Felix Lopez Mendoza

Expediente 648/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
648/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
31/08/2018

Partes del expediente

  • Felix Lopez Mendoza
  • Agente del Ministerio Publico adscrito a la Septima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado

Actuaciones

  1. Principal

    Auto que desechó demanda causa estado...se ordena el archivo del asunto... el expediente es susceptible de destrucción

  2. Principal

    QUEJOSO DESAHOGA PREVENCIÓN...SE DESECHA DEMANDA DE AMPARO...

  3. Principal

    En términos del artículo 27, fracción I, inciso b), en relación con el diverso numeral 29 de la Ley de Amparo; se notifica a la parte quejosa el proveído de quince de agosto de dos mil dieciocho que en resumen dice: "Téngase por recibido el escrito signado por el promovente a través del cual cumple con la prevención formulada en auto de trece de agosto de dos mil dieciocho... Con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 107, 113 y relativos de la Ley de Amparo, se desecha la demanda promovida por ******, contra actos de del magistrado de la Séptima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, y otra autoridad. Como lo dispone el artículo 113 de la ley de la materia, previo a admitir la demanda de amparo debe examinarse en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia . En el caso se verifica de manera manifiesta e indudable la hipótesis a que se refiere el arábigo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." [.] Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. [.] Del último precepto deriva que cuando se impugnan actos dentro de un juicio, es procedente el amparo indirecto siempre y cuando aquellos sean de imposible reparación. El concepto de irreparabilidad ha sido definido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la siguiente manera: a) Los actos procesales dentro del juicio solo tienen ejecución de imposible reparación para efectos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por los derechos fundamentales, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de reparar con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio por haberse consumado la violación del derecho fundamental de que se trate; b) No pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y, reparables, si el afectado obtiene una sentencia favorable. De esta forma, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya estableció que un acto dentro del juicio es de "ejecución irreparable" cuando afecta de modo directo e inmediato los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que solo afecta derechos adjetivos o procesales, de tal forma que cualquier violación procesal, sea cual sea, debe ser impugnada únicamente en el momento en que se promueva el amparo directo en contra de la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo. Debe entenderse como derechos adjetivos aquellos que solo producen efectos de carácter formal o intraprocesal dentro del procedimiento; por lo que si la parte que se dice afectada con el acto intraprocesal obtiene sentencia favorable, aquellas eventuales violaciones procesales se extinguen sin haber causado afectación a los derechos sustantivos del gobernado. Así, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versará en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. Precisado lo anterior, se acude a los antecedentes del caso, según la demanda: a) El treinta de abril de dos mil quince, se dictó auto de formal prisión en contra del quejoso en la causa 116/2013, del índice del Juzgado Primero Penal del Partido Judicial de León, Guanajuato. b) En sentencia de ocho de diciembre de dos mil dieciséis, el titular del juzgado de la causa dictó sentencia condenatoria en contra del peticionario. c) Contra esa resolución el quejoso interpuso recurso de apelación, del cual le tocó conocer a la Séptima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, en el toca 05/2017. d) En resolución de veintisiete de enero de dos mil diecisiete, el tribunal de alzada revocó la sentencia dictada en el juicio de origen y ordenó la reposición del procedimiento. e) El peticionario promovió juicio de amparo indirecto contra esa determinación, del cual le tocó conocer a este juzgado bajo el número 199/2017, en el que se concedió la protección constitucional. f) En cumplimiento a la ejecutoria de amparo, el tribunal de alzada dictó resolución el dieciséis de marzo de dos mil dieciocho. g) El quejoso promovió incidente no especificado de recusación a fin de que el juez responsable dejara de conocer de la causa de origen. h) El trece de junio de dos mil dieciocho, en el toca 53/2018, la sala responsable dictó resolución donde determinó que era infundado el incidente. La resolución destacada en el último inciso constituye el acto reclamado. Se considera entonces que el acto que se impugna tiene un efecto meramente procesal; por tanto, dada su propia naturaleza, no genera contra la esfera jurídica de derechos del quejoso una ejecución que sea de imposible reparación. La decisión reclamada no incide en derechos sustantivos del peticionario sino solo y, eventualmente, en un aspecto procedimental como lo es que el juez responsable continúe con el conocimiento de la causa de origen. Lo anterior, pues en caso de dictarse sentencia favorable al quejoso en ese proceso, la violación alegada quedaría inócua. Sin soslayar la jurisprudencia 2ª./J.71/98 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin embargo no es aplicable al caso pues analiza la Ley de Amparo abrogada y, como se señaló, en la ley vigente, procede el juicio constitucional en contra de actos intraprocesales solo cuando se afecten derechos sustantivos, lo que no sucede en el caso. De ese modo, el acto reclamado constituye una eventual violación procesal reclamable en el amparo directo que se haga valer, en su caso, en contra de la sentencia que se dicte en la causa de origen, si es que ésta es desfavorable al interés del quejoso, en términos del artículo 172, fracción X, de la Ley de Amparo. De ahí que, se reitera, el que el juez recusado continúe con el conocimiento de la causa en contra del peticionario no implica que se trate de un acto de imposible reparación, por lo que debe combatirse como violación procesal, en todo caso, en el juicio de amparo directo en contra de la sentencia que se dicte en ese proceso. Se considera de esa manera, pues en el escrito aclaratorio el quejoso indicó, bajo protesta de decir verdad, que en la resolución reclamada no se le impuso una sanción al haberse determinado infundado el incidente de recusación. Bajo esa condición, el acto reclamado no cumple con el presupuesto de irreparabilidad indispensable para la procedencia del juicio de amparo en la vía indirecta, a que alude la fracción V, del artículo 107 de la Ley de Amparo. La causa de improcedencia en estudio no contraviene el principio pro homine, previsto en los párrafos primero y segundo del artículo 1º de la Constitución Federal , ni el numeral 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) , que establece que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio efectivo, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, porque estas disposiciones no implican que el juicio de amparo sea procedente contra todo acto de autoridad, sino solamente contra aquéllos que afecten los derechos sustantivos o fundamentales del quejoso, según la actual redacción del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Es decir, los preceptos mencionados en modo alguno autorizan a las personas a utilizar el juicio de amparo como medio para defender sus prerrogativas que no son sustantivas. Por tanto, al materializarse el supuesto en estudio, acorde con lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se impone desechar de plano la demanda de amparo.

  4. Principal

    A fin de estar en posibilidad de proveer sobre la admisión de la demanda, se estima necesario requerir a la parte quejosa para que dentro del plazo legal de cinco días, cumpla con lo que se solicita... Apercíbase a la parte promovente para el caso de no cumplir con lo acordado. Se habilitan días y horas inhábiles para realizar notificaciones... Hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales... Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que precisa. Asimismo, como autorizados en los términos indicados a las personas que refiere. Expídase copia de las constancias del expediente...

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