Félix Jacinto Nolasco

Expediente 618/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
618/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
11/12/2020

Partes del expediente

  • Félix Jacinto Nolasco

Actuaciones

  1. Principal

    CÚMPLASE.

  2. Principal

    Al tenor de la certificación que antecede realizada en términos de la jurisprudencia de rubro "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE)1", de la que se obtiene que los órganos jurisdiccionales pueden invocar en sus resoluciones la información obtenida en el Sistema Integral de Seguimiento a Expedientes, como hecho notorio y concederle valor probatorio pleno, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 79, párrafo segundo, 80 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del numeral 2o., párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se hizo constar que el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, aceptó el conocimiento para la tramitación de este asunto, radicándola como expediente *****, de su índice. Finalmente, se solicita al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, que de no tener impedimento legal alguno, se sirva acusar a este órgano jurisdiccional la recepción de la incompetencia planteada por este Juzgado de Distrito.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCIÓN PRIMERA INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SÍNTESIS DEL AUTO DE 13 DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE. Ciudad Madero, Tamaulipas, trece de octubre de dos mil veinte. Recepción de la demanda. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Felix Jacinto Nolasco, contra actos del Comisión Federal de Electricidad (CFE), con sede en Tampico, Tamaulipas, por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 5, 14 y 16 constitucionales; este órgano jurisdiccional procede a resolver en lo conducente. Registro. Regístrese en el libro de "Registro de Juicios de Amparo" bajo el expediente 618/2020-I-A. Integración de expediente electrónico. Así, con base en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias necesarias para la integración del expediente electrónico del Poder Judicial de la Federación; en el entendido de que aquellas constancias que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que, el expediente electrónico estará a disposición de las partes, una vez que cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Incompetencia. Del análisis realizado de manera liberal de la demanda de amparo, se sigue que el promovente señala como acto reclamado la orden de suspensión del suministro de los servicios de energía eléctrica, que tiene contratados con la Empresa Productiva del Estado Comisión Federal de Electricidad, en el domicilio que precisa en su demanda, localizado fuera de la jurisdicción de éste órgano jurisdiccional. En virtud de lo anterior, este órgano jurisdiccional estima que carece de competencia por cuestión de territorio para conocer del presente juicio de amparo indirecto. En efecto, la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público y de estudio preferente; por esto, resulta imprescindible verificar este extremo. Concepto de competencia. A manera de cuestión previa, es necesario definir el vocablo competencia. El término "competencia" (que deriva de los aforismas latinos "competens entis", que significan conveniente, aptitud o apto), en sentido jurídico amplio, alude a la idoneidad atribuida a un órgano del Estado para conocer o llevar a cabo determinados actos jurídicos. Doctrinariamente ha sido identificada como la medida o el alcance de la jurisdicción, es decir, el límite que la ley señala para el ejercicio de la jurisdicción a cargo de cada uno de los distintos órganos gubernamentales. Sin embargo, en términos procesales, significa la facultad que tiene un Juez o tribunal de conocer un negocio o litigio dado con exclusión de cualquier otro. En ese sentido, la competencia tiene como presupuesto el principio de pluralidad de tribunales dentro de un territorio jurisdiccional. Así, las reglas de competencia tienen por objeto determinar cuál va a ser el órgano jurisdiccional que debe conocer de tal o cual controversia, se insiste, con preferencia o exclusión de los demás. Por ello, es de estimarse que si la jurisdicción es el "poderdeber" de administrar justicia, la "competencia" es aquélla cuestión que fija los límites dentro de los cuales se ejerce tal atribución fundamental. Para mayor compresión, resulta ilustrativo dividir el análisis del concepto "competencia" desde dos puntos de vista: el subjetivo y el objetivo. Tocante al primero de ellos (subjetivo), la competencia es el deber y el derecho que tiene el Juez de administrar justicia en un proceso específico. Por lo que respecta al segundo (objetivo), la competencia es la enunciación de las reglas dadas para atribuir a los distintos Jueces el conocimiento de determinados casos. Con base en esta clasificación se puede precisar que la "competencia" se erige como un "presupuesto procesal", esto es, como una condición que debe existir a fin de que pueda emitirse un pronunciamiento de fondo en torno a una pretensión. En otras palabras, es un requisito necesario exigido en ley que debe darse a fin de que pueda ser válido un proceso. Reglas de competencia. En el caso, como un criterio para la fijación de la competencia por razón de territorio para conocer del juicio de amparo indirecto, se tiene que el artículo 107, fracción VII, constitucional, dispone: [A]rtículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] VII.- El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia. Del anterior precepto constitucional se obtiene que, para conocer del juicio de amparo, como regla general, es competente el Juez de Distrito cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado: 1) se ejecute o 2) trate de ejecutarse; destacando que, para efectos de su tramitación, entre otros aspectos, se limitará al informe de la autoridad señalada como responsable. Por su parte, la Ley de Amparo prevé diversos tipos de reglas de competencia, a saber: por i) materia, ii) grado, iii) auxiliar, iv) concurrente y v) por territorio; en el caso, interesa destacar las referentes a las de "territorio". Al respecto, el artículo 37 de la Ley de Amparo dispone: [A]rtículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Del análisis de este precepto se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, reglas que se puntualizan en el orden siguiente: a) En el último párrafo del precepto en comento se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se presente la demanda. b) La segunda regla se encuentra contenida en el primer párrafo del señalado numeral, la que se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquéllos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución. c) La tercer previsión normativa que se contiene en el aquí comentado artículo 37 de la Ley de Amparo, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye más bien un matiz de la segunda regla, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, entonces cualquiera de los Jueces Federales de esas jurisdicciones, será el competente para conocer de la demanda de amparo y conocerá del juicio de amparo ante quien se presente la demanda. Dadas las características y naturaleza del juicio de amparo, la hipótesis de competencia que aquí interesa es la precisada en el inciso b), particularmente en lo relativo a que será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya ejecutado el acto reclamado. En efecto, en el presente asunto la parte quejosa se duele de la orden de suspensión del suministro de los servicios de energía eléctrica, que tiene contratados con la Empresa Productiva del Estado Comisión Federal de Electricidad; cuya ejecución, precisamente, se verificó en el lugar donde se ubica su domicilio particular, esto es, en Pánuco, Veracruz, por lo que conforme al párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito competente para conocer de los actos impugnados es el del Estado de Veracruz, con sede en Tuxpan de Rodríguez Cano, lugar de ejecución de los mismos. Es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, Parte VIII, Séptima Época, Página: 142, Tesis: 91, que establece: COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO SE HAYA CONSUMADO. INTERPRETACIÓN ANALÓGICA INCORRECTA DEL ARTÍCULO 36, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO. Al instituir la Ley Suprema de la República, en su artículo 107, las bases generales del juicio de garantías, estableció en su fracción IX, a la que corresponde ahora el número VII, como norma general de competencia la de que el juicio de amparo contra los actos de autoridad a que se refiere, se interpondrá ante el juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado. Aunque la autoridad que dicta u ordena el acto desempeña un papel principalísimo, la ejecutora tiene en su actuación importancia y trascendencia capitales ya que se encarga de llevar, hasta su último extremo, la ejecución ordenada y, por tanto, es la que directamente se enfrenta al particular agraviado. Seguramente por ser la autoridad ejecutora la que materialmente afecta al gobernado hasta en sus últimas consecuencias, en el lugar en que vive, se le tomó como base para fijar la competencia, ya que el propósito del Constituyente ha sido facilitar al máximo el acceso al procedimiento jurídico político del juicio de garantías. Si se han establecido las normas de competencia teniendo en consideración el lugar en que radican la autoridad ejecutora y el afectado con el acto - quien en ocasiones puede desconocer por el momento la intervención de la autoridad ordenadora-, ello se debe a que con tal medida dispondrá éste de mejores medios y posibilidades de defensa, pues podrá atender y vigilar personalmente el desenvolvimiento del juicio que promueva, y rendir con mayor facilidad en el las pruebas que a su derecho importen, cuando el juez que ha de conocer del asunto se encuentra en su mismo lugar de residencia o, por lo menos, dentro de la misma entidad federativa. Además, si el juez de Distrito radica en el lugar donde la autoridad ejecuta el acto, contará con más amplias facilidades en el desempeño de su función y obtendrá mayor rapidez en el trámite del juicio; ventajas que son apreciables no sólo en materia de desahogo de pruebas sino especialmente en lo que ve al cumplimiento de los fallos que se dicten tanto en el incidente de suspensión como en el fondo de amparo, al evitarse las dilaciones que ocasionaría el tener que librar exhortos o despachos a tribunales distantes para la práctica de notificaciones y otras diligencias que no podría realizar el juzgado del conocimiento. El artículo 36 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo, reproduce el principio de que será competente para conocer del juicio el juez en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; regla que tiene la excepción consignada en el párrafo final del precepto, mismo que determina la competencia del juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad ordenadora, cuando requiriendo el acto reclamado ejecución material, con su solo dictado viole alguna garantía -individual, siempre que la demanda se presente antes de que aquel haya comenzado a ejecutarse. La segunda situación que prevé la Ley es la que se presenta cuando existen dos o más autoridades ejecutoras radicadas en territorios sometidos a la jurisdicción de otros tantos jueces, caso en el cual cualquiera de ellos será competente, a prevención, conforme al párrafo segundo del aludido artículo 36; de lo que se desprende que aun agotada la ejecución en la parte encomendada a una de esas autoridades ejecutoras, el juez que tiene jurisdicción en ese territorio sigue siendo competente, a prevención. La última hipótesis legal prevista se refiere al caso de que el acto reclamado no requiera ejecución material; entonces el amparo deberá promoverse ante el juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad que lo hubiere dictado, según lo dispone el párrafo tercero del artículo 36 invocado. Ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, regla que sólo admite la excepción a que se refiere el párrafo cuarto del propio dispositivo, de acuerdo con el principio de que las excepciones son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía a situaciones diversas de las expresamente previstas; y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna-, y el que sí la requiere - hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad-. De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo. Por todo lo anterior, con apoyo en los citados preceptos legales y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este juzgado declara carecer de competencia legal para seguir conociendo del presente juicio y declina la competencia a favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Tuxpan de Rodríguez Cano en turno. Consecuentemente, se ordena remitir al Juez Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Tuxpan de Rodríguez Cano, a quien se considera competente para conocer del juicio por los motivos antes expuestos, solicitándole atentamente que de no tener inconveniente legal alguno se sirva acusar el recibo correspondiente e informe lo que tenga a bien decidir. Previo a su remisión fórmese cuaderno de antecedentes. Domicilio procesal e intervención de autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en la demanda de amparo, en el entendido que de no existir, encontrarse deshabitado o manifestar quien lo ocupe que no conoce a los promoventes o sus autorizados, se practicarán las notificaciones, aún las de carácter personal, por lista de acuerdos que al efecto se publique en los estrados de este Juzgado, lo anterior con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Asimismo se tiene[n] y como autorizado[s] en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al [los] licenciado[s] José Horacio Espíritu Moreno; así como autorizados en términos del segundo párrafo del citado ordenamiento legal, a los diversos profesionistas que indica, en virtud de no contar con cédula debidamente registrada en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con apoyo en el artículo 21 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, para el caso de que en el presente sumario deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera que intervenga en él, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar tales diligencias. Se autoriza uso de cámaras fotográficas, grabadoras o lectores ópticos y copias. Con fundamento en la circular 12/2009 del Consejo de la Judicatura Federal, se faculta a las partes y a sus autorizados para que, previa solicitud a la Secretaria encargada de este expediente, se impongan de sus actuaciones mediante el uso de cámara fotográficas, grabadoras o lectores ópticos, debiendo recabarse constancia de cada consulta realizada en esos términos. Con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza la expedición de copias en el presente expediente, previa solicitud verbal que para el efecto se haga a la Secretaria encargada del trámite quién legalmente se encuentre facultado para ello. Información pública. Información pública. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente juicio, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada en forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial; asimismo, hágase del conocimiento de aquéllas el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se divulgue sin supresión de identificativos. Exhortación para mejorar la comunicación con las partes. En otro aspecto, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se exhorta a las partes a que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en línea, asimismo, para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Notifíquese en términos de ley en el cuaderno de antecedentes.

  4. Principal

    Del estado procesal que guardan los presentes autos y el contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de quince días, que concede el artículo 202 de la Ley de Amparo, para plantear inconformidad en contra del auto mediante el cual se tuvo por cumplida la sentencia que concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, sin que se haya presentado promoción alguna para tal efecto. En consecuencia, sin ulterior acuerdo, una vez que se notifique el presente proveído, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 196 y 214 de la ley de la materia. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este asunto se clasifica como depurable, pues se concedió la protección constitucional y dado que no existen documentos originales exhibidos por las partes. Asimismo, como lo dispone el penúltimo párrafo del citado numeral, una vez que transcurran tres años, procédase a su depuración conservando únicamente la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, así como el presente auto y se destruirán el resto de las actuaciones; hecho lo cual deberá gestionarse su transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Como lo dispone el artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar la valoración asignada en la carátula del expediente. Asimismo, háganse las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por otra parte, toda vez que en el presente asunto se formó por duplicado y separado incidente de suspensión, provéase lo conducente en el cuaderno incidental. Finalmente, toda vez que resulta[n] innecesario[s] el[los] tomo[s] de constancias formado[s] con motivo de las copias certificadas que acompañó la autoridad responsable a su informe justificado, así como los discos compactos[DVD] anexados, devuélvanse dichas constancias para los efectos legales conducentes, solicitando el acuse de recibo correspondiente.

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