Felix Federico Ortíz Amaya
Expediente 1361/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 28 actuaciones registradas, la última del 17 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1361/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 28
- Última actuación
- 17/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango · Durango
Partes del expediente
- Felix Federico Ortíz Amaya
- Felix Federico Ortíz Amaya y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 28.
- Principal
Vistos los autos de cuenta, resulta necesario establecer si la sentencia dictada ha quedado cumplida en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. En el caso concreto ---------, por derecho propio, reclamó del Tribunal Unitario Agrario Distrito Siete en esta ciudad y del Actuario Ejecutor adscrito a ese órgano jurisdiccional, todo lo actuado en el juicio agrario --------, incluyéndose la sentencia emitida en dicho procedimiento, así como la ejecución de dicha determinación. Seguidos los trámites legales, se dictó sentencia que concedió el amparo y la protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes: [.]Que las autoridades señaladas como responsables excluyan de la etapa de ejecución de sentencia la obligación impuesta en sentencia, únicamente en lo que respecta al quejoso en el porcentaje de las tierras de uso común que le corresponde (.383%). Concesión que se hace extensiva a los actos tendentes a ejecutar la ejecutoria emitida en el juicio natural, ya que no se combatieron por vicios propios [.]" Firme dicha determinación, el Magistrado responsable remitió copia certificada del proveído del treinta de agosto de dos mil veintiuno, por el cual, ordenó que en las diligencias de ejecución de la sentencia emitida en el contradictorio de origen, se excluyera al aquí quejoso. Con lo que se vista a las partes, sin que realizaran manifestación alguna. Luego, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 196 de la ley de la materia, se concluye que se cumplieron con los lineamientos fijados en la ejecutoria, en la medida que se ordenó se excluyera al impetrante de la etapa de ejecución de sentencia, sin que se advierta exceso o defecto en su cumplimiento. En tales condiciones, con apoyo en el numeral 214 de la propia Ley, téngase por cumplido el fallo protector y en su oportunidad, de no interponerse el recurso pertinente, archívese el expediente como asunto concluido. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente, a consideración del suscrito juzgador, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las fracciones a que alude el numeral 15 del citado acuerdo, así como en el capítulo 5, punto 5.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. En virtud de que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, a consideración del suscrito juzgador, es susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el capítulo 7, punto 7.1.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, por lo que deberá conservarse la demanda, escrito aclaratorio, sentencia, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, el acuerdo de archivo, su valoración y los demás documentos que se consideren necesarios, tal como lo dispone el diverso punto 7.3 del aludido manual. Por lo que respecta al cuaderno original del incidente de suspensión, toda vez que se negó tanto la provisional como la suspensión definitiva, es susceptible de destrucción una vez que transcurra el mismo lapso de tres años, al encuadrar en el inciso c) del precepto 21 del citado Acuerdo General, así como en el capítulo 8, punto 8.1.2, del aludido manual. En atención a lo dispuesto en el artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el capítulo 8, punto 8.1.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, una vez transcurrido el plazo de seis meses procédase a la destrucción del duplicado del incidente de suspensión. Hágase saber para los efectos establecidos en dicho acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Notifíquese.
- Principal
Vistos los autos de cuenta, resulta necesario establecer si la sentencia dictada ha quedado cumplida en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. En el caso concreto ---------, por derecho propio, reclamó del Tribunal Unitario Agrario Distrito Siete en esta ciudad y del Actuario Ejecutor adscrito a ese órgano jurisdiccional, todo lo actuado en el juicio agrario --------, incluyéndose la sentencia emitida en dicho procedimiento, así como la ejecución de dicha determinación. Seguidos los trámites legales, se dictó sentencia que concedió el amparo y la protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes: [.]Que las autoridades señaladas como responsables excluyan de la etapa de ejecución de sentencia la obligación impuesta en sentencia, únicamente en lo que respecta al quejoso en el porcentaje de las tierras de uso común que le corresponde (.383%). Concesión que se hace extensiva a los actos tendentes a ejecutar la ejecutoria emitida en el juicio natural, ya que no se combatieron por vicios propios [.]" Firme dicha determinación, el Magistrado responsable remitió copia certificada del proveído del treinta de agosto de dos mil veintiuno, por el cual, ordenó que en las diligencias de ejecución de la sentencia emitida en el contradictorio de origen, se excluyera al aquí quejoso. Con lo que se vista a las partes, sin que realizaran manifestación alguna. Luego, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 196 de la ley de la materia, se concluye que se cumplieron con los lineamientos fijados en la ejecutoria, en la medida que se ordenó se excluyera al impetrante de la etapa de ejecución de sentencia, sin que se advierta exceso o defecto en su cumplimiento. En tales condiciones, con apoyo en el numeral 214 de la propia Ley, téngase por cumplido el fallo protector y en su oportunidad, de no interponerse el recurso pertinente, archívese el expediente como asunto concluido. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente, a consideración del suscrito juzgador, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las fracciones a que alude el numeral 15 del citado acuerdo, así como en el capítulo 5, punto 5.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. En virtud de que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, a consideración del suscrito juzgador, es susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el capítulo 7, punto 7.1.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, por lo que deberá conservarse la demanda, escrito aclaratorio, sentencia, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, el acuerdo de archivo, su valoración y los demás documentos que se consideren necesarios, tal como lo dispone el diverso punto 7.3 del aludido manual. Por lo que respecta al cuaderno original del incidente de suspensión, toda vez que se negó tanto la provisional como la suspensión definitiva, es susceptible de destrucción una vez que transcurra el mismo lapso de tres años, al encuadrar en el inciso c) del precepto 21 del citado Acuerdo General, así como en el capítulo 8, punto 8.1.2, del aludido manual. En atención a lo dispuesto en el artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el capítulo 8, punto 8.1.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, una vez transcurrido el plazo de seis meses procédase a la destrucción del duplicado del incidente de suspensión. Hágase saber para los efectos establecidos en dicho acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Notifíquese.
- Principal
Vistos los autos de cuenta, resulta necesario establecer si la sentencia dictada ha quedado cumplida en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. En el caso concreto ---------, por derecho propio, reclamó del Tribunal Unitario Agrario Distrito Siete en esta ciudad y del Actuario Ejecutor adscrito a ese órgano jurisdiccional, todo lo actuado en el juicio agrario --------, incluyéndose la sentencia emitida en dicho procedimiento, así como la ejecución de dicha determinación. Seguidos los trámites legales, se dictó sentencia que concedió el amparo y la protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes: [.]Que las autoridades señaladas como responsables excluyan de la etapa de ejecución de sentencia la obligación impuesta en sentencia, únicamente en lo que respecta al quejoso en el porcentaje de las tierras de uso común que le corresponde (.383%). Concesión que se hace extensiva a los actos tendentes a ejecutar la ejecutoria emitida en el juicio natural, ya que no se combatieron por vicios propios [.]" Firme dicha determinación, el Magistrado responsable remitió copia certificada del proveído del treinta de agosto de dos mil veintiuno, por el cual, ordenó que en las diligencias de ejecución de la sentencia emitida en el contradictorio de origen, se excluyera al aquí quejoso. Con lo que se vista a las partes, sin que realizaran manifestación alguna. Luego, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 196 de la ley de la materia, se concluye que se cumplieron con los lineamientos fijados en la ejecutoria, en la medida que se ordenó se excluyera al impetrante de la etapa de ejecución de sentencia, sin que se advierta exceso o defecto en su cumplimiento. En tales condiciones, con apoyo en el numeral 214 de la propia Ley, téngase por cumplido el fallo protector y en su oportunidad, de no interponerse el recurso pertinente, archívese el expediente como asunto concluido. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente, a consideración del suscrito juzgador, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las fracciones a que alude el numeral 15 del citado acuerdo, así como en el capítulo 5, punto 5.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. En virtud de que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, a consideración del suscrito juzgador, es susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el capítulo 7, punto 7.1.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, por lo que deberá conservarse la demanda, escrito aclaratorio, sentencia, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, el acuerdo de archivo, su valoración y los demás documentos que se consideren necesarios, tal como lo dispone el diverso punto 7.3 del aludido manual. Por lo que respecta al cuaderno original del incidente de suspensión, toda vez que se negó tanto la provisional como la suspensión definitiva, es susceptible de destrucción una vez que transcurra el mismo lapso de tres años, al encuadrar en el inciso c) del precepto 21 del citado Acuerdo General, así como en el capítulo 8, punto 8.1.2, del aludido manual. En atención a lo dispuesto en el artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el capítulo 8, punto 8.1.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, una vez transcurrido el plazo de seis meses procédase a la destrucción del duplicado del incidente de suspensión. Hágase saber para los efectos establecidos en dicho acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Notifíquese.
- Principal
agréguese el oficio S.A. 2114/2021 y anexo que remite el magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 7, con residencia en esta ciudad, mediante el cual en observancia al requerimiento formulado el diecinueve de agosto del año en curso, informa haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo; previamente a tener por cumplida la sentencia, con fundamento en el artículo 196 de la ley de la materia, dese vista a las partes con el oficio y anexo de cuenta, para que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al de la notificación de este proveído, expresen lo que a su derecho convenga; hecho lo anterior, provéase lo conducente. Finalmente, no pasa inadvertido que en el anexo de mérito, la autoridad refiere que cumple con el fallo protector a pesar de que sentencia natural no afecta el interés jurídico del quejoso, en virtud de que no fue condenado a prestación alguna, con lo cual, a juicio de quien provee, se trata de evidenciar la ilegalidad de la decisión emitida por este órgano jurisdiccional. Al respecto, a manera ilustrativa y de precisión, dígasele a la responsable que en la ejecutoria de garantías, se resaltó la parte considerativa de la determinación de origen que se consideró impacta en la esfera jurídica del impetrante y, con base en la cual, se emprendió el análisis correspondiente, como se observa: [.] En la inteligencia que al no existir autorización de la asamblea ni del Reglamento Interno Ejidal, el resto de los ejidatarios de dicho ejido, incluyendo a los miembros del Comisariado Ejidal, también se encuentran obligados a levantar los cercos que forman potreros en las tierras de uso común del poblado en mención [.]". De manera que al acreditar el quejoso la calidad de ejidatario fue el sentido del fallo; lo que se considera necesario resaltar derivado de las manifestaciones expuestas, así como para mejor proveer en la ejecución de los lineamientos de concesión. Notifíquese personalmente.
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