Felix Javier García Rosas

Expediente 1608/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 9 actuaciones registradas, la última del 3 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1608/2018
Año
2018
Actuaciones
9
Última actuación
03/01/2019

Partes del expediente

  • Felix Javier García Rosas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    - Vista la razón de cuenta levantada por el actuario adscrito a este Juzgado, de la que se desprende la imposibilidad que tuvo para notificar al quejoso . . . notifíquese por medio de la LISTA que se publica en los estrados del local de éste Juzgado Federal . . . SE ORDENA NOTIFICAR EL PROVEÍDO DE TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO POR MEDIO DE LISTA QUE EN LO CONDUCENTE DICE " Téngase por recibido el informe justificado, rendido por el Juez de la Unidad II del Sistema Penal Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Querétaro, en funciones de Juez de Control; sin que haya lugar a dar vista a las partes con el mismo, en virtud que de su contenido se desprende una causa notoria e indudable de improcedencia, que hace necesario proveer al respecto. Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de amparo citada, se tienen por admitidas y desahogadas las documentales que la responsable adjuntó a su informe con justificación; consistentes en el disco compacto que contiene la audiencia de veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho, en que se vinculó a proceso al quejoso, y las copias certificadas de la carpeta judicial 846/2018-II, de su índice; sin perjuicio de la relación que de ellas se haga en la presente determinación, y con las cuales, debido a su voluminosidad, se ordena formar un tomo de prueba por separado, para un mejor manejo del sumario, el cual queda a disposición de las partes en la Secretaría de este Juzgado, para su consulta. Así, del estado que guardan los presentes autos, se advierte que por escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado, el veinte de diciembre del año en curso, FELIX JAVIER GARCÍA ROSAS solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades Juez de la Unidad II del Sistema Penal Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Querétaro, en Funciones de Juez de Control; Fiscal General, Director de Policía de Investigación del Delito, Vice Fiscal de Investigación y Persecución del Delito, Comandante de la Unidad de Investigación y Ejecución de Mandatos Judiciales de Policía de Investigación del Delito, Directora de Investigación de la Fiscalía General y Director de Acusación, estos de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, por los siguientes actos reclamados: "[.] IV. ACTOS RECLAMADOS: De la Ordenadora la ILEGAL ORDEN DE REAPREHENSIÓN Y/O DETENCIÓN, dictada en mi contra, y de las señaladas como ejecutoras, que tratan de ejecutar la orden dictada por la autoridad ordenadora, para privarme de la libertad conforme se ha ordenado." De la lectura de la demanda de garantías, así como de los informes de Ley y de las constancias adjuntas a estos, se obtiene que los actos reclamados consisten de manera destacada en: a) La orden de aprehensión girada en contra del quejoso FÉLIX JAVIER GARCÍA ROSAS, el veinte de diciembre de dos mil dieciocho, dentro de la carpeta de investigación NUC: CI/QRO/27311/2018, caso judicial 846/2018-II, del índice del Juez de Control de la Unidad dos del Distrito Judicial de Querétaro; así como su ejecución. b) La orden de detención dictada en contra del quejoso FÉLIX JAVIER GARCÍA ROSAS; así como su ejecución. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 55/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, con registro digital 195745, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, agosto de mil novecientos noventa y ocho, página doscientos veintisiete, cuyo contenido literal es el siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." Luego, las autoridades responsables Fiscal General, Director de Policía de Investigación del Delito, Vice Fiscal de Investigación y Persecución del Delito, Comandante de la Unidad de Investigación y Ejecución de Mandatos Judiciales de Policía de Investigación del Delito, Directora de Investigación de la Fiscalía General y Director de Acusación, todos de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, al rendir su respectivo informe justificado, negaron categóricamente la existencia de los actos reclamados que se les atribuye, precisados en los incisos a) y b). Por su parte, la responsable Juez de la Unidad II del Sistema Penal Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Querétaro, en Funciones de Juez de Control, en su respectivo informe justificado, negó la existencia del acto que se le atribuye precisado en el inciso b). Sin que el quejoso hubiese ofrecido prueba en contrario en contra de tales inexistencias; por lo que, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA EL PRESENTE JUICIO AMPARO, con relación a los actos reclamados precisados en líneas que anteceden, por lo que respecta a las autoridades responsables Fiscal General, Director de Policía de Investigación del Delito, Vice Fiscal de Investigación y Persecución del Delito, Comandante de la Unidad de Investigación y Ejecución de Mandatos Judiciales de Policía de Investigación del Delito, Directora de Investigación de la Fiscalía General y Director de Acusación, todos de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, por lo que respecta a las actuaciones combatidas que se precisaron en los incisos a) y b); además, respecto a la responsable Juez de la Unidad II del Sistema Penal Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Querétaro, en funciones de Juez de Control, únicamente respecto del acto reclamado sintetizado en el inciso a). Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 284, visible a página 236, volumen VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, bajo el rubro: "INFORME JUSTIFICADO NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las autoridades responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Por otra parte, la responsable Juez de la Unidad II del Sistema Penal Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Querétaro, en funciones de Juez de Control, en su informe justificado, negó la existencia del acto que se le atribuye, identificado con el inciso b); sin embargo, dicha negativa queda desvirtuada en virtud de las razones que expone la propia autoridad en dicho informe que evidencian la existencia del citado acto reclamado. Lo anterior, pues si bien refiere que no es cierto el acto que se le atribuye; empero, enseguida refiere que con fecha veinte de diciembre del año en curso, emitió orden de aprehensión en contra del quejoso, por el hecho que la Ley señala como el delito de Fraude Genérico, previsto y sancionado en el artículo 193, fracción III, en relación al 14, fracción I, del Código Penal para el Estado de Querétaro, en agravio de Marcos Recuero González; de ahí que se tenga por cierto el acto que se le atribuye al Juez de la Unidad II del Sistema Penal Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Querétaro, en funciones de Juez de Control, relativo a la emisión de una orden privativa de libertad en contra del peticionario del amparo. Por tanto, es cierto el acto precisado en el inciso b) que se atribuye a la autoridad responsable Juez de la Unidad II del Sistema Penal Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Querétaro, en Funciones de Juez de Control, para los efectos del presente juicio de amparo. Sirve de apoyo la tesis aislada número 211004, visible en la página 391, del Tomo XIV, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación de julio de 1994, que dice: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Máxime que la existencia del acto reclamado que se le atribuye al juez penal consabido, se corrobora a la fecha de presentación de la demanda de amparo, con el original de las constancias que aquél exhibió en su informe justificado; relativas al acuerdo que data de veinte de diciembre de dos mil dieciocho, del que se advierte que efectivamente emitió la orden de captura en contra del quejoso; documentales, a la cuales se les confiere pleno valor probatorio conforme a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del numeral 2º de éste último ordenamiento; y por lo tanto, resultan aptas para demostrar la existencia del acto reclamado que quedó precisado en líneas que anteceden. Esto, con base en la jurisprudencia número doscientos veintiséis, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ciento cincuenta y tres, Primera Parte, Tomo VI, Materia Común, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y por consiguiente, hacen prueba plena." Documentos públicos que hacen prueba plena, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 188, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, conforme a su precepto 2o. También resulta aplicable la jurisprudencia 1ª./J. 43/2013 (10ª.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, (página 703) Décima Época, Registro 2004362, con rubro y texto siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Sin embargo, como se adelantó, en el caso a estudio, se estima que en la especie ha sobrevenido de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII.- Contra actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. (.)" De la anterior transcripción, se aprecia que la citada fracción dispone que el juicio de amparo, es improcedente cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo procedimiento judicial, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el mismo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido de definir las reglas generales para decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo por cambio de situación jurídica, en la tesis aislada número 2a. CXI/96, sostenida por la Segunda Sala de nuestro Alto Tribunal, consultable a fojas 219 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, Diciembre de 1996, que señala: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." Del criterio transcrito se pueden desprender cinco condiciones para que se actualice la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, a saber: 1) Que se esté en presencia de un acto dictado dentro de un procedimiento, sea éste judicial (civil, familiar, penal) o administrativo (en strictu sensu, fiscal o agrario); o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. 2) Que al promoverse el amparo se encuentre colocado el quejoso en un estado jurídico determinado; 3) Que en el mismo procedimiento, sobrevenga otro acto, cualquiera que sea la autoridad que lo dicte; 4) Que el acto sobrevenido sea autónomo, es decir, que entre el acto reclamado y el nuevo acto no exista una relación de causalidad tal que la ilegalidad del primero traiga aparejada la irregularidad del segundo; y, 5) Que al producirse el nuevo acto se agoten los efectos del reclamado, creando frente al quejoso una nueva situación jurídica que no derive de este último. En esas circunstancias, existe cambio de situación jurídica y, por ende, el juicio constitucional resulta improcedente, cuando la actuación reclamada, es substituida por otra dictada con posterioridad en el mismo procedimiento, de tal suerte que no pueda efectuarse el estudio del acto impugnado sin afectar la nueva situación de derecho existente, independientemente de que se conserve o no sub-júdice el negocio. Así, el cambio de situación jurídica deviene del avance que ha tenido un juicio o procedimiento compuesto por diversas etapas procesales, que guardan relación entre sí, pero que son autónomas e independientes unas con otras; por tanto, el cambio de situación jurídica se presenta cuando habiéndose cumplimentado una etapa procesal en todas sus partes, queda superada, dando pauta a que inicie el siguiente conjunto de actos que conforman una nueva etapa procesal o situación jurídica. En el caso a estudio, se manifiesta de manera indudable el motivo de improcedencia en comento, ya que de las documentales, especialmente de la reproducción del disco compacto en formato DVD que contiene la videograbación de la audiencia inicial y su continuación -de la de la que emana el acto reclamado-, se obtiene que a las catorce horas con cuarenta minutos del veinte de diciembre de dos mil dieciocho, el Juez de la Unidad II del Sistema Penal Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Querétaro, en Funciones de Juez de Control libró orden de aprehensión en contra de Félix Javier García Rosas, por el hecho que la ley señala como el delito de fraude genérico, previsto y sancionado en el artículo 193, fracción III en relación al 14, fracción I del Código Penal para el Estado de Querétaro, en agravio de Marcos Recuerdo González; orden de captura que fue ejecutada a las trece horas con diez minutos, del mismo día en que se emitió. Así, el veintiuno de diciembre del año en curso, tuvo verificativo la audiencia inicial, en la que se concedió la ampliación de plazo para resolver la situación jurídica del ahora quejoso; por lo que señaló como fecha y hora para la continuación de la diligencia en comento, las trece horas del veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho. Es en esa data, es decir, el veintiséis del mes cursante, que al llevarse a cabo la continuación de la audiencia inicial, que el juez penal responsable resolvió la situación jurídica de Félix Javier García Rosas y determinó vincular a proceso al ahora quejoso, por su probable participación en la comisión de hecho que la ley señala como el delito de fraude genérico, previsto y sancionado en el artículo 193, fracción III en relación al 14, fracción I del Código Penal para el Estado de Querétaro, en agravio de Marcos Recuerdo González; además, de que le impuso como medida cautelar la de prisión preventiva justificada. De lo cual se colige, que actualmente la privación de la libertad de que se duele el quejoso, ha quedado superada con la emisión del auto de vinculación a proceso de fecha veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho, dictado en su contra por el ilícito referido en supra líneas; pero sobre todo el mencionado cambio de situación jurídica se ha consumado en el caso concreto, por la circunstancia de que en la propia continuación de la audiencia inicial, el juez señalado como responsable emitió un diverso proveído en el que determinó la imposición de una medida cautelar, consistente en la prisión preventiva justificada. Por consiguiente, son dichas determinaciones judiciales las que en la especie justifican la resolución de plazo constitucional dictada en contra del amparista, adminiculada con la imposición la medida cautelar en cita. Actuaciones con las cuales, deben considerarse irreparablemente consumadas las violaciones aducidas por el quejoso, relacionadas con el auto en que la Juez responsable decretó la orden de aprehensión en contra del quejoso, pues no es factible analizar la legalidad del acuerdo respectivo dictado por la autoridad responsable sin afectar el nuevo estatus procesal derivado del auto de vinculación a proceso, y de la imposición de las diversas medidas cautelares de carácter personal en comento. Es aplicable al caso concreto, por las razones que informa, la Tesis aislada emitida en la Novena Época por el Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, de enero de 2010, Materia Penal, tesis XVII.23 P, página 2199, del rubro y texto siguiente: "RATIFICACIÓN DE LA DETENCIÓN. EL AMPARO EN SU CONTRA DEVIENE IMPROCEDENTE, POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA, CUANDO CON POSTERIORIDAD SE DICTA AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). El nuevo sistema de procedimiento penal para el Estado de Chihuahua se divide en tres etapas (investigación, intermedia o de preparación del juicio y de juicio oral o audiencia de debates). En la etapa de investigación corresponde al Ministerio Público llevar a cabo todos los actos tendientes a esclarecer la verdad de los hechos materia de la denuncia y/o querella para preparar debidamente la acusación. Una vez realizada la imputación, el órgano jurisdiccional (Juez de Garantía) tiene la obligación constitucional de resolver la situación jurídica del imputado (vinculandolo en su caso a proceso) en los términos y condiciones previstos en el numeral 19 de la Carta Magna, vigente para aquella entidad a partir del 19 de junio de 2008, y su correlativo artículo 280 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado. Ahora bien, con el dictado del "auto de vinculación a proceso" se provoca un cambio de la situación jurídica que tenía el quejoso al momento en que se ratificó su detención, pues es evidente que dicho auto, en el caso, tiene un efecto similar al auto de formal prisión, ya que lo vincula a un proceso, y si bien el auto vinculatorio no trae implícita en todos los casos la prisión preventiva, pues el Juez de Garantía está facultado para dictar diversas medidas precautorias que afecten la libertad personal del sujeto, incluso después de su dictado en el supuesto de que el Ministerio Público las solicitara (prisión preventiva, arraigo domiciliario o cualquier otra que restrinja su libertad), empero, ello no impide que la emisión del auto de vinculación a proceso produzca una nueva situación jurídica en el ahora inconforme, pues conforme al artículo 281 del invocado código, cuando no se reúna alguno de los requisitos de ley, el Juez debe negar la vinculación del imputado, lo que genera como consecuencia ineludible la revocación de las medidas cautelares personales y reales que hubiese decretado; luego, si el acto reclamado consiste en la resolución que determinó aquella calificación, pero en la misma causa la autoridad jurisdiccional dicta el mencionado auto de vinculación, es claro que la libertad del inculpado ahora se rige por esta resolución y no por la que calificó de legal su detención y, por tanto, sobreviene la causal de improcedencia por cambio de situación jurídica prevista en la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo." Asimismo, es aplicable al caso concreto por analogía jurídica la Jurisprudencia 1a./J. 14/2004, emitida en la Novena Época, por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 181477, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, de mayo de 2004, Materia Penal, página 441, del rubro y texto siguientes: "RATIFICACIÓN DE LA DETENCIÓN. EL AMPARO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE, POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA, CUANDO CON POSTERIORIDAD SE DICTA AUTO DE FORMAL PRISIÓN (INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL NUEVE DE FEBRER O DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE). Si bien la finalidad de la reforma al artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, fue para que, cuando se señale como acto reclamado la orden de aprehensión y con posterioridad se dicte el auto de formal prisión, no rija la excepción a la regla, consistente en la actualización de la causa de improcedencia por cambio de situación jurídica; lo cierto es que todas las violaciones al artículo 16 constitucional, entre las que se encuentra la ratificación de la detención, quedaron fuera de esa excepción, en virtud de que dicho dispositivo fue suprimido. Lo anterior, motivó que en el juicio de amparo, específicamente en materia penal, deban analizarse los actos reclamados que se consideran violatorios del artículo 16 constitucional, a la luz de la regla general que prevé la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, para establecer si se actualiza o no la causa de improcedencia por cambio de situación jurídica. Por consiguiente, cuando en un juicio de amparo se reclame la ratificación del Juez de la detención realizada por el Ministerio Público, el dictado del auto de formal prisión hace que se actualice la causa de improcedencia por cambio de situación jurídica, ya que con el auto de formal prisión culmina la etapa de preinstrucción, iniciando la etapa de instrucción en donde la persona a quien se le atribuye la comisión de un delito adquiere la calidad de procesado. El cambio de situación jurídica aludido, hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones que se le atribuyen a la ratificación de la detención, ya que no es posible decidir sobre las mismas sin afectar la nueva situación jurídica del quejoso, generada por el inicio de la etapa de la instrucción al haberse dictado el auto de formal prisión, el cual tiene su fundamento, principalmente, en el artículo 19 de la Constitución Federal." Por consiguiente, tomando en consideración que la regla contemplada por el segundo párrafo de la fracción XVII del artículo 61 de la nueva Ley de Amparo [en el sentido de que solamente la sentencia definitiva hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones vinculadas con los artículos 19 y 20 Constitucionales], excluye aquellos casos en los que -como en la especie- se aduzcan violaciones al artículo 16 Constitucional [al ser este el numeral que previene la prerrogativa de que nadie puede ser detenido sin orden de aprehensión, salvo los caso de flagrancia o urgencia, irrogándole al Juzgador la obligación de calificar la legalidad de la detención cuando esta hubiere sido decretada por el ministerio publico], debe concluirse que en el caso concreto, la improcedencia del juicio de garantías por cambio de situación jurídica, no se encuentra supeditada -exclusivamente- a la eventualidad de que se dicte sentencia definitiva en el juicio o proceso de origen, sino que para ello, basta con que se dicte el auto de vinculación a proceso, tal como ocurre en la especie, dado que este es un acto jurisdiccional emitido con posterioridad, mismo que pudo ser reclamado por el amparista de manera autónoma; sin embargo, dado que esto último no aconteció, se ha consumado la causal de improcedencia en estudio. Por tanto, al resultar improcedente el presente juicio dada la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo; lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional respecto de la orden de aprehensión atribuida al Juez de la Unidad II del Sistema Penal Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Querétaro, en Funciones de Juez de Control, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso concreto, por las razones que informa, la Jurisprudencia número 1a./J. 17/2008, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 270, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Junio de 2008, Novena Época, que dice: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto." En consecuencia de dicho sobreseimiento, la Suscrita se encuentra impedida para realizar pronunciamiento alguno en torno a las violaciones de forma o fondo, que como conceptos de violación hizo valer el quejoso. Lo anterior tiene apoyo en la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 49, del tomo 24 tercera parte, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO.- No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo tanto, se deja sin efectos el día y hora señalados en autos para la audiencia constitucional; hágase las anotaciones en el Libro de Gobierno de este Juzgado y notifíquese el presente proveído a las autoridades responsables, para los efectos legales a que haya lugar"

  2. Principal

    - NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE . . .

  3. Incidental

    - PRIMERO. SE NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA . . . - SEGUNDO. SE DECLARA SIN MATERIA EL PRESENTE INCIDENTE DE SUSPENSIÓN . . .

  4. Principal

    - Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el informe justificado rendido por . . . con el que se ordena dar vista a las partes, para los efectos legales conducentes . . . téngase a dicha autoridad, designando como delegada de su parte a la persona que indica en su respectivo informe . . . se hace efectivo el apercibimiento . . . se tiene como autoridad inexistente a la mencionada en línea precedentes . . .

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