FELIX EDUARDO ELIAS SUAREZ y Otros.

Expediente 63/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 18 actuaciones registradas, la última del 19 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
63/2023
Año
2023
Actuaciones
18
Última actuación
19/05/2023

Partes del expediente

  • LUIS ALBERTO HERNANDEZ GONZALEZ y Otros.
  • FELIX EDUARDO ELIAS SUAREZ y Otros.
  • SOFIA DANIELA CABRABLES RODRIGUEZ y Otros.
  • LEONARDO ALMAGUER HERNANDEZ y Otros.
  • ALEJANDRA DIAZ RODRIGUEZ y Otros.
  • ARIEL MACHADO MARTHEL y Otros.
  • GIAN LUCA MACHADO RODRIGUEZ y Otros.
  • GLEIDYS LAIDY RODRIGUEZ REYES y Otros.
  • MIGUEL ALEJANDRO DIAZ DIAZ y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, diecinueve de mayo de dos mil veintitrés. Recepción de oficio. Visto el oficio de cuenta signado por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, mediante el cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto 441/2023-VI, orden 494/2023-VI librado en el presente juicio de amparo, a través del cual se ordenó notificar a la autoridad responsable el proveído de veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, sin que sea necesario remitir el acuse de recibo correspondiente, en virtud de que el mismo es generado al momento del envío de dicha comunicación. Estado de autos. Visto el estado de autos, se advierte que mediante proveído de diez de abril de dos mil veintitrés, este Juzgado de Distrito, se declaró legalmente incompetente para conocer del presente juicio de amparo, ordenando remitir los autos al Juez de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, en turno, tocando conocer del mismo al Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, a quien mediante proveído de veintiuno de abril del año en curso se le tuvo informando que radicó el asunto bajo el consecutivo 482/2023 de su índice, y solicitando diversas constancias para acordar respecto de la competencia planteada. Ahora bien, es preciso mencionar que existe criterio de interpretación que autoriza tener en cuenta como hecho notorio la información obtenida en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). La tesis que lo autoriza, es la: I.1o.A.14 K (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo II, Materia Común, registro 2006082, página 1946, del tenor siguiente: "SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES. LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN PUEDEN INVOCAR EN SUS RESOLUCIONES LA INFORMACIÓN OBTENIDA DE ÉSTE COMO HECHO NOTORIO Y CONCEDERLE VALOR PROBATORIO PLENO. El Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en términos de los artículos primero y segundo del Acuerdo General 28/2001 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de mayo del dos mil uno en el Diario Oficial de la Federación, fue instaurado obligatoriamente en todos los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral, a fin de mantener un registro permanentemente actualizado y veraz de los movimientos relativos a los asuntos de su conocimiento, razón por la que tales órganos pueden invocar en sus resoluciones la información obtenida de éste como hecho notorio y concederle valor probatorio pleno, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 79, párrafo segundo, 80 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del numeral 2o., párrafo segundo, de la Ley de Amparo". Luego, de una consulta al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes en cita, respecto al referido juicio de amparo 482/2023, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, que se tiene a la vista como hecho notorio, se desprende que mediante proveído de veinticinco de abril de dos mil veintitrés, asumió la competencia planteada por este Juzgado. Archivo. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el cuaderno en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Susceptible de destrucción. Con fundamento en el artículo 20, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que este cuadernillo es destruible, una vez que cumpla seis meses de archivo como asunto concluido, lo cual deberá realizarse dentro de los treinta días siguientes de haberse actualizado aquél primer plazo, y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Atendiendo a las particularidades del presente juicio de amparo, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del cuaderno, de conformidad con el artículo 35 del mencionado Acuerdo. Notifíquese por medio de lista.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con la licenciada Martha Berenice Lizardo Ozaine, Secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiuno de abril de dos mil veintitrés. Recepción de oficio. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, en atención a su contenido se provee: Vinculación. Como lo solicita, con fundamento en el artículo 73 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, en relación con la CIRCULAR DGGJ/0012/2020 de diez de julio del dos mil veinte, emitida por la Dirección General de Gestión Judicial del propio Consejo, póngase a su disposición la consulta del expediente electrónico del juicio de amparo citado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), del índice de este órgano jurisdiccional, a través del apartado denominado "vinculación". Se comisiona a la analista jurídico encargada del Sistema Integral de Expedientes (S.I.S.E), para que en dicho sistema, a través del apartado denominado "vinculación", se deje a disposición de la oficiante la consulta del expediente electrónico del presente asunto. Asimismo, infórmesele que de la diligencia practicada por el Actuario adscrito al Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, datada el dieciocho de enero de dos mil veintitrés, se desprende que únicamente los quejosos (i) Luis David Valdés Pérez, (ii) Dayanis Her********************, (iii) ********************, (iv) ********************, (v) ********************, (vi) ******************** (vii) ********************, (viii) ********************, (ix) ********************, (x) ********************, (xi) ********************, (xii) ********************, (xiii) ********************, (xiv) ********************, (xv) ********************, (xvi) ********************, (xvii) ********************, (xviii) ********************, (xix) ********************, (xx) ******************** y (xxi) ********************, ratificaron la demanda de amparo promovida a su favor. Notifíquese por medio de lista, y por oficio al juez solicitante.

  3. Principal

    Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, diez de abril de dos mil veintitrés. Recepción de oficio. Visto el oficio de cuenta signado por la Jefa del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Nuevo León, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento formulado por este juzgado mediante proveído de veintitrés de marzo del año en curso. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos, en particular el correo electrónico signado por el Agente Federal de Migración "B" de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración con sede en Nuevo León y el oficio de cuenta signado por la Jefa del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Nuevo León, del que se advierte que los quejosos fueron detenidos en Nuevo León y alojados en la estación migratoria de Guadalupe, Nuevo León. Declaratoria de incompetencia legal por territorio. En razón de lo anterior, este juzgado considera carecer de competencia legal para conocer de los actos reclamados, en términos de lo dispuesto por los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante jueza o juez de distrito o tribunal colegiado de apelación y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, a la jueza, juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente. Si el conflicto competencial se plantea entre órganos que no sean de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, lo resolverá el que ejerza jurisdicción sobre el requirente, quien remitirá los autos y dará aviso al requerido para que exponga lo conducente, debiéndose estar a lo que se dispone en el artículo anterior. Recibidos los autos y el oficio relativo, el tribunal colegiado de circuito tramitará el expediente y resolverá dentro de los ocho días siguientes quién debe conocer del juicio; comunicará su resolución a los involucrados y remitirá los autos al órgano declarado competente. Admitida la demanda de amparo indirecto ningún órgano jurisdiccional podrá declararse incompetente para conocer del juicio antes de resolver sobre la suspensión definitiva." El referido artículo 37 de la Ley de Amparo contempla las siguientes hipótesis: a) Un Juez de Distrito es competente para conocer de un juicio de amparo, cuando tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; y c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Las reglas de competencia antes precisadas tienen como eje la ejecución material del acto reclamado, la cual determina la competencia por razón de territorio. Luego, a efecto de establecer la incompetencia por parte de este Tribunal Federal para conocer del juicio de amparo que nos ocupa, resulta indispensable analizar si los actos reclamados tienen o no ejecución material. En el caso, los actos reclamados se hacen consistir en actos prohibidos del artículo 22 Constitucional y 15 de la Ley de Amparo, la orden de detención, retención, de los directo quejosos, y como consecuencia de ello, la orden de deportación librada en su contra, lo que se traduce en su retorno asistido o retorno voluntario y siendo que los mismos fueron detenidos y alojados en Guadalupe, Nuevo León; por lo que, a juicio de la suscrita, se estima que dichos actos tienen ejecución material en dicha ciudad, lugar que se encuentra fuera de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional. En efecto, se tiene conocimiento de que los quejosos fueron detenidos y alojados en la Estación Migratoria en Guadalupe, Nuevo León, atendiendo a la información proporcionada por la autoridad responsable en su informe respecto de la suspensión de plano. En consecuencia, se estima que con base en las disposiciones legales referidas, y en las consideraciones antes expuestas, el juez federal competente para conocer de este juicio de amparo es el JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, EN TURNO, al ser quien ejerce jurisdicción en la expresada demarcación territorial, donde tienen ejecución los actos reclamados y residen las autoridades responsables a quienes se les atribuyen, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. En tal virtud, de conformidad con lo establecido por el artículo 48 de la Ley de Amparo, se declara que este Tribunal Federal, carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo de que se trata y por ende, se ordena remitir la misma al JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, EN TURNO, para que resuelva lo que estime procedente, conforme a lo dispuesto por numeral citado de la Ley de Amparo; solicitándole el acuse de recibo respectivo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 1a./J. 64/2019 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el registro digital 2020828 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, con el rubro y texto: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA ORDEN DE TRASLADO DE UN INTERNO DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO, CUANDO SÓLO SE TIENE NOTICIA CIERTA DEL LUGAR DONDE COMENZARÁ LA EJECUCIÓN DE ESE ACTO, PERO NO DEL SITIO DONDE CONTINUARÁ EJECUTÁNDOSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON RESIDENCIA EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO SE ENCUENTRE RECLUIDO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 90/2007-PS, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 35/2008, de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO.", determinó que, la orden para trasladar a un reo de un centro de reclusión a otro, por su naturaleza jurídica, es un acto de tracto sucesivo, pues sus efectos no se agotan con su sola emisión, sino que se prolongan en el tiempo con motivo de su ejecución, la cual culmina hasta que es ingresado en el otro centro penitenciario; dicho criterio tomó como referencia lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 36 de la Ley de Amparo abrogada, cuyo contenido es similar a la regla competencial prevista en el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo vigente. En esa ocasión no se analizó si tal porción normativa resultaba aplicable para determinar qué Juez de Distrito es el legalmente competente por razón de territorio para conocer de una demanda de amparo indirecto promovida contra la orden de traslado de un interno de un centro penitenciario a otro, ubicado en un Distrito Judicial distinto, cuando sólo se tiene noticia cierta sobre el lugar donde comenzará la ejecución de ese acto, pero no del sitio donde continuará ejecutándose. Así, para esta Primera Sala en ese caso específico no puede aplicarse esa regla competencial, dado que su actualización parte de la existencia de datos objetivos que permitan colegir que el acto reclamado tendrá ejecución en un Distrito Judicial distinto del cual se tenga noticia cierta. De no constar esa información, la competencia para conocer del asunto corresponderá al Juez de Distrito con residencia en el lugar donde el quejoso se encuentre recluido, en términos del párrafo primero del mencionado artículo 37, pues no hay duda de que ahí se iniciará a materializar ese acto de autoridad y no se sabe si tal traslado será o no a un Distrito Judicial distinto. De lo contrario, la delimitación de la competencia territorial quedaría a voluntad del quejoso, quien estaría en condiciones de presentar la demanda en un lugar distinto al sitio donde está recluido, bajo la sola manifestación, no corroborada de que la citada orden de traslado "podría" ejecutarse en aquella demarcación territorial, sin importar si efectivamente esto será o no así. Por tanto, la regla prevista en el párrafo segundo del artículo 37 de la Ley de Amparo para decidir qué Juez de Distrito es el competente para conocer del asunto, a prevención, sólo es aplicable cuando el traslado: a) efectivamente sea a un centro de reclusión ubicado en un distinto Distrito Judicial; y b) se tenga noticia cierta del Distrito Judicial al que se trasladará." Se forma cuadernillo de incompetencia. Fórmese cuaderno de antecedentes con copia autorizada de la boleta de turno, de la demanda de amparo, auto admisorio; así como copia autógrafa de esta determinación, en la inteligencia de que se decretara aperturado dicho acuerdo con esta determinación. Notifíquese por medio de lista.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con la licenciada Martha Berenice Lizardo Ozaine, Secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE EN SINTESIS DICE: Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, quince de marzo de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que la parte quejosa no ha informado respecto a si ha recibido oportunamente la atención médica requerida, derivado del padecimiento de diabetes mellitus, pie diabético, y post operatorio de cirugía a corazón abierto que afirmó tener en la demanda de amparo; así como llevando a cabo los estudios y tratamientos que le sean indicados; y, suministrando los medicamentos respectivos conforme le sean prescritos, hasta el total restablecimiento de su salud por el diagnóstico antes descrito. Requerimiento a la parte quejosa. Visto el acuerdo dictado el once de mayo de dos mil veintidós, dentro del juicio de amparo 858/2021-I, del índice de este órgano jurisdiccional, circunstancia que constituye un hecho notorio, se desprende el criterio adoptado por la suscrita para permanecer atenta al cumplimiento de las ejecutorias en esta materia; por tanto, si de los artículos 192, 193 y 196 de la Ley de Amparo se desprende que, el juzgador debe dictar las medidas necesarias para que las ejecutorias se cumplimenten, dado que las mismas son una cuestión de orden público, por lo que en el desarrollo de esta etapa, el Juez debe regir el procedimiento y asegurarse de que el acatamiento del fallo constitucional sea de forma oficiosa, pronta y precisa, con apoyo en dichos numerales, requiérase a la parte quejosa a fin de que, en lo subsecuente y dentro de los primeros diez días de cada mes, se sirva informar: - Si ha recibido oportunamente la atención médica requerida, derivado del sus padecimientos de diabetes mellitus y pie diabético, así como post operatorio de cirugía a corazón abierto que afirmó tener en la demanda de amparo; y, suministrando los medicamentos respectivos conforme le sean prescritos, hasta el total restablecimiento de su salud. En la inteligencia de que, en caso de no informar lo anterior, se entenderá que no existe incumplimiento por parte de las responsables, pues de no recibir la atención o medicamento, conforme a lo anterior, deberá informarlo de inmediato a este órgano jurisdiccional, para que se generen los requerimientos necesarios y en su caso, se impongan las sanciones correspondientes a las autoridades encargadas de dicha obligación. Hágase lo anterior del conocimiento de las autoridades responsables, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente; por lista; y mediante oficio que se remita a las autoridades responsables.

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