Félix Juárez de la Cruz

Expediente 1427/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 17 actuaciones registradas, la última del 28 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1427/2022
Año
2022
Actuaciones
17
Última actuación
28/03/2023

Partes del expediente

  • Félix Juárez de la Cruz
  • Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Penal del Fuero Común del Distrito Judicial de los Bravo. Ciudad.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    PERSONAL. -CITATORIO- CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 27 FRACCIÓN I, INCISO B) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE VEINTIOCHO DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, veintiocho de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de los autos y la certificación secretarial que antecede de los que se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia de doce de enero de dos mil veintitrés; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, en términos del artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución que SOBRESEYÓ EN EL JUICIO, HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, como no quedan cuestiones pendientes de resolver, ni trámite que continuar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de amparo, archívese el mismo. En ese orden de ideas, háganse las anotaciones en el libro de gobierno que para tal fin se lleva, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "S.I.S.E.". Por otra parte, vistas las constancias de autos el presente expediente carece de relevancia documental, sin que del mismo se aprecie documento alguno en original exhibido por las partes, por lo que se trata de un cuaderno sin valor institucional e histórico, lo que se hace constar de conformidad a lo señalado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación, según su artículo primero transitorio, y de acuerdo a lo de acuerdo a lo que señala el normativo 15 de dicho Acuerdo General, el presente expediente es susceptible de ser DESTRUIDO. Lo anterior deberá realizarse después de concluido el plazo de tres años contados a partir de la legal notificación del presente acuerdo, en términos de lo que prevén los artículos 12 y 14, en relación con el 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Aunado a lo anterior, con fundamento en el artículo 35 del multimencionado Acuerdo General, háganse las correspondientes indicaciones en la carátula de este expediente.

  2. Incidental

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, veintiocho de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos del juicio principal del que deriva el cuaderno incidental en que se actúa, en específico el proveído de esta fecha en el que se ordenó el archivo del mismo como asunto definitivamente concluido y se ordena realizar la valoración correspondiente en el incidente en que se actúa; por tanto, a efecto de observar lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación, según su artículo primero transitorio, se procede a realizar dicha valoración de los presentes cuadernos. Por cuanto hace al original del incidente de suspensión y dado que en auto de diecinueve de octubre de dos mil veintidós, se concedió la suspensión provisional solicitada, es susceptible de ser depurado, una vez transcurridos tres años a partir de la presente fecha, acorde con lo dispuesto en el artículo 18, inciso a), del referido Acuerdo General; y respecto al duplicado del citado incidente, éste deberá de ser destruido una vez transcurridos seis meses a partir de esta data, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, fracción II, inciso a), del multicitado Acuerdo General; en consecuencia, remítanse al archivo hasta en tanto transcurran los plazos antes señalados. Aunado a lo anterior, con fundamento en el artículo 35 del multimencionado Acuerdo General, háganse las correspondientes indicaciones en la carátula de este expediente.

  3. Principal

    V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto número 1427/2022, promovido por ********************por su propio derecho; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el catorce de octubre de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad y turnado el diecisiete del mismo mes y año, a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, ********************por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y actos que a continuación se especifican: AUTORIDADES RESPONSABLES: Ordenadoras: JUEZ PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO PENAL DEL FUERO COMÚN DEL DISTRITO JUDICIAL LOS BRAVO. JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO PENAL DEL FUERO COMÚN DEL DISTRITO JUDICIAL LOS BRAVO. Ejecutoras: AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN ADCRITO AL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO PENAL DEL FUERO COMÚN DEL DISTRITO JUDICIAL DE LOS BRAVO. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN ADCRITO AL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO PENAL DEL FUERO COMÚN DEL DISTRITO JUDICIAL DE LOS BRAVO. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGADOR DEL FUERO COMÚN. DIRECTOR DE LA POLICÍA INVESTIGADORA MINISTERIAL DEL ESTADO. (INEXISTENTE). COORDINADOR DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA POLICÍA INVESTIGADORA MINISTERIAL DE LA ZONA CENTRO. (INEXISTENTE). JEFE DE GRUPO DE LA POLICÍA INVESTIGADORA MINISTERIAL ADSCRITO A LA AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGADOR DEL FUERO COMÚN. (INEXISTENTE). RESIDENTES EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. ACTOS RECLAMADOS: A).- A LAS PRIMERAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES ORDENADORAS LES RECLAMAMOS LA ILEGAL E INCONSTITUCIONAL ORDEN DE PRESENTACIÓN, COMPARECENCIA, DETENCIÓN, O APREHENSIÓN librada en nuestra contra y, el cumplimiento que se le trata de dar y demás actos de las autoridades que adelante se precisan; POR NO REUNIRSE LAS EXIGENCIAS DEL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. B).- A LAS SEGUNDAS AUTORIDADES RESPONSABLES EJECUTORAS MINISTERIOS PÚBLICOS ADSCRITOS A LOS JUZGADOS PRIMERO, SEGUNDO, EN MATERIA PENAL DEL FUERO COMÚN DEL DISTRITO JUDICIAL DE LOS BRAVO, CON RESIDENCIA OFICIAL A UN COSTADO DEL CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL (CERESO) DE ESTA, CIUDAD DE CHILPANCINGO, GUERRERO, LES RECLAMO EL HABER TRASCRITO Y ORDENADO AL RESTO DE ELLAS, LA EJECUCIÓN DE TALES ORDENES QUE SE PRECISAN CON ANTELACION. C).- AL RESTO DE LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES EJECUTORAS, LES RECLAMAMOS CUALQUIER ACTO HABIDO Y POR HABER TENDIENTE A EJECUTAR LA ORDEN DE presentación, comparecencia, detención, Aprehensión librada en nuestra contra, CON EL FIN DE PRIVARNOS DE NUESTRA LIBERTAD PERSONAL." SEGUNDO. En el escrito de demanda señaló como derechos fundamentales transgredidos los contenidos en los artículos 14, 16, 18, 19, 20 y 21, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Por auto de diecinueve de octubre de dos mil veintidós, se registró la demanda como juicio de amparo indirecto 1427/2022 y se admitió a trámite, se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados, al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito se le dio la intervención que legalmente le compete, corriéndole traslado con copia simple de la demanda de amparo y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que, luego de diversos diferimientos, se llevó a cabo al tenor del acta que antecede y se concluye con el dictado de esta sentencia, bajo los siguientes. C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, 35 y 37 de la Ley de Amparo, y el Acuerdo General 3/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el cual fue reformado y adicionado por el diverso 51/2015, publicado en el medio de difusión citado, el veintisiete de noviembre de dos mil quince, porque el acto reclamado le es atribuido a autoridades que tienen su domicilio dentro del ámbito territorial en que este Juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Previo a abordar lo relativo a la certeza del acto reclamado, resulta necesario precisar cuál es éste, en términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, debiendo señalarse que para tales efectos se analiza en su integridad la demanda de amparo, atendiendo a la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En ese sentido, de un íntegro estudio al escrito de demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado por el quejoso es: La orden de presentación, comparecencia, detención o aprehensión librada en su contra y la ejecución. TERCERO. Por razón de método, de acuerdo con la técnica que rige al juicio constitucional, en toda sentencia, sea directo o indirecto, el tribunal que conozca, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y solo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, estudiar las causas de improcedencia que a su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, pronunciar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior, porque de no ser así, resultaría ocioso ocuparse del examen de cualquiera de los supuestos establecidos en el artículo 73 de la ley sobre la materia. Es aplicable al caso jurisprudencia XVII.2o. J/10, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 76, abril de 1994, página 68, siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." Sobre esa tesitura, se tiene que las autoridades responsables ordenadoras y ejecutoras denominadas Jueces Primero y Segundo de Primera del Ramo Penal del Distrito Judicial de Los Bravo, Agentes del Ministerio Público adscritos a los Juzgados Primero y Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Los Bravo, así como, el Agente del Ministerio Público Investigador del Fuero Común, todos residentes en esta ciudad, negaron los actos reclamados que les atribuye el quejoso Félix Juárez de la Cruz En congruencia con lo anterior, es obvio que no les asiste obligación de exponer razonamiento alguno al respecto, menos aún se hace necesaria la remisión de las constancias a que se refiere el numeral 117, párrafo cuarto de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo III, Junio de 1996, Página 763, Materia Común, de la literalidad que sigue: "ACTO RECLAMADO, NEGATIVA DEL. NO REQUIERE RAZONARSE. La autoridad responsable al negar la existencia del acto que se le atribuye, no necesita justificar o razonar su negativa." Por ende, conforme al artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, ante la negativa del acto reclamado, corresponde al quejoso acreditar la existencia y la inconstitucionalidad del mismo. Apoya la anterior consideración, la Jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 80, Agosto de 1994, Página 77, Materia Común, que dice: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." Ello es así, pues ante la negativa de las autoridades responsables ordenadoras y ejecutoras del acto que se les imputa, este Juzgador no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo de la quejosa aportar al juicio de amparo, en primer lugar, los medios de prueba tendentes a demostrar la existencia del acto de que se trata y luego, aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal. En el caso, la parte quejosa, omitió ofrecer medio de prueba idóneo, tendente a desvirtuar la negativa que del acto reclamado realizaron las autoridades responsables en comento, para estar en condiciones de determinar si cuenta con el derecho público subjetivo que dice se ha vulnerado en su perjuicio. Dado que la parte quejosa no desvirtuó la negativa de las autoridades responsables en relación con la existencia del acto que de ellas se reclama, es dable concluir que el acto motivo de la presente litis constitucional, no existe. Es aplicable al caso, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, tomo XLIII, primera parte, pagina 181, que dice: "INFORME JUSTIFICADO NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." En tal tesitura, procede el sobreseimiento en el juicio, en términos de lo que establece el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. De esta suerte, se hace innecesario abordar el examen de los conceptos de violación expresados por el impetrante de amparo, tal y como lo establece la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Tomo VI, Primera Parte, Página 335, Materia Común, de la literalidad que sigue: "SOBRESEIMIENTO. NO SE PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." CUARTO. En otro orden, atento a la inclusión del nombre y datos personales de las partes, por auto de diecinueve de octubre de dos mil veintidós, se hizo del conocimiento de las partes lo establecido en los artículos 1°, 3°, 4°, 9° y 113 fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 6º, segundo párrafo, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la precitada Ley, mediante notificación por lista a la parte quejosa el veinte del mes y año antes citado, que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es pública, accesible a cualquier persona y solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. Por lo antes expuesto y fundado, y además con apoyo en el artículo 62 y 63 fracción IV, de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE el juicio de amparo promovido por ********************por su propio derecho, en términos de lo expresado en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. Se tiene hecho del conocimiento de las partes que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es pública, accesible a cualquier persona y solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial, en términos del considerando cuarto de esta sentencia.

  4. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, veintisiete de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de los autos del juicio de amparo en que se actúa, de los que se aprecia que para el día de hoy, se encuentra programada la celebración de la audiencia constitucional, sin que sea posible llevarla a cabo, toda vez que les está transcurriendo el plazo de la vista que se le concedió a las partes en proveído de veintidós de diciembre del año en curso, con el informe rendido por el Agente Titular del Ministerio Público del Fuero Común del Distrito Judicial de Los Bravo (Sector Central), de esta ciudad, en términos del artículo 117, párrafo segundo de la Ley de Amparo. Para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para este día, se difiere y se fijan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y CUATRO MINUTOS DEL DOCE DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. Finalmente, se ordena la notificación del presente proveído a las autoridades responsables por medio de lista que se fije en los estrados de éste órgano jurisdiccional, toda vez que el presente acuerdo constituye un acuerdo de trámite de menor trascendencia.

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