dispuesto por los artículos 116, fracciones I y III, 117, fracciones I y IV, 120 a 129, 130 a 135, todos de la Ley Nacional de Ejecución Penal, lo resuelto por la autoridad administrativa puede ser llevado a controversia ante el Juez de Control o Ejecución y la resolución que se dicte, puede ser recurrida. Por tanto, la petición al Director del centro penitenciario, constituye una primera etapa de dicho procedimiento que tiene como objeto solucionar las controversias surgidas con motivo de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento. Si la solución dada a su petición es satisfactoria, allí termina la controversia, pero de no ser así, el interno puede acudir a una segunda etapa, al someter el asunto una controversia judicial, donde el interno demanda a la autoridad que resolvió la petición, el juez resuelve la controversia y sus decisiones pueden ser impugnadas a través de los recursos previstos por la ley de ejecución. Atento a lo expuesto, quien se duele de la afectación de un derecho, primero debe ejercer su acción en la instancia jurisdiccional, ante quien solo basta la simple petición de la suspensión del acto reclamado, y solo en el caso de que agotado el trámite la decisión final no le satisfaga, hasta entonces pudiera ser procedente el juicio de amparo. En ese tenor, el acto que por esta vía se combate está relacionado con las condiciones de internamiento, y para ello el quejoso tenía a su alcance una acción por virtud de la cual la autoridad podía reparar esa posible violación. Pues el hecho de estar privado de la libertad en un centro penitenciario, significa que el interno está en prisión preventiva o en ejecución de la pena; en consecuencia, los actos reclamados se dieron en el contexto de un procedimiento jurisdiccional en cualquiera de sus etapas, en cuyo caso la Ley Nacional de Ejecución Penal en los artículos 9, fracción IX, 107 y 108, fracción I, le otorga el derecho de realizar una petición por virtud de la cual la autoridad administrativa estaba obligada a abrir un procedimiento y, una vez agotado, resolver lo conducente. En ese contexto, previo acudir al amparo, el quejoso debió realizar su petición ante el Director del centro, agotar el trámite correspondiente y cuando se hubiera dictado la última resolución, hasta entonces tenía la posibilidad de acudir al amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación el nueve de marzo de dos mil dieciocho, Décima Época, cuyo rubro es el siguiente: "ACTOS RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. ATENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, ES NECESARIO AGOTAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS EN SU CONTRA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." Luego, si bien la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, prevé unas hipótesis de excepción, lo cierto es que el acto aquí reclamado no encuadra en ninguno de esos casos, ya que, aun cuando deriva de un asunto de naturaleza penal, no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Tampoco consiste en una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso. Así mismo, el promovente no es una persona extraña al procedimiento y la procedencia del medio de defensa en comento no se sujeta a interpretación adicional, ni se advierta que el fundamento legal sea insuficiente para determinarla, pues se encuentra plenamente establecido en los artículos 107 a 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Precisando además, que si bien con el acto que se pretendió reclamar a la autoridad, pudiera llegar a afectarse algún derecho sustantivo del quejoso, lo cierto es que, sus consecuencias no resultarían irreversibles o fatales, toda vez que no se encontraría en riesgo, por ejemplo, su vida o su salud. Resulta aplicable a lo anterior, en sentido contrario, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro: "ACTOS RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. SI AFECTAN DIRECTAMENTE DERECHOS SUSTANTIVOS, CON CONSECUENCIAS IRREVERSIBLES O FATALES, SE ACTUALIZA LA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA." De tal manera, es claro que el quejoso debió observar el principio de definitividad, pues opinar lo contrario, daría lugar a una situación permanente de inseguridad jurídica en relación con todos los actos de autoridad, pues se dejaría al arbitrio de los gobernados interponer o no los recursos previstos en la ley ordinaria contra los actos que se señalan como reclamados, lo que resulta ajeno y contrario a los fines que persigue el juicio de amparo y la propia Constitución Federal. Aunado a ello, si del escrito de demanda se advierte que el quejoso se encuentra sujeto a una medida de internamiento, y el motivo de reclamo no constituye un caso urgente en términos del artículo 115 de la señalada Ley Nacional de Ejecución Penal, es inconcuso que la causa de improcedencia aludida se surte de manera manifiesta e indudable y da lugar a su desechamiento, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, ya que por virtud de la condición del quejoso como interno en un centro de reclusión, le son aplicables los procedimientos y mecanismos de protección previstos en la Ley Nacional de Ejecución Penal, de ahí que resultaría innecesario esperar al resultado de la tramitación del juicio, si de cualquier forma la evaluación posterior del acto, en ese mismo escenario, no conduciría a una conclusión distinta. Sustenta a lo anterior, la tesis de la Décima Época, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, visible en la página dos mil noventa y cinco, de rubro: "CONDICIONES DE INTERNAMIENTO EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN. PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LOS HECHOS, ACTOS U OMISIONES RELACIONADOS CON AQUÉLLAS, DEBE AGOTARSE EL MECANISMO DE PETICIÓN ADMINISTRATIVA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 107 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL." En consecuencia, resulta procedente DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Sin que obste a lo anterior, que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII y no así la diversa contenida en la fracción XX de aquel numeral, esto, debido a que los acontecimientos de hecho y de derecho que se suscitan durante la reclusión, forman parte del procedimiento de ejecución, que es de naturaleza formalmente jurisdiccional, tan es así que la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su norma reglamentaria en la materia, establecieron que la autoridad judicial tomaría la facultad de vigilarlos y controlarlos. Aunado a que la génesis de dicha fracción se remonta a la necesidad de frenar provisionalmente los efectos de los actos de autoridades de naturaleza administrativa que cuenten con facultades para modificar de manera unilateral los derechos fundamentales de los gobernados, ya sea al verificar el cumplimiento de disposiciones de índole administrativa, en los que se le da al afectado la oportunidad de comparecer, rendir pruebas y alegar; o bien, aquellos otros que se sustancian a solicitud de parte interesada para la obtención de licencias, autorizaciones, permisos, concesiones, etcétera. Así como también a los procedimientos que importan cuestión entre partes, sujetos a la decisión, aunque materialmente jurisdiccional de la autoridad administrativa, sin embargo, en un entorno de regularidad opuesto al estadio en reclusión. Además, porque si bien las autoridades penitenciarias tienen formalmente un perfil administrativo, en tanto procuran la regularidad de la vida digna y segura en reclusión conforme a los principios previstos en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Lo cierto es que, la ejecución de dichas tareas constituye estrictamente un ejercicio de complementación del marco procedimental jurisdiccional que rige en materia de ejecución. Lo anterior, en primer lugar, porque en todo caso, compete a los Jueces de ejecución vigilar y controlar las relaciones de hecho y de derecho que surgen entre las personas privadas de su libertad y la autoridad penitenciaria, durante el tiempo que deba durar la medida de internamiento decretada. También, porque desde el inicio de su actuación, las autoridades penitenciarias están circunscritas a lo que se les haya ordenado en la sentencia definitiva, o bien, en el auto en que se imponga la medida precautoria de reclusión. En ese tenor, si bien con la "petición administrativa" el legislador buscó privilegiar y sacar provecho de la inmediatez con las autoridades penitenciarias y auxiliares, lo cierto es que éstas de cualquier forma se encuentran bajo la vigilancia y control de una autoridad jurisdiccional durante su tramitación; de ahí que por ello no se configure el supuesto normativo de la fracción XX aludida cuando no se agota aquélla. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis de la Décima Época, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil dieciocho, XVI.1o.P.16 P (10a.), de rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA PENAL. NO SE ACTUALIZA LA HIPÓTESIS PREVISTA EN LA FRACCIÓN XX DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE LA MATERIA, SI SE RECLAMAN HECHOS, ACTOS U OMISIONES RESPECTO DE LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN" DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA Como lo solicita la parte quejosa, téngase como su domicilio para oír y recibir notificaciones el lugar de su reclusión, esto es, el Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco "Oriente", con residencia en Cerro de León, municipio de Villa Aldama, Veracruz, lo anterior de conformidad con lo que dispone el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo. LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3 y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo en vigor, así como en capítulo tercero, del Acuerdo General Conjunto 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, procédase a la digitalización del expediente. HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS Finalmente, con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los Actuarios Judiciales de la adscripción puedan efectuar las actuaciones y diligencias que deriven de este juicio de amparo, incluso, fuera del horario que para tal efecto dispone la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa."

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