Felix Guevara Ruiz

Expediente 265/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 37 actuaciones registradas, la última del 4 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
265/2020
Año
2020
Actuaciones
37
Última actuación
04/04/2022

Partes del expediente

  • Felix Guevara Ruiz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 37.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, cuatro de abril de dos mil veintidós. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por Gabriela Castillo Díaz, encargada de la Presidencia de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante el cual informa que por auto de trece de septiembre de dos mil veintiuno, se decretó la deserción de la prueba testimonial ofertada por la parte actora a cargo de Geraldine García Guadarrama y Dayra Alicia Valencia, señalada en el expediente laboral 01/994/17, de su índice. Al respecto, se tiene por hechas sus manifestaciones para los efectos legales conducentes y con relación a su contenido, dígase que por auto de dieciséis de marzo del año en curso, se tuvo por cumplida la ejecutoria en el presente juicio de amparo, por lo que deberá estarse a lo acordado en el citado proveído. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, dieciséis de marzo de dos mil veintidós Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de diecisiete de febrero de dos mil veintidós, para que manifestaran lo que a su interés convinieran sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo, sin que a la fecha ninguna de las partes ejerciera ese derecho; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se determinó conceder el amparo al quejoso para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: ". En las relatadas consideraciones, al resultar fundados los conceptos de violación hechos valer, lo procedente es conceder el amparo solicitado por Félix Guevara Ruiz, para que la autoridad responsable, dentro del plazo de tres días, siguientes a la notificación del auto por el que esta sentencia cause ejecutoria, y en caso de no haberlo hecho, efectúe lo siguiente: Actora.- Por lo que hace a la pericial ofrecida por la actora, deberá de girar el oficio respectivo a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, para que designe perito correspondiente y notifique a las partes que deban intervenir en dicha diligencia de veintisiete de enero de dos mil veintiuno. En caso de diferimiento de la misma, la data para su celebración se deberá ajustar a lo previsto en la Ley Federal del Trabajo. Por lo que hace a la testimonial ofrecida por la actora a cargo de Geraldine García Guadarrama y Dayra Alicia Valencia, deberá notificar a las partes que deban tener injerencia en dicha diligencia señalada para las diez horas del veinticuatro de enero de dos mil veintiuno, o en su defecto, declare la imposibilidad para ello o deserción de las mismas. En caso del diferimiento de la misma, la data para su celebración se deberá ajustar a lo previsto en la Ley Federal del Trabajo. Deberá girar los oficios respectivos para llevar a cabo el Informe de autoridad ofrecido por la parte actora a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social e Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores haciendo en su caso efectivo los apercibimientos para el debido desahogo de la misma, debiendo tener por desahogada dicha prueba. Demandada.- Por lo que hace a la testimonial ofrecida por la demandada a cargo de Uriel Ramos Rojas, Fernando Romero Figueroa, Sergio Cajigal Mojica y, Leticia Luna Villanueva, deberá señalar fecha para su desahogo respetando los términos y plazos establecidos en la Ley Federal del Trabajo y notificar a las partes que deban tener injerencia en dicha diligencia, o en su defecto, declare la imposibilidad para ello o deserción de las mismas. En caso del diferimiento de la misma, la data para su celebración se deberá ajustar a lo previsto en la Ley Federal del Trabajo. Por lo que hace a la testimonial ofrecida por la demandada a cargo de María Isabel del Rio Ramírez, Alma Karina Carballar Hernandez y, Servando Rodríguez Medina, deberá señalar fecha para su desahogo respetando los términos y plazos establecidos en la Ley Federal del Trabajo y atendiendo que el domicilio de los citados atestes se encuentra fuera de la residencia de la responsable, deberá girar atento exhorto a su homóloga de la Ciudad de México, para que por su conducto notifique a los atestes la fecha para el desahogo de la diligencia testimonial a su cargo, o en su defecto, declare la imposibilidad para ello o deserción de las mismas. En caso del diferimiento de la misma, la data para su celebración se deberá ajustar a lo previsto en la Ley Federal del Trabajo Se considerará cumplida la presente sentencia concesoria una vez que la Junta responsable dé cumplimiento a lo anteriormente precisado, esto es, desahogue la totalidad de las pruebas admitidas en el sumario laboral, momento en el que habrá subsanado el motivo del retardo en el procedimiento laboral del que se duele la quejosa en el presente juicio y por ende cumplido el núcleo esencial de la presente sentencia amparadora. .". Dicha sentencia constitucional causó ejecutoria, y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento a la concesión del amparo. En ese sentido, se concluye que la autoridad responsable dio seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, al acreditar que la prueba pericial ofrecida por la actora, por auto de veintinueve de junio de dos mil veintiuno se tuvo por desahogada, y por lo que hace a la testimonial ofrecida por la actora a cargo de Geraldine García Guadarrama y Dayra Alicia Valencia, el trece de septiembre de dos mil veintiuno se decretó la deserción de dicha probanza, y el Informe de autoridad ofrecido por la parte actora a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social e Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el quince de junio de dos mil veintiuno se tuvo por desahogado y rendido el informe de dichas autoridades. Y por lo que hace a las pruebas ofrecidas por la demandada consistente en la testimonial cargo de Uriel Ramos Rojas, Fernando Romero Figueroa, Sergio Cajigal Mojica y, Leticia Luna Villanueva, seis de septiembre de dos mil veintiuno, se decretó la deserción de dicha probanza por no aportar los elementos necesarios para su desahogo, y por lo que hace a la testimonial ofrecida por la demandada a cargo de María Isabel del Rio Ramírez, Alma Karina Carballar Hernandez y, Servando Rodríguez Medina, el veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno se desahogó dicha probanza a cargo de dichos atestes, la cual fue desahogada ante la Junta número Once de la Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México. Finalmente, por auto de tres de diciembre de dos mil veintiuno, la Junta responsable, certificó y determinó que no quedaban pruebas pendientes por desahogar ordenando turnar los autos a proyecto de resolución del laudo, todo ello, desahogado en el juicio laboral 01/994/2017; constancias con las cuales se ordenó dar vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera. Con base en lo anterior, este órgano de control constitucional considera que la citada autoridad responsable, en el ámbito de su competencia y con las constancias mencionadas en los párrafos que anteceden, demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, restituyendo al promovente de la acción constitucional en el pleno goce de sus derechos violados, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, se concluye que la autoridad responsable dio seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, al acreditar haber realizado las gestiones necesarias y procedió al desahogo y/o decretar su deserción de las pruebas faltantes por desahogar, tal como quedó señalado en párrafos que anteceden y fue indicado en la ejecutoria de amparo. Por ello este Juzgado Federal considera que ha sido cumplida la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal. Una vez determinado lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entendiéndose por lo primero, que la autoridad responsable no se ajusta al tenor exacto de la ejecutoria, extralimitándose en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando se deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria, esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme a lo ordenado por el juzgador de amparo. Se reitera que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para que la autoridad responsable realizara las gestiones a efecto de llevar a cabo las pruebas faltantes por desahogar las cuales fueron ofrecidas por las partes o declarar su imposibilidad para su desahogo. En ese sentido este juzgado federal estima que la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, toda vez que de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que se concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del dispositivo 2°, acreditó que por lo que hace a la prueba pericial ofrecida por la actora, por auto de veintinueve de junio de dos mil veintiuno se tuvo por desahogada, y por lo que hace a la testimonial ofrecida por la actora a cargo de Geraldine García Guadarrama y Dayra Alicia Valencia, el trece de septiembre de dos mil veintiuno se decretó la deserción de dicha probanza, y el Informe de autoridad ofrecido por la parte actora a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social e Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el quince de junio de dos mil veintiuno se tuvo por desahogado y rendido el informe de dichas autoridades. Y por lo que hace a las pruebas ofrecidas por la demandada consistente en la testimonial a cargo de Uriel Ramos Rojas, Fernando Romero Figueroa, Sergio Cajigal Mojica y, Leticia Luna Villanueva, seis de septiembre de dos mil veintiuno, se decretó la deserción de dicha probanza por no aportar los elementos necesarios para su desahogo, y por lo que hace a la testimonial ofrecida por la demandada a cargo de María Isabel del Rio Ramírez, Alma Karina Carballar Hernandez y, Servando Rodríguez Medina, el veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno se desahogó dicha probanza a cargo de dichos atestes, la cual fue desahogada ante la Junta número Once de la Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México. Finalmente, por auto de tres de diciembre de dos mil veintiuno, la Junta responsable, certificó y determinó que no quedaban pruebas pendientes por desahogar ordenando turnar los autos a proyecto de resolución del laudo, todo ello, desahogado en el juicio laboral 01/994/2017; tal como se advierte de las constancias que remitió la responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y del Expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generado por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria; ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo, la sentencia definitiva, y determinaciones emitidas por la Superioridad y/o las que determina el Titular de los autos, esto último en términos de lo dispuesto en el numeral 18 párrafo tercero del citado Acuerdo General. Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Cabe destacar que en el presente juicio no se formó incidente de suspensión por no haberse solicitado. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Al haber transcurrido el término concedido a la parte QUEJOSA, para comparecer a oír y recibir notificación del proveído o resolución citado; en consecuencia, se le notifica por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito el proveído de fecha que a continuación se indica: Cuernavaca, Morelos, dieciséis de marzo de dos mil veintidós Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de diecisiete de febrero de dos mil veintidós, para que manifestaran lo que a su interés convinieran sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo, sin que a la fecha ninguna de las partes ejerciera ese derecho; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se determinó conceder el amparo al quejoso para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: ". En las relatadas consideraciones, al resultar fundados los conceptos de violación hechos valer, lo procedente es conceder el amparo solicitado por Félix Guevara Ruiz, para que la autoridad responsable, dentro del plazo de tres días, siguientes a la notificación del auto por el que esta sentencia cause ejecutoria, y en caso de no haberlo hecho, efectúe lo siguiente: Actora.- Por lo que hace a la pericial ofrecida por la actora, deberá de girar el oficio respectivo a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, para que designe perito correspondiente y notifique a las partes que deban intervenir en dicha diligencia de veintisiete de enero de dos mil veintiuno. En caso de diferimiento de la misma, la data para su celebración se deberá ajustar a lo previsto en la Ley Federal del Trabajo. Por lo que hace a la testimonial ofrecida por la actora a cargo de Geraldine García Guadarrama y Dayra Alicia Valencia, deberá notificar a las partes que deban tener injerencia en dicha diligencia señalada para las diez horas del veinticuatro de enero de dos mil veintiuno, o en su defecto, declare la imposibilidad para ello o deserción de las mismas. En caso del diferimiento de la misma, la data para su celebración se deberá ajustar a lo previsto en la Ley Federal del Trabajo. Deberá girar los oficios respectivos para llevar a cabo el Informe de autoridad ofrecido por la parte actora a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social e Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores haciendo en su caso efectivo los apercibimientos para el debido desahogo de la misma, debiendo tener por desahogada dicha prueba. Demandada.- Por lo que hace a la testimonial ofrecida por la demandada a cargo de Uriel Ramos Rojas, Fernando Romero Figueroa, Sergio Cajigal Mojica y, Leticia Luna Villanueva, deberá señalar fecha para su desahogo respetando los términos y plazos establecidos en la Ley Federal del Trabajo y notificar a las partes que deban tener injerencia en dicha diligencia, o en su defecto, declare la imposibilidad para ello o deserción de las mismas. En caso del diferimiento de la misma, la data para su celebración se deberá ajustar a lo previsto en la Ley Federal del Trabajo. Por lo que hace a la testimonial ofrecida por la demandada a cargo de María Isabel del Rio Ramírez, Alma Karina Carballar Hernandez y, Servando Rodríguez Medina, deberá señalar fecha para su desahogo respetando los términos y plazos establecidos en la Ley Federal del Trabajo y atendiendo que el domicilio de los citados atestes se encuentra fuera de la residencia de la responsable, deberá girar atento exhorto a su homóloga de la Ciudad de México, para que por su conducto notifique a los atestes la fecha para el desahogo de la diligencia testimonial a su cargo, o en su defecto, declare la imposibilidad para ello o deserción de las mismas. En caso del diferimiento de la misma, la data para su celebración se deberá ajustar a lo previsto en la Ley Federal del Trabajo Se considerará cumplida la presente sentencia concesoria una vez que la Junta responsable dé cumplimiento a lo anteriormente precisado, esto es, desahogue la totalidad de las pruebas admitidas en el sumario laboral, momento en el que habrá subsanado el motivo del retardo en el procedimiento laboral del que se duele la quejosa en el presente juicio y por ende cumplido el núcleo esencial de la presente sentencia amparadora. .". Dicha sentencia constitucional causó ejecutoria, y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento a la concesión del amparo. En ese sentido, se concluye que la autoridad responsable dio seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, al acreditar que la prueba pericial ofrecida por la actora, por auto de veintinueve de junio de dos mil veintiuno se tuvo por desahogada, y por lo que hace a la testimonial ofrecida por la actora a cargo de Geraldine García Guadarrama y Dayra Alicia Valencia, el trece de septiembre de dos mil veintiuno se decretó la deserción de dicha probanza, y el Informe de autoridad ofrecido por la parte actora a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social e Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el quince de junio de dos mil veintiuno se tuvo por desahogado y rendido el informe de dichas autoridades. Y por lo que hace a las pruebas ofrecidas por la demandada consistente en la testimonial cargo de Uriel Ramos Rojas, Fernando Romero Figueroa, Sergio Cajigal Mojica y, Leticia Luna Villanueva, seis de septiembre de dos mil veintiuno, se decretó la deserción de dicha probanza por no aportar los elementos necesarios para su desahogo, y por lo que hace a la testimonial ofrecida por la demandada a cargo de María Isabel del Rio Ramírez, Alma Karina Carballar Hernandez y, Servando Rodríguez Medina, el veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno se desahogó dicha probanza a cargo de dichos atestes, la cual fue desahogada ante la Junta número Once de la Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México. Finalmente, por auto de tres de diciembre de dos mil veintiuno, la Junta responsable, certificó y determinó que no quedaban pruebas pendientes por desahogar ordenando turnar los autos a proyecto de resolución del laudo, todo ello, desahogado en el juicio laboral 01/994/2017; constancias con las cuales se ordenó dar vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera. Con base en lo anterior, este órgano de control constitucional considera que la citada autoridad responsable, en el ámbito de su competencia y con las constancias mencionadas en los párrafos que anteceden, demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, restituyendo al promovente de la acción constitucional en el pleno goce de sus derechos violados, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, se concluye que la autoridad responsable dio seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, al acreditar haber realizado las gestiones necesarias y procedió al desahogo y/o decretar su deserción de las pruebas faltantes por desahogar, tal como quedó señalado en párrafos que anteceden y fue indicado en la ejecutoria de amparo. Por ello este Juzgado Federal considera que ha sido cumplida la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal. Una vez determinado lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entendiéndose por lo primero, que la autoridad responsable no se ajusta al tenor exacto de la ejecutoria, extralimitándose en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando se deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria, esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme a lo ordenado por el juzgador de amparo. Se reitera que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para que la autoridad responsable realizara las gestiones a efecto de llevar a cabo las pruebas faltantes por desahogar las cuales fueron ofrecidas por las partes o declarar su imposibilidad para su desahogo. En ese sentido este juzgado federal estima que la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, toda vez que de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que se concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del dispositivo 2, acreditó que por lo que hace a la prueba pericial ofrecida por la actora, por auto de veintinueve de junio de dos mil veintiuno se tuvo por desahogada, y por lo que hace a la testimonial ofrecida por la actora a cargo de Geraldine García Guadarrama y Dayra Alicia Valencia, el trece de septiembre de dos mil veintiuno se decretó la deserción de dicha probanza, y el Informe de autoridad ofrecido por la parte actora a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social e Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el quince de junio de dos mil veintiuno se tuvo por desahogado y rendido el informe de dichas autoridades. Y por lo que hace a las pruebas ofrecidas por la demandada consistente en la testimonial a cargo de Uriel Ramos Rojas, Fernando Romero Figueroa, Sergio Cajigal Mojica y, Leticia Luna Villanueva, seis de septiembre de dos mil veintiuno, se decretó la deserción de dicha probanza por no aportar los elementos necesarios para su desahogo, y por lo que hace a la testimonial ofrecida por la demandada a cargo de María Isabel del Rio Ramírez, Alma Karina Carballar Hernandez y, Servando Rodríguez Medina, el veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno se desahogó dicha probanza a cargo de dichos atestes, la cual fue desahogada ante la Junta número Once de la Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México. Finalmente, por auto de tres de diciembre de dos mil veintiuno, la Junta responsable, certificó y determinó que no quedaban pruebas pendientes por desahogar ordenando turnar los autos a proyecto de resolución del laudo, todo ello, desahogado en el juicio laboral 01/994/2017; tal como se advierte de las constancias que remitió la responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y del Expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generado por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria; ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo, la sentencia definitiva, y determinaciones emitidas por la Superioridad y/o las que determina el Titular de los autos, esto último en términos de lo dispuesto en el numeral 18 párrafo tercero del citado Acuerdo General. Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Cabe destacar que en el presente juicio no se formó incidente de suspensión por no haberse solicitado. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diecisiete de febrero de dos mil veintidós. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por Gabriela Castillo Díaz, encargada de la Presidencia de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante el cual informa que por auto de trece de septiembre de dos mil veintiuno, decretó la deserción de la prueba testimonial ofertada por la parte actora a cargo de Geraldine García Guadarrama y Dayra Alicia Valencia, señalada en el expediente laboral 01/994/17, de su índice. En consecuencia, de conformidad con el artículo 196, de la Ley de Amparo vigente aplicable, córrase traslado a la parte quejosa con el oficio, anexos de cuenta, con los oficios de ocho de septiembre de dos mil veintiuno, registrado con el folio 15763 con las documentales de ocho de diciembre de dos mil veintiuno, registradas con el número de folio 23069 y dese vista a las partes por el plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que queden legalmente notificadas de este proveído, para que expresen lo que a sus intereses convenga, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna en el lapso indicado, tomando en consideración las documentales remitidas por la autoridad responsable, este Juzgado Federal, se pronunciará sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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