Felix Humberto Esparza Valdes

Expediente 827/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 13 actuaciones registradas, la última del 2 de enero de 2024.

Datos del expediente

Expediente
827/2023
Año
2023
Actuaciones
13
Última actuación
02/01/2024

Partes del expediente

  • Felix Humberto Esparza Valdes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Agréguese el escrito del quejoso; mediante el cual cumple con el requerimiento formulado, en consecuencia, atento a su contenido, con fundamento en los artículos 81 fracción I inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo se tiene por interpuesto el recurso de revisión contra la sentencia dictada en este asunto; remítase el presente expediente al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito que por turno corresponda, así como el escrito original de expresión de agravios para la substanciación del referido medio de impugnación, previa formación del cuaderno de antecedentes. Distribúyase entre las partes copia simple del mismo, dejando en esta Secretaría la de la contraria. Se instruye al actuario de la adscripción para que, previo al envío del recurso interpuesto al Tribunal Colegiado respectivo, efectúe las notificaciones necesarias y las vincule al expediente electrónico, para que la superioridad esté en condiciones de consultarlas a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Se ordena que, una vez que se tenga información de quién es el Tribunal que conocerá del mismo, se haga disponible este asunto en el sistema aludido. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    En la Ciudad de México, siendo las diez horas con treinta minutos del veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés, día y hora señalados para la CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en el juicio de amparo827/2023; el Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ..., asistido de ..., Secretaria que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia de las partes. A continuación se hace relación de las constancias que obran agregadas en autos, y da cuenta con: A) Demanda de amparo; B) Oficio por el cual las autoridades responsables rindieron su informe justificado; C) Emplazamiento de la parte tercera interesada. En ese acto, se da cuenta con el escrito registrado con el folio 21715. Al efecto se acuerda: Téngase por hecha la relación que antecede para los efectos legales conducentes, respecto del escrito del apoderado de la tercera interesada, dígasele que debe estarse a lo acordado el diecisiete de agosto y cuatro de septiembre del año en curso. A continuación se procede a la apertura del período probatorio, en el que se hace constar que la parte tercera interesada ofreció documentales, la instrumental de actuaciones y la presuncional, en su doble aspecto, legal humana; mismas que se admiten y desahogan dada su propia y especial naturaleza. Al no haber más elementos de convicción por desahogar, se cierra el presente periodo y se abre la etapa de alegatos, donde se hace constar que la parte tercera interesada los ormuló e invocó la improcedencia del juicio; por lo que se cierra esta etapa. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia que firma el Juez con la Secretaria que da fe para constancia legal, procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe.

  3. Principal

    VISTOS para resolver el juicio de amparo 827/2023, promovido por *****, contra actos de la Primera Sala y Juez Quincuagésimo Séptimo, ambos de lo Civil de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. El diez de julio de dos mil veintitrés, el quejoso solicitó el amparo contra actos que consideró violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 Constitucionales. SEGUNDO. Admisión y trámite. El asunto se admitió, dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, requirió los informes justificados y señaló a la parte tercera interesada. La representante social no formuló intervención, las autoridades rindieron sus informes, la parte tercera fue emplazada; finalmente, se celebró la audiencia constitucional en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO. Competencia. Este órgano jurisdiccional es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República; 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37 y 107, fracción IV, de la ley de la materia, en atención a que se trata de un amparo indirecto promovido contra un acto derivado de un procedimiento de naturaleza mercantil, radicado en un tribunal del orden común con jurisdicción dentro del ámbito de competencia de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado en términos del artículo 74, fracción I, de la ley de la materia. El quejoso reclama la resolución de dieciséis de junio de dos mil veintitrés, emitida en el toca ..., por la Primera Sala Civil de esta ciudad, donde confirmó la interlocutoria de dieciséis de febrero anterior, dictada por el Juez Quincuagésimo Séptimo Civil de esta ciudad, en el juicio ejecutivo mercantil ... de su índice, en la cual aprobó el remate del inmueble litigioso. TERCERO. Existencia. Al rendir su informe justificado, las autoridades aceptaron la existencia del acto reclamado, lo que se corrobora con las copias certificadas del proceso de origen, remitidas en su apoyo, de valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. CUARTO. Improcedencia. El presente juicio de amparo es improcedente puesto que el acto reclamado se formula sin estar ante la última resolución en el procedimiento de remate, lo cual actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 en relación con la fracción IV del diverso 107, esta última interpretada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [...] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; [.]." De la interpretación del artículo transcrito en último término, deviene que tratándose de actos de ejecución de sentencia, sólo procederá contra la última resolución emitida en el procedimiento respectivo y en caso de remates, la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento. Salvo los casos de excepción, cuando se rematan bienes en el periodo de ejecución de sentencias, el juicio de amparo indirecto procede al momento en que se emite cualquiera de esas órdenes (la de escrituración o entrega) dado que ambas son consecuencias connaturales del acto de adjudicación. En el caso, la quejosa reclama la sentencia de segunda instancia que confirmó la interlocutoria donde el A quo aprobó el remate del bien inmueble embargado, cuyos puntos resolutivos fueron los siguientes: "PRIMERO.- Se aprueba el remate en primera almoneda que tuvo verificativo en la audiencia de fecha nueve de febrero de dos mil veintitrés y, como consecuencia, se adjudica libre de gravamen a favor de ... (ANTES ...), en la cantidad de $8'287,000.00 (OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), y como consecuencia de ello, se adjudica a su favor el bien inmueble embargo (sic) en este juicio, ubicado en CONDOMINIO (SIC) HORIZONTAL HABITACIONAL '...', UBICADO EN ..., ESTADO DE MÉXICO, libre de todo gravamen como lo ordena el artículo 2325 del Código Civil para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la legislación mercantil; dejándose a salvo los derechos de la parte actora sobre el remanente de la cantidad líquida. SEGUNDA.- Se previene al ACTOR hoy adjudicatario para que designe Notario Público, a efecto de que se tire a su favor la escritura de adjudicación respecto del bien inmueble rematado y una vez designado el Notario Público, se requiera a la demandada, para que notificado que sea legalmente, comparezca ante dicho fedatario dentro del término de cinco días a partir de la citada notificación, a firmar a favor de la adjudicataria... (ANTES ....), la escritura respectiva, con el apercibimiento que de no comparecer en dicho término, el titular de este juzgado firmará el instrumento público en su rebeldía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1412 Bis-1, del Código de Comercio, previo a que el Notario certifique la negativa de las partes a firmar la escritura. TERCERO.- NOTIFÍQUESE. [.]". De dicha transcripción se advierte que la resolución confirmada con el acto reclamado no ordenó la escrituración ni la entrega del bien inmueble rematado, sino únicamente aprobó la adjudicación y previno al adjudicatario para que señalara al Notario Público, condicionando las acciones subsecuentes a que ello ocurriera. En ese sentido, para llegar a ese momento procesal, deberán cumplirse las conductas enlistadas por el A quo, consistentes en que: 1. El adjudicatario designe Notario Público para tirar la escritura; 2. Una vez efectuado el señalamiento, se requiera a la parte demandada para que dentro del término de cinco días, legalmente computado, acuda a firmar; y 3. En caso de que ello no ocurra, el fedatario deberá certificar la negativa de las partes. Luego, para estar frente a la determinación que da procedencia a la acción constitucional, acorde con la forma en que el juez responsable resolvió sobre la adjudicación, es necesario que el documento de la escritura esté listo para otorgarse y firmarse; siendo el primer momento en que se requiera ese acto al ejecutado (que se apersone a firmar el documento preparado de la escritura), el que sirve para determinar la procedencia del juicio constitucional, como se sostuvo en la Contradicción de tesis 29/2019 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se estableció: "45. En efecto, si bien hay actos procesales cuyo cumplimiento está sujeto a la voluntad del sujeto al que se dirigen, como puede ser la orden de desocupar un inmueble, en donde la imposibilidad material de cumplir con lo requerido da lugar a que el Juez emita otra orden adicional para que de manera coactiva la persona obligada lo lleve a cabo, ese supuesto no se presenta en el presente caso, pues no se actualiza una imposibilidad material auténtica (derivada de la contumacia) dado que, ante el incumplimiento de la parte requerida, es el Juez quien llevará a cabo el acto de formalización de la venta judicial con el que se consolida el derecho sustantivo de propiedad en favor del adjudicatario (conforme a la mecánica y regulación propia del procedimiento de remate y con el pago o satisfacción del valor del bien objeto del mismo), en la medida que jurídicamente con ese acto se actualiza la incorporación de la cosa embargada al patrimonio del ejecutante adjudicatario. 46. Por lo anterior, en respuesta a la pregunta formulada para la resolución de la presente contradicción de tesis, debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio sostenido por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que, tratándose de la escrituración en el procedimiento de remate, la última resolución para efectos del juicio de amparo indirecto es la que ordena requerir al ejecutado el otorgamiento voluntario de la escritura por la venta judicial." Lo anterior obedece a la secuencia lógica y jurídica de los actos en el remate, ya que no puede extenderse una orden de escriturar, si el fedatario no está designado y no tiene el documento final preparado para formalizar la venta judicial. Entonces, no puede considerarse que con la interlocutoria reclamada se esté procesalmente ante la última resolución, pues no ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega de los bienes rematados, dado que el efecto del reclamo, crea las condiciones previas al otorgamiento y firma, siendo ese primer momento el que puede considerarse como la última resolución en el procedimiento de remate en observancia a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Consecuentemente, al no constituir el reclamo de la parte quejosa, la última resolución dictada en el periodo de ejecución de sentencia, cobra vigencia la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la fracción IV del numeral 107, ambos de la Ley de Amparo. Lo anterior encuentra sustento en el criterio de jurisprudencia 1a./J. 13/2016 (10a.), sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Época: Décima Época, registro: 2011474. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, Materia(s): Común, Página: 1066, que dispone: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial." También se cita al respecto, la I.11o.C. J/7 K (11a.), de la Undécima Época, emitida por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en Materia Común, que dice: "ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO (ETAPA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA). REGLAS PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido jurisprudencialmente la procedencia del juicio constitucional contra actos dictados después de concluido el juicio y, específicamente, en el periodo de ejecución de sentencia en dos hipótesis: 1. Contra los actos que gocen de autonomía en el periodo de ejecución de sentencia; y, 2. Contra los actos de imposible reparación, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. Respecto a la primera hipótesis, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que los actos dictados después de concluido el juicio, en contra de los cuales sí es procedente el amparo indirecto, son aquellos que tienen autonomía propia y que no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural; esto es, debe entenderse por resoluciones jurisdiccionales autónomas, las que se dictan de manera previa y son necesarias para preparar la ejecución, como las interlocutorias que fijan en cantidad líquida la condena de que fue objeto la parte vencida, o bien, las que impiden, obstaculizan o retrasan dicha ejecución en perjuicio del ejecutante. En cuanto a la segunda excepción a la regla general de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, el propio Alto Tribunal estableció que, excepcionalmente, procede contra actos que afectan de forma inmediata o inminente derechos sustantivos de los previstos en la Constitución General, o normas de derechos humanos contenidas en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es Parte, pero con la condición de que sean ajenos a la cosa juzgada. Además, se dispuso que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la interlocutoria dictada en etapa de ejecución de sentencia que desestime la excepción sustancial y perentoria que opone el ejecutado, porque constituye un acto de imposible reparación. En consecuencia, tratándose de actos dictados en etapa de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto será procedente contra: 1. La última resolución dictada en el periodo de ejecución de sentencia, esto es, la que: a) Aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia; b) Declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; y, c) Ordena el archivo definitivo del expediente; 2. La última resolución pronunciada en el procedimiento de remate, esto es, la que, indistintamente, en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y/o la que ordena la entrega de la posesión de los inmuebles rematados; 3. Actos que gocen de autonomía y no tengan como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como las interlocutorias que fijan en cantidad líquida la condena de que fue objeto la parte vencida; y, 4. Actos que afecten materialmente derechos sustantivos del ejecutante o ejecutado y sean ajenos a la cosa juzgada." Ante la actualización notoria, manifiesta e indudable la causal de improcedencia aludida, lo conducente es SOBRESEER el juicio de conformidad con el numeral 63, fracción V, de la misma legislación. El sobreseimiento decretado, se hace extensivo a los actos que se reclaman a la autoridad ejecutora, dado que no se combaten por vicios propios. Sirve de apoyo, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Localizable en la página 339, Tomo VI, Séptima Época, del Apéndice al Semanario Judicial 1917-1995, que dice: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos de las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan el carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios" Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 73 a 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE el juicio de amparo promovido por ******, contra actos de la Primera Sala y Juez Quincuagésimo Séptimo, ambos de lo Civil de la Ciudad de México, precisado en el considerando segundo, por las razones expresadas en el diverso último. NOTIFÍQUESE COMO LEGALMENTE CORRESPONDA. Lo sentencia y firma electrónicamente, ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de ...., Secretario del Juzgado que autoriza y da fe; en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, hasta hoy veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.

  4. Principal

    Agréguese el oficio del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, mediante el cual informa que por auto de cuatro de octubre pasado se declaró cumplida en su totalidad la ejecutoria de amparo pronunciada en el juicio de amparo directo ... y se encuentra transcurriendo el término para que las partes se inconformen. En ese sentido, se solicita a la superioridad que, de no tener inconveniente legal alguno, en su momento informe la determinación donde quede firme. Por otro lado, agréguese el ocurso del apoderado de la moral quejosa, donde solicita ampliar la demanda de amparo, al efecto se provee: Con fundamento en el numeral 114 de la ley de la materia, requiérase personalmente a la accionante, para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente a aquél en que surta efectos la notificación que se le haga del presente, cumpla con: PRIMERO. Con apoyo en el numeral 108 fracción V, de la Ley de Amparo manifieste bajo protesta de decir verdad a modo de antecedente: Si a la data, la Sala responsable ya se pronunció respecto a la exhibición de la póliza de fianza 21J01055, expedida por Dorama Institución de Garantías, sociedad anónima, por la cantidad de $3,083,890.23 (tres millones ochenta y tres mil ochocientos noventa pesos 23/100 moneda nacional), o bien, si ha sido omisa en hacerlo. Al respecto, se cita, por analogía, la jurisprudencia IV.3o.A. J/18 (9a.) del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, de la décima época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, de diciembre de 2011, tomo 5, página 3709, cuyo rubro es; "REVISIÓN EN EL AMPARO. LA OMISIÓN DEL JUEZ DE DISTRITO DE REQUERIR AL QUEJOSO PARA QUE ACLARE SU DEMANDA CUANDO ÉSTA ES OSCURA E IMPRECISA AL SEÑALAR EL ACTO RECLAMADO, DA LUGAR A QUE EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE CONOZCA DEL RECURSO ORDENE LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA QUE SE SUBSANE LA FALTA." SEGUNDO. Con apoyo en el artículo 108 fracción IV, de la ley de la materia, indique la determinación de la Sala responsable donde ordenó girar el oficio número 145/23, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para embargar las cuentas, por la cantidad de $3'083,890.23 (tres millones ochenta y tres mil ochocientos noventa pesos 23/100 moneda nacional) y las pusiera a disposición, en el toca a la apelación 107/2021-2,-que constituye su reclamo-, y exhiba copia o impresión fotográfica con sus sellos de publicación de la resolución citada. Lo cual, resulta necesario proporcione la peticionaria para estar en condiciones de fijar correctamente la litis y determinar la procedencia de la ampliación formulada. Orienta lo anterior, por analogía, la tesis I.7o.A.100 K, emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 990 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIII, abril de 2006, novena época, en materia común, de rubro: "DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN". En el entendido que al ser parte material en el procedimiento de origen, está en posibilidad de consultar el expediente y desahogar lo requerido, a fin de analizar la ampliación de demanda planteada. Independientemente de lo anterior, considerando que no se cuenta con mayor información, a fin de preservar el principio de seguridad jurídica, en términos del numeral 17 constitucional, solicítese a la Sala responsable, para que en el término de veinticuatro horas legalmente computado, informe lo precisado en los puntos denominados en este auto como PRIMERO y SEGUNDO, y para tal efecto se ordena enviar copia de la ampliación que se provee. Bajo apercibimiento que, de no dar cumplimiento, con fundamento en el artículo 237 fracción I en relación al 259 ambos de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cincuenta veces la unidad de medida y actualización. Aclaración que deberá formular en original y copias suficientes de conformidad con lo que establece el diverso 110 de la ley de la materia. Se apercibe que de no cumplir con lo ordenado, dentro del término concedido, se tendrá por no presentada la ampliación de demanda, acorde a lo dispuesto por el ordinal 114 de la ley citada. En términos del numeral 21 de la normatividad citada, se habilitan días y horas inhábiles, para que el Actuario de la adscripción lleve a cabo la notificación encomendada. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

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