Félix Díaz Aguirre

Expediente 86/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
86/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
22/03/2019

Partes del expediente

  • Félix Díaz Aguirre

Actuaciones

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; veintidós de marzo de dos mil diecinueve. Agréguese el escrito signado por el autorizado de la parte quejosa; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvansele los documentos que acompañó a su demanda de amparo, previa certificación de su desglose y constancia legal de su entrega.

  2. Principal

    Acapulco, Guerrero; dieciocho de febrero de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, y no se recurrió el auto mediante el cual se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, al no existir actuación alguna por cumplimentar, en su oportunidad archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción I, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en su caratula. Notifíquese.Así lo proveyó y firma el Maestro Lino Román Quiroz, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido por Luis Ángel Robles Lucas, Secretario adscrito a este juzgado de Distrito, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    RAZON DE NOTIFICACION PERSONAL POR ESTRADOS A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE SEIS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE, MISMO QUE DICE... Acapulco, Guerrero; seis de febrero de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por Félix Díaz Aguirre, por su propio derecho, contra actos del Comisariado Ejidal de Ejido Viejo y el Conchero del Municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero y otras autoridades. Regístrese en el libro de gobierno con el número 86/2019, y fórmese expediente. IMPROCEDENCIA En acato a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede dilucidar en torno a la procedencia de la demanda que nos ocupa. Del escrito de demanda se obtiene: Que el objeto de estudio en esta instancia constitucional, lo constituye la asamblea de veintiséis de agosto de dos mil dieciocho y el acuerdo en ella dictado, por el cual se acordó que el C. Amado Nava Aguirre, tenía mejor derecho a poseer el terreno que en vida fue propiedad de la finada Isabel Aguirre Urzua (madre del aquí quejoso) así como su ejecución y cumplimiento. Precisado lo anterior, se tiene que en el caso, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)." El numeral transcrito regula uno de los principios rectores del juicio de amparo: el de definitividad del acto reclamado, que no es otra cosa que la improcedencia del juicio constitucional contra actos recurribles, salvo los casos excepcionales establecidos por la ley y la jurisprudencia. En efecto, el quejoso debe agotar o substanciar todos los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar o revocar la determinación que le causa perjuicio, pues de lo contrario, la acción constitucional resultaría improcedente por no acatar el principio de definitividad que lo rige. El principio en comento pretende que el amparo sea la última instancia que utilice el gobernado para lograr la anulación de los actos de autoridad que estima violatorios de sus garantías individuales, por lo que si esa anulación puede obtenerla por medio de la interposición de recursos o medios de defensa ordinarios, debe utilizarlos antes de acudir al juicio de amparo, para que la potestad constitucional, una vez que se ha convertido el acto reclamado en definitivo, esté en oportunidad de analizar, como última instancia, la constitucionalidad del acto. En ese sentido, si el acto que por esta vía se impugna, se hace consistir en la asamblea de veintiséis de agosto de dos mil dieciocho y el acuerdo en ella dictado, por el cual se acordó que el C. Amado Nava Aguirre, tenía mejor derecho a poseer el terreno que en vida fue propiedad de la finada Isabel Aguirre Urzua (madre del aquí quejoso) así como su ejecución y cumplimiento, previo a la interposición del juicio de amparo, el quejoso debió acudir en primer lugar, ante el Tribunal Agrario, conforme a lo dispuesto por el artículo 61 de la Ley Agraria, el cual prevé, que la asignación de tierras por la asamblea podrá ser impugnada ante el tribunal agrario, directamente o a través de la Procuraduría Agraria, por el individuo que se sienta perjudicado por la asignación, como en el presente caso acontece. En efecto, dentro de las consideraciones que se encuentran contenidas en la contradicción de tesis 196/2014, resuelta por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se destaca lo siguiente: " [.] Como puede advertirse, la Ley Agraria establece que los derechos que tiene un ejidatario para usar y disfrutar sus parcelas, así como los demás que le sean otorgados serán transferidos cuando fallezca. Al respecto, la ley otorga facultad al ejidatario para designar a la persona que habrá de sucederle en sus derechos agrarios, la cual adquirirá, por ese solo hecho, la calidad de ejidatario; a falta de designación, la ley señala a las personas que tienen derecho a heredar en estricto orden de preferencia; a saber: la cónyuge; la concubina o concubinario; uno de los hijos; uno de sus ascendientes; o cualquier otra persona que dependa económicamente del ejidatario. De manera que si la Ley Agraria prevé la transmisión de derechos agrarios a la muerte de un ejidatario, precisando las personas con derecho a heredar el uso y disfrute de las parcelas de éste, así como los demás derechos que le hayan sido otorgados, en el orden de preferencia indicado; entonces, resulta claro que la ley otorga a aquéllas la facultad para reclamar su derecho sucesorio, respecto de las tierras que correspondían al ejidatario extinto, quienes tendrán que acreditar el orden de preferencia en que se ubican. Siendo esto así, la asignación de parcelas, por parte de la asamblea ejidal, cuyo titular ejidatario ha fallecido, genera perjuicios a la persona con derecho a suceder el uso y disfrute de esas tierras, porque trasciende directamente en su derecho a heredar la posesión de las tierras que correspondían al ejidatario extinto y, por tanto, las personas indicadas en el artículo 18 de la Ley Agraria están legitimadas para impugnar los acuerdos respectivos de la asamblea, de conformidad con el numeral 61 de la citada legislación." La anterior contradicción de tesis dio lugar a la jurisprudencia 1ª./J.64/2012, décima época, Libro 15, Tomo II, página 1598, Febrero de 2015, Materia Administrativa, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "ASIGNACIÓN DE TIERRAS EJIDALES. LAS PERSONAS CON DERECHO A HEREDAR TIENEN LEGITIMACIÓN PARA IMPUGNAR, EN ESTRICTO ORDEN DE PREFERENCIA, EL ACUERDO RESPECTIVO DE LA ASAMBLEA EJIDAL." De la interpretación sistemática de los artículos 14, 15, 17 y 18 de la Ley Agraria, deriva que los derechos que tiene un ejidatario para usar y disfrutar sus parcelas, así como los demás que le sean otorgados, serán transferidos cuando fallezca, a la persona que haya designado, la cual adquirirá, por ese solo hecho, la calidad de ejidatario y, a falta de designación, sucederá en estricto orden de preferencia la cónyuge, la concubina o el concubinario, uno de los hijos, uno de sus ascendientes, o cualquier otro dependiente económico del ejidatario, quienes en el orden de preferencia indicado tienen la facultad para reclamar su derecho sucesorio, respecto de las tierras que correspondían al extinto ejidatario. En consecuencia, la asignación de parcelas por parte de la asamblea ejidal, cuyo titular ha fallecido, genera perjuicios a la persona con derecho a suceder, en estricto orden de preferencia, en el uso y disfrute de esas tierras, porque trasciende de manera directa en su derecho a heredar. Por tanto, las personas indicadas en el artículo 18 de la Ley Agraria están legitimadas para impugnar los acuerdos respectivos de la asamblea, de conformidad con el numeral 61 de la citada legislación, en cuyo caso, el plazo de 90 días a que se refiere inicia desde que conocieron o se hicieron sabedores de la resolución correspondiente. De ahí, que al referir el quejoso ser hijo de la finada Isabel Aguirre Urzúa, y por tanto, tener mejor derecho a poseer que el C. Armando Nava Aguirre, debió primeramente acudir ante el Tribunal Agrario; lo anterior, en virtud de que la procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión, de modo que no es optativo para la parte quejosa cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, sino obligatorio, conforme con el artículo 61, fracción XX, de la ley de la materia. En este tenor, al actualizarse la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, la cual es manifiesta porque se puede determinar con base en los elementos aportados con la demanda e indudable porque se tiene la certeza de que aun cuando se admitiera la demanda de amparo y se desahogaran pruebas en la audiencia constitucional, no se formaría una convicción diversa a la que se sostiene en este auto; lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Ahora, tomando en consideración que la parte quejosa, no señala domicilio en esta ciudad, para oír y recibir notificaciones; por tanto, con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, efectúensele las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, por medio de lista en términos del artículo 29 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de que con posterioridad señale nuevo domicilio para tal efecto en esta localidad; por autorizados en términos amplios del artículo 12, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, dada la naturaleza del juicio, a las personas que designa. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de la Materia, se comisiona a la actuaria judicial para que las notificaciones de carácter personal, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles... LO QUE NOTIFICO POR ESTE MEDIO A LA CITADA PARTE QUEJOSA, EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE SEIS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE, PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES...

  4. Principal

    NOTIFICACION PERSONAL

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