Felix Fuentes Carillo

Expediente 150/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
150/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
30/04/2021

Partes del expediente

  • Felix Fuentes Carillo

Actuaciones

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, treinta de abril de dos mil veintiuno. Causa estado. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que el auto de dieciséis de abril de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo; no fue recurrido dentro del término legal. Por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que ha causado estado. Se ordena archivo. En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído. De igual forma, con apoyo en el artículo 15 del Acuerdo de referencia, se especifica que el presente expediente carece de relevancia documental, por no reunir las características a que se refiere el numeral invocado. Existencia de documentos y devolución. Tal como se precisó en certificación de esta fecha, en el presente asunto existe un documento exhibido por la parte quejosa en su escrito de demanda, considerado como no original; por lo que, se autoriza su devolución desde este momento. ( Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En su oportunidad, realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Notifíquese por lista1.

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, dieciséis de abril de dos mil veintiuno. Cumple prevención. Agréguese a los autos el escrito suscrito por * ** mediante el cual en cumplimiento a la prevención realizada en auto de once de marzo de dos mil veintiuno, precisa como autoridades responsables al Ayuntamiento de Muñoz de Domingo Arenas y al Departamento Comercial Zona Tlaxcala, de la División Comercial Centro Oriente, de la Comisión Federal de Electricidad; en consecuencia, se deja sin efectos el apercibimiento realizado en autos y se procede a proveer la demanda de amparo y escrito aclaratorio en los siguientes términos: Consideraciones previas De la lectura integral de la demanda de amparo y del escrito aclaratorio se advierte que el acto atribuido a ambas autoridades señaladas como responsables consiste en el aviso de cobro por ajuste a la facturación * * *, de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, por la cantidad de * * * en el que se le otorga un plazo de tres días para que realice el pago y en caso de no hacerlo, se le cobraran intereses moratorios a partir del día siguiente al del vencimiento, de conformidad con el artículo 362 del Código de Comercio. Desechamiento de la demanda de amparo. Tomando en consideración que el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone, ante todo la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, a continuación, se procede a efectuar el análisis respectivo. En el caso concreto, resulta procedente desechar la demanda de amparo que se promueve, respecto de los actos reclamados a la Comisión Federal de Electricidad, consistente en el aviso de cobro por ajuste a la facturación * * *, de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, por la cantidad de * * * en el que se le otorga un plazo de tres días para que realice el pago y en caso de no hacerlo, se le cobraran intereses moratorios a partir del día siguiente al del vencimiento, de conformidad con el artículo 362 del Código de Comercio; en virtud de que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 1o., fracción I, y 5o., fracción II, de la Ley de Amparo. El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Por su parte, los diversos ordinales 1o., fracción I, y 5o., fracción II, de la Ley de la Materia, establecen: Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas. Artículo 5 Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Como se puede advertir, la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, sigue manteniendo, en esencia, la descripción de cuándo debe considerarse a un ente del Estado como autoridad responsable; además, como cuestión novedosa, prevé que los particulares pueden tener el carácter de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Pero, condiciona tal situación al cumplimiento de dos supuestos: El primero, que se realicen actos equivalentes a los de la autoridad que afecten los derechos de los quejosos, en los mismos términos de dicha fracción, esto es, de manera unilateral y obligatoria. El segundo, que sus funciones, en base en las cuales emitan sus actos, estén determinadas por una norma general. Partiendo de tales premisas, se tiene que la jurisprudencia 164/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sigue siendo aplicable, pues en ella se prevén supuestos similares a los de la nueva Ley de Amparo. Así es, en principio, la jurisprudencia exige para considerar a un ente como autoridad para los efectos del juicio de amparo, que se trate de una relación de supra a subordinación, lo que equivale en la nueva Ley de Amparo, a que se realicen actos equivalentes a los de la autoridad (unilaterales y obligatorios). Asimismo, la jurisprudencia contempla que esa relación tenga nacimiento en la ley, lo que equivale en la nueva Ley, a que sus funciones estén determinadas por una norma general. Para tener un concepto más claro de lo que debe entenderse por autoridad para efectos del juicio de amparo, resulta procedente atender al criterio que sustenta la tesis 2a./J. 164/2011, visible en la página 1089 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, de septiembre de 2011, Novena Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número de registro IUS 161133, del rubro: AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. De lo anterior, se pone de manifiesto que las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Ahora bien, atendiendo al contenido de la reforma energética, una vez que inició la vigencia de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad (catorce de octubre de dos mil catorce), por ministerio de ley, esa comisión dejó de formar parte de la administración pública federal descentralizada y se convirtió en una empresa productiva del Estado. Como resultado de ello, los conflictos derivados de los contratos de suministro de energía eléctrica celebrados entre la comisión y los usuarios, diversos a los pactados en materia de adquisiciones, arrendamientos y obras, serán de la competencia de los tribunales de la Federación, en materia civil o mercantil, según corresponda; razón por la cual los actos desplegados por la comisión al tenor de un contrato de suministro de energía eléctrica no pueden considerarse como actos de autoridad, por cuanto no derivan de una relación de supra a subordinación. Así las cosas, se estima que en el caso, no le asiste la calidad de autoridad responsable a la Comisión Federal de Electricidad, para efectos del juicio de amparo, ya que su función primordial es garantizar que el servicio de energía eléctrica se preste, ello en un sistema de libre competencia, de ahí que su actividad no la ejerce en un plano de supra a subordinación porque el contrato de adhesión no somete arbitraria y unilateralmente la voluntad de los contratantes a las condiciones de la empresa, habida cuenta que dicho organismos carecen de facultades económico coactivas (facultades de imperio y unilateralidad). Tiene aplicación a lo anterior la jurisprudencia 30/2018, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2016656, que dice: Registro digital: 2016656 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Común, Administrativa, Civil Tesis: 2a./J. 30/2018 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 53, Abril de 2018, Tomo I, página 532 Tipo: Jurisprudencia COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA. La interpretación teleológica del régimen jurídico especial que tutela esa actividad de la empresa productiva del Estado, lleva a considerar que su objetivo es garantizar que el servicio se preste, ello en un sistema de libre competencia. De ahí que no la ejerce en un plano de supra a subordinación porque el contrato de adhesión no somete arbitraria y unilateralmente la voluntad de los contratantes a las condiciones de la empresa; máxime que su contenido es verificado por la Comisión Reguladora de Energía y la Procuraduría Federal del Consumidor para asegurar que no contenga cláusulas leoninas, abusivas o inequitativas para el contratante, mientras se protege la actividad comercial de la sociedad. En esa virtud, tales actos, incluido el corte del suministro en términos del contrato, forman parte de esa relación comercial y la vía procedente para dirimir lo relativo es la ordinaria mercantil. Sin que esto impida que cuando la empresa realice actos que vulneren derechos humanos fuera de lo estipulado y aceptado por las partes, o cuando aplique normas que se estimen inconstitucionales, se le pudiera señalar como autoridad responsable. Cuestión que deberá ser analizada en cada caso concreto por el juzgador de amparo. También sirve de apoyo a tesis de jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época, de rubro y texto siguientes: Registro digital: 2019230 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Común, Administrativa Tesis: 2a./J. 2/2019 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, página 1008 Tipo: Jurisprudencia COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA EXISTENCIA DE JURISPRUDENCIA QUE DEFINA LA NATURALEZA DE SUS ACTOS, CONSTITUYE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, PARA DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA EN CONTRA DE AQUÉLLOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el Juez de Distrito debe desechar la demanda de amparo indirecto sólo cuando de ésta se advierta, sin lugar a dudas, un motivo manifiesto de improcedencia. Entonces, es factible el desechamiento de la demanda como causa notoria y manifiesta cuando se impugnen actos de la Comisión Federal de Electricidad cuya naturaleza ha sido definida mediante jurisprudencia por el Máximo Tribunal, pues dichos criterios son de observancia obligatoria en términos del artículo 217, párrafo primero, de la Ley de Amparo, para todos los órganos de menor jerarquía, vedando así cualquier posibilidad de que el obstáculo declarado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para entrar al estudio del fondo del asunto sea superado. Sostener lo contrario, implicaría admitir que un órgano de menor jerarquía puede revisar un criterio obligatorio que derivó de un ejercicio hermenéutico del contenido de una norma, lo que sería tanto como permitir distorsionar la certeza y la seguridad jurídica que genera la definición del tema vía jurisprudencia del máximo intérprete constitucional." En tales condiciones, los actos atribuidos a la Comisión Federal de Electricidad no constituyen actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, en atención a que no crean, ni modifican o extinguen, unilateralmente, una situación que afecte la esfera jurídica de la parte quejosa, sino que actúan en un plano de coordinación. Ahora bien, respecto de la autoridad Ayuntamiento de Muñoz de Domingo Arenas, Tlaxcala y toda vez que la quejosa le atribuye el haber ordenado el aviso de cobro por ajuste a la facturación * * *, de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, por la cantidad de * * * en el que se otorga un plazo de tres días al quejoso para que realice el pago y en caso de no hacerlo, se cobraran intereses moratorios a partir del día siguiente al del vencimiento, de conformidad con el artículo 362 del Código de Comercio, se actualiza la misma causa de improcedencia prevista en el en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 1., fracción I, y 5., fracción II, de la Ley de Amparo, en virtud de que dicho aviso no es un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. En efecto, no todos los hechos que el particular estime contrarios a su interés son susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo, pues únicamente aquellos actos de autoridad; y no todos aquellos que el órgano del Estado realice tendrán esa naturaleza, puesto que dicho calificativo ineludiblemente involucra la actuación o abstención de un órgano frente al gobernado, en sus relaciones de supra a subordinación, cuyas características son la unilateralidad, imperatividad y coercitividad. En ese sentido, el referido aviso de cobro por ajuste a la facturación * * *, no es equiparable a un acto de autoridad, en virtud de lo siguiente: 1) El origen de dicha actuación es un acuerdo de voluntades donde el prestador del servicio y el usuario adquieren derechos y obligaciones recíprocos, por lo que se recurre a las formas del derecho privado para regular la relación entre proveedor y particular; 2) La relación jurídica existente entre las partes no corresponde a la de autoridad y gobernado (supra a subordinación), sino a una de coordinación entre el organismo descentralizado y el particular usuario del servicio; y, 3) El corte del suministro de energía eléctrica ante el incumplimiento del usuario no genera que la relación de coordinación se transforme en una de supra a subordinación, sino sólo implica la posibilidad de que la parte afectada deje de otorgar el servicio contratado en ejercicio del legítimo derecho de retención de la obligación que genera cualquier relación contractual ante el incumplimiento de alguna de las partes, sin que ello conlleve un procedimiento de ejecución dirigido a obtener el adeudo mediante mecanismos coercitivos, para lo cual se tendría que acudir a los tribunales ordinarios de justicia. Lo anterior encuentra sustento en la tesis de jurisprudencia 43/2014 (10a.), aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, de rubro y texto: "Registro digital: 2006543 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 43/2014 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, página 888 Tipo: Jurisprudencia COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EL AVISO RECIBO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, INCLUSIVE CUANDO CONTENGA UNA ADVERTENCIA DE CORTE DEL SERVICIO, NO CONSTITUYE NI ES EQUIPARABLE A UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). La Comisión Federal de Electricidad no es autoridad para efectos del juicio de amparo, ni realiza actos equiparables a los de autoridad, tratándose de la determinación y el cobro del servicio de suministro de energía eléctrica, pues: 1) el origen de dicha actuación es un acuerdo de voluntades donde el prestador del servicio y el usuario adquieren derechos y obligaciones recíprocos, por lo que se recurre a las formas del derecho privado para regular la relación entre proveedor y particular; 2) la relación jurídica existente entre las partes no corresponde a la de autoridad y gobernado (supra a subordinación), sino a una de coordinación entre el organismo descentralizado y el particular usuario del servicio; y, 3) el corte del suministro de energía eléctrica ante el incumplimiento del usuario no genera que la relación de coordinación se transforme en una de supra a subordinación, sino sólo implica la posibilidad de que la parte afectada deje de otorgar el servicio contratado en ejercicio del legítimo derecho de retención de la obligación que genera cualquier relación contractual ante el incumplimiento de alguna de las partes, sin que ello conlleve un procedimiento de ejecución dirigido a obtener el adeudo mediante mecanismos coercitivos, para lo cual se tendría que acudir a los tribunales ordinarios de justicia. Esto es, no todo acto emitido por un órgano de la administración pública ni la aplicación de cláusulas contractuales de retención de la obligación ante el incumplimiento de la contraparte constituyen un acto de autoridad o son equiparables a éste para los efectos del juicio de amparo, sino solamente aquellos que conlleven el ejercicio de una potestad administrativa que otorgue a la autoridad atribuciones de tal magnitud que actualicen una relación de supra a subordinación frente al particular. Así, el aviso recibo por concepto de suministro de energía eléctrica emitido por la Comisión Federal de Electricidad, inclusive cuando contenga una advertencia de corte del servicio, no constituye ni es equivalente a un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. A lo anterior no es óbice que la emisión del aviso de cobro por ajuste a la facturación * * *, de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, por la cantidad de * * * en el que se otorga un plazo de tres días al quejoso para que realice el pago y en caso de no hacerlo, se cobraran intereses moratorios a partir del día siguiente al del vencimiento, de conformidad con el artículo 362 del Código de Comercio, se atribuya al Ayuntamiento de Muñoz de Domingo Arenas, Tlaxcala; en tanto que el examen de la procedencia del juicio de amparo no puede realizarse de forma separada, es decir, sólo examinando las atribuciones de la autoridad señalada como responsable, sino que debe efectuarse de forma integral, lo que implica que en el caso que nos ocupa se realice atendiendo a la naturaleza del aviso de cobro. De no actuar del modo señalado, se podría llegar al extremo de atribuir a un ente que formal o materialmente se identifique como autoridad, cualquier tipo de acto -aunque para efectos del juicio de amparo no sea de autoridad-, para hacer procedente el juicio de amparo; lo que contravendría los principios rectores del juicio constitucional, en tanto que se trata de un medio de defensa contra actos de autoridad y no de particulares. Por tanto, a pesar de que el Ayuntamiento de Muñoz de Domingo Arenas, Tlaxcala es autoridad para efectos del juicio de amparo, el aviso de cobro por ajuste a la facturación * * * que se le atribuye no puede considerarse un acto proveniente de un ente autoritario que incida en la esfera jurídica del gobernado de forma tal que amerite la intervención de la Justicia de la Unión, precisamente, porque debido a sus características se trata de un acto entre particulares que puede ser controvertido por la parte inconforme ante las autoridades ordinarias. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 156/2017 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 2015944, de rubro y texto: Décima Época Materias(s): Común, Civil Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 50, Enero de 2018, Tomo I, página 336 Tipo: Jurisprudencia COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CONTRA LOS ACTOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CELEBRADO BAJO LA VIGENCIA DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO RELATIVA PROCEDE LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL. De la interpretación de los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio deriva que el servicio de suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares tiene origen en un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial traducido en una relación de coordinación y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste, celebrado bajo la vigencia de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil. En tales condiciones, dado que en el caso concreto se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 1., fracción I, y 5., fracción II, de la Ley de Amparo, es procedente, con fundamento en los diversos 112 y 113 de dicho cuerpo de leyes, desechar de plano la demanda de amparo promovida por * * * por propio derecho. Notifíquese por lista.

  3. Principal

    Número de expediente: 150/2021 Acuerdo: Apizaco, Tlaxcala, once de marzo de dos mil veintiuno. Radicación de demanda. Vista la demanda de amparo promovida por ********************por derecho propio, contra actos del Ayuntamiento de Muñoz de Domingo Arenas y otra autoridad; fórmese expediente impreso y electrónico, háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el libro de gobierno con el número ********************. Prevención.Antes de proveer sobre la admisión o desechamiento, con fundamento en el artículos 114, fracción II, así como 108, fracción III, de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que en el término de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído; consciente de las sanciones previstas por el numeral 261 del ordenamiento legal invocado para quienes al formular su demanda afirman hechos falsos u omitan los que les consten en relación con el amparo que se promueve y con las copias necesarias de su escrito aclaratorio, realice lo siguiente, bajo protesta de decir verdad: - Aclare si señala como autoridad responsable al Ayuntamiento de Muñoz de Domingo Arenas o bien, solo designa con ese carácter al Responsable del Departamento Comercial Zona Tlaxcala de la División Comercial Centro Oriente de la Comisión Federal de Electricidad.Lo anterior, toda vez de la lectura íntegra de la demanda se advierte que a dicha autoridad no le atribuya alguna participación en la emisión o ejecución del acto reclamado; para lo cual es importante tener en cuenta que el acto que reclama es la determinación contenida en el "Aviso de cobro por ajuste a la Facturación 386/2021" de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, emitida por el Responsable del Departamento Comercial Zona Tlaxcala de la División Comercial Centro Oriente de la Comisión Federal de Electricidad; pues incluso, así se observa del referido aviso que exhibió como anexo a la demanda que se provee.Además, de sus conceptos de violación se advierte que se duele de que la autoridad responsable no fundó ni motivó el apercibimiento de suspensión del servicio de suministro de energía eléctrica, así como que también adolece de ese vicio la afirmación de que realizó una revisión al sistema de medición de energía eléctrica y de que, derivado de ello, advirtió una discrepancia entre la energía eléctrica consumida y la facturada; por lo que, estima, tampoco está fundado ni motivado al importe a pagar por concepto de ajuste de facturación.Lo anterior implica que se deba analizar el "Aviso de cobro por ajuste a la Facturación 386/2021" de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, emitido por el Responsable del Departamento Comercial Zona Tlaxcala de la División Comercial Centro Oriente de la Comisión Federal de Electricidad; sin que para realizar el análisis propuesto deba examinarse alguna actuación del Ayuntamiento de Muñoz de Domingo Arenas, Estado de Tlaxcala.De ahí que surja la incertidumbre si el justiciable realmente tiene la intención de señalar como autoridad responsable al Ayuntamiento de Muñoz de Domingo Arenas, Estado de Tlaxcala. En ese sentido, de conformidad con la fracción I, del artículo 261 de la Ley de Amparo, se le hace saber a la parte quejosa que la persona que en un juicio de amparo con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, afirme hechos falsos u omita los que les consten, con relación al acto reclamado, a excepción de los contemplados por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, será acreedora a una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos veces la Unidad de Medida y Actualización, en razón al valor diario, que se calculará de conformidad a lo establecido en el párrafo séptimo, Apartado B, del artículo 26 de la Constitución. Se apercibe a la parte quejosa que, de no cumplir con lo requerido, se entenderá que señala como autoridad responsable únicamente al Departamento Comercial Zona Tlaxcala, de la División Comercial Centro de Oriente, de la comisión Federal de Electricidad. No ha lugar a tener por señalado el domicilio para oír y recibir notificaciones.Ahora bien, respecto del domicilio que señala para oír y recibir notificaciones, no ha lugar a tenerlo por señalado, toda vez que se encuentra fuera de la zona metropolitana en la que se encuentra la residencia de este Juzgado de Distrito; en consecuencia, en términos del artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, realícense las notificaciones personales a la parte quejosa, por lista de acuerdos, hasta en tanto señale domicilio procesal en la zona metropolitana en la que se encuentran las ciudades de Apizaco o Tlaxcala.No obstante, por única ocasión y dada la relevancia de la presente determinación, se ordena notificar este proveído a la parte quejosa en el domicilio que señala en la demanda de amparo; en el entendido de que las subsecuentes notificaciones, como se dijo, le serán practicadas por medio de lista de acuerdos.Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 24/2004 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "Registro digital: 181986 Novena Época Materias(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIX, marzo de 2004, página 321 DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE ORDENA ACLARARLA DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE, AUN CUANDO EL DOMICILIO SEÑALADO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES SE ENCUENTRE FUERA DEL LUGAR DE RESIDENCIA DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEL CONOCIMIENTO. De lo dispuesto en los artículos 146 y 178, en relación con los numerales 28, fracción II, último párrafo y 29, fracción III, todos de la Ley de Amparo, se advierte que el proveído por el que se manda aclarar la demanda de garantías debe notificarse en forma personal, a fin de que pueda subsanar las irregularidades de su escrito, aun cuando haya señalado un domicilio para recibir notificaciones fuera del lugar de residencia del órgano jurisdiccional del conocimiento. Lo anterior es así, toda vez que la obligación de señalar domicilio convencional en el lugar del juicio constituye un requisito de la demanda, cuya omisión no puede originar su sanción inmediata, sino el requerimiento previo en el sentido de que, en caso de no cumplir con dicha obligación procesal, las subsecuentes notificaciones, aun las personales, se harán por medio de lista. Además, el auto por el que se manda aclarar una demanda de amparo es de tal trascendencia, que su falta de conocimiento oportuno puede llevar a tenerla por no interpuesta, por lo que debe garantizarse plenamente al quejoso la posibilidad material, no sólo formal, de subsanar las irregularidades de su escrito inicial, pues de lo contrario carecerían de toda eficacia jurídica los requerimientos y apercibimientos contenidos en la prevención, y se atentaría contra el derecho de acción de quien acude al amparo." Autorizados. Por otra parte, se tienen como autorizados en términos de la última parte del segundo párrafo del artículo 12, de la Ley de Amparo, al profesionista ********************, esto es, únicamente para oír y recibir notificaciones, por así solicitase de manera expresa. Exhortación para la continuación del juicio en línea. De igual modo, como a partir del tres de agosto de dos mil veinte, entró en vigor el Acuerdo General 21/2020 (relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, emitido por el Consejo de la Judicatura Federal), se le comunica al promovente que en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, y del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo), para el caso de que así lo deseen, podrán imponerse del contenido de los presentes autos (consulta de expediente electrónico), así como promover y recibir notificaciones vía electrónica (notificaciones vía electrónica) a través de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal (http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx), quedando supeditadas a los efectos legales del Acuerdo de referencia, siempre y cuando cuenten con Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de dicho Acuerdo, por lo que en este caso, deberán de hacer la solicitud correspondiente ante este órgano jurisdiccional, conforme lo establece el referido Acuerdo General 12/2020. En consecuencia, en términos del artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; esto es, continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registró en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que se les notifiquen electrónicamente las resoluciones judiciales emitidas en el presente juicio, que así lo ameriten y, presentar promociones por ese medio; conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido Acuerdo General 12/2020. Asimismo, se invita a las partes a que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el procedimiento, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al presente expediente previa la certificación correspondiente. Medios electrónicos. De conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes la obtención de imágenes digitales, mediante medios electrónicos de las actuaciones realizadas en el presente asunto, debiendo especificar previamente las constancias a reproducir a efecto de que se elabore la razón de entrega correspondiente. Salvo que se trate de constancias que contengan exposición de datos personales que deban salvaguardarse, así como información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles.En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Transparencia y Datos Personales. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a las disposiciones aplicables al caso. Los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto. A su vez, los mismos serán protegidos en términos de la mencionada ley y los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aplicables. Además, este juicio también está sujeto a las disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Entre otras cosas, esto implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Aunado a ello, conforme al reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de datos personales, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Esto deberán manifestarlo las partes expresamente. La falta de oposición conlleva su consentimiento para que en las resoluciones que se dicten no haya supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Notifíquese personalmente. **********

  4. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, once de marzo de dos mil veintiuno. Radicación de demanda. Vista la demanda de amparo promovida por ********************por derecho propio, contra actos del Ayuntamiento de Muñoz de Domingo Arenas y otra autoridad; fórmese expediente impreso y electrónico, háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el libro de gobierno con el número ********************. Prevención. Antes de proveer sobre la admisión o desechamiento, con fundamento en el artículos 114, fracción II, así como 108, fracción III, de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que en el término de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído; consciente de las sanciones previstas por el numeral 261 del ordenamiento legal invocado para quienes al formular su demanda afirman hechos falsos u omitan los que les consten en relación con el amparo que se promueve y con las copias necesarias de su escrito aclaratorio, realice lo siguiente, bajo protesta de decir verdad: - Aclare si señala como autoridad responsable al Ayuntamiento de Muñoz de Domingo Arenas o bien, solo designa con ese carácter al Responsable del Departamento Comercial Zona Tlaxcala de la División Comercial Centro Oriente de la Comisión Federal de Electricidad. Lo anterior, toda vez de la lectura íntegra de la demanda se advierte que a dicha autoridad no le atribuya alguna participación en la emisión o ejecución del acto reclamado; para lo cual es importante tener en cuenta que el acto que reclama es la determinación contenida en el "Aviso de cobro por ajuste a la Facturación 386/2021" de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, emitida por el Responsable del Departamento Comercial Zona Tlaxcala de la División Comercial Centro Oriente de la Comisión Federal de Electricidad; pues incluso, así se observa del referido aviso que exhibió como anexo a la demanda que se provee. Además, de sus conceptos de violación se advierte que se duele de que la autoridad responsable no fundó ni motivó el apercibimiento de suspensión del servicio de suministro de energía eléctrica, así como que también adolece de ese vicio la afirmación de que realizó una revisión al sistema de medición de energía eléctrica y de que, derivado de ello, advirtió una discrepancia entre la energía eléctrica consumida y la facturada; por lo que, estima, tampoco está fundado ni motivado al importe a pagar por concepto de ajuste de facturación. Lo anterior implica que se deba analizar el "Aviso de cobro por ajuste a la Facturación 386/2021" de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, emitido por el Responsable del Departamento Comercial Zona Tlaxcala de la División Comercial Centro Oriente de la Comisión Federal de Electricidad; sin que para realizar el análisis propuesto deba examinarse alguna actuación del Ayuntamiento de Muñoz de Domingo Arenas, Estado de Tlaxcala. De ahí que surja la incertidumbre si el justiciable realmente tiene la intención de señalar como autoridad responsable al Ayuntamiento de Muñoz de Domingo Arenas, Estado de Tlaxcala. En ese sentido, de conformidad con la fracción I, del artículo 261 de la Ley de Amparo, se le hace saber a la parte quejosa que la persona que en un juicio de amparo con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, afirme hechos falsos u omita los que les consten, con relación al acto reclamado, a excepción de los contemplados por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, será acreedora a una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos veces la Unidad de Medida y Actualización, en razón al valor diario, que se calculará de conformidad a lo establecido en el párrafo séptimo, Apartado B, del artículo 26 de la Constitución. Se apercibe a la parte quejosa que, de no cumplir con lo requerido, se entenderá que señala como autoridad responsable únicamente al Departamento Comercial Zona Tlaxcala, de la División Comercial Centro de Oriente, de la comisión Federal de Electricidad. No ha lugar a tener por señalado el domicilio para oír y recibir notificaciones. Ahora bien, respecto del domicilio que señala para oír y recibir notificaciones, no ha lugar a tenerlo por señalado, toda vez que se encuentra fuera de la zona metropolitana en la que se encuentra la residencia de este Juzgado de Distrito; en consecuencia, en términos del artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, realícense las notificaciones personales a la parte quejosa, por lista de acuerdos, hasta en tanto señale domicilio procesal en la zona metropolitana en la que se encuentran las ciudades de Apizaco o Tlaxcala. No obstante, por única ocasión y dada la relevancia de la presente determinación, se ordena notificar este proveído a la parte quejosa en el domicilio que señala en la demanda de amparo; en el entendido de que las subsecuentes notificaciones, como se dijo, le serán practicadas por medio de lista de acuerdos. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 24/2004 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "Registro digital: 181986 Novena Época Materias(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIX, marzo de 2004, página 321 DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE ORDENA ACLARARLA DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE, AUN CUANDO EL DOMICILIO SEÑALADO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES SE ENCUENTRE FUERA DEL LUGAR DE RESIDENCIA DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEL CONOCIMIENTO. De lo dispuesto en los artículos 146 y 178, en relación con los numerales 28, fracción II, último párrafo y 29, fracción III, todos de la Ley de Amparo, se advierte que el proveído por el que se manda aclarar la demanda de garantías debe notificarse en forma personal, a fin de que pueda subsanar las irregularidades de su escrito, aun cuando haya señalado un domicilio para recibir notificaciones fuera del lugar de residencia del órgano jurisdiccional del conocimiento. Lo anterior es así, toda vez que la obligación de señalar domicilio convencional en el lugar del juicio constituye un requisito de la demanda, cuya omisión no puede originar su sanción inmediata, sino el requerimiento previo en el sentido de que, en caso de no cumplir con dicha obligación procesal, las subsecuentes notificaciones, aun las personales, se harán por medio de lista. Además, el auto por el que se manda aclarar una demanda de amparo es de tal trascendencia, que su falta de conocimiento oportuno puede llevar a tenerla por no interpuesta, por lo que debe garantizarse plenamente al quejoso la posibilidad material, no sólo formal, de subsanar las irregularidades de su escrito inicial, pues de lo contrario carecerían de toda eficacia jurídica los requerimientos y apercibimientos contenidos en la prevención, y se atentaría contra el derecho de acción de quien acude al amparo." Autorizados. Por otra parte, se tienen como autorizados en términos de la última parte del segundo párrafo del artículo 12, de la Ley de Amparo, al profesionista ********************, esto es, únicamente para oír y recibir notificaciones, por así solicitase de manera expresa. Exhortación para la continuación del juicio en línea. De igual modo, como a partir del tres de agosto de dos mil veinte, entró en vigor el Acuerdo General 21/2020 (relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, emitido por el Consejo de la Judicatura Federal), se le comunica al promovente que en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, y del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo), para el caso de que así lo deseen, podrán imponerse del contenido de los presentes autos (consulta de expediente electrónico), así como promover y recibir notificaciones vía electrónica (notificaciones vía electrónica) a través de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal (http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx), quedando supeditadas a los efectos legales del Acuerdo de referencia, siempre y cuando cuenten con Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de dicho Acuerdo, por lo que en este caso, deberán de hacer la solicitud correspondiente ante este órgano jurisdiccional, conforme lo establece el referido Acuerdo General 12/2020. En consecuencia, en términos del artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; esto es, continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registró en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que se les notifiquen electrónicamente las resoluciones judiciales emitidas en el presente juicio, que así lo ameriten y, presentar promociones por ese medio; conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido Acuerdo General 12/2020. Asimismo, se invita a las partes a que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el procedimiento, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al presente expediente previa la certificación correspondiente. Medios electrónicos. De conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes la obtención de imágenes digitales, mediante medios electrónicos de las actuaciones realizadas en el presente asunto, debiendo especificar previamente las constancias a reproducir a efecto de que se elabore la razón de entrega correspondiente. Salvo que se trate de constancias que contengan exposición de datos personales que deban salvaguardarse, así como información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Transparencia y Datos Personales. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a las disposiciones aplicables al caso. Los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto. A su vez, los mismos serán protegidos en términos de la mencionada ley y los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aplicables. Además, este juicio también está sujeto a las disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Entre otras cosas, esto implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Aunado a ello, conforme al reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de datos personales, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Esto deberán manifestarlo las partes expresamente. La falta de oposición conlleva su consentimiento para que en las resoluciones que se dicten no haya supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Notifíquese personalmente.

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