Félix Castillo Cedillo

Expediente 1414/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 6 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1414/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
24/11/2023

Partes del expediente

  • Félix Castillo Cedillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Audiencia y Resolución Constitucional En Hermosillo, Sonora, a las diez horas con cuarenta y cuatro minutos del veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario con quien autoriza y da fe, conforme a lo establecido en el artículo 124 de la Ley de Amparo, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario relaciona las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con el escrito inicial de demanda y su ampliación, con las constancias de emplazamiento a juicio de las partes y con el informe justificado rendido por la apoderada legal de CFE Distribución, empresa productiva subsidiaria de Comisión Federal de Electricidad. Además, en auto de radicación se estimó que dada la naturaleza del acto reclamado, no existe tercero interesado. Lo anterior, ya que no se actualiza alguna de las hipótesis previstas en el artículo 5, fracción III, de la Ley de Amparo. También, el secretario certifica que no existen escritos pendientes de acuerdo. El juez acuerda: téngase por realizada la relación de constancias y certificación que antecede para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, vista la certificación que antecede, se advierte que ya les transcurrió a las partes el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, a fin de que se impongan del contenido de los informes apenas precisados. A continuación, se declara abierto el periodo de pruebas y el secretario da cuenta con las documentales ofertadas por la parte quejosa y la autoridad responsable mencionada; igualmente, el secretario hace constar que la parte restante no ofreció medios de convicción. El juez acuerda. Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su propia naturaleza las probanzas en trato, a cuyo estudio se remitirá este juzgador para dirimir el fondo del asunto en el presente sumario constitucional; por otro lado, téngase por perdido el derecho de la parte restante para ofrecer medios de prueba. Cerrada la etapa de pruebas y abierta la de alegatos, el secretario hace constar que la parte quejosa formuló alegatos, no obstante, las demás partes omitieron realizarlos. El juez acuerda, ténganse en consideración las aseveraciones hechas por el solicitante de amparo, por otro lado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho de las partes restantes a formular alegatos, por lo que se declara cerrado dicho periodo. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo ********************; y, Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito presentado el once de septiembre de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y remitido ese mismo día, por razón de turno, a este Juzgado de Distrito, Félix Castillo Cedillo solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto reclamado a Comisión Federal de Electricidad en Hermosillo, Sonora. Luego, el trece de septiembre siguiente, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio a la representación social de la adscripción la intervención legal que le compete y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, se llevó a cabo en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. Competencia Este juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, ello de conformidad con lo previsto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción IV, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, párrafo tercero, 107, fracción II, de la Ley de Amparo; y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se reclama actos cuya ejecución material tienen verificativo en el lugar en que este juzgado ejerce su jurisdicción. Precisión de los actos reclamados Del estudio integral de la demanda de amparo y su ampliación, y con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como acto reclamado el siguiente: De Comisión Federal de Electricidad en Hermosillo, Sonora (en adelante CFE): El silencio y falta de respuesta a la petición hecha por el aquí quejoso, en relación con un escrito presentado el diecisiete de julio de dos mil veintitrés. Existencia del acto reclamado Es cierto el acto reclamado a CFE, cuya certeza se desprende de las propias manifestaciones vertidas por dicha responsable al rendir su informe justificado, así como de las constancias que remitió en apoyo, de la que se advierte la existencia del acto en reclamo. Causas de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, procede analizar las causales de improcedencia, sea que las partes las hagan valer o que de oficio las advierta este juzgador, de conformidad con lo establecido en artículo 62 de la Ley de Amparo. En atención a lo anterior, la autoridad responsable, al rendir su informe justificado, invocó la causal de improcedencia establecida en la fracción XXI del artículo 61 de la ley de amparo, porción normativa que se reproduce enseguida: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)" Luego, para que dicha causa surta efectos en lo aquí reclamado, es menester que la autoridad responsable destruya todos los efectos en forma total e incondicional del acto impugnado. De modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Es ilustrativo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del tomo IX, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a junio de 1999, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Luego, para que pueda considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, en términos del criterio apenas transcrito, es necesario que se acrediten los elementos que conforman el derecho de petición, a saber, los siguientes: A. La petición: debe formularse de manera pacífica y respetuosa; ser dirigida a una autoridad, y recabarse la constancia de que fue entregada; además de que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. B. La respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla; tendrá que ser congruente con la petición; la autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio la tesis XXI.1o.P.A.36 A, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, que dice: "DERECHO DE PETICIÓN, SUS ELEMENTOS. El denominado "derecho de petición", acorde con los criterios de los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, es la garantía individual consagrada en el artículo 8o. constitucional, en función de la cual cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad, tiene derecho a recibir una respuesta. Su ejercicio por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta, se caracterizan por los elementos que enseguida se enlistan: A. La petición: debe formularse de manera pacífica y respetuosa; ser dirigida a una autoridad, y recabarse la constancia de que fue entregada; además de que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. B. La respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla; tendrá que ser congruente con la petición; la autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos; no existe obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea necesariamente de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos legales que resulten aplicables al caso; y, la respuesta o trámite que se dé a la petición debe ser comunicado precisamente por la autoridad ante quien se ejercitó el derecho, y no por autoridad diversa, sin que sea jurídicamente válido considerar que la notificación de la respuesta a que se refiere el segundo párrafo del artículo 8o. constitucional se tenga por hecha a partir de las notificaciones o de la vista que se practiquen con motivo del juicio de amparo. - Lo resaltado es de este Juzgado. - No obstante, de las constancias que integran el juicio de derechos en que se actúa, se dilucida que no se acredita el requisito indicado como b) en párrafos anteriores, es decir, no se advierte una respuesta dirigida al ciudadano, ni mucho menos, que esta haya sido notificada. Por tanto, no es factible tener por actualizada la causal estudiada. Sin que se soslaye la documental ofertada por la autoridad, consistente en un oficio suscrito por personal de esa responsable dirigido al encargado de la Jefatura del Departamento Jurídico Divisional de CFE Distribución, donde se informa la atención dada al escrito presentado por el aquí quejoso. Sin embargo, lo anterior no colma los elementos apenas plasmados que integran el derecho de petición, pues ello de ninguna forma es una respuesta dirigida al solicitante, ni mucho menos la notificación de ésta. Por otro lado, toda vez que las partes restantes no hicieron valer causa de improcedencia distinta y este juzgador no advierte, de oficio, que se actualice alguna, procede el estudio de fondo de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto que se reclama. Consideraciones jurídicas Ahora, la parte quejosa aduce esencialmente en el único concepto de violación que el acto reclamado transgrede su derecho fundamental de petición, contenido en el artículo 8 constitucional, dado que la responsable no se ha pronunciado en cuanto a su escrito presentado el diecisiete de julio de dos mil veintitrés. Sobre el particular, importa destacar que el denominado "derecho de petición", es que la garantía individual consagrada en el artículo 8º constitucional, en función de la cual cualquier gobernado que presente una petición de manera respetuosa y pacífica ante una autoridad, tiene derecho a recibir una respuesta congruente con su petición, que debe ser emitida en breve término por la autoridad. Así se desprende del texto del precepto 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra ordena: "Artículo 8o.- Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República.- A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario". Muchos han sido los criterios aislados y jurisprudenciales que han emitido distintos Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación por virtud de los cuales, en una interpretación al precepto constitucional transcrito, han determinado cuáles son los requisitos que debe satisfacer la petición que formula el gobernado para que le asista la garantía de respuesta, así como también se han definido las características de la contestación que debe dar la autoridad. Así las cosas, si bien es cierto que el ejercicio del derecho de petición tiene la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta, los elementos que deben contener una y otra son los que a continuación se apuntan. La petición Debe formularse de manera pacífica y respetuosa; Ser dirigida a una autoridad, y recabarse la constancia de que fue entregada; y, El peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. La respuesta La autoridad debe emitir un acuerdo; Ha de producirse en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla; Tendrá que ser congruente con la petición; La autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos; No existe obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quién se formuló, a que provea necesariamente de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos legales que resulten aplicables al caso; y, La respuesta o trámite que se dé a la petición debe ser comunicado precisamente por la autoridad ante quien se ejercitó el derecho, y no por autoridad diversa. Respecto a tales requisitos, resultan ilustrativos los siguientes criterios: Jurisprudencia número P./J. 42/2001, que sostiene el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en la página 126, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época, que establece: "PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD.- El derecho de petición es consagrado por el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como uno de los derechos públicos subjetivos del gobernado frente a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente del Gobierno del Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que la existencia de este derecho como garantía individual y la procedencia del juicio de amparo para su salvaguarda requieren que la petición se eleve al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, es decir en una relación jurídica entre gobernante y gobernado, y no en una relación de coordinación regulada por el derecho privado en que el ente público actúe como particular". Tesis que sostiene la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 127, del tomo 205-216 Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que es del tenor literal siguiente: "PETICIÓN, DERECHO DE. CORRESPONDE A LA AUTORIDAD COMUNICAR AL INTERESADO, EN BREVE TÉRMINO, TANTO LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA COMO, EN SU CASO, LOS TRÁMITES RELATIVOS A SU PETICIÓN.- Las garantías del artículo 8o. constitucional tienden a asegurar un proveído sobre lo que se pide; impone a las autoridades la obligación de dictar a toda petición hecha por escrito, esté bien o mal formulada, un acuerdo, también por escrito, que debe hacerse saber en breve término al peticionario. Se viola la garantía que consagra el artículo 8o. constitucional cuando no se comunica por escrito algún acuerdo recaído a la solicitud; y la sola negativa de los actos reclamados por la autoridad responsable, tratándose de la violación al artículo 8o. constitucional, fundada en que se dio respuesta a la solicitud formulada por el gobernado, no es bastante para tenerla por cierta, en virtud de que, dada la naturaleza propia de los actos reclamados, habiendo reconocido la autoridad que se le formuló la solicitud por escrito, corresponde a la propia autoridad demostrar el hecho positivo de que sí hubo la resolución respectiva y de que se hizo del conocimiento del peticionario. Por último, el artículo 8o. constitucional se refiere, no sólo al derecho que los gobernados tienen para que se les haga conocer la resolución definitiva que pone fin a su petición, sino también a los trámites que se vayan cumpliendo en los casos en que la ley requiera la sustanciación de un procedimiento, imponiendo a las autoridades la obligación de hacer saber en breve término a los interesados todos y cada uno de los trámites relativos a sus peticiones". En efecto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 8° en mención, al realizar su petición por escrito, de manera pacífica y respetuosa, todo gobernado tiene derecho a que se le de respuesta escrita y se le haga conocedor de ella en breve término. En el presente caso el quejoso manifestó bajo protesta de decir verdad que presentó un escrito ante la responsable, el diecisiete de julio de dos mil veintitrés, en los cuales solicita se de atención y mantenimiento a un "registro" de CFE, ubicado en calle Culiacán, esquina Cabo San Lucas, Colonia Internacional, de esta ciudad; en virtud de encontrarse sin tapadera de protección. Situación que se corrobora con la documental anexa a su escrito inicial de demanda, consistente en el acuse de recibo del escrito apenas relatado. Por tanto, la omisión referida sin duda resulta violatoria del artículo 8° constitucional, toda vez que la autoridad responsable no acreditó haber dado contestación al referido escrito presentado el diecisiete de julio de dos mil veintitrés y hacérselo del conocimiento. En ese orden de ideas, una vez satisfechos los requisitos exigidos por la norma constitucional, la responsable tenía la obligación de pronunciar un acuerdo por escrito que recayera a la solicitud que le fue formulada. Conviene recordar que, en párrafos anteriores, se puntualizaron las obligaciones que tienen las autoridades una vez que se les ha formulado una petición, entre las que se encuentra el dar respuesta congruente y que tal contestación sea dada a conocer en breve término al solicitante para poder con esto tener por satisfechos los lineamientos impuestos por la Constitución. Empero, no obra en el presente juicio ningún medio de prueba que indique que la autoridad responsable, haya dado contestación al multicitado escrito que le fue presentado el diecisiete de julio de dos mil veintitrés y habérsela hecho del conocimiento; vulnerándose de esta manera la garantía individual que consagra el artículo 8° constitucional. Así las cosas, se debe tener por violatoria de garantías la actuación omisiva de la autoridad responsable, en virtud de que, como se le imputa una transgresión al derecho de recibir respuesta, al no haber dado contestación al consabido escrito y haberle hecho del conocimiento dicha contestación; con ello se vulneró lo que la norma constitucional consagra, pero, sobre todo, por el manifiesto rechazo a acatar el contenido del artículo 8° constitucional. Decisión En consecuencia, procede conceder el amparo y la protección de la justicia federal. Así, a fin de asegurar el estricto cumplimiento a la presente sentencia de amparo y la restitución a la parte quejosa en el goce de la garantía violada, en términos del artículo 8 constitucional, que se estima transgredida, la autoridad responsable deberá realizar lo siguiente: a) Dar respuesta a la solicitud de diecisiete de julio de dos mil veintitrés; y b) Notificar personalmente a la parte quejosa la respuesta dada a la solicitud presentada. Lo anterior, en el entendido de que la concesión del amparo de la justicia federal en el presente caso es, como ya se dijo, únicamente para efectos de que se dé contestación en términos del artículo constitucional de referencia, sin que esto signifique necesariamente que dicha autoridad tenga que acordar favorablemente la solicitud formulada por la peticionaria de garantías, pues en uso de sus facultades, podrá negar o conceder lo que se le solicita, sin que el presente fallo implique en forma alguna, que la pretensión administrativa del solicitante de amparo sea legítima, fundada en derecho o procedente. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 73 al 77 y 217 de la Ley de Amparo, se: Resuelve Único. La Justicia de la Unión ampara y protege a Félix Castillo Cedillo, respecto del acto reclamado precisado en el apartado III, por las razones expuestas en el considerando V, para los efectos precisados en el diverso VI, del presente fallo. Notifíquese por lista a las partes. Así lo resolvió y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario de juzgado con quien legalmente actúa, que autoriza y da fe. Doy Fe.

  2. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Estado de los autos. Visto la certificación de cuenta, se desprende que no fue posible celebrar la audiencia constitucional señalada para el veintiséis de los actuales, en razón del paro de labores organizado por las y los trabajadores de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, acorde a la circular SGP/02/2023, emitida por la secretaria General de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, así como los avisos de suspensión de labores de diecinueve y veinticinco del año en curso, firmados por el coordinador suplente y la coordinadora de Juezas y Jueces de Distrito en el Estado de Sonora, respectivamente, que declararon inhábiles el periodo comprendido del diecinueve al veintinueve de octubre del presente año. Diferimiento de audiencia constitucional. En consecuencia, se difiere la aludida audiencia, y se señalan las doce horas con dos minutos del veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés, para su celebración. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario de juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe. Ricardo Yépiz**

  3. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, diez de octubre de dos mil veintitrés. Informe justificado. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el oficio de cuenta, téngase por rendido el informe justificado remitido por la apoderada de CFE Distribución, empresa productiva subsidiaria de Comisión Federal de Electricidad, con residencia en esta ciudad; dese vista a las partes con su contenido, para su conocimiento y efectos legales conducentes. Domicilio y delegados. En términos del artículo 9, de la ley de la materia, se tiene por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en la misiva que se atiende, y por designados como delegados en este asunto, a los profesionistas a que alude la oficiante. Correo electrónico y número telefónico. En relación al correo electrónico y número telefónico que menciona, se tienen por proporcionados para entablar comunicación sobre cuestiones no procesales, en términos del numeral 257, fracción I, considerando tercero, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Acceso al expediente electrónico. Con fundamento en los artículos 35, 36, 37, 38 y 39, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se autoriza al usuario "********************", el acceso al expediente electrónico para su consulta. Invoca causales. Ahora bien, toda vez que invoca causales de improcedencia y sobreseimiento, por tanto, habrán de analizarse en el momento procesal oportuno, de conformidad con el artículo 62 de la ley de la materia. Prueba. Por otro lado, con fundamento en el numeral 119 de la mencionada ley, se tienen por ofrecidas las documentales anexas al oficio de cuenta, sin perjuicio de relacionarlas durante la audiencia constitucional que se celebre en el presente asunto. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, cuatro de octubre de dos mil veintitrés. Manifestaciones. Agréguese a los autos el escrito presentado por la parte quejosa y en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse por hechas las manifestaciones que vierte en su ocurso y tómense en consideración al resolverse el presente juicio de amparo. Prueba. Con fundamento en el numeral 119 de la mencionada ley, se tiene por ofrecida la documental anexa al escrito que se atiende, sin perjuicio de relacionarla durante la audiencia constitucional que se celebre en el presente juicio. Vista autoridad. En atención a las manifestaciones vertidas por el ocursante, remítase a la autoridad señalada como responsable, copia del escrito que se atiende, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese; y por oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

Quedan 2 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · 9,432 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano