Félix Hernández Deheza
Expediente 462/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 6 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 462/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 21/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes · Aguascalientes
Partes del expediente
- Félix Hernández Deheza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
-CAUSA ESTADO- Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el auto de tres de junio de dos mil veintiuno, mediante el cual se desechó la demanda de amparo, sin que se haya hecho valer el aludido medio de impugnación; por tanto, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. -ARCHIVO- Háganse las anotaciones en el Libro Uno de Juzgado, Juicios de Amparo y envíese al archivo.
- Principal
Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Se notifica por lista al quejoso la resolución de tres de junio de dos mil veintiuno, en los siguientes términos: - CUMPLE PREVENCIÓN - Visto el escrito firmado por Félix Hernández Deheza, agréguese a los autos para los efectos legales correspondientes, a través del cual en cumplimiento al requerimiento formulado mediante proveído de treinta y uno de mayo del año en curso. - DESECHAMIENTO POR NOTORIA IMPROCEDENCIA - De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito examinará, ante todo, la demanda de amparo; y si encuentra motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En relación con ello, debe identificarse que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del Juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En cuanto a la interpretación de los términos "manifiesta" e "indudable", cobra aplicación la tesis XV.2o.2 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Febrero de 1996, Página 403, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE GARANTÍAS, DESECHAMIENTO DE. REQUISITOS. La facultad contenida en el artículo 145, de la Ley de Amparo, está limitada a aquellos casos en los que exista una causa de improcedencia "manifiesta" e "indudable", lo que significa que para que el juez de Distrito pueda desechar una demanda de amparo, no es suficiente que se actualice una causal de improcedencia, sino que es indispensable que, por una parte, se manifieste con tal notoriedad que sea imposible no advertirla y que, por otra, sea indudable a tal grado que se tenga la certeza absoluta de que no pueda sobrevenir elemento alguno que haga cambiar dicha apreciación." Ahora bien, del escrito de cuenta se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado de manera destacada: La sentencia interlocutoria de fecha siete de abril de dos mil veintiuno, dictada en el incidente de liquidación dentro del juicio civil especial hipotecario número de expediente. De los hechos narrados en el escrito de cuenta, bajo protesta de decir verdad, se advierten los siguientes antecedentes: . 8. En fecha siete de abril del año dos mil veintiuno, se dicta la sentencia interlocutoria relativa a la planilla de liquidación formulada por la parte actora. Este acto constituye el que se reclama en el presente amparo. Por consiguiente, toda vez que a la fecha se encuentra en trámite el juicio de amparo directo que interpuso el quejoso en contra de la sentencia definitiva que se dictó en el juicio de origen., de la estadística del Juzgado Tercero de lo Civil del estado, que se tramita en el expediente., del índice del Cuarto Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, con residencia en la ciudad, el cual a la fecha de presentación de la demanda que dio origen al presente juicio no se ha resuelto, se estima que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción V, del mismo ordenamiento jurídico, interpretado en sentido contrario. Al respecto. Sobre la existencia del citado juicio de amparo directo, conforme deriva de la certificación sentada en la cuenta, se advierte que efectivamente se encuentra radicado el citado expediente promovido por la parte quejosa, el que se invoca como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Así, el citado precepto legal establece lo siguiente: . De la transcripción anterior se advierte que, los elementos de la hipótesis contenida en dicha norma son: a) Paralelamente a la promoción del juicio de amparo, debe estar en trámite un recurso o medio ordinario de defensa con el que se pueda obtener la revocación, modificación o nulificación del acto reclamado. b) El recurso o medio de defensa debe ser interpuesto por el propio quejoso; y, c) Tal recurso o medio de defensa debe ser susceptible de modificar o revocar el acto reclamado. Siendo que en el caso, la parte quejosa previamente a la promoción del presente juicio de amparo indirecto, interpuso demanda de amparo directo, la cual se está tramitando en el expediente., del índice del Cuarto Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, con residencia en la ciudad, el cual señala el quejoso hasta el día veintiocho de mayo de dos mil veintiuno en que presentó la demanda que dio origen al presente juicio, no se había resuelto, del que se puede derivar la revocación, modificación o nulificación de la sentencia definitiva que es de donde deriva el acto aquí reclamado. En relación con el contenido del precepto legal transcrito y para comprender el significado de defensa legal, tenemos que atender en primer término no sólo al principio de impugnación, sino también al derecho de todo gobernado de tener la posibilidad de acudir ante las instancias legales en defensa de sus intereses y derechos. Por ello, la connotación de defensa legal que prevé la fracción XIX del artículo 61 de la Ley de Amparo no debe interpretarse en forma restrictiva o limitada, sino de la manera más amplia que comprenda cualquier instrumento, derecho procesal o acción que comprenda la posibilidad del gobernado de obtener la modificación, revocación o nulidad del acto reclamado, en el caso, la sentencia de donde deriva el acto aquí reclmado. De tal manera que para que proceda el juicio de garantías, debe tratarse de 'actos definitivos' en la acepción que la propia legislación da de dichos actos, por lo que resulta lógico que la inobservancia del principio, traiga como consecuencia -también por regla general- la improcedencia de la acción constitucional intentada. En efecto, la fracción XIX del antes citado artículo 61 de la Ley de Amparo establece como causal de improcedencia la derivada del hecho de que se encuentre en trámite algún recurso o defensa legal que pudieren interponerse contra las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo reclamadas. Por ello, el legislador consideró la improcedencia del juicio de garantías cuando esté en trámite un medio de defensa legal a través del cual puede modificarse, revocarse o nulificarse el acto reclamado, pues en ese caso, el acto reclamado se encuentra sub júdice (pendiente), al encontrarse pendiente una decisión que puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado y, por lo mismo, éste carece de la calidad de acto definitivo, en el caso sería la sentencia definitiva de donde derivó el acto que se reclama. Precisado lo anterior, en relación con la interpretación que debe darse al término 'defensa legal' a que se refiere la fracción XIX del artículo 61 de la Ley de Amparo, es preciso en primer término identificar qué debe entenderse por medio de impugnación y si en esta expresión se comprenden los medios de defensa legales. A juicio de este resolutor, conforme con la doctrina jurídica mayoritaria mexicana y con la propia doctrina jurisprudencial, se puede obtener que los medios de impugnación son todos aquellos instrumentos jurídicos-procesales para controvertir actos y resoluciones de carácter judicial y, que por ende, son considerados como medios de defensa legal a favor de aquella parte o persona que considere vulnerada su esfera jurídica. Por tanto, la acepción "medios de impugnación" al ser el instrumento procesal para hacer efectivo el derecho de defensa de una persona, puede considerarse, igualmente, como un "medio de defensa legal". Esto, porque los medios de impugnación no sólo están referidos a los recursos, incidentes, revisiones de oficio, audiencia de rebeldía, o la oposición de terceros, que ordinariamente prevé la ley para que dentro de un procedimiento se controviertan los actos y las decisiones de carácter judicial; sino también están dirigidos, desde una connotación más amplia a aquellos medios de impugnación o defensa legales que el interesado pueda ejercer en forma extraordinaria, como pudieran ser las acciones autónomas que llevan a revocar, modificar o nulificar el acto reclamado. De tal forma que entre estos medios de impugnación o de defensa legal podemos encontrar aquellos que son de carácter ordinario, como son los que se pueden instar dentro del propio procedimiento en donde se pronuncia o se realiza el acto a controvertir. Y también podremos hallar los medios autónomos o extraordinarios al procedimiento primigenio, pero que a través de éstos también se puede obtener la revocación, modificación o nulidad del acto o resolución impugnada. En ese sentido, el juicio de amparo directo constituye un medio de defensa legal que tiene por objeto obtener la revocación, modificación o nulidad de la sentencia de donde deriva el acto reclamado en este juicio de garantías. Por tanto, aunque en el texto de la fracción XIX del artículo en cita no se mencione expresamente qué debe entenderse por 'defensa legal' y si ésta debe estar prevista en la ley para ser utilizada dentro del procedimiento del que derivan los actos reclamados ante las autoridades que los emiten; no debe perderse de vista que el legislador al señalar como procedente el trámite de una defensa legal con la que pueda revocarse, modificarse o nulificarse el acto reclamado, lo hace desde la perspectiva jurídica de que el juicio de garantías no puede subsistir simultáneamente con aquél ante la eventualidad de sentencias contradictorias. De ahí que si existe la posibilidad de que el acto reclamado pueda sufrir una variante por existir un medio de defensa legal en trámite que lo pueda alterar, es indudable que el juicio de garantías resulta improcedente, en virtud de que en caso contrario, podrían generarse resoluciones antagónicas. En estas condiciones, es claro que si el quejoso promovió un juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva, sí se está ante un medio de defensa legal procedente en contra de los actos de autoridad reclamados dentro del procedimiento; pues es, en sí mismo, un procedimiento que puede llevar a modificar, revocar o nulificar la sentencia definitiva y como consecuencia las bases que sirvieron para sustanciar el incidente de liquidación cuya resolución se reclama en este juicio como acto destacado. Ergo: no podría argumentarse válidamente inaccesos a la jurisdicción de amparo, con motivo del desechamiento, en el caso, de la demanda de amparo indirecto, pues se encuentra tramitando un medio de defensa legal efectivo para la defensa de sus intereses [amparo directo] frente a la interlocutoria reclamada, pues si bien la autoridad responsable continuó con la ejecución de la sentencia definitiva al sustanciar el incidente de liquidación que desembocó en el dictado de la resolución reclamada, lo cierto es que el quejoso tiene la posibilidad, de no haber acontecido, de conseguir la suspensión de la ejecución de la sentencia definitiva en aquél juicio directo, en términos de lo establecido en el artículo 190 de la Ley de Amparo; de tal forma que los efectos y consecuencias de ella, como son las cuestiones incidentales que tiendan a liquidar o ejecutar la sentencia, son susceptibles de suspenderse. Por tanto, la promoción del juicio de amparo directo, indudablemente hace improcedente el juicio de amparo indirecto en contra de la sentencia interlocutoria relativa a la planilla de liquidación formulada por la parte actora, en términos de lo previsto por el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo. En esas condiciones, al resultar actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de dicho ordenamiento por notoriamente improcedente. Respecto a lo aquí expuesto es aplicable en lo conducente la tesis 1a. XXII/98 de la Primera Sala del Alto Tribunal, visible en la página 61, tomo VII, Junio de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que señala: "RECURSO ORDINARIO INTERPUESTO EN CONTRA DEL ACTO RECLAMADO. HACE IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE NO SE HAYA ACORDADO SU TRÁMITE. .". .
- Principal
-SUBSISTE PREVENCIÓN- Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el escrito del quejoso Félix Hernández Deheza; en atención a su contenido, dígase al promovente no ha lugar a tener desahogada la prevención formulada mediante proveído de trece de mayo de dos mil veintiuno, por las razones siguientes: Al hacer la narración de los antecedentes de los actos reclamados que le fue solicitada en dicho auto, bajo protesta de decir verdad, manifiesta en el inciso 6) de la letra E) que "se interpuso el Juicio de Amparo Directo en contra de la sentencia definitiva", sin precisar quién fue la parte que lo promovió ni la fecha en que fue presentado dicho medio de defensa. Asimismo, a partir del inciso 6) hasta el 11), señala la fecha de diversos actos jurídicos únicamente con el día y mes sin precisar el año. Por tanto, resulta necesario para dar inicio al juicio, que se realice una narración cronológica y sucinta de los hechos previos a los actos reclamados a fin de tener una mayor compresión de lo que ha acontecido en el juicio de origen. En consecuencia, los efectos del requerimiento formulado al promovente en términos del auto de trece de mayo de dos mil veintiuno, subsisten, sin que se suspenda el plazo correspondiente para su cabal cumplimiento, restándole únicamente un día para tal efecto. Notifíquese personalmente al quejoso.
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