Felix García Jijón y Otros.

Expediente 1125/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1125/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
25/10/2022

Partes del expediente

  • Felix García Jijón y Otros.
  • Felix García Jijón

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de octubre de dos mil veintidós. Vistos los autos y la certificación que antecede; se advierte que trascurrió el plazo de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el auto que desechó de plano la demanda de amparo, sin que la parte promovente haya interpuesto dicho medio de impugnación; en consecuencia, con apoyo en el numeral 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición de su artículo 2º, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. En razón a lo anterior, archívese el presente asunto como concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo y Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Con apoyo en el artículo 21, inciso d), del referido Acuerdo, se considera que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que se desechó de plano la demanda de amparo; asimismo, no es de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo en cita; hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente, para los efectos legales procedentes. Consecuentemente, una vez que transcurran TRES AÑOS, contados a partir de esta fecha en que se ordena el archivo del asunto, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del expediente, en términos de los artículos 21, penúltimo párrafo, 22, 23 y 24 del Acuerdo General antes citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de septiembre de dos mil veintidós. De la demanda. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se recibe la demanda de amparo indirecto promovida por Félix García Jijón, César García Cerero y Jesús Ramón Velásquez Espinosa, contra actos de la Directora de Recursos Humanos del Gobierno del Estado de Oaxaca, y otra autoridad; regístrese en libro de Gobierno de este Juzgado de Distrito bajo el número 1125/2022 y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); y fórmese el expediente electrónico e impreso respectivo. Análisis del escrito de demanda. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto, examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En el caso, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 1°, fracción I, y 5, fracción II, con relación en el diverso 61, fracción XXIII, todos de la Ley de Amparo, ya que, en el caso que nos ocupa, respecto al acto que por esta vía se reclama, las señaladas como responsables Directora de Recursos Humanos del Gobierno del Estado de Oaxaca y la Coordinación General del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo (COPLADE) del Gobierno del Estado de Oaxaca, no tienen el carácter de autoridades responsables para efectos del presente juicio de amparo. Los numerales citados, en lo conducente establecen: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: --- I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte (.)." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: --- II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas (.)." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: --- XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley (.)." Conforme a los preceptos legales transcritos, la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada a que los actos, leyes, reglamentos o tratados que se reclamen provengan de autoridad, entendiéndose por tal, aquélla que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado, actuando en forma individualizada por medio de facultades decisorias y que, con base en disposiciones legales o de hecho, pretende imponer obligaciones, modificar las existentes o limitar los derechos de los particulares; de tal suerte, que si los actos que se reclaman en un juicio de amparo no se atribuyen a un ente de autoridad con las características antes señaladas, éste resulta improcedente. Así, congruente con la doble personalidad del Estado, sólo podrá legalmente ser considerada autoridad para los efectos del amparo, la que actúe con imperio, como persona de derecho público, cuyo acto, satisfaga las características de unilateralidad, imperatividad y coercitividad. Es ilustrativa a lo antes puntualizado, la tesis aislada P. XXVII/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo V, Febrero de 1997, materia común, de rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO". Así como la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2a. CCIV/2001, página 39, tomo XIV, noviembre de 2001, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS" Por tanto, el concepto de autoridad responsable debe concebirse, fundamentalmente, por exclusión, de los actos de particulares; así, resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro, para ello, es preciso atender a las relaciones jurídicas de coordinación y de supra a subordinación. Las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales, éstos actúan en un mismo plano, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva, de este tipo de relaciones, es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente, se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior frente a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Es de particular importancia destacar, del análisis de la demanda de amparo y, escritos de petición que anexan a la misma, se advierte que la parte promovente, reclama de la Directora de Recursos Humanos del Gobierno del Estado de Oaxaca y de la Coordinación General del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo (COPLADE) del Gobierno del Estado de Oaxaca: La omisión o falta de respuesta a sus peticiones formuladas por escrito y en forma respetuosa presentadas a través de la oficialía de partes de esas dependencia, el veintisiete de junio del mil veintidós, ante la Dirección de Recursos Humanos del Gobierno del Estado de Oaxaca; y el doce de julio del mismo año ante la Coordinación General del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo (COPLADE) del Gobierno del Estado de Oaxaca, mediante los cuales solicitan se les expida una constancia de no adeudo y aviso de baja, por los servicios laborales que prestaron en el Gobierno del Estado a través de la Coordinación General del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo (COPLADE), documentos que se les solicita como requisito para el trámite de recuperación de fondos aportados a la Oficina de Pensiones del Estado del Gobierno del Estado. De igual forma, en su escrito de demanda, bajo protesta de decir verdad, en lo que ahora interesa, manifiesta: "(.) IV.- ACTO O ACTOS RECLAMADOS: La omisión o falta de respuesta a nuestras peticiones formuladas por escrito y en forma respetuosa, presentadas a través de la oficialía de partes de esas dependencias de: La Dirección de Recursos Humanos del Gobierno del Estado de Oaxaca el día 27 de junio de 2022 y en la Coordinación General del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo (COPLADE) del Gobierno del Estado de Oaxaca el día 12 de julio de 20222. HECHOS Y ABSTENCIONES V.- Bajo protesta de decir verdad manifestamos que los HECHOS Y ABSTENCIONES que constituyen el ACTO RECLAMADO son ciertos y que se hacen consistir en: 1. Somos ex empleados del Gobierno del Estado de Oaxaca, como los acreditamos con la copia certificada notarialmente de los nombramientos que nos fueron otorgados como empleados de confianza adscritos a la Coordinación General del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo (COPLADE) y dentro del trámite de recuperación de fondos aportados a la oficina de pensiones del Gobierno del Estado, se nos pide como requisito, presentar el documento consistente en el aviso de baja o cédula de baja tanto de la Dirección de Recursos Humanos del Gobierno del Estado de Oaxaca como de la Coordinación General del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo (COPLADE) del Gobierno del Estado de Oaxaca. 2. Por lo que, como lo acreditamos con la copia certificada notarialmente de los acuses de recibo que anexamos a la presente, mediante escritos que fueron presentados en la oficialía de partes en fecha 27 de junio de 2022, de manera respetuosa solicitamos a: a) A la Directora de Recursos Humanos del Gobierno del Estado de Oaxaca, que se nos expidiera constancia de NO ADEUDO Y AVISO DE BAJA, por los servicios laborales que prestamos al Gobierno del Estado a través de la Coordinación General del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo (COPLADE), por lo que en la misma fecha de 27 de junio de 2022, esta autoridad nos expidió la constancia de no adeudo, sin embargo, omitió expedirnos la constancia de aviso de baja. Donde a partir de esa fecha, no obstante, las múltiples gestiones y peticiones que hemos realizado, esa institución se ha negado rotundamente a expedirnos el documento solicitado de aviso de baja. b) Al Coordinación General del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo (COPLADE) del Gobierno del Estado de Oaxaca, solicitamos que se nos expidiera CÉDULA (O AVISO) DE BAJA, por los servicios laborales que prestamos al Gobierno del Estado a través de la Coordinación General del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo (COPLADE), sin embargo, hasta la fecha, no obstante, las múltiples gestiones, esa institución se ha negado expedirnos el documento solicitado de cédula o aviso de baja. (.)" De ahí que, se advierte que los escritos de los que derivan las omisiones reclamadas, la parte quejosa eleva su petición en el contexto de la relación laboral que aducen haber mantenido con la Coordinación General del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo (COPLADE) del Gobierno del Estado de Oaxaca, en el que además, solicitan se les expida una constancia de no adeudo y aviso de baja, por los servicios laborales que prestaron en el Gobierno del Estado; lo cual, hace evidente que la petición formulada deriva de una relación laboral con las autoridades responsables, como se advierte de las propias manifestaciones de la parte quejosa, las cuales constituyen una confesión que hacen prueba plena, conforme a lo establecido por los artículos 95, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°. No óbice, que los propios quejosos manifiestan que son ex empleados de dicha dependencia, sin embargo, la petición realizada la formulan en atención a esa relación laboral que mantenían. Por ende, se estima que su solicitud está dirigida a entes que carecen de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que aun cuando de conformidad con la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, dichas autoridades pertenecen a la Administración Pública Centralizada, dependiente del Poder Ejecutivo, un organismo estatal que realiza funciones de autoridad administrativa; sin embargo, en el caso, la petición y solicitud realizada por la parte quejosa, no va encaminada a las funciones que como autoridades tienen encomendadas, sino que aquélla deriva de una relación en un plano de igualdad y no de supra a subordinación. De lo que se colige que dichos entes, no cuenta con el poder público o facultades de imperio respecto de la parte impetrante del amparo para crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas de forma unilateral y obligatoria, pues la solicitud de la parte quejosa, se realizó con motivo de la relación laboral que los unía con la Coordinación General del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo (COPLADE) del Gobierno del Estado de Oaxaca. Por consiguiente, la naturaleza de la relación existente entre el gobernado y el servidor público es preponderante para la existencia del derecho de petición consagrado en el artículo 8º de la Carta Magna, en la medida en que es necesario que la relación jurídica entablada sea de supra a subordinación para que la autoridad esté obligada a dar contestación a la petición que le formule el gobernado y proceda el juicio de amparo ante la omisión relativa de la autoridad, como medio de salvaguarda de sus derechos. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 42/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIII, abril de 2001, página 126, de rubro y texto: "PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD. El derecho de petición es consagrado por el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como uno de los derechos públicos subjetivos del gobernado frente a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente del Gobierno del Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que la existencia de este derecho como garantía individual y la procedencia del juicio de amparo para su salvaguarda requieren que la petición se eleve al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, es decir en una relación jurídica entre gobernante y gobernado, y no en una relación de coordinación regulada por el derecho privado en que el ente público actúe como particular." De ahí que, las omisiones relativas al derecho de petición, no sea formalmente acto de autoridad, sino en realidad, se estima contrario a lo que aducen los quejosos en su escrito de demanda, se trata de una solicitud o reclamo que tiene su origen en una relación de trabajo, toda vez que aquéllas quedan comprendidas en la relación patrón-empleado que vincula a los promoventes con la Coordinación General del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo (COPLADE) del Gobierno del Estado de Oaxaca, esto es, que los actos reclamados no emergen del imperio que corresponde a dicha autoridad señalada como responsable, ni de la diversa Dirección de Recursos Humanos del Gobierno del Estado de Oaxaca. Por tanto, se considera que en la especie, se está en presencia de un asunto laboral, en la que la parte patronal actúa en un plano de igualdad; de modo que, si el Estado contrata a una persona para que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate junto con sus organismos alternos, frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una auténtica relación laboral surgida en un plano de igualdad (coordinación) entre el Estado como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido. Apoya lo anterior, la jurisprudencial I.6o.T. J/28 (10a.), emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, Materia(s): Común, Página: 1956, que a la letra dice: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN. La demanda de amparo interpuesta contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado cuando actúan como patrones es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, en términos del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, debido a que el Estado a la vez que es persona de derecho público y asume las funciones de autoridad, también es una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de coordinación y no de supra-subordinación; en consecuencia, sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, sólo podrá considerarse como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en un plano de supra-subordinación." Así como la tesis III.4o.T. J/3 (10a.) sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo Del Tercer Circuito, consultable en la tesis, Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, materia común, de rubro y texto: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO QUE ES OMISO EN EL PAGO DEL SALARIO O QUE INCUMPLE PRESTACIONES DE ÍNDOLE LABORAL, AL ACTUAR COMO PATRÓN EN UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN. Se considera "autoridad" a las personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. En este sentido, debe señalarse que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En efecto, la teoría general del derecho hace una clasificación de las relaciones jurídicas en: de coordinación, supra-subordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o reguladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra-subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado. En este contexto, si el Estado contrata a una persona para que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate, frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una verdadera relación laboral surgida en un plano de igualdad (coordinación) entre el Estado como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de figurar en la lista de raya de los trabajadores. Luego, si en el caso el quejoso reclama de una dependencia de la administración pública o de un organismo descentralizado el incumplimiento de ciertas prestaciones derivadas de su relación laboral (falta de pago o descuentos a su salario), es inconcuso que dicho acto no tiene la naturaleza de acto de autoridad para efectos del amparo, pues las autoridades responsables (patrones) señaladas por el quejoso no tienen ese carácter, pues actúan como patrones en una relación de coordinación y no en un plano de supra-subordinación como autoridades investidas de imperio. Ni siquiera el acto reclamado (omisión o descuento del salario) es un acto que pueda considerarse para la procedencia del amparo, porque el salario está íntimamente vinculado con la relación obrero-patronal y con las condiciones fundamentales de la relación de trabajo entre el quejoso y la patronal, susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral correspondiente y no a través del amparo.". En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1°, fracción I, y 5, fracción II, con relación en el diverso 61, fracción XXIII y 113, todos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, promovida por Félix García Jijón, César García Cerero y Jesús Ramón Velásquez Espinosa Por su parte, no se soslaya que en julio de dos mil doce se publicó la jurisprudencia 2a./J. 54/2012, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO"; sin embargo, ese criterio fue aclarado en términos de la resolución de dieciocho de mayo de dos mil dieciséis del expediente de solicitud de sustitución de jurisprudencia 9/2015, para quedar con el rubro siguiente: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE IMPUGNA EL ACUERDO DE FIJACIÓN DE TARIFAS PARA SUMINISTRO Y VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA." De modo que, sólo resulta aplicable para los casos específicos que en ella se mencionan, referentes a la fijación de tarifas de suministro y venta de energía eléctrica. Y contrario al caso resuelto en la citada jurisprudencia, en el presente asunto sí hay claridad en el tipo de relación que existe entre los quejosos y citada Coordinación General del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo (COPLADE) del Gobierno del Estado de Oaxaca, así como la Dirección de Recursos Humanos, el cual es laboral; aunado a que dicha causa de improcedencia es manifiesta e indudable porque aun de celebrarse la audiencia Constitucional y, emitirse la sentencia correspondiente, no cambiarían el hecho de que en el caso las autoridades señaladas como responsables no tienen ese carácter para efectos del juicio de amparo. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, para los casos en los que se deban realizar notificaciones personales, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios, para que el Actuario Judicial adscrito, logre llevarlas a cabo. Autorizados. Se tiene como autorizado a Francisco Javier Vásquez Martínez, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de amparo, por tener su cédula profesional registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, asimismo, y a las restantes personas que señala, únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos, por así haberlo solicitado expresamente. Consulta Expediente Electrónico y Notificaciones Electrónicas. Ahora, toda vez que de la página del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) http://sise.cjf.gob.mx/sise/Expediente/AutorizadosExpediente.aspx se desprende que el usuario FCOJAVIERPJF relacionado con el correo electrónico javiervasquezssp@hotmail.com, se encuentran registrados en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, por lo que, de conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, comisiónese al Oficial Judicial "A" (antes Analista Jurídico de Seguimiento del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente), para que realice la correspondiente habilitación, a efecto que el referido usuario pueda consultar el expediente electrónico a través del mencionado Portal. Con fundamento en el artículo 3° y 30, fracción II, de la ley de la materia, se ordena que las notificaciones se le realicen vía electrónica, al usuario "FCOJAVIERPJF"; en el entendido que, ante cualquier eventualidad propia de los sistemas de información y comunicación que imposibilite las notificaciones solicitadas de esta forma, se continuará con las formas tradicionales de notificación, previstas en el artículo 26 y 29 de la ley de Amparo, en el domicilio convencional que indica. Medios electrónicos. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías y/o utilización de cualquier medio digital que resulte apto para copiar el contenido de las actuaciones que integren este asunto, por no existir inconveniente al respecto, como está establecido en la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, previa constancia que de ello se asiente en autos. Tiene aplicación al caso la tesis: I.3o.C.725 C, visible en la página 2847, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En el entendido que queda bajo la absoluta responsabilidad de las partes y/o autorizados, la distribución y/o reproducción de dichas constancias por cualquier medio impreso y/o de comunicación y/o tecnológico y/o en las redes sociales, así como su uso y/o utilización de conformidad a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con las consecuencias legales que ello traiga aparejadas en los términos de las legislaciones aplicables. Sin embargo, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, el acceso a las instalaciones de este juzgado para la consulta de expedientes de manera física será mediante previa cita, misma que deberán agendar en el portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", donde aparecerán las fechas y horarios disponibles para este órgano jurisdiccional. Ley federal de transparencia y acceso a la información pública. Se comunica a las partes, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los numerales 1 a 16, 68, 71, 110, y 118, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 5, fracción XVI, 14 y 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, los diversos 1, 7, 9 y 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto por los numerales 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (en términos del transitorio tercero de la referida Ley Federal), que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio, constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en el artículo 110 de la ley Federal citada. En la inteligencia que, de existir alguna oposición expresa a que se publiquen los datos, de conformidad con los artículos 93 y 94 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, dicha oposición, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos del artículo 113 de la mencionada Ley. Gratuidad en el servicio. Hágase saber a las partes que acorde con el artículo 17 de la Carta Magna, los servicios que presta este Juzgado de Distrito son gratuitos. Se autoriza al Secretario y/o Actuaria Judicial para que firme los oficios correspondientes que deriven del presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente vía electrónica y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

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