Félix Edmundo Ávila Alvarado
Expediente 598/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 598/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 19/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Félix Edmundo Ávila Alvarado
Actuaciones
- Principal
Se declara que dicho auto en el que se desechó la demanda de garantías por notoriamente improcedente, causó estado para todos los efectos legales correspondientes. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, envíese al archivo. Una vez analizado el presente asunto, se establece que no es de relevancia documental. Se establece que el cuaderno principal es susceptible de destrucción, Notifíquese.
- Principal
Cabe precisar que de acuerdo al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su ordinal 2º, es un hecho notorio que el veintiuno de diciembre de dos mil veinte, entró en vigor la Circular CAP/3/2020, en la que la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal aprobó el punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal"; en la que determinó en lo que interesa, la suspensión de plazos y términos del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno. Posteriormente, a través de la diversa Circular SECNO/1/2021, de ocho de enero de dos mil veintiuno, dicha Comisión aprobó el punto de acuerdo relativo a la "Propuesta de medidas en los órganos jurisdiccionales de la República mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19", a través del cual se dan a conocer las medidas adoptadas a partir del doce de enero de dos mil veintiuno, en lo que interesa, las aplicables al circuito en el que este órgano jurisdiccional pertenece, son las siguientes: 1. El ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. 2. Como ocurrió con la entrada en vigor del Acuerdo General 21/2020, se adoptan las medidas de ampliación de los plazos previstos en el artículo 2, fracciones III, IV, V y VIII, para lo cual se considerará como nueva fecha límite el doce de febrero de dos mil veintiuno; los órganos jurisdiccionales deben hacer del conocimiento de las personas justiciables la aplicabilidad de los preceptos en cita como parte del fundamento en cada determinación en que se actúe con base en dicho artículo. En consecuencia, hágase del conocimiento a las partes lo antes expuesto, para los efectos legales conducentes. Reanudación de plazos y términos En atención a las consideraciones precisadas en párrafos precedentes, se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada por el Consejo de la Judicatura Federal, del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, y se reanudan los plazos y términos procesales, los cuales, comenzarán a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído. Notifíquese personalmente.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por Félix Edmundo Ávila Alvarado, contra actos del Juez de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal de la Región Norte del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad y de otra autoridad. Fórmese el expediente respectivo, regístrese en el Libro Uno de Juzgado, correspondiente al registro de juicios de amparo con el número 598/2020-4B; y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Antecedentes El quejoso reclama el acto que refiere como futuro consistente en la medida cautelar de prisión preventiva la cual no se ha llevado a cabo pero dice que tiene certeza de que se le impondrá dicha medida en el expediente 400/2020 del índice del Juez de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal de la Región Norte del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad; agrega que lo anterior implica un daño inminente para el caso de que se le llegara a imponer dicha medida cautelar; asimismo que la audiencia inicial en el referido expediente se encuentra fijada para el quince de diciembre de dos mil veinte. Actualización de causa de improcedencia De conformidad a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, antes de admitir una demanda de amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del anterior precepto normativo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de amparo, sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: 1.- Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional. 2.- Que este motivo sea manifiesto e indudable. En relación con lo anterior, se impone precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y de los documentos que se anexen, y lo indudable de que se tenga la certidumbre y plena convicción, de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Es aplicable al caso, en lo conducente, la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, visible en la página 648, del Tomo IX, correspondiente al mes de Enero de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, cuyo rubro expresa: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio.". En la especie, de oficio se advierte que se actualiza la causa manifiesta e indudable de improcedencia, la cual se encuentra prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el numeral 5º, fracción I, de la Ley de Amparo, en tanto que el acto reclamado no ocasiona afectación en la esfera jurídica del quejoso. En efecto, los artículos antes mencionados establecen lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." Luego, de los preceptos transcritos se advierte que el juicio de amparo podrá promoverse únicamente por la parte quien sea titular de un derecho subjetivo o un interés legítimo individual o colectivo; empero, tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, sólo podrá seguirse por el directamente agraviado, es decir, por quien cuente con un interés jurídico. Visto así, para promover el juicio de amparo, el gobernado debe resentir un agravio que debe ser actual para justificar la acción de amparo, así como una afectación por la actuación de una autoridad; o por la ley, de un derecho legítimamente tutelado. Por interés jurídico debe entenderse el derecho subjetivo, que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de derechos fundamentales en su perjuicio, que deben estar protegidos por alguna norma objetiva y cuando se afecte por el acto de autoridad, ocasionando un perjuicio a su titular, éste podrá acudir al juicio de amparo. Se cita la tesis jurisprudencial I. 1o. A. J/17, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, número de registro 217651, consultable en la página 35, número 60, diciembre de 1992, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "INTERÉS JURÍDICO, NOCIÓN DE. PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. El interés jurídico necesario para poder acudir al juicio de amparo ha sido abundantemente definido por los tribunales federales, especialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al respecto, se ha sostenido que el interés jurídico puede identificarse con lo que se conoce como derecho subjetivo, es decir, aquel derecho que, derivado de la norma objetiva, se concreta en forma individual en algún objeto determinado otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. Así tenemos que el acto de autoridad que se reclame tendrá que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de algún individuo en lo particular. De esta manera no es suficiente, para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. Por ello, tiene interés jurídico sólo aquél a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia referida y, por tanto, carece de ese interés cualquier miembro de la sociedad, por el solo hecho de serlo, que pretenda que las leyes se cumplan. Estas características del interés jurídico en el juicio de amparo son conformes con la naturaleza y finalidades de nuestro juicio constitucional. En efecto, conforme dispone el artículo 107, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo deberá ser promovido sólo por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado, para que la sentencia que se dicte sólo la proteja a ella, en cumplimiento del principio conocido como de relatividad o particularidad de la sentencia." Por otra parte, el interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. Le resulta cita a la tesis aislada III.4º (III Región) 17 K (10a.), sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, número de registro 2005381, consultable en la página 3074, Libro 2, Enero de 2014, Tomo IV, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "INTERÉS JURÍDICO E INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. CARACTERÍSTICAS DEL MÉTODO CONCRETO QUE DEBE UTILIZAR EL JUEZ PARA SU DETERMINACIÓN. Del texto del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de octubre de 2011, se advierte que la intención del Constituyente es continuar en el juicio de amparo con la tutela del interés jurídico y agregar al ámbito de protección el interés legítimo, los cuales tienen diversos alcances, pues el primero requiere, para su acreditación, el perjuicio de un derecho subjetivo del cual es titular el agraviado; en cambio, el segundo comprende únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de los actos impugnados, y proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto a la norma que establezca el interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo cual supone que el quejoso pertenece a ella; en ese contexto, dichas figuras están referidas u orientadas a cuestiones de legitimación en la causa, pues en ambas se pretende la protección de derechos bajo modalidades distintas, pues reconocer la tutela de dichos intereses a nivel constitucional, sólo tiene por efecto posibilitar, en el interés jurídico, la protección de los derechos subjetivos individuales directos y, en el legítimo, aquellos de grupo o individuales indirectos. A partir de las anteriores premisas el Juez, en función del caso concreto, determinará si se está o no en presencia de un supuesto donde deba analizar el interés jurídico o el legítimo, es decir, el método concreto consiste en atender a la condición legal del sujeto frente al acto calificado de transgresor de sus derechos para precisar cuál es su pretensión, lo que se logra mediante la revisión de la demanda en su integridad, las pruebas, la naturaleza jurídica del acto reclamado e, incluso, de la autoridad responsable, dado que estos factores, conjuntamente, influyen para determinar cuál interés busca protegerse; por ejemplo, si se reclama de una autoridad la orden, ejecución, desposeimiento y embargo de un vehículo de motor en el procedimiento administrativo en materia aduanera, cuya propiedad el quejoso adujo probar con documentos específicos, como la factura con su traducción por ser de procedencia extranjera, este planteamiento permite advertir que se reclama la afectación a un interés jurídico, dada la protección pretendida al derecho de propiedad sobre el automotor. Por tanto, a partir de la diferencia de los intereses descritos, no se está en posibilidad de examinar la afectación de los dos en torno a un acto reclamado, en tanto uno excluye al otro, dado sus particulares orientación y finalidad, sin ser dable perfilar el estudio en sede constitucional por la vía del interés legítimo sólo porque así lo refiere el quejoso, pues ello equivaldría a desnaturalizar la función del órgano jurisdiccional en su calidad de rector del juicio." En el caso en particular el quejoso reclama la medida cautelar de prisión preventiva en el expediente 400/2020 del índice del Juzgado de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal de la Región Norte del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, la cual manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se ha llevado a cabo pero que tiene la certeza de que sí se le impondrá dicha medida cautelar; al respecto debe decirse que dicho acto reclamado no le ocasiona un perjuicio actual en su esfera de derechos. Así el quejoso señaló el acto reclamado de la manera siguiente: "acto futuro inminente, indubitablemente acto no realizado, pero existe la certeza de que se va a llevar a cabo. Acto de autoridad consistente en la Medida Cautelar de Prisión Preventiva, y que a solicitud del Ministerio Público o de la víctima u ofendido, el Juez, como autoridad señalada como responsable podrá imponer al imputado." En efecto, para una mejor comprensión, resulta necesario precisar cuál es el momento procesal oportuno para imponer una medida cautelar al imputado; así como, qué se entiende por actos futuros e inciertos. De ahí que, en principio se destaca que la imposición de medidas cautelares tiene por principal finalidad asegurar de forma eficaz el acceso a la justicia, el desarrollo adecuado de las causas penales y, en su momento, el cumplimiento irrestricto de la sentencia; así, las medidas cautelares no se imponen de oficio por el juez ?hecha la excepción en tratándose de delitos graves? y siempre requieren una imputación previa antes de su solicitud, pues el juez debe conocer que hecho delictivo se imputa a la persona para determinar la proporcionalidad de la medida cautelar que se podría llegar a imponer. En ese sentido, sólo se podrá debatir sobre la imposición de medidas cautelares cuando el proceso penal se haya iniciado mediante la formalización por parte del ministerio público de una investigación que realiza en contra de una persona determinada, esto dentro de la fase complementaria de la investigación, tal y como lo señalan los artículos 211 y 307 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De tal guisa, la imposición de las medidas cautelares están supeditadas al proceso penal y, sobre todo, a la formulación de imputación que realiza el ministerio público en contra de determinada persona; en ese sentido, el numeral 154 del Código Nacional Adjetivo, señala como requisito para su imposición que se haya formulado imputación, o bien, que se haya sido vinculado a proceso, lo que es entendible bajo la lógica en relación con los momentos que se podrá debatir sobre la imposición de las medidas cautelares. Ahora bien, por actos futuros debe entenderse por un acto cuya realización no se ha llevado a cabo, y por incierto, se debe entender por aquello que no se tiene la certeza de que dicho acto se vaya a materializar. Ahora bien, tal y como se ha venido mencionado, para que puedan imponerse medidas cautelares al imputado, es necesario que primeramente se haya llevado a cabo la audiencia de formulación de imputación; que la parte interesada ?ministerio público, víctima y ofendido o testigos? le solicite al juez la imposición de una o varias de las medidas cautelares y que el órgano jurisdiccional realice un examen valorativo para decretar si la medida cautelar es o no idónea para aplicarle al imputado; por lo cual, si el quejoso señaló que la audiencia inicial está señalada para el quince de diciembre de dos mil veinte y el once de diciembre del propio año, presentó la demanda de amparo, es lógico y evidente que el momento procesal en relación a las medidas cautelares aún no se había llevado a cabo, tal y como se desprende de los artículos 154 y 211 del Código Nacional Adjetivo; de ahí que, se evidencie que la etapa procesal correspondiente para solicitar al órgano jurisdiccional la imposición de medidas cautelares al incoado, no había acaecido (acto futuro) y no se tenía conocimiento si éstas se iban a solicitar (acto incierto), y menos que efectivamente se fueren a imponer. Así, se obtiene que el momento procesal a efecto de imponer medidas cautelares no se ha verificado, por lo cual, no se puede tener la certeza de la aplicación de alguna de estas, y menos de la prisión preventiva -a que alude el impetrante-, ya que no se conoce cuál es la información que aportarán las partes y si ésta es suficiente para que el órgano jurisdiccional determine imponer una medida, máxime que en el particular existen diversas medidas cautelares que se le pudieran imponer a un imputado, según se desprende del arábigo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por tanto, el acto reclamado es futuro e incierto, toda vez que no ha nacido el momento procesal oportuno para la aplicación de medida cautelar alguna, y no se sabe cuál de éstas se solicitara, y menos aún la que se impondrá, pues ello depende de cada caso en concreto y de las pruebas aportadas por las partes, situación que todavía no acontece. Robustece lo anterior, el siguiente criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Quinta Época, con número de registro 290984: "JUICIO DE AMPARO. No procede contra actos futuros y basado sólo en suposiciones y temores, sin saber qué autoridad verificará esos actos y si por ello se violará o no alguna garantía constitucional. No se soslaya lo manifestado por el quejoso en su demanda, en el sentido de que es inminente que se le impondrá la medida cautelar de prisión preventiva y que existe certeza de que se llevara a cabo; empero, ello no implica que ésta se le vaya a imponer, pues se reitera, es el juez quien valorará lo aportado por las partes con el fin de imponer una medida idónea, una vez que se verifique la audiencia de formulación de imputación, la cual al momento de la admisión de la demanda aún no se verificaba. Lo anterior, se sostiene con la tesis emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, con número de registro: 220709, de la Octava Época: "ACTOS FUTUROS, PROBABLES E INCIERTOS. SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. Cuando el acto reclamado en el juicio de garantías, se hace consistir en el auto que apercibe a una de las partes litigantes, mediante cualquiera de las medidas de apremio, en el caso de incumplir con el requerimiento de la autoridad, es indudable que constituye un acto futuro, probable e incierto, cuenta habida que de una correcta interpretación de la tesis relacionada en tercer lugar con la jurisprudencia número 74, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, visible en la Página 123, que dice: "ACTOS FUTUROS", se desprende que el juicio de amparo es procedente, únicamente cuando el acto reclamado sea inminente, es decir, que exista certeza sobre su realización, por así demostrarlo los actos previos de la autoridad, de suerte tal, que no exista duda de que necesariamente se ha de dictar, hipótesis que no se actualiza, cuando el actuar de la responsable, se encuentra condicionado por la conducta previa de los particulares o partes en litigio, como sucede con la probable utilización de las medidas de apremio, pues bastaría cumplir con lo ordenado por la autoridad para que aquéllas no se hicieran efectivas y, por consiguiente, su actualización constituye un acto futuro e incierto, y por ello, procede sobreseer en el juicio de amparo." De ahí que el acto reclamado consistente en la imposición de la medida cautelar que no se ha llevado a cabo, no ocasiona un perjuicio a la esfera de derechos del quejoso, y por ende, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del numeral 61, en relación con el diverso 5º, fracción I, de la Ley de Amparo. Cabe precisar que las manifestaciones realizadas por el quejoso bajo protesta de decir verdad, son valoradas en términos de lo previsto en los artículos 93, fracción I, 95, 96 y 199 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2º de la Ley de Amparo, por lo que tienen validez probatoria plena, por tratarse de una confesión expresa; sin embargo, son insuficientes para tener por acreditada la afectación a su intereses jurídicos pues se insiste los actos que reclama son futuros e inciertos; sirve de apoyo a lo anterior el criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 857, Segundo Tribunal Colegiado Del Segundo Circuito, Octava Época, Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESION EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). Siendo disposición del artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria; el que los hechos expresados por el promovente en la demanda, constituyen una confesión expresa, es evidente que las aseveraciones que el peticionario formula en su demanda de amparo, prueban plenamente en su contra sin necesidad de ofrecerse como prueba, por constituirse una confesión expresa." De igual forma, sirve de apoyo a lo anterior la tesis PC.I.L. J/14 L (10a.) del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, libro 77, agosto de 2020, tomo VI, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO PROMOVIDO CONTRA LA IMPOSICIÓN DE UNA MEDIDA CAUTELAR, SI AÚN NO SE HA CELEBRADO LA AUDIENCIA RELATIVA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado diversos criterios que postulan que el juicio de amparo es improcedente contra actos futuros e inciertos, pues son nulas las posibilidades a que el acto de alguna autoridad pudiera causar daño o perjuicio a una persona determinada, sin que éste sea actual o inminente. Ahora bien, de conformidad con el artículo 154 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Juez impone medidas cautelares a petición del Ministerio Público o de la víctima u ofendido -en los casos que proceda-, una vez formulada la imputación o se haya vinculado a proceso al imputado. Por tanto, si al momento de la presentación de la demanda de garantías, aún no se verifica la etapa relativa a la imposición de medidas cautelares al incoado, resulta claro que no existe certeza de su materialización ni de su realización inminente y, en consecuencia, no se colma el supuesto de procedencia del juicio de amparo relativo a la existencia de una afectación real, actual o aun inminente, en perjuicio del quejoso, lo que por vía de consecuencia actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5o., fracción I, de la Ley de Amparo." Entonces, al ser manifiesta e indudable la causa de improcedencia aludida con antelación, a nada práctico conduciría admitir una demanda de amparo, pues aun cuando se admitiera la demanda y se ventilara el procedimiento, no es factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos de prueba que eventualmente pudieran allegar las partes; por ello, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de la Amparo, procede el desechamiento de plano de la demanda por notoriamente improcedente. Es aplicable al caso, en lo conducente, la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, visible en la página 648, del Tomo IX, correspondiente al mes de Enero de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, cuyo rubro expresa: DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio". Domicilio y autorizados Ténganse señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle paseo Nogales, número 1884, fraccionamiento Urbivilla del Bosque en esta ciudad, y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado Jesús Alberto Almeida Flores. Se hace del conocimiento del Acuerdo General 21/2020 Ahora bien, en virtud que el tres de agosto de dos mil veinte, entró en vigor el Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, según su publicación en el Diario Oficial de la Federación, el treinta y uno de julio del año en curso; en consecuencia, en acatamiento al mismo se ordena hacer saber a las partes lo siguiente: 1). Se reanudan los plazos y términos procesales, por lo que se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada por el Consejo de la Judicatura Federal, del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte, con las siguientes precisiones: a). Dado que los plazos se suspendieron y no se interrumpieron, el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio; b). En los juicios de amparo y en los juicios federales en los que se encuentre pendiente la celebración de audiencias, la reanudación de plazos operará hasta que se notifique la nueva fecha de celebración de las citadas audiencias ya sea incidental o constitucional; en el caso en particular, los plazos comenzaron a contar a partir del once de agosto de dos mil veinte (esto es, al día siguiente al en que surtió efectos la notificación del auto de seis de agosto de dos mil veinte). c). La notificación de los asuntos resueltos y engrosados durante la contingencia sanitaria, que no se hubiese podido practicar antes de la entrada en vigor del acuerdo general en cita, se realizará de manera escalonada, debiendo concluirse a más tardar el uno de octubre de dos mil veinte; y, d). El emplazamiento en los juicios nuevos que no se hubiese podido practicar antes de la entrada en vigor del acuerdo general 21/2020 que se cumplimenta, se realizará de manera escalonada, debiendo concluirse a más tardar el uno de octubre de dos mil veinte. 2). Atención al público en general, al respecto se precisa lo siguiente: a). Tratándose de comunicaciones no procesales, se podrá brindar atención a las personas vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas de comunicación instantánea como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos; y, b). Tratándose de la práctica de diligencias, audiencias y demás comparecencias que suelan requerir la presencia física de las partes o de otros intervinientes, se podrán practicar mediante el uso de herramientas tecnológicas como las videoconferencias, sin menoscabo de los casos en los que puedan llevarse a partir de los escritos presentados física o electrónicamente por las partes; lo que es aplicable incluso cuando la tramitación de un expediente se realice bajo el esquema tradicional y no mediante el modelo de juicio en línea. En la inteligencia de que cuando pese a la posible utilización de los mecanismos antes previstos, sea indispensable que las partes acudan físicamente al órgano jurisdiccional o cuando éstas deseen asistir personalmente a consultar los expedientes ante la imposibilidad de hacerlo por otros medios, deberán generar una cita en el micrositio de servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias, que se encuentra disponible en el Portal de Servicios en Línea, "Servicios jurisdiccionales", dentro del que encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal. Adicionalmente, en dicho micrositio encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. En el entendido de que la generación de citas, es un proceso automatizado que otorgará a la persona a cuyo nombre se solicite, un Código QR que permitirá que ella y, en su caso, otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresen al órgano jurisdiccional. El acceso está condicionado a que al menos una de las personas que acuda a la cita se identifique como la persona a cuyo nombre se generó, sin que la otra esté exenta de registrarse. El acceso podrá restringirse a quienes acudan fuera del horario previsto y a quienes no cumplan los requisitos para pasar los filtros sanitarios. El Código QR podrá presentarse electrónicamente en un dispositivo móvil o podrá llevarse impreso, y dará derecho a que un máximo de dos personas accedan al órgano jurisdiccional ante el cual se programó la cita, sin que puedan utilizar ese pase para visitar órganos distintos. En el entendido de que, de ser el suscrito quien cite físicamente a las partes o a diversas personas para una comparecencia, para el desahogo de un requerimiento o para su participación en una diligencia o audiencia, se procederá en términos de lo dispuesto por el artículo 6 del acuerdo en cita. Juicio en línea Por otra lado, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea "juicio en línea"; quienes no tengan autorizada la actuación por medios electrónicos podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso a un expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020. Así, quienes actualmente actúen en un expediente bajo el modelo tradicional, pueden en cualquier momento transitar hacia el modelo de juicio en línea. Habilitación de días y horas inhábiles En el entendido de que se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el órgano ejecutor de este Juzgado, lleve a cabo las diligencias judiciales necesarias relacionadas con sus funciones de notificador, durante el curso del procedimiento en el presente juicio de garantías, de conformidad con lo establecido en el último párrafo del numeral 21 de la Ley de Amparo. Expediente electrónico En atención al Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal; y al Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena se digitalice en su totalidad el presente asunto. Transparencia Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de dos de junio dos mil nueve, así como en el diverso 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar la información que considere en relación con el expediente en el que se actúa, una vez que cause ejecutoria la resolución que se dicte en este asunto, atendiendo las formalidades previstas en la legislación federal aplicable. Notifíquese personalmente.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Sinaloa · 8,726 expedientes
- Felipe Valdez Leyva4/2019
- Felipe Yussef Karin Estrada Yaver558/2015
- Felipe Yussef Karin Estrada Yaver361/2020
- Felipe Yussef Karin Estrada Yaver482/2015
- Felix Alberto Acosta Soto250/2012
- Félix Edmundo Ávila Alvarado39/2021
- Felix Enrique Quintero Quintero317/2020
- Félix González Guzmán294/2021
- Félix González Guzmán616/2022
- Félix González Guzmán216/2021
- Felix Norberto Leyva Zúñiga414/2019
- Félix Norberto Leyva Zúñiga76/2020