Felix Castillo Santes
Expediente 1185/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1185/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 09/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Felix Castillo Santes
Actuaciones
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, nueve de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, se provee: toda vez que la quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído por el que se desechó de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo, 288, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto queda firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. Cabe señalar, que el presente asunto no cuenta con documentos originales y no es de relevancia documental, debido a que carece de valor jurídico e histórico. Además, se desechó la demanda de amparo. Por tanto, de conformidad con lo que establece el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este cuaderno es susceptible de destrucción. Finalmente, de la certificación que antecede se advierte que después de haber realizado una exhaustiva revisión de todas y cada una de las constancias que integran el presente juicio, no existe prueba por desahogar, diligencia por practicar, ni recurso por resolver. En consecuencia, procede archivarlo definitivamente, como asunto totalmente concluido, previo cotejo que se realice de que la versión electrónica del expediente en que se actúa coincide con la impresa, en términos de lo previsto en el artículo 25, segundo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. En su oportunidad, realícese el trámite para su destrucción. Notifíquese: por lista a las partes.
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, quince de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos la razón suscrita por el actuario judicial adscrito, por medio de la cual manifiesta la imposibilidad que tuvo para notificar a la parte quejosa, el auto por el que se desechó la demanda de amparo; por los motivos que expone. En atención a lo anterior y tomando en consideración que de las constancias que obran en autos no se advierte otro domicilio que haya señalado la quejosa para oír notificaciones, con fundamento en el artículo 27 fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquesele el auto de que se trata, mediante la lista que se fije en los estrados de este juzgado; QUE A LA LETRA DICE, """"""""""""""""""""""""""""""""""Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiuno de octubre de dos mil veintidós. V i s t a la demanda de amparo de cuenta se provee: téngase por presentado a ******************************, por propio derecho, quien solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra de las autoridades y por los actos que enseguida se precisan: Autoridades responsables Ordenadoras: Juez de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México. Agente del Ministerio Público del Primer Turno adscrito a la Fiscalía de Homicidios del Valle de México, con sede en Tlalnepantla de Baz. Agente del Ministerio Público del Segundo Turno adscrito a la Fiscalía de Homicidios del Valle de México, con sede en Tlalnepantla de Baz. Agente del Ministerio Público del Tercer Turno adscrito a la Fiscalía de Homicidios del Valle de México, con sede en Tlalnepantla de Baz. Ejecutora: 5. Comisario General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Naucalpan de Juárez, Estado de México. Actos reclamados De los agentes del Ministerio Público señalados como responsables el acuerdo por el que se decreta la detención dentro de la carpeta de investigación *******************************. Del Juez de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, la determinación de dieciséis de agosto de dos mil veintidós, por la que se califica y ratifica la detención dentro de la carpeta 1685/2022. REGISTRO DE LA DEMANDA Fórmese expediente impreso y electrónico. Anótese su ingreso en el libro de gobierno del juzgado. DESECHAMIENTO No obstante, previamente a la admisión de la demanda de cuenta, es necesario examinar si colma los requisitos indispensables para su procedencia; o bien, si se encuentra algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia de acuerdo con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Al respecto, es necesario establecer que un motivo de improcedencia es manifiesto cuando aparece de lo expresado en la demanda constitucional y es indudable cuando no puede ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. Así, analizadas las constancias que integran el presente asunto, se advierte que respecto al acto reclamado consistente en el acuerdo por el que se decreta la detención dentro de la carpeta de investigación NEZ/FRO/VNE/062/234915/22/08; se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;". En efecto, de la interpretación de la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos fundamentales, sin dejar huella en su esfera jurídica. La citada causa de improcedencia requiere para su actualización que la autoridad responsable despliegue una acción dirigida al acto reclamado de tal manera que destruya todos los efectos del mismo, como si se le restituyera a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales que alega le fueron violados. Esto es, que la propia autoridad a quien se le atribuye la emisión del acto impugnado, no solamente deje insubsistente dicha actuación, sino que lo haga en forma total e incondicional, y con ello produzca que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación de los derechos fundamentales del agraviado. De lo que se sigue que en la cesación de efectos del acto reclamado, el posterior actuar de la responsable debe equipararse a la concesión de amparo, en cuanto a que desaparecen los efectos del acto tachado de inconstitucional, como si éste nunca hubiera invadido la esfera jurídica del gobernado, o habiéndola irrumpido, la cesación no deja ninguna huella. Así lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de rubro y texto que se transcriben: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Mientras que el segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. Ello, ya que al constituir el proceso una serie de actos concatenados y estrechamente relacionados entre sí, cada nuevo acto que encuentra su base en el que le precede, debido a la interdependencia que guardan, lo sustituye de inmediato en sus efectos jurídicos. Ahora bien, en la especie el acto reclamado, se hace consistir el acuerdo por el que se decreta la detención dentro de la carpeta de investigación NEZ/FRO/VNE/062/234915/22/08, emitido por los agentes del Ministerio Público señalados como responsables. Empero, de la demanda de amparo, se advierte que por determinación de dieciséis de agosto de dos mil veintidós, dictado en la carpeta 1685/2022, la diversa autoridad Juez de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, calificó y ratificó la detención aludida. De ahí que la citada determinación de dieciséis de agosto de dos mil veintidós, dictada por el Juez de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, en la carpeta 1685/2022, sustituyó procesalmente al acto reclamado, consistente en, el acuerdo por el que se decreta la detención del quejoso dentro de la carpeta de investigación NEZ/FRO/VNE/062/234915/22/08; de ahí que se desprenda que sobrevino un acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, por lo que, para efectos del juicio de amparo respecto de este último, el amparo resulta improcedente. Por tal motivo, respecto del acto reclamado consistente en la determinación por el que se decreta la detención del quejoso dentro de la carpeta de investigación NEZ/FRO/VNE/062/234915/22/08, dictado por los agentes del Ministerio Público señalados como responsables, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XXI, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente la tesis I.2o.P.4 K (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, de rubro y texto siguiente: IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. SE ACTUALIZA ESTA CAUSAL CUANDO LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA SUSTITUYE PROCESALMENTE A LA DICTADA EN PRIMERA. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, prevé la improcedencia del juicio por cesación de efectos. Esta causal se actualiza en dos supuestos; por revocación, cuando la propia autoridad destruye en forma total, incondicional y material los efectos del acto; y, por sustitución procesal, cuando los efectos del acto cesan, con motivo de que sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, cuya firmeza se da por el posterior acto. Por tal motivo, debe sobreseerse en el juicio de amparo, por actualizarse la segunda de las hipótesis de improcedencia por cesación de efectos, respecto de la resolución dictada por una autoridad de primera instancia, cuando ésta se combate a través de algún medio de impugnación, cuyo sistema recursivo permita pronunciarse sobre el tema a debate, con base en la misma legislación en que se sustentó el fallo cuestionado. Esto es así, porque la resolución de segunda instancia incide y sustituye procesalmente los efectos generados por la dictada en primera instancia. Por otra parte, respecto del segundo de los actos reclamados, consistente en la determinación de dieciséis de agosto de dos mil veintidós, por la que se califica y ratifica la detención dentro de la carpeta 1685/2022, en la especie, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XIV, en relación con el diverso 17, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.). Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. La fracción XIV del citado artículo 61 regula la improcedencia del juicio de amparo por consentimiento tácito que no es otra cosa que la promoción del juicio de amparo en forma extemporánea. En esas condiciones, el artículo 17 de la Ley de Amparo, establece que el plazo para presentar la demanda de amparo por regla general es de quince días; salvo los casos de excepción que el propio precepto prevé. Asimismo, el artículo 18 de la ley de la materia dispone que los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. En el caso, concreto, se advierte que la parte quejosa tuvo pleno conocimiento del acto reclamado de forma personal en la fecha en que se determinó calificar de legal su detención al estar presente en la audiencia inicial, como se advierte del acta que anexó a su escrito de demanda, que lo fue el dieciséis de agosto de dos mil veintidós. En ese contexto, el término de quince días hábiles que la ley concede al quejoso para promover juicio de amparo indirecto en contra del citado acto reclamado, comenzó el diecisiete de agosto del año en curso y feneció el seis de septiembre del propio año. En tanto que la demanda de amparo fue presentada en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan, el dieciocho de octubre de dos mil veintidós. De lo que resulta evidente que la demanda de amparo se presentó de manera extemporánea. En consecuencia, al actualizarse de modo manifiesto e indudable las causales de improcedencia de mérito, con fundamento en lo que establece el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano por ser notoriamente improcedente la demanda de que se trata. DOMICILIO Toda vez que la parte quejosa, no señala un domicilio para oír y recibir notificaciones, se tiene para tal efecto, las listas que se fijan en los estrados del local que ocupa este juzgado; lo anterior hasta en tanto subsane dicha omisión. No obstante a lo anterior, dada la trascendencia del presente acuerdo, toda vez que de la demanda de amparo se advierte un domicilio del quejoso, el cual se ubica en: La Rosas, número cinco, colonia San Lorenzo Totolinga, municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, con fundamento a lo previsto en el artículo 26, fracción I, inciso c), 27, fracción II, último párrafo, de la Ley de Amparo, se comisiona al actuario judicial adscrito a este juzgado por única ocasión, para que, se constituya en el domicilio en cita y le notifique este proveído. AUTORIZADOS En cuanto a las personas que menciona, se tienen por autorizadas en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo si a la fecha del dictado del presente acuerdo tienen su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los tribunales de circuito y juzgados de distrito, atento a lo dispuesto en el titulo décimo del Acuerdo General del Pleno de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de octubre de dos mil seis; de no ser así, para el sólo efecto de oír notificaciones e imponerse de los autos, atento a lo que prevé el segundo párrafo del precepto legal antes citado. EXHORTACIÓN A LAS PARTES PARA SEGUIR LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO MEDIANTE EL ESQUEMA DE JUICIO EN LÍNEA Con fundamento en los artículos 22, 28 y 29 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes para que, de ser posible, hagan uso de las herramientas tecnológicas que se ofrecen desde el portal de servicios en línea y continúen con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "Juicio en Línea", esto es, soliciten la consulta del expediente electrónico, así como las notificaciones, a través de la vía electrónica. Cabe destacar que para este fin es necesario, la utilización de una firma electrónica FIREL vigente. MEDIOS ALTERNATIVOS DE CONTACTO. Téngase como medio alternativo de contacto de la parte quejosa el correo electrónico que proporciona. CAPTURA DE RESOLUCIÓN EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES Y ELABORACIÓN DE VERSIÓN PÚBLICA De conformidad con los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinara de doce de noviembre de dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, captúrese el día de su publicación la presente resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva. Agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. En términos de lo que establecen los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, aprobado en sesión ordinaria de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, se instruye al coordinador de actuarios de este órgano jurisdiccional capture en la integración de expedientes en el SISE la fecha en que cada una de las partes de este juicio quedaron notificadas del presente proveído, para que quede a disposición del público en versión pública, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, se instruye a la Analista Jurídico SISE, para que realice las gestiones necesarias a efecto de que se integre la versión pública de esta determinación al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En el entendido de que es obligación del secretario encargado de este asunto verificar que dicha publicación se haya efectuado de manera correcta. SUPRESIÓN DE DATOS PERSONALES De conformidad con los artículos 106, 108, 109, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 3, fracciones IX, X, XXVIII y XXX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se ordena suprimir en la versión pública los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. Cabe indicar que tiene expedito su derecho para oponerse a la publicación de datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V, y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo previsto en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, por lo que las partes deberán manifestarlo expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en el entendido que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se emitan se aplique sin supresión de datos, conforme a lo dispuesto en el numeral 21 de la última ley en cita. AUTORIZACIÓN DE FIRMA DE OFICIOS Se autoriza a los secretarios y actuarios adscritos a este juzgado federal a efecto de que firmen los oficios derivados del presente asunto. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen, incluso emplazamientos a cualquiera de las partes en el presente juicio de amparo; y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. Notifíquese: personalmente a la parte quejosa.""""""""""""""""""", en el entendido de que las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, se le realizarán en esos términos. Notifíquese por lista a las partes.
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiuno de octubre de dos mil veintidós. V i s t a la demanda de amparo de cuenta se provee: téngase por presentado a ******************************, por propio derecho, quien solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra de las autoridades y por los actos que enseguida se precisan: Autoridades responsables Ordenadoras: Juez de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México. Agente del Ministerio Público del Primer Turno adscrito a la Fiscalía de Homicidios del Valle de México, con sede en Tlalnepantla de Baz. Agente del Ministerio Público del Segundo Turno adscrito a la Fiscalía de Homicidios del Valle de México, con sede en Tlalnepantla de Baz. Agente del Ministerio Público del Tercer Turno adscrito a la Fiscalía de Homicidios del Valle de México, con sede en Tlalnepantla de Baz. Ejecutora: 5. Comisario General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Naucalpan de Juárez, Estado de México. Actos reclamados De los agentes del Ministerio Público señalados como responsables el acuerdo por el que se decreta la detención dentro de la carpeta de investigación *******************************. Del Juez de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, la determinación de dieciséis de agosto de dos mil veintidós, por la que se califica y ratifica la detención dentro de la carpeta 1685/2022. REGISTRO DE LA DEMANDA Fórmese expediente impreso y electrónico. Anótese su ingreso en el libro de gobierno del juzgado. DESECHAMIENTO No obstante, previamente a la admisión de la demanda de cuenta, es necesario examinar si colma los requisitos indispensables para su procedencia; o bien, si se encuentra algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia de acuerdo con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Al respecto, es necesario establecer que un motivo de improcedencia es manifiesto cuando aparece de lo expresado en la demanda constitucional y es indudable cuando no puede ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. Así, analizadas las constancias que integran el presente asunto, se advierte que respecto al acto reclamado consistente en el acuerdo por el que se decreta la detención dentro de la carpeta de investigación NEZ/FRO/VNE/062/234915/22/08; se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;". En efecto, de la interpretación de la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos fundamentales, sin dejar huella en su esfera jurídica. La citada causa de improcedencia requiere para su actualización que la autoridad responsable despliegue una acción dirigida al acto reclamado de tal manera que destruya todos los efectos del mismo, como si se le restituyera a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales que alega le fueron violados. Esto es, que la propia autoridad a quien se le atribuye la emisión del acto impugnado, no solamente deje insubsistente dicha actuación, sino que lo haga en forma total e incondicional, y con ello produzca que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación de los derechos fundamentales del agraviado. De lo que se sigue que en la cesación de efectos del acto reclamado, el posterior actuar de la responsable debe equipararse a la concesión de amparo, en cuanto a que desaparecen los efectos del acto tachado de inconstitucional, como si éste nunca hubiera invadido la esfera jurídica del gobernado, o habiéndola irrumpido, la cesación no deja ninguna huella. Así lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de rubro y texto que se transcriben: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Mientras que el segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. Ello, ya que al constituir el proceso una serie de actos concatenados y estrechamente relacionados entre sí, cada nuevo acto que encuentra su base en el que le precede, debido a la interdependencia que guardan, lo sustituye de inmediato en sus efectos jurídicos. Ahora bien, en la especie el acto reclamado, se hace consistir el acuerdo por el que se decreta la detención dentro de la carpeta de investigación NEZ/FRO/VNE/062/234915/22/08, emitido por los agentes del Ministerio Público señalados como responsables. Empero, de la demanda de amparo, se advierte que por determinación de dieciséis de agosto de dos mil veintidós, dictado en la carpeta 1685/2022, la diversa autoridad Juez de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, calificó y ratificó la detención aludida. De ahí que la citada determinación de dieciséis de agosto de dos mil veintidós, dictada por el Juez de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, en la carpeta 1685/2022, sustituyó procesalmente al acto reclamado, consistente en, el acuerdo por el que se decreta la detención del quejoso dentro de la carpeta de investigación NEZ/FRO/VNE/062/234915/22/08; de ahí que se desprenda que sobrevino un acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, por lo que, para efectos del juicio de amparo respecto de este último, el amparo resulta improcedente. Por tal motivo, respecto del acto reclamado consistente en la determinación por el que se decreta la detención del quejoso dentro de la carpeta de investigación NEZ/FRO/VNE/062/234915/22/08, dictado por los agentes del Ministerio Público señalados como responsables, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XXI, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente la tesis I.2o.P.4 K (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, de rubro y texto siguiente: IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. SE ACTUALIZA ESTA CAUSAL CUANDO LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA SUSTITUYE PROCESALMENTE A LA DICTADA EN PRIMERA. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, prevé la improcedencia del juicio por cesación de efectos. Esta causal se actualiza en dos supuestos; por revocación, cuando la propia autoridad destruye en forma total, incondicional y material los efectos del acto; y, por sustitución procesal, cuando los efectos del acto cesan, con motivo de que sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, cuya firmeza se da por el posterior acto. Por tal motivo, debe sobreseerse en el juicio de amparo, por actualizarse la segunda de las hipótesis de improcedencia por cesación de efectos, respecto de la resolución dictada por una autoridad de primera instancia, cuando ésta se combate a través de algún medio de impugnación, cuyo sistema recursivo permita pronunciarse sobre el tema a debate, con base en la misma legislación en que se sustentó el fallo cuestionado. Esto es así, porque la resolución de segunda instancia incide y sustituye procesalmente los efectos generados por la dictada en primera instancia. Por otra parte, respecto del segundo de los actos reclamados, consistente en la determinación de dieciséis de agosto de dos mil veintidós, por la que se califica y ratifica la detención dentro de la carpeta 1685/2022, en la especie, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XIV, en relación con el diverso 17, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.). Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. La fracción XIV del citado artículo 61 regula la improcedencia del juicio de amparo por consentimiento tácito que no es otra cosa que la promoción del juicio de amparo en forma extemporánea. En esas condiciones, el artículo 17 de la Ley de Amparo, establece que el plazo para presentar la demanda de amparo por regla general es de quince días; salvo los casos de excepción que el propio precepto prevé. Asimismo, el artículo 18 de la ley de la materia dispone que los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. En el caso, concreto, se advierte que la parte quejosa tuvo pleno conocimiento del acto reclamado de forma personal en la fecha en que se determinó calificar de legal su detención al estar presente en la audiencia inicial, como se advierte del acta que anexó a su escrito de demanda, que lo fue el dieciséis de agosto de dos mil veintidós. En ese contexto, el término de quince días hábiles que la ley concede al quejoso para promover juicio de amparo indirecto en contra del citado acto reclamado, comenzó el diecisiete de agosto del año en curso y feneció el seis de septiembre del propio año. En tanto que la demanda de amparo fue presentada en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan, el dieciocho de octubre de dos mil veintidós. De lo que resulta evidente que la demanda de amparo se presentó de manera extemporánea. En consecuencia, al actualizarse de modo manifiesto e indudable las causales de improcedencia de mérito, con fundamento en lo que establece el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano por ser notoriamente improcedente la demanda de que se trata. DOMICILIO Toda vez que la parte quejosa, no señala un domicilio para oír y recibir notificaciones, se tiene para tal efecto, las listas que se fijan en los estrados del local que ocupa este juzgado; lo anterior hasta en tanto subsane dicha omisión. No obstante a lo anterior, dada la trascendencia del presente acuerdo, toda vez que de la demanda de amparo se advierte un domicilio del quejoso, el cual se ubica en: La Rosas, número cinco, colonia San Lorenzo Totolinga, municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, con fundamento a lo previsto en el artículo 26, fracción I, inciso c), 27, fracción II, último párrafo, de la Ley de Amparo, se comisiona al actuario judicial adscrito a este juzgado por única ocasión, para que, se constituya en el domicilio en cita y le notifique este proveído. AUTORIZADOS En cuanto a las personas que menciona, se tienen por autorizadas en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo si a la fecha del dictado del presente acuerdo tienen su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los tribunales de circuito y juzgados de distrito, atento a lo dispuesto en el titulo décimo del Acuerdo General del Pleno de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de octubre de dos mil seis; de no ser así, para el sólo efecto de oír notificaciones e imponerse de los autos, atento a lo que prevé el segundo párrafo del precepto legal antes citado. EXHORTACIÓN A LAS PARTES PARA SEGUIR LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO MEDIANTE EL ESQUEMA DE JUICIO EN LÍNEA Con fundamento en los artículos 22, 28 y 29 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes para que, de ser posible, hagan uso de las herramientas tecnológicas que se ofrecen desde el portal de servicios en línea y continúen con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "Juicio en Línea", esto es, soliciten la consulta del expediente electrónico, así como las notificaciones, a través de la vía electrónica. Cabe destacar que para este fin es necesario, la utilización de una firma electrónica FIREL vigente. MEDIOS ALTERNATIVOS DE CONTACTO. Téngase como medio alternativo de contacto de la parte quejosa el correo electrónico que proporciona. CAPTURA DE RESOLUCIÓN EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES Y ELABORACIÓN DE VERSIÓN PÚBLICA De conformidad con los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinara de doce de noviembre de dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, captúrese el día de su publicación la presente resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva. Agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. En términos de lo que establecen los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, aprobado en sesión ordinaria de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, se instruye al coordinador de actuarios de este órgano jurisdiccional capture en la integración de expedientes en el SISE la fecha en que cada una de las partes de este juicio quedaron notificadas del presente proveído, para que quede a disposición del público en versión pública, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, se instruye a la Analista Jurídico SISE, para que realice las gestiones necesarias a efecto de que se integre la versión pública de esta determinación al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En el entendido de que es obligación del secretario encargado de este asunto verificar que dicha publicación se haya efectuado de manera correcta. SUPRESIÓN DE DATOS PERSONALES De conformidad con los artículos 106, 108, 109, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 3, fracciones IX, X, XXVIII y XXX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se ordena suprimir en la versión pública los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. Cabe indicar que tiene expedito su derecho para oponerse a la publicación de datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V, y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo previsto en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, por lo que las partes deberán manifestarlo expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en el entendido que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se emitan se aplique sin supresión de datos, conforme a lo dispuesto en el numeral 21 de la última ley en cita. AUTORIZACIÓN DE FIRMA DE OFICIOS Se autoriza a los secretarios y actuarios adscritos a este juzgado federal a efecto de que firmen los oficios derivados del presente asunto. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen, incluso emplazamientos a cualquiera de las partes en el presente juicio de amparo; y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. Notifíquese: personalmente a la parte quejosa.Así lo proveyó y firma Aurelio Damián Magaña, Juez Primero de Distrito en el Estado de México, asistido de José Roberto Rodríguez Martínez, secretario que firma y da fe. /Marisol*
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