FELIX GUERRERO DOMINGUEZ y Otros.
Expediente 178/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 178/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 22/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro · Guerrero
Partes del expediente
- FELIX GUERRERO DOMINGUEZ y Otros.
Actuaciones
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veintidós de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta remitido vía electrónica por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Acapulco de Juárez, mediante el cual informa que acepta la incompetencia planteada por este juzgado de distrito y se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por Félix Guerrero Domínguez, Roxana Coronado Ángel, Leonicio Víctor Ramos Brito, Romualda de Jesús Bruno, Álvaro Telles Zaferino, Yolanda Cruz Mosso y Abraham Ignacio López, por su propio derecho, contra actos de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad. En consecuencia, hágase la anotación respectiva en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y con apoyo en el diverso artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Finalmente, toda vez que no existe actuación que cumplimentar, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, específicamente en el artículo 21, inciso j), del capítulo octavo, relativo a los expedientes destruibles, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, una vez que hayan transcurrido seis meses a partir de este proveído. Notifíquese.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veintiuno de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos la Boleta remitida vía correo electrónico por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Acapulco, mediante el cual en atención a lo solicitado en acuerdo de quince de febrero del año actual, remite la Boleta de turno con número de registro 20230916034000125, de la cual se advierte que por cuestión de turno le tocó conocer al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esa ciudad, respecto a la incompetencia planteada por este juzgado de distrito. En consecuencia, para dar cumplimiento al punto 3 de la circular mencionada, remítase vía interconexión copia digitalizada del presente asunto al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero, a fin de que se pronuncie si acepta o no la competencia planteada; y además, se instruye a la Oficial Judicial "A", encargada del Sistema Integral del Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), a efecto de que lo habilite, para que sea consultado en el sistema por el órgano jurisdiccional de referencia; circunstancia que se hace del conocimiento del juzgado homologo para los efectos legales procedentes. Notifíquese.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a quince de febrero de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente.
- Principal
SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL SIGUIENTE PROVEÍDO, POR ASÍ ORDENARLO EL DIVERSO DE 20/02/2023, QUE EN SU PARTE CONDUCENTE DICE.... Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a quince de febrero de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por Félix Guerrero Domínguez, Roxana Coronado Ángel, Leonicio Víctor Ramos Brito, Romualda de Jesús Bruno, Álvaro Telles Zaferino, Yolanda Cruz Mosso y Abraham Ignacio López, por su propio derecho, contra actos de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número 178/2023; fórmese expediente impreso y electrónico. Hágase saber a las partes que el siete de noviembre de dos mil veintidós, entró en vigor el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, conforme al cual se reanudan las labores de forma regular en los órganos jurisdiccionales. Ahora bien, de la lectura integral del escrito de demanda, se advierte que los peticionarios del amparo señala como actos reclamados los siguientes: "V.- ACTO RECLAMADO: Lo es la multa impuesta por la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de Guerrero, a los suscritos mediante acuerdo de fecha diecinueve de enero del año dos mil veintitrés, dentro del expediente TJA/SS/069/2018." Precisado lo anterior, y tomando en consideración que los aquí quejosos Félix Guerrero Domínguez, Roxana Coronado Ángel, Leonicio Víctor Ramos Brito, Romualda de Jesús Bruno, Álvaro Telles Zaferino, Yolanda Cruz Mosso y Abraham Ignacio López, desempeñan cargos de Síndico Procurador, Regidora de Obras Públicas Desarrollo Rural y Salud, Regidor de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Regidora de Educación y Grupos Étnicos, Regidor de Cultura, Deporte y Juventud, Regidora de Desarrollo Económico y Migrantes, Regidor de Participación Social y Equidad de Género, respectivamente, todos del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tlacoachistlahuaca, Guerrero. Atento a lo anterior, se considera que este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, es legalmente incompetente para tramitar y resolver el juicio de amparo a que se refiere el presente expediente, de conformidad con lo previsto por el artículo artículo 37, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Al interpretar la norma transcrita, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que dicho numeral contiene tres hipótesis distintas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, que se destacan en el orden siguiente: 1. Se caracteriza, porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia de un Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; supuesto que supone como condición necesaria que dicho acto es de aquellos que, después de su emisión, por su propia naturaleza requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. 2. Consiste en que para la determinación de la competencia del Juez de Distrito, ésta se establece en razón de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro; en este supuesto, tendrá competencia legal el Juez que haya prevenido para conocer de la demanda de amparo; y, 3. Deriva del último párrafo del precepto en estudio, que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese emitido el acto impugnado; como se observa, en este supuesto, basta que esté evidenciado en autos que la responsable emisora del acto que se reclama (cuando no requiera de ejecución material) radique dentro de ese ámbito territorial de jurisdicción del Juez Federal, para que éste sea el que válidamente deba conocer del juicio de garantías. Ahora, como se señaló con anterioridad, son los actos de ejecución los que determinan la competencia de los jueces de distrito, así, respecto de la primera regla competencial, que es la fundamental, es el lugar donde vaya a ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado lo que fija la competencia del juzgador, es decir, es juez competente aquel en cuya circunscripción territorial se ubique el sitio o lugar donde los actos de ejecución se vayan a realizar o se hayan realizado, sin que obste que los actos ordenadores o decisorios emanen de una autoridad cuya residencia no pertenezca a dicha circunscripción. Luego, para determinar la competencia de un Juez de Distrito en el conocimiento de un juicio de amparo donde se reclamen actos que tengan ejecución material, debe atenderse al lugar donde éstos se realicen o traten de realizarse, de manera que la residencia de la autoridad ordenadora es irrelevante para la fijación competencial, esto es, el sitio donde los actos reclamados vayan a ejecutarse materialmente o se ejecuten, es lo que establece la competencia de los Jueces de Distrito. En este contexto, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 37, párrafo primero de la Ley de Amparo, este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado, SE DECLARA LEGALMENTE INCOMPETENTE, al estimar que carece de idoneidad jurídica para conocer del asunto. Para demostrar la premisa anterior, conviene precisar que los promoventes del amparo, bajo protesta de decir verdad, refieren que el acto reclamado lo constituye la multa equivalente a la cantidad de $11,546.40 (once mil quinientos cuarenta y seis pesos 40/100 Moneda Nacional), impuesta por la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, en acuerdo de diecinueve de enero de la presente anualidad, al Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tlacoachistlahuaca, Guerrero, dentro del expediente TJA/SS/069/2018, del índice de la autoridad responsable. En este sentido, la multa impuesta por la Sala responsable, se traduce en un crédito fiscal que se impone con motivo del ejercicio de las funciones de derecho público, ante la inobservancia o incumplimiento de lo requerido por ese tribunal administrativo. Así, la multa impuesta como medida de apremio que se manda a hacer efectiva a través de la autoridad fiscal y ésta, iniciará el procedimiento económico coactivo; por tanto, la multa se convierte en un crédito fiscal exigible desde que nace y se hace exigible y el particular podrá impugnarla a través de los medios que la ley le concede. En tales condiciones, el procedimiento para efectuar el cobro de la multa es de naturaleza ejecutiva y se integra con una serie de actos administrativos que buscan hacer efectivo un derecho a favor del fisco, cuya existencia esté demostrada en un documento auténtico o título ejecutivo, por lo que éste, es indispensable para que se intente la vía en cuestión; dicho título se encuentra constituido necesariamente por una resolución de la autoridad fiscal. En consecuencia, la resolución que constituya el título que trae aparejada ejecución, se integra por el acto de la autoridad exactora que da certeza o define una situación legal o administrativa, esto es, la que determina la existencia de un crédito fiscal y da inicio al procedimiento administrativo de ejecución, el cual se configura a través del requerimiento de pago que debe notificarse al contribuyente, como requisito formal previo al referido procedimiento; pero no se constriñe a la que da nacimiento al crédito fiscal, representada por la resolución en que se impuso la multa por cantidad determinada. Como ya se adelantó, los peticionarios del amparo en el escrito de demanda, reclaman la multa equivalente a la cantidad de $11,546.40 (once mil quinientos cuarenta y seis pesos 40/100 Moneda Nacional), por lo que aún no ha comenzado a ejecutarse y sin que de la demanda de amparo se advierta que hayan señalado alguna autoridad ejecutora, por lo que hasta este momento se advierte con objetividad que la multa habrá de cobrarse en el lugar donde residen los peticionarios del amparo y donde además desempeñan diversos cargos en el Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tlacoachistlahuaca, Guerrero, por lo que es en esa localidad en donde en su momento, habrán de requerirle el pago del respectivo crédito fiscal, a través de cualquier autoridad administrativa que llegue a figurar como exactora encargada de su recaudación. No pasa inadvertido que los aquí quejosos, no señalaron autoridad ejecutora, sin embargo, es evidente que teniendo en cuenta el contexto del acto reclamado y los limitados hechos que exponen los quejosos en su demanda, es posible concluir que, hasta este momento se está en presencia de la impugnación de un acto que lleva implícita una eventual ejecución material en el municipio de Tlacoachistlahuaca, Guerrero. En atención a lo anterior, se cita la tesis aislada I.15o.A.41 K1, del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, titulada: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA UN ACTO SUSCEPTIBLE DE EJECUTARSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE VINCULE LA EJECUCIÓN, CON INDEPENDENCIA DE QUE ÉSTA NO SE RECLAME." De este modo, esta juzgadora de amparo, sostiene que en el presente asunto, aplica la norma general de competencia señalada en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, relativa a que el juez competente para conocer de la demanda, es el que tiene jurisdicción en el lugar en donde debe tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo que obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requiere de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora, como en el caso acontece, la competencia para conocer de la demanda presente de amparo, se surte a favor de un Juez de Distrito en Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Acapulco, quien ejerce jurisdicción en el lugar donde reside la autoridad que llevará a cabo la ejecución del oficio que se reclama como acto de aplicación. Ilustra lo expuesto la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 15 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Séptima Época, Volumen 65 segunda parte, del rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA POR CUANTO A LA EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Si bien es cierto que el artículo 36 de la Ley de Amparo previene que cuando sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, y que la jurisprudencia número 53 del Tomo de la Primera Sala del Apéndice de Jurisprudencia del Semanario Judicial de la Federación de 1917-1965, establece que son competentes para conocer de los amparos en contra de órdenes de aprehensión, los Jueces de Distrito que tengan jurisdicción en el lugar en donde deben ejecutarse tales órdenes, aunque las autoridades que las ejecuten residan en otros lugares sujetos a distinta jurisdicción, también lo es que la ejecución de las referidas órdenes no puede presumirse por el simple hecho de que el promovente del amparo haya signado su demanda en determinado lugar en un Estado, ni porque haya manifestado ser vecino de otra población del mismo estado, pues tal conclusión sería simplemente apreciativa del juzgador, pues para la ejecución del acto reclamado es necesaria la intervención de alguna autoridad responsable con residencia en la jurisdicción del Juez de Distrito, siendo evidente, por tanto, que sin el señalamiento de una autoridad ejecutora dentro de la jurisdicción del Juez de Distrito en tal Estado, no puede estimarse que la resolución correspondiente forzosamente deba ejecutarse en determinado lugar, pues bien podría una persona en contra de quien se dicte una orden de aprehensión cambiar de domicilio y signar escritos en diversos lugares." En esta tesitura, se estima que al tener el acto reclamado un efecto positivo, cuya ejecución se llevará a cabo en el municipio de Tlacoachistlahuaca, Guerrero, cuya jurisdicción corresponde a los Juzgados de Distrito con sede en Acapulco de Juárez, Guerrero; es decir, fuera de la jurisdicción de este Juzgado Federal, se actualiza la primera de las reglas de competencia que establece el artículo 37, de la Ley de Amparo vigente, por lo que, esta juzgadora Federal de es incompetente para conocer del presente juicio de amparo. Sin que sea óbice a lo anterior, que este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, haya prevenido en la demanda de amparo, en virtud que en el territorio que ejerce jurisdicción no tiene ejecución material el acto reclamado, ni es ejecutable, ni pretende ejecutarse, en los términos establecidos en los párrafos que anteceden. Máxime que sobre el tema, el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone: "Art. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) VII.- El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia;." La norma constitucional transcrita establece que la competencia por razón de territorio de los Jueces de Distrito, es a favor de quien tenga jurisdicción en el lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado en la demanda de amparo. Esta norma pretende facilitar al gobernado el acceso a la justicia constitucional, pues con la reforma constitucional y a la Ley de Amparo vigente, se prescindió de atender al lugar de residencia de las autoridades responsables como criterio para determinar la competencia por territorio de los Jueces de Distrito. En consecuencia, con apoyo en los artículos 37 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, en el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número a la Jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, este este Juzgado Federal declara carecer de competencia legal para conocer del presente asunto. En consecuencia, de conformidad con la circular DGGJ/002/2020, de diez de julio de dos mil veinte, de la Dirección General de Gestión Judicial de la Judicatura Federal, mediante oficio que se envíe al correo institucional, remítase copia simple de la papeleta de turno y de la demanda de amparo a la Jefa de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en Acapulco de Juárez, Guerrero, para que realice el turno correspondiente del juicio de amparo que se promueve y haga llegar a este juzgado Federal, la boleta de turno con el fin de conocer el órgano al que le fue asignado el asunto. Hágase del conocimiento al Jefe de la Oficina que conforme al punto 2, de la referida circular, la papeleta de turno no deberá remitirla al Juzgado de Distrito correspondiente, sino sólo a este órgano de control jurisdiccional requirente, para que una vez que el asunto se encuentre completamente integrado lo envíe a quien haya sido turnado. Por otra parte, téngase como domicilio de la parte quejosa el que señala en su demanda y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Eduardo Silva Vargas, Nayeli Urbano Juárez, Ana Gabriel Antúnez Núñez, Ernesto Romero Pastor, por haberse encontrado registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado del Consejo de la Judicatura Federal, que contiene el Registro Único de Profesionales del Derecho, únicamente para oír y recibir notificaciones a no así de Adamaris Silva Encarnación, Jesús Amado Silva Encarnación y Benjamín Brito Nava, por no contar con el requisito anterior. Asimismo, por señalados el correo electrónico consultoria.silvaantunez@gmail.com y el número telefónico que se proporcionan en el escrito de demanda, para el único efecto de entablar comunicaciones no procesales en caso de que éste órgano jurisdiccional lo estime necesario. La demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes y/o Firma Electrónica (FESE - FIREL). Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones de carácter personal de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de garantías, elevado a rango de garantía constitucional. De igual forma se le instruye para que al realizarlas se ajuste a los lineamientos establecidos en el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 antes citado. Se comunica a las partes que de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, citado en párrafos precedentes, todas las personas autorizadas para acceder a los expedientes judiciales, incluidas quienes actúen bajo el esquema físico, podrán consultarlo en su versión electrónica, en virtud de que el expediente electrónico será el que tenga validez para su consulta desde el Portal de Servicios en Línea, y quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente a consultarlo en los equipos de cómputo dispuestos para tal efecto, ya que la documentación recibida vía electrónica únicamente constará en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso, pues éste sólo servirá como referencia de los documentos recibidos físicamente. Las constancias de consulta que genere el sistema servirán como constancia de notificación, serán válidas y no necesitarán de certificación del Actuario, Secretario o funcionario, y se integrarán únicamente al expediente electrónico. Las listas de acuerdos quedarán a disposición del público usuario para su consulta en la página de internet del Consejo a través del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, y tienen validez legal suficiente, por lo que no es necesaria su posterior certificación para agregarse al expediente electrónico. En este contexto, se exhorta a las partes para que en cuanto les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. En la inteligencia de que, bajo ninguna circunstancia se obstaculizará la posibilidad de que las partes actúen y presenten promociones por medios impresos. El horario de atención al público en los órganos jurisdiccionales será de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos, y se realizará privilegiando el uso de medios electrónicos y soluciones digitales, tales como el teléfono y las videoconferencias, con excepción de la Oficialía de Partes. Las personas autorizadas para consultar un expediente electrónico podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren el aquél. Cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente, ya que el proceso de firmado electrónico les da la característica de inalterables. Para la consulta de las carpetas digitales y la práctica de notificaciones electrónicas, las partes deberán formular expresamente la solicitud respectiva, y tratándose de órganos estatales, contar con un convenio de interconexión o colaboración. Con apoyo en el artículo 138, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se autoriza a los Secretarios adscritos a este Juzgado Federal para firmar los oficios que deriven del presente juicio. Hágase saber a las partes que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis; así como el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expiden los Lineamientos Básicos para regular el procedimiento administrativo interno de acceso a la información pública, así como el funcionamiento y atribuciones del Comité de Transparencia del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de Diciembre de dos mil dieciséis. Notifíquese personalmente.
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