Felix González García
Expediente 463/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 5 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 463/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 21/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Felix González García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. En atención a la certificación secretarial que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia de veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto promovido por Félix González García, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones de rigor en el libro de gobierno electrónico de este propio juzgado, así como en el Sistema de Integración y Seguimiento de Expedientes (SISE), y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 20, fracción I, del ordenamiento en cita. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se negó la suspensión definitiva respecto de todos los actos reclamados, como se advierte de la resolución interlocutoria emitida por el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta localidad, en fecha once de abril de dos mil veintitrés, con fundamento en el artículo 20, fracción III, del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. Finalmente, el suscrito estima innecesario que continúen las constancias remitidas por la autoridad responsable 1. Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial XIX, con sede en San Andrés Tuxtla, Veracruz; con las cuales se ordenó formar un tomo de pruebas, en consecuencia, devuélvase a su lugar de origen, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese en términos de ley.
- Incidental
Boca del Río, Veracruz, veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. Es un hecho notorio para el suscrito que en los autos del juicio de amparo 463/2023, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: ".Boca del Río, Veracruz, veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. En atención a la certificación secretarial que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia de veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto promovido por Félix González García, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones de rigor en el libro de gobierno electrónico de este propio juzgado, así como en el Sistema de Integración y Seguimiento de Expedientes (SISE), y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 20, fracción I, del ordenamiento en cita. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se negó la suspensión definitiva respecto de todos los actos reclamados, como se advierte de la resolución interlocutoria emitida por el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta localidad, en fecha once de abril de dos mil veintitrés, con fundamento en el artículo 20, fracción III, del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. Finalmente, el suscrito estima innecesario que continúen las constancias remitidas por la autoridad responsable 1. Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial XIX, con sede en San Andrés Tuxtla, Veracruz; con las cuales se ordenó formar un tomo de pruebas, en consecuencia, devuélvase a su lugar de origen, para los efectos legales a que haya lugar." En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Con esta fecha se notifica por lista de acuerdos a FÉLIX GONZÁLEZ GARCÍA, en su carácter de parte quejosa en los autos del presente expediente, la sentencia autorizada de veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, que a la letra dice: "RESULTANDO PRIMERO. Demanda y turno. Por escrito presentado el tres de marzo de dos mil veintitrés en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta ciudad y turnado el mismo día al Juzgado Sexto de Distrito en Veracruz, la parte quejosa promovió juicio de amparo contra el acto que más adelante se precisará (fojas 13-16). SEGUNDO. Trámite. Por auto de seis de marzo siguiente, el titular del referido órgano jurisdicción acordó: admitir la demanda de amparo; dar la intervención que compete al fiscal de la Federación de su adscripción; requerir a la autoridad responsable su informe justificado y, reservar el emplazamiento de terceros interesados, hasta en tanto se conociera su identidad (fojas 20-22). El veinticinco de abril siguiente, se acordó: tener por rendido el informe justificado de la responsable; dar vista a las partes con el mismo y, emplazar al aludido juicio a las terceras interesadas (fojas 36-37). El ocho de mayo siguiente, se emplazó personalmente a la tercera interesada Rocío Ivonne Joaquín Montoya (foja 61 frente y vuelta) y, a través de oficio, se emplazó a la fiscal tercera interesada (foja 77). Mediante escrito presentado el dieciocho de mayo del año en curso, la tercera interesada compareció al juicio de amparo, pero no hizo valer motivo de improcedencia alguno (fojas 66-70). Luego, por auto de treinta de mayo del presente año, dicho órgano jurisdiccional acordó: declarar su incompetencia legal por razón de turno para seguir conociendo del asunto, derivado de la vinculación por conocimiento previo y, por tanto, ordenar su remisión directamente a este Juzgado Cuarto de Distrito, para continuar su conocimiento por relacionarse con el juicio de amparo 124/2021 del índice de este tribunal (fojas 78-83). Turnado el asunto a este órgano jurisdiccional (foja 1) en proveído de uno de junio siguiente, se acordó: aceptar la competencia por returno planteada; formar el expediente 463/2023; avocarse al conocimiento de la demanda de amparo; dar la intervención que compete al fiscal de la Federación adscrito; notificar a las partes la radicación del asunto y, fijar fecha y hora para la audiencia constitucional (fojas 92-96). Integrado el expediente, se llevó a cabo la audiencia constitucional en el horario y día señalados (foja 117). Hasta hoy no consta que las partes consintieran la publicación de sus datos personales. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I, 107, fracción XII, constitucionales, 37, primer párrafo y 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, reformado mediante el diverso Acuerdo General 4/2022, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de marzo de dos mil veintidós. Por la vía, pues se reclama una interlocutoria dictada en un proceso penal acusatorio que prorrogó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta al quejoso en el proceso penal de origen, susceptible de afectar su derecho fundamental de la libertad personal, impugnable en amparo indirecto. La materia (mixta) pues se actúa como órgano instructor en materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional en amparo indirecto en primera instancia. Y territorio, pues el acto reclamado tiene ejecución material en la circunscripción territorial de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Fijación de actos. Antes de verificar su certeza o inexistencia, se fija cuál es el acto reclamado. Al analizar en su integridad la demanda de amparo, se aprecia que consiste en: La interlocutoria de diez de febrero de dos mil veintitrés, dictada por el Juez de Control adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito XIX, en San Andrés Tuxtla, Veracruz, que prorrogó por seis meses más la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta al imputado quejoso en el proceso penal 7/2020, que se le sigue por el delito de feminicidio (Notificada personalmente al quejoso el mismo día de su emisión, según confesó en su demanda de amparo). Ahora, por cuestión de método, se analiza si ésta probada o no su existencia. TERCERO. Certeza de actos. Es cierto el acto reclamado al Juez de Control adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito XIX, en San Andrés Tuxtla, Veracruz, pues así lo reconoció al momento de rendir su informe justificado (fojas 34-35). Lo que se constata, pues dicho juzgador remitió copia auténtica de la interlocutoria reclamada (fojas 47-49) la cual tiene valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2. CUARTO. Improcedencia. Por ser de estudio preferente, se analiza la procedencia del juicio constitucional. En la especie, se estima que sobreviene el motivo de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo. Lo anterior debido a que el acto reclamado fue materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, promovido por el mismo quejoso, contra la misma autoridad responsable y respecto del propio acto, como a continuación se verá. MARCO NORMATIVO El artículo 61, fracciones X y XI, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior. (.)". (El subrayado se hace en esta sentencia) De la lectura del aludido numeral y fracciones de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio constitucional es improcedente cuando se actualice el siguiente supuesto: 1). La norma o acto que se reclamen en el juicio de amparo, son materia de otro juicio de amparo. 2). Ambos juicios hayan sido promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales que se aleguen sean diversas. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 90/2010 de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, que se lee: "LITISPENDENCIA EN AMPARO CONTRA LEYES AUTOAPLICATIVAS. EN SU CONFIGURACIÓN NO INFLUYE QUE EN LAS DEMANDAS PROMOVIDAS POR EL QUEJOSO CONTRA LAS MISMAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LAS MISMAS NORMAS, SE PRETENDA PROTEGER UN INTERÉS JURÍDICO DISTINTO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO). Conforme al indicado precepto legal, la causa de litispendencia entre dos juicios de amparo, que genera la improcedencia de uno de ellos, se encuentra condicionada a que: a) La ley o acto reclamado se cuestione simultáneamente en dos juicios de amparo; b) Los juicios estén pendientes de resolución, ya sea en primera o única instancia, o en revisión; y, c) Ambos juicios se hubiesen promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. En ese sentido, tratándose de juicios de garantías promovidos contra normas autoaplicativas, la causa de improcedencia referida se actualiza cuando se colman todos los requisitos enunciados, aunque las demandas relativas contengan distinta pretensión o causa de pedir, es decir, se promuevan con el ánimo de proteger un interés jurídico derivado de bienes o derechos diversos, pues además de que este último requisito no deriva del artículo 73, fracción III, de la Ley de Amparo, en el amparo contra leyes autoaplicativas o, inclusive, heteroaplicativas, los efectos de la sentencia concesoria se traducen en desincorporar de la esfera jurídica de la quejosa la aplicación de la ley, por lo que la protección constitucional que, en su caso, se otorgue en el primer amparo, necesariamente abarcará cualquier acto de aplicación de la ley y respecto de cualquier bien jurídico tutelado. Lo anterior, en el entendido de que, conforme al artículo 51 del indicado ordenamiento, el sobreseimiento procede respecto del juicio promovido en segundo lugar, pero debe decretarse dentro del primero y fuera de la audiencia, una vez sustanciado el procedimiento previsto en dicho numeral. Cabe precisar que la finalidad de esta causa de improcedencia es evitar que se emitan sentencias contradictorias, pues no es posible que en varios juicios se examine el mismo acto, ya que su constitucionalidad sólo puede juzgarse una vez." La finalidad de ese motivo de improcedencia es evitar que se emitan sentencias contradictorias, pues no es posible que en varios juicios de amparo se examine el mismo acto, ya que su constitucionalidad sólo puede juzgarse en una sola ocasión. Hasta aquí el marco normativo. ANTECEDENTES Conviene ahora establecer los antecedentes del acto reclamado: 1). En audiencia de doce de febrero de dos mil veinte, el Juez de Control y Enjuiciamiento adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito XIX, en San Andrés Tuxtla, Veracruz, impuso a Félix González García, la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa con vigencia de un año, en el proceso penal 7/2020 que se le sigue por el delito de feminicidio (fojas 1-2 del tomo único de pruebas). 2). En audiencia de dieciocho febrero de dos mil veinte, el Juez de Control y Enjuiciamiento adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito XIX, en San Andrés Tuxtla, Veracruz, vinculó a proceso al citado Félix González García en el referido proceso penal, por su participación probable en la comisión del delito de feminicidio, cometido en agravio Akary Cristal Cortes Joaquín (fojas 3-4 del tomo único de pruebas). 3). En audiencia de once de agosto de dos mil veintiuno, la entonces Jueza de Control en dicha ciudad, revisó la medida cautelar impuesta al quejoso y, resolvió prorrogarla por un año más (fojas 9-10 del tomo único de pruebas). 4). Asimismo, en audiencia de diez de febrero de dos mil veintidós, el Juez de Control en la citada ciudad, revisó la medida cautelar impuesta al quejoso en el proceso penal de origen y, resolvió prorrogarla por un año más (fojas 22-24 del tomo único de pruebas). 5). Inconforme con esa determinación, el imputado aquí quejoso hizo valer recurso de apelación, el cual correspondió conocer a la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Veracruz, quien al resolver el toca 499/2022, confirmó la extensión de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta al quejoso (fojas 47-51 del tomo único de pruebas). 6). Luego, en audiencia de diez de febrero de dos mil veintitrés, el Juez de Control responsable, revisó la medida cautelar impuesta al quejoso en el proceso penal de origen y, luego de escuchar a las partes y cerrar el debate respectivo, resolvió PRORROGARLA POR EL PLAZO DE SEIS MESES MÁS, fijando como vencimiento de ésta el doce de agosto del citado año (fojas 47-49 del juicio de amparo). Esta determinación constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. 7). La existencia de la demanda de amparo presentada el veintitrés de enero de dos mil veintitrés por Félix González García, en la que señaló como actos reclamados y autoridades responsables: "La determinación de veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, dictada por la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, en el Toca Penal 499/2022, en la cual se confirmó la resolución de diez de febrero de dos mil veintidós, dictada por la Juez de Control y Enjuiciamiento del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral Sala del XIX Distrito Judicial de San Andrés Tuxtla, Veracruz, dictada en el proceso penal 7/2020, mediante la cual se amplió la vigencia de la medida cautelar de prisión Preventiva Oficiosa decretada al aquí quejoso por el tiempo que demorara la tramitación de dicho juicio hasta su conclusión. La ejecución de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa dictada dentro de los autos del proceso penal 7/2020 del índice del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal del XIX Distrito Judicial de San Andrés Tuxtla, Veracruz." 8). La admisión de dicha demanda y, radicación del juicio de amparo 445/2023 del índice de este Juzgado, donde el veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, se dictó sentencia en la que se concedió la protección constitucional solicitada para los efectos de que: "1) Deje insubsistente la interlocutoria de veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, dictada en el toca penal 499/2022, en la que confirmó la resolución de diez de febrero de dos mil veintidós, dictada en el proceso penal 7/2020 del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral de San Andrés Tuxtla, Veracruz. 2) En su lugar dicte una nueva interlocutoria en la que se ordene reponer el procedimiento de revisión de medida cautelar en el proceso penal 7/2020 del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral de San Andrés Tuxtla, Veracruz. De manera que el Juez de Control: En el plazo de veinticuatro horas fije una audiencia de revisión de la medida cautelar impuesta en la causa penal de mérito, en la cual deje insubsistente la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta al quejoso. Acto seguido dé intervención a la Fiscalía del Estado y las demás partes para que expongan lo que en derecho estime pertinente; y, Hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción determine lo que legalmente proceda. En el entendido que no podrá imponer de nueva cuenta la prisión preventiva oficiosa la cual -por los motivos ya expresados- resulta inconvencional y en su podrá aplicar cualquiera de las medidas previstas en las fracciones I al XIV que estime pertinente o combinación de éstas (excepto en el caso de la prisión preventiva justificada que no puede ser combinada con alguna otra). Asimismo, en el caso que, previa petición de la Fiscalía, estime necesario la imposición de prisión preventiva justificada al considerar que las demás medidas disponibles no sean suficientes para alcanzar el objetivo buscado (asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo, o evitar la obstaculización del procedimiento) la misma deberá estar debidamente fundada y motivada en las condiciones del caso, tomando en consideración como dato relevante el lapso de tiempo que el quejoso ha permanecido sujeto a prisión preventiva oficiosa. Concesión de amparo que se hace extensiva a la ejecución del acto reclamado, que atribuye a las autoridades ejecutoras, por ser consecuencia directa de la resolución reclamada, al ser el juez de control el que deberá realizar la revisión de medida cautelar; esto, con base en la jurisprudencia del entonces Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, de rubro y texto:." Información que, si bien no consta en autos, es apta para motivar la presente resolución, dado que se obtuvo de la página electrónica que el Poder Judicial de la Federación utiliza para poner a disposición del público sus acuerdos y resoluciones, lo que constituye un hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; de ahí que sea válido que se invoque de oficio lo publicado en ese medio electrónico. Cobra aplicación la tesis de jurisprudencia P./J. 74/2006, del Pleno del Máximo Tribunal del País, de rubro: "HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO." así como la tesis XX.2o.33 K del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, de rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LA PÁGINA ELECTRÓNICA QUE EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN UTILIZA PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR." Hasta aquí los antecedentes. SUBSUNCIÓN Como puede observarse, el acto reclamado en el presente juicio de amparo consiste en la prórroga decretada el diez de febrero de dos mil veintitrés, por el Juez de Control adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito XIX, en San Andrés Tuxtla, Veracruz, respecto de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa contra el quejoso por seis meses más, vigente a partir del diez de febrero de dos mil veintitrés, con vencimiento el doce de agosto siguiente, a fin de que continúe privado de su libertad en el centro penitenciario donde guarda actual reclusión. De lo anterior se advierte que la resolución aquí reclamada se refiere a la continuación de la aplicación de la figura de prisión preventiva oficiosa del imputado quejoso en el proceso penal 7/2020 que se le sigue en el aludido juzgado por el delito de feminicidio. En el caso específico, se considera que existen circunstancias que impiden el ejercicio de la acción de amparo, dado que mediante resolución de veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, dictada en el diverso juicio de amparo 445/2023 del índice de este propio órgano jurisdiccional, se otorgó la protección constitucional solicitada, para el efecto de que se deje insubsistente la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta al quejoso en el proceso penal 7/2020 del índice del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito XIX, en San Andrés Tuxtla, Veracruz, con la precisión que no se podrá imponer de nueva cuenta dicha medida cautelar al resultar ésta inconvencional. Dicha circunstancia no puede ser desconocida en modo absoluto en este nuevo juicio de amparo, ya que prevalece y subsiste la cosa juzgada sobre la aplicación en contra del quejoso de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa que restringe su libertad personal en el mismo proceso penal de origen y materia de ambos juicios de amparo, esto es, del juicio de amparo 445/2023 y de este juicio. Lo anterior porque la resolución dictada en el aludido juicio de control constitucional no puede ser afectada o variada. Lo que se sostiene, debido a la información obtenida de la página electrónica que el Poder Judicial de la Federación utiliza para poner a disposición del público sus acuerdos y resoluciones y que se relataron en el apartado de los antecedentes, de donde se colige que la aplicación en la persona del quejoso de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en el mismo proceso penal, ya fue materia de análisis y pronunciamiento en el diverso juicio de amparo 445/2023 del índice de este propio juzgado. De tal suerte, que lo reclamado por el aquí quejoso en la demanda de amparo que dio origen a este juicio, consistente en la interlocutoria de diez de febrero de dos mil veintitrés, dictada por el Juez de Control adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito XIX, en San Andrés Tuxtla, Veracruz, en realidad se trata de la continuación y aplicación que ha venido sufriendo sobre su persona de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta en el proceso penal 7/2020, acorde con lo considerado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 44/2022 (11a.) que se lee: "ESTUDIO CONSTITUCIONAL DE LA PRISIÓN PREVENTIVA EN EL JUICIO DE AMPARO. NO SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXI, DE LA LEY EN LA MATERIA, CUANDO EL ACTO RECLAMADO HA SIDO LA IMPOSICIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA, AUN SI SOBREVIENE UNA RESOLUCIÓN DE REVISIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES QUE LA CONFIRMA. Hechos: Los tribunales contendientes llegaron a conclusiones opuestas sobre la procedencia o no del juicio de amparo, en términos del artículo 61, fracción XXI, de la ley en la materia, referente a la cesación de efectos, cuando el acto reclamado es la imposición de la prisión preventiva en el proceso penal y sobreviene una resolución de revisión de medidas cautelares que la deja subsistente. Criterio jurídico: Cuando en el juicio de amparo se reclama la imposición de la prisión preventiva, aun cuando luego sobrevenga una revisión de medidas cautelares y se resuelva mantener su subsistencia en el proceso penal, esto no hace improcedente el estudio constitucional de la prisión preventiva reclamada de origen, precisamente, porque no ha sido modificada ni revocada, sino que la misma permanece y sigue afectando a la persona que la sufre. Justificación: La medida cautelar de prisión preventiva debe ser revisada en el proceso penal, tanto por su propia naturaleza como por su especial gravedad y excepcionalidad; esto implica que puede o no mantenerse. Así, si la imposición de la prisión preventiva fue impugnada en el juicio de amparo, es claro que cuando se ha resuelto su subsistencia bajo su revisión por la autoridad en el proceso penal, resulta procedente su estudio conforme al parámetro de control de regularidad constitucional. Por ello, se impone a los tribunales de amparo un mayor y estricto escrutinio en el estudio constitucional de esta grave y excepcional medida cautelar, desde el origen de la prisión preventiva como acto reclamado y cuando precisamente subsiste en el proceso penal en perjuicio de la persona que instó la acción constitucional. Esta Primera Sala ya ha interpretado la causal de improcedencia correspondiente a la cesación de efectos del acto reclamado, concluyendo que no basta que la autoridad responsable modifique tal acto, sino que es necesario que destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que la cesación no deje huella que amerite ser reparada por la protección constitucional. Por consecuencia, si la prisión preventiva subsiste, resultaría un contrasentido desestimar su estudio constitucional cuando sea revisada eventualmente en el proceso penal, pero finalmente mantenida en perjuicio de la persona que la resiente al estar interna en un centro de reclusión." Lo cual resulta inmodificable, pues este órgano de control constitucional no puede examinar nuevamente la aplicación de dicha medida cautelar en el aludido proceso penal, porque ya fue analizada en otro juicio de amparo promovido por el mismo quejoso. Se cita como apoyo de lo anterior, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 40/2008 que se lee: "ORDEN DE APREHENSIÓN. SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, RELATIVA A LA COSA JUZGADA, CUANDO LA ORDEN RECLAMADA YA FUE MATERIA DE UN DIVERSO JUICIO DE GARANTÍAS, AUNQUE SE ALEGUE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. Acorde con el artículo 73 de la Ley de Amparo, el estudio de las causales de improcedencia es de oficio y de orden público. Por otra parte, para que opere la causal a que se refiere la fracción IV del citado precepto legal, el amparo debe interponerse por el propio quejoso contra las mismas autoridades y acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diferentes. En congruencia con lo expuesto, se concluye que cuando se promueve un juicio de amparo contra una orden de aprehensión que ya fue materia de un diverso juicio de garantías, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción IV, de la Ley de la materia, aunque se alegue como violación la prescripción de la acción penal. Sin que sea óbice a lo anterior, lo establecido en el artículo 183 de la Ley citada, pues conforme a su correcta interpretación, en los asuntos del orden penal la violación consistente en la extinción de la acción persecutoria es de estudio preferente a cualquier otra cuestión de fondo o violación procesal. De ahí que sea incorrecto sostener que dicho artículo permita analizar la prescripción de la acción penal previo al estudio y acreditamiento de la procedencia del juicio de amparo, pues además de que tal extremo no puede desprenderse del propio numeral, estimar lo contrario, es decir, que el estudio de la prescripción de la acción penal es previo al de las causas de improcedencia, haría procedente el amparo en tal aspecto (aunque ya sea cosa juzgada), otorgándole la naturaleza de un recurso ordinario en el proceso penal, aunque evidentemente no lo sea." Sin que obste a conclusión aquí alcanzada que el acto reclamado en el presente juicio de amparo consta en un actuación autónoma, esto es, en la interlocutoria de diez de febrero de dos mil veintitrés, dictada en el proceso penal de origen, donde el juez responsable reiteró que se debía prorrogar por seis meses más la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta al imputado quejoso. Esto es así, ya que si bien tal interlocutoria se erige como un nuevo acto, lo cierto es que el mismo solo constituye una reiteración de la aplicación en la persona del quejoso de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta en su contra en el aludido proceso penal; de ahí que dicha resolución se vea afectada de la eficacia refleja de la cosa juzgada derivada del juicio de amparo 445/2023, lo que implica que ya no puede ser objeto de controversia y decisión en dos o más sentencias de amparo. Sirve de respaldo la tesis II.3o.P.2 P (10a.) del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, que se lee: "EFICACIA REFLEJA DE LA COSA JUZGADA EN MATERIA PENAL. HIPÓTESIS EN QUE SE ACTUALIZA. Acorde con diversos criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se obtiene que la cosa juzgada en el juicio de garantías implica que lo resuelto por la autoridad federal ya no puede ser objeto de controversia y decisión en dos o más sentencias de amparo, pues se produciría una infinidad de juicios sobre la misma materia en detrimento de la seguridad jurídica. Por su parte, la eficacia refleja de la cosa juzgada en materia penal se actualiza en los casos donde el acto reclamado, si bien no fue materia de resolución definitiva en un juicio de garantías anterior, sí guarda vinculación estrecha, por cuanto se trata de actuaciones derivadas de la misma causa, con el mismo fin jurídico y con efectos materiales iguales. Atento a lo anterior, cuando en un diverso juicio de amparo, el Juez de Distrito examina la orden de aprehensión por el delito de cohecho y concluye que la conducta no se surte, porque inadvierte que el accionante haya realizado un acto u omisión relativo a sus funciones, con motivo de los hechos narrados, es inconcuso que conforme al principio de cosa juzgada refleja, la autoridad de primera instancia no estaba en posibilidad (con base en los mismos hechos y pruebas), de examinar el perfeccionamiento de la pretensión punitiva y dictar nueva orden de aprehensión contra el quejoso por el mismo delito, porque si bien es cierto que el acto aquí reclamado no es consecuencia directa del cumplimiento derivado de diverso amparo, también lo es que lo resuelto en otro juicio de garantías impacta y trasciende en la nueva determinación, en la medida de que previamente quedó definido que la conducta delictuosa -la cual deriva de los mismos hechos y pruebas-, no es parte de las funciones que tenía encomendadas el quejoso como agente policiaco." (Lo subrayado es de esta sentencia) Pues además, se advierte que en la sentencia dictada en el juicio de amparo 445/2023, se realizó un pronunciamiento respecto del acto reclamado en el presente juicio de amparo, en el sentido que: ".Sin que sea obstáculo para lo anterior, que dentro de las constancias relativas del proceso penal 7/2020 del índice del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial número XIX con sede en San Andrés Tuxtla, Veracruz, se advierte que el diez de febrero de dos mil veintitrés, el titular de dicho órgano dictó resolución en la que se prorrogó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa aplicable a Félix González García por seis meses adicionales. Esto es así, puesto que la nueva resolución no implica la cesación de los efectos de la medida cautelar impugnada, sino la extensión de la misma, máxime que las razones que la sustentan son las mismas que se invocaron en la resolución de diez de febrero de dos mil veintidós, de ahí que el estudio de las razones para la continuación de los efectos de la medida en cita es procedente.." Dicho pronunciamiento abona a estimar que el acto reclamado en el presente juicio de amparo se ve afectado de la eficacia refleja de la cosa juzgada derivada del juicio de amparo 445/2023. Finalmente, se destaca que las jurisprudencias y tesis que se citaron en esta sentencia y que se originaron con anterioridad a la Décima Época, aun así son aplicables a la Ley de Amparo vigente, en tanto que no se opongan a la misma, conforme lo establece su transitorio sexto. CONCLUSIÓN Sobre el contexto anteriormente narrado, es claro que se concreta el motivo de improcedencia aquí analizado. Por tanto, con apoyo en la fracción V, del numeral 63, de la Ley de Amparo, se sobresee en este juicio de amparo. Al decretarse el sobreseimiento en el asunto, no resulta permitido el estudio de los conceptos de violación. Expedición de copias. Con apoyo en los artículos 17 Constitucional y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, expídase a costa de las partes una copia simple o certificada de esta sentencia, según lo soliciten al momento de comparecer, previa razón de entrega y recibo que se otorgue en autos. Supresión de datos sensibles. Ante la oposición de la parte quejosa de la publicación de sus datos personales, en términos de los preceptos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia y, ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento que se señala la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Félix González García, contra el acto reclamado y por la autoridad responsable, por las razones apuntadas en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles de las partes en la publicación de esta determinación. Notifíquese en términos de ley. " Firmas electrónicas.
- Principal
Con esta fecha se notifica por este conducto a la parte quejosa el proveído de uno de junio de dos mil veintitrés, mismo que a la letra dice: Agréguese el oficio signado por el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Boca del Río, por medio del cual remite por conocimiento previo, el juicio de amparo 160/2023 de su índice administrativo, promovido por Félix González García, contra actos del Juzgado de Control adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XI Distrito Judicial, con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz. Por tanto, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, el suscrito ACEPTA EL RETURNO PLANTEADO POR CONOCIMIENTO PREVIO, en razón de la existencia del diverso juicio de amparo 124/2021, del índice de este juzgado, promovido por Gerardo García Hernández y Félix González García, en el que se advierte que en ambos juicios de amparo se promovieron por el mismo quejoso y otro más diferente, y el tema materia de la litis radica en que derivan del mismo proceso penal 7/2020, del índice del Juzgado de Control adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XI Distrito Judicial, con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz. Esto es, el mismo asunto que da origen al acto reclamado en el juicio de amparo cuya competencia se plantea al suscrito. Acúsese recibo. Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 463/2023. Háganse las anotaciones correspondientes y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). HABILITACIÓN DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Se solicita al juez declinante que de no tener inconveniente, habilite y relacione el expediente electrónico del juicio de amparo 160/2023 e incidente de suspensión relativo al mismo, al presente juicio de garantías 463/2023, a fin de que pueda ser consultado por las partes a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) instaurado por el Consejo de la Judicatura Federal. NOTIFICACIÓN A LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN En mérito de lo anterior, infórmese a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta Ciudad, sito en este edificio, que este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento del presente asunto, a fin de que realice el movimiento de captura correspondiente, y de esta manera se equilibren las cargas de trabajo entre los diversos Juzgados de Distrito con sede en esta ciudad. NOTIFICACIÓN AL FISCAL ADSCRITO DE LA FEDERACIÓN Con apoyo en el artículo 5º fracción IV de la Ley de Amparo, dese intervención al Ministerio Público de la Federación, y córrasele traslado con copia de la demanda. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Con base en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado; se señalan las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL ONCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. INFORME JUSTIFICADO Y CONSTANCIAS Sin que sea necesario requerir el informe justificado a la autoridad aquí responsable, puesto que dicha autoridad ya lo rindió; por tanto, con fundamento en el artículo 117, de la Ley de Amparo, téngase por rendido su INFORME JUSTIFICADO, sin que proceda dar vista a las partes con los mismos por el plazo de ocho días, en razón de que ya fue dada previamente ante el juzgado que previno en el conocimiento del asunto, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional como lo ordena el artículo 124 de la ley de la materia. Ahora, en relación al expediente que remite la autoridad oficiante, y debido a lo voluminoso del mismo que se anexó, fórmese un cuaderno de pruebas correspondiente, para el mejor manejo del presente asunto. APERCIBIMIENTO AUTORIDADES En el entendido de que la autoridad responsable se encuentra obligada a recibir los oficios que se le envían y en caso de que no correspondan a su denominación correcta o ésta sea incompleta, pero sí existe la autoridad, deberá comunicarlo por escrito a este juzgado con su informe justificado. En ese sentido, se hace saber que si una autoridad se niega a recibir un oficio, sin causa justificada, se tendrá por hecha la notificación de conformidad con el artículo 28 fracción I de la Ley de Amparo, siendo responsable de toda consecuencia legal; asimismo, con fundamento en el artículo 245 de la ley en cita, se le impondrá multa de cien hasta mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) según sea el caso, de conformidad con la fracción II, del artículo 260 de la Ley de Amparo. NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Se hace del conocimiento de la autoridad responsable, que de conformidad con los numerales 28, fracciones I y II, y 29 de la Ley de Amparo, a fin de optimizar los recursos materiales, únicamente le serán notificadas por oficio, las determinaciones previstas como personales para las demás partes, así como aquellas que por la trascendencia de su contenido lo ameriten; en tanto, que los acuerdos de trámite de menor importancia se le notificarán por lista de acuerdos. Ahora bien, tomando en consideración que el segundo de los artículos citados en el párrafo que antecede, prevé que en los juicios de amparo, las notificaciones por lista de acuerdos se harán en una que se fije y publique en el local del órgano jurisdiccional, en un lugar visible y de fácil acceso, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, se informa a la autoridad responsable que en la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal www.cjf.gob.mx o bien, mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx puede realizar la consulta de dicha lista, así como la información del expediente que se encuentra capturada dentro del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J 176/2012 (10a.) de a Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, página 1253, registro 2002576. PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Con fundamento en el artículo 4°, párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se significa a la autoridad responsable que no es necesario acusar recibo de notificaciones, salvo en los casos que expresamente este Juzgado de Distrito así lo solicite; lo anterior, para tratar de reducir los niveles de contaminación, lo cual se logrará con la disminución progresiva del consumo de papel, tinta, energía eléctrica y recursos económicos en mensajería oficial y telegráfica; máxime que con ello no se causa perjuicio a las partes. CAUSAS DE SOBRESEIMIENTO Por otro lado, requiérase a las partes que en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo, informen a este Juzgado cuando se haya actualizado alguna causa de sobreseimiento; por tanto, de ser el caso, deberá remitir de inmediato copias certificadas de las constancias respectivas; advertidos de que en caso de no hacerlo, se les impondrá además multa de cien hasta mil días de acuerdo al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de conformidad con el artículo 251 de la Ley de Amparo. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Ahora, toda vez que de las constancias anexas con que se da cuenta, se advierte que remite el incidente único relativo al juicio de amparo 160/2023 de su índice administrativo; por tanto, se ordenar formar el cuaderno incidental vinculado al juicio de amparo 445/2023 del índice de este Juzgado, por lo que se ordena agregar la carátula correspondiente al incidente de suspensión único, sin previo acuerdo. TERCEROS INTERESADOS Con fundamento en el artículo 5º, fracción III, inciso c) de la Ley de Amparo, se tienen en su carácter de tercero interesada a Rocío Ivonne Joaquín Montoya, quien tiene su domicilio ubicado en calle Primero de Mayo, número mil trescientos setenta y seis (1376), entre las calles de Alacio Pérez y Juan Enríquez, colonia Centro, en Veracruz, Veracruz. Asimismo, en términos del artículo 5°, fracción III, inciso e) de la Ley de Amparo, le asiste el carácter de tercero interesado en este asunto al Fiscal Primera Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas en la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XIX Distrito Judicial, en San Andrés Tuxtla, Veracruz. Sin que haya lugar a ordenar su emplazamiento, puesto que de las constancias que anexó el Juez homólogo, se advierte se ordenó su emplazamiento, y obra en autos el acuse de recibo de la notificación al Fiscal en su carácter de tercero interesado. Ahora, se ordena notificar el presente acuerdo a la tercera interesada Rocío Ivonne Joaquín Montoya, por conducto de cualquiera de las personas que fungen como actuarios adscritos a este Juzgado, en el domicilio que señaló para tal efecto y que fue acordado de conformidad por el juzgado declinante mediante proveído de diecinueve de mayo de la presente anualidad. Indíquese a los actuarios judiciales adscritos a este Juzgado, que con apoyo en lo establecido en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se le habilita en días y horas inhábiles para que se constituya en el domicilio antes indicado, a fin de que realice la notificación encomendada. Por lo que respeta al restante tercero interesado Fiscal Primera Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas en la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XIX Distrito Judicial, en San Andrés Tuxtla, Veracruz, se ordena notificar mediante oficio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 fracción II inciso b) de la Ley de Amparo. AUTORIZADOS Ténganse como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************y********************puesto que acreditan la calidad de licenciados en Derecho, al tener sus cédulas registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Asimismo, téngase únicamente como autorizados para oír notificaciones e imponerse de autos, conforme al segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las restantes personas que autoriza; dado que no se encontró registro de su cédula en el aludido Sistema. DOMICILIO PROCESAL Asimismo, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el precisado en el escrito de demanda. APERCIBIMIENTO DE NOTIFICACIÓN Hágase de su conocimiento que en caso de que el domicilio proporcionado resulte inexacto por no existir o, existiendo, no corresponda a la persona buscada, previa razón actuarial que haga constar dicha circunstancia, conforme al artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, la notificación se practicará por lista de acuerdos, así como las subsecuentes, incluso las de carácter personal, hasta en tanto señale nuevo domicilio en esta ciudad, cierto y exacto para tal efecto. En relación al correo electrónico que proporciona, así como número de teléfono, dígasele que no ha lugar a tener por autorizado dichos medios alternativos para practicar notificaciones, en virtud de que el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, de trece de octubre de dos mil veintidós, con vigencia a partir del siete de noviembre del mismo año, abrogó los acuerdos de contingencia por Covid-19 que preveía esos medios alternativos. EXHORTO PARA LA PROMOCIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA Tomando en consideración el presente asunto fue promovido físicamente, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema de juicio en línea, de conformidad con el artículo 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En mérito de lo anterior, se indica a las partes que a fin de poder consultar las constancias de este asunto, notificarse y promover electrónicamente es necesario que se registren ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea) y soliciten el acceso al expediente electrónico proporcionado el usuario establecido, y contar con "e.firma" o "FiREL". LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna, antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconforme con la divulgación de sus datos personales. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE APARATOS ELECTRÓNICOS Hágase del conocimiento de las partes, que desde este momento se habilita la expedición de copias de las constancias que se deriven del presente asunto, sin que se requiera de previa promoción, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de esta última ley, en los términos que lo soliciten, previa constancia que por su recibo se deje en el expediente, conforme lo permitan las labores de este Juzgado, siempre y cuando obren en autos las constancias cuyas copias se soliciten, y que no preexista o sobrevenga algún impedimento material o legal para la expedición de dichas copias; asimismo, como lo dispone la Circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se les permite a las partes imponerse de los acuerdos dictados en el presente asunto, mediante el uso de aparatos electrónicos. Notifíquese en términos de ley.
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