Felix Humberto Esparza Valdes
Expediente 1381/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 8 actuaciones registradas, la última del 16 de octubre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1381/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 16/10/2017
Partes del expediente
- Felix Humberto Esparza Valdes
- Magistrados Integrantes de la Primera Sala Regional Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Toluca, Estado de México, dieciséis de octubre de dos mil diecisiete. ESTADO DE AUTOS Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso revisión, dentro del término legal, contra el auto en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Dicho cómputo sólo se realiza respecto a la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción ya que se sobreseyó el juicio y carece de relevancia documental; asimismo, de depuración el original del incidente, pues, por un lado se negó y por el otro se concedió la medida cautelar, por ende glósese al presente. Una vez que transcurran seis meses de concluido, destrúyase el duplicado del incidente.
- Principal
Intégrese el oficio de cuenta, por medio del cual la Oficial Mayor de la Primera Sala Familiar de Toluca, Estado de México, solicita se le remita el original del toca de apelación 564/2017 de su índice, por referir diversa parte promovió juicio de amparo directo contra la sentencia de cinco de septiembre del año en curso. En consecuencia, remítase a la oficiante el original del toca aludido; en la inteligencia que constituye una obligación remitir copias certificadas en el caso de que este órgano jurisdiccional lo requiera. Lo anterior, no obstante que el doce de septiembre del año que transcurre, se sobreseyó fuera de audiencia el presente sumario; empero se encuentra pendiente de causar ejecutoria.
- Principal
Toluca, Estado de México, doce de septiembre de dos mil diecisiete. INFORME JUSTIFICADO Agréguese el informe justificado rendido por la autoridad que lo suscribe; de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas las documentales que se anexa, a las que se les otorga pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, legislación de aplicación supletoria, al haber sido emitidas por funcionario que tiene fe pública; fórmese el anexo respectivo. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA En la especie, se advierte que contra el acto tildado de inconstitucional, se surte la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y .". Para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de la constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia de nuestro máximo tribunal ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio de garantías, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio se encuentra la prevista en la fracción XXII antes transcrita, en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de garantías. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 181/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXIV, Diciembre de 2006, página 189, que dice: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." . De la misma forma, la tesis 2a. XLVIII/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, abril de 1998, página 241 que señala: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." Ahora, de las constancias relativas al toca 564/2017, que remitió la Magistrada Presidenta de la Primera Sala Familiar de Toluca, del Estado de México, la cual fue valorada con antelación, se advierte que: El quince de junio de dos mil diecisiete, Salvador Pimentel Ramírez en su carácter de apoderado legal de Zaira Verónica Dueñas Acosta (cesionaria de Factoraje Capital, S.A. de C.V. Organización Auxiliar de Crédito, Grupo Financiero, promovió recurso de apelación contra el auto de siete de junio de dos mil diecisiete, que decretó la caducidad en el expediente 208/2013 del índice del Juzgado Segundo Familiar de Toluca, Estado de México. Por acuerdo de cuatro de agosto del año en curso, la Primera Sala Familiar de Toluca, del Estado de México, admitió el aludido recurso, el cual se registró bajo el toca 564/2017. Inconforme con ello, el aquí quejoso Félix Humberto Esparza Valdés interpuso recurso de revocación contra el auto citado en el párrafo que antecede. Así, en respuesta el once de agosto siguiente la responsable - Primera Sala Familiar de Toluca, del Estado de México- determinó lo siguiente: ".no ha lugar a tener por interpuesto el recurso de revocación presentado, por extemporáneo, por lo que, se desecha de plano su escrito.". El cinco de septiembre del año en curso, la responsable al resolver el toca 564/2017, determinó lo siguiente: " R E S U E L V E PRIMERO. Han sido infundados los agravios expresados por el Licenciado SALVADOR PIMENTEL RAMÍREZ en su carácter de Apoderado LEGAL DE FACTORAJE CAPITAL, S.A. DE C.V., dentro del recurso de apelación que hizo valer, en consecuencia: SEGUNDO. Se confirma el auto del siete 07 de junio del dos mil diecisiete 2017, dictada por la Juez Segundo Familiar del Distrito Judicial de Toluca, en el expediente 208/2013, relativo al juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por LUIS IGLESIAS GARCÍA en su carácter de apoderado legal de FACTORAJE CAPITAL, S.A. DE C.V., en contra de la SUCESIÓN A BIENES DE YOLANDA DÍAZ LEAL BARRAGÁN DE ESPARZA. TERCERO. No se hace especial condena en el pago de costas judiciales en esta segunda instancia.". Detallado lo anterior, se advierte que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo que dio origen a este sumario constitucional, surgió un cambio jurídico dentro del entorno en el cual existía el acto reclamado, lo que hace imposible restituir a la imperante de amparo en el goce de sus garantías violadas. De ahí que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que si bien el acto reclamado (acuerdo de once de agosto de dos mil diecisiete, dictado por la Primera Sala Regional Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, en el toca 564/2017, mediante el cual desechó el recurso de revocación interpuesto por la parte quejosa contra el diverso de cuatro de agosto de la misma anualidad, relativo a la admisión de la apelación de dicho toca), subsistió formalmente, también lo es que dejó de tener la posibilidad de seguir surtiendo efectos, por el hecho de a través de la determinación de cinco de septiembre de dos mil diecisiete, la Primera Sala Regional Familiar de Toluca, Estado de México, resolvió el toca que el quejoso tildaba de extemporáneo, declarando infundados los agravios de su contraparte, confirmando así la caducidad en el juicio 208/2013, con lo que dejó de tener vigencia la materia del presente juicio de amparo y por tanto de surtir efectos jurídicos. Así, atendiendo a lo señalado en líneas que preceden, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de garantías, con apoyo en lo establecido por el ordinal 63, fracción V de la Ley de Amparo. De igual forma, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 2833, Tomo CXXV, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que indica: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. El sobreseimiento puede dictarlo el juez en cualquier momento en que proceda, sin importar que se haya o no celebrado la audiencia, y eso no significa la indefensión del quejoso, porque se le dio entrada a la demanda.". Consecuentemente, se deja sin efectos la fecha para la audiencia constitucional fijada para las diez horas con veinte minutos del veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete; háganse las anotaciones respectivas.
- Principal
EN CUMPLIMIENTO AL AVISO DE 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017 SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO EL AUTO DE 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 QUE EN ESENCIA DICE: Toluca, Estado de México, doce de septiembre de dos mil diecisiete. INFORME JUSTIFICADO Agréguese el informe justificado rendido por la autoridad que lo suscribe; de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas las documentales que se anexa, a las que se les otorga pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, legislación de aplicación supletoria, al haber sido emitidas por funcionario que tiene fe pública; fórmese el anexo respectivo. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA En la especie, se advierte que contra el acto tildado de inconstitucional, se surte la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que señala: Para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de la constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia de nuestro máximo tribunal ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio de garantías, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio se encuentra la prevista en la fracción XXII antes transcrita, en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de garantías. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 181/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXIV, Diciembre de 2006, página 189, que dice: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." . De la misma forma, la tesis 2a. XLVIII/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, abril de 1998, página 241 que señala: Ahora, de las constancias relativas al toca 564/2017, que remitió la Magistrada Presidenta de la Primera Sala Familiar de Toluca, del Estado de México, la cual fue valorada con antelación, se advierte que: El quince de junio de dos mil diecisiete, Salvador Pimentel Ramírez en su carácter de apoderado legal de Zaira Verónica Dueñas Acosta (cesionaria de Factoraje Capital, S.A. de C.V. Organización Auxiliar de Crédito, Grupo Financiero, promovió recurso de apelación contra el auto de siete de junio de dos mil diecisiete, que decretó la caducidad en el expediente 208/2013 del índice del Juzgado Segundo Familiar de Toluca, Estado de México. Por acuerdo de cuatro de agosto del año en curso, la Primera Sala Familiar de Toluca, del Estado de México, admitió el aludido recurso, el cual se registró bajo el toca 564/2017. Inconforme con ello, el aquí quejoso Félix Humberto Esparza Valdés interpuso recurso de revocación contra el auto citado en el párrafo que antecede. Así, en respuesta el once de agosto siguiente la responsable - Primera Sala Familiar de Toluca, del Estado de México- determinó lo siguiente: " R E S U E L V E PRIMERO. Han sido infundados los agravios expresados por el Licenciado SALVADOR PIMENTEL RAMÍREZ en su carácter de Apoderado LEGAL DE FACTORAJE CAPITAL, S.A. DE C.V., dentro del recurso de apelación que hizo valer, en consecuencia: SEGUNDO. Se confirma el auto del siete 07 de junio del dos mil diecisiete 2017, dictada por la Juez Segundo Familiar del Distrito Judicial de Toluca, en el expediente 208/2013, relativo al juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por LUIS IGLESIAS GARCÍA en su carácter de apoderado legal de FACTORAJE CAPITAL, S.A. DE C.V., en contra de la SUCESIÓN A BIENES DE YOLANDA DÍAZ LEAL BARRAGÁN DE ESPARZA. TERCERO. No se hace especial condena en el pago de costas judiciales en esta segunda instancia.". Detallado lo anterior, se advierte que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo que dio origen a este sumario constitucional, surgió un cambio jurídico dentro del entorno en el cual existía el acto reclamado, lo que hace imposible restituir a la imperante de amparo en el goce de sus garantías violadas. De ahí que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que si bien el acto reclamado (acuerdo de once de agosto de dos mil diecisiete, dictado por la Primera Sala Regional Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, en el toca 564/2017, mediante el cual desechó el recurso de revocación interpuesto por la parte quejosa contra el diverso de cuatro de agosto de la misma anualidad, relativo a la admisión de la apelación de dicho toca), subsistió formalmente, también lo es que dejó de tener la posibilidad de seguir surtiendo efectos, por el hecho de a través de la determinación de cinco de septiembre de dos mil diecisiete, la Primera Sala Regional Familiar de Toluca, Estado de México, resolvió el toca que el quejoso tildaba de extemporáneo, declarando infundados los agravios de su contraparte, confirmando así la caducidad en el juicio 208/2013, con lo que dejó de tener vigencia la materia del presente juicio de amparo y por tanto de surtir efectos jurídicos. Así, atendiendo a lo señalado en líneas que preceden, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de garantías, con apoyo en lo establecido por el ordinal 63, fracción V de la Ley de Amparo. De igual forma, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 2833, Tomo CXXV, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que indica: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. El sobreseimiento puede dictarlo el juez en cualquier momento en que proceda, sin importar que se haya o no celebrado la audiencia, y eso no significa la indefensión del quejoso, porque se le dio entrada a la demanda.". Consecuentemente, se deja sin efectos la fecha para la audiencia constitucional fijada para las diez horas con veinte minutos del veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete; háganse las anotaciones respectivas.
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