Felix Bernabé Chamu

Expediente 347/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala. 1 actuación registrada, la última del 26 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
347/2023
Año
2023
Actuaciones
1
Última actuación
26/10/2023

Partes del expediente

  • Felix Bernabé Chamu

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida vía electrónica por ********************, en representación del directo quejoso ********************, contra las autoridades siguientes:********************1. ***, representante y asesor del "Grupo Primer Paso de Alcohólicos y Drogadictos A.D."********************2. Agente del Ministerio Público del Fuero Común del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, con sede en la población de San Miguel Totolapan, Guerrero.********************Registro.********************Fórmese expediente impreso y electrónico; regístrese en el libro de gobierno de juicios de amparo bajo el número 347/2023, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.).********************Desechamiento parcial.********************En esas condiciones, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda.********************En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: ********************"Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano."********************Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.********************Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece:********************"DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes."********************En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado a la autoridad responsable Agente del Ministerio Público del Fuero Común del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, con sede en la población de San Miguel Totolapan, Guerrero, consiste en la omisión de comunicar al promovente la supuesta diligencia que llevo a cabo junto a la policía del Estado, respecto a realizar las diligencias necesarias tendentes a lograr la libertad del directo quejoso, por virtud de la denuncia presentada ante dicha agencia el trece de octubre de dos mil veintitrés. ********************En ese sentido, este juzgado federal considera que se actualiza en forma indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, pues previamente la parte quejosa debió haber agotado el principio de definitividad.********************En efecto el dispositivo legal mencionado, dispone:********************"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ********************[.]********************XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. ********************No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. ********************Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;"********************De la lectura a tal fracción y artículo se desprende que regula el principio de definitividad respecto de actos reclamados de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos o medios ordinarios de defensa que la ley aplicable establezca para atacarlos, con la finalidad de modificarlos, revocarlos o nulificarlos. ********************Por lo que, existiendo dichos medios ordinarios de impugnación sin que en su oportunidad sean interpuestos por el quejoso, el amparo es improcedente. ********************Lo anterior obedece a la naturaleza del juicio de amparo, ya que es una vía extraordinaria, sui generis, para invalidar los actos de las autoridades en las diversas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera cuando ya se han recorrido todas las jurisdicciones y competencias ordinarias, en virtud del ejercicio de los recursos legales que procedan. ********************Por consiguiente, si existiese la posibilidad de entablar simultáneamente o potestativamente un recurso o medio ordinario de defensa, y el juicio de amparo para impugnar un acto de autoridad, con evidencia se desnaturalizaría el segundo, al convertirlo en otro medio común de defensa; lo anterior es así, ya que si el juicio de garantías es el arma jurídica suprema de que dispone la persona para proteger sus derechos fundamentales contra la pretendida actuación inconstitucional e ilegal de las autoridades del Estado y, su ejercicio provoca la realización de las más altas funciones jurisdiccionales desplegadas por los Tribunales Federales, es lógico que, antes de intentarlo, la parte quejosa deba agotar los medios ordinarios de defensa previstos en la legislación secundaria aplicable. ********************Así, agotar los medios de defensa que establezcan las leyes que regulan el acto, constituye una obligación y no algo optativo para el solicitante de amparo. ********************Sirve de apoyo, el criterio sustentado por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en la tesis de jurisprudencia J/37, visible en la página 902, Tomo XV, correspondiente el mes de Mayo de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: ********************"AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." ********************Ahora bien, para exponer lo anterior debe decirse que el marco legal que rige el acto reclamado, es el Código Nacional de Procedimientos Penales, y en ese contexto, de la lectura íntegra de la demanda y de la naturaleza del acto reclamado, se advierte la actualización de la causal de improcedencia invocada, porque previo a la promoción del juicio de amparo indirecto, la ley ordinaria, concede el medio de defensa previsto en el artículo 258 en relación con el 216, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establecen: ********************"Artículo 258. Notificaciones y control judicial ********************Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. ********************La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno."****************************************"Artículo 216. Proposición de actos de investigación ********************Durante la investigación, tanto el imputado cuando haya comparecido o haya sido entrevistado, como su Defensor, así como la víctima u ofendido, podrán solicitar al Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideraren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos. El Ministerio Público ordenará que se lleven a cabo aquellos que sean conducentes. La solicitud deberá resolverse en un plazo máximo de tres días siguientes a la fecha en que se haya formulado la petición al Ministerio Público". ********************En tal virtud, la omisión atribuida al Ministerio Público deberá impugnarse ante el juez de Control, toda vez que la ley ordinaria concede el medio de defensa previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que es imperativo para las partes agotar la vía jurisdiccional ordinaria, previo a promover el juicio de amparo indirecto, el que procederá, en todo caso, contra la resolución que emita la autoridad judicial, no así contra la omisión de la responsable. ********************Lo que se sostiene de la interpretación sistemática de la normatividad aplicable; ya que a criterio de este órgano de control constitucional el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, guarda relación estrecha con el diverso 216, en el que se estableció que tanto el imputado cuando haya comparecido o haya sido entrevistado, como su defensor, así como la víctima u ofendido, podrán solicitar al Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideraren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos.********************Circunstancia que pone de manifiesto la intención del legislador de preservar el principio de igualdad de las partes consagrado en los numerales 10 y 11 de la misma legislación, para que tanto el imputado como la víctima u ofendido puedan inconformarse ante el juez de Control mediante el recurso previsto en el numeral 258 del Código precitado, otorgándoles así las mismas posibilidades de inconformarse de éste tipo de actos mediante los mismos medios de defensa. ********************Lo cual implica la aplicación del principio de contradicción, consagrado en el numeral 20 Constitucional pues se permite que los sujetos en el proceso penal dispongan de todos los medios necesarios para presentar sus respectivas posiciones, pretensiones mediante una correcta preservación del derecho de audiencia; y tengan la oportunidad de ser oídos y vencidos en juicio.********************Orienta tales consideraciones la tesis aislada I.1o.P.11 P (10a.) emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el Libro XXVI, Tomo 2 y página 1406, que es de título y contenido: ********************"PROTECCIÓN A PERSONAS EN EL PROCESO PENAL. DEBE OTORGARSE EN CONDICIONES QUE NO AFECTEN LOS DERECHOS DE IGUALDAD PROCESAL Y DEFENSA ADECUADA DEL INCULPADO. Los derechos de igualdad procesal y defensa adecuada deben observarse en favor del imputado en los procesos del orden penal, que reconocidos tanto constitucional como convencionalmente imponen a las autoridades judiciales, el primero, el deber de conferir a las partes las mismas oportunidades procesales para exponer su posición en juicio, para probar los hechos en que ésta descanse, así como para sostener, con la misma medida y alcance, sus alegatos y motivos de inconformidad, y el segundo, observar el catálogo de prerrogativas que busca superar las diferencias sustanciales entre la posición del inculpado y el Ministerio Público, y como garante de que tanto la sujeción a proceso como la eventual privación de ciertos derechos (esencialmente la libertad) se den en un marco amplio de protección. Dentro de ese elenco de derechos inherentes a la debida defensa, se encuentra que al procesado se le reciban los testigos y demás pruebas que ofrezca (artículo 20, apartado A, fracción V, de la Constitución Federal), lo cual -desde el punto de vista de la referida igualdad procesal- obliga a observar el principio de contradicción, que implica que, tal como el órgano acusador decidió libremente qué probanzas aportar, la defensa del imputado decida también cuáles elementos son los conducentes para respaldar su posición, dentro de la cual puede estar la estrategia de controvertir los elementos de convicción que la citada representación social aportó, bien ofreciendo su ampliación (forma directa), o bien llevando a juicio novedosas pruebas a fin de nulificar los efectos de las de cargo (forma indirecta). En esas condiciones, si la defensa del procesado ofrece la ampliación de los testimonios de los agentes de seguridad que, según la versión de cargo efectuaron su detención en flagrancia, no puede omitirse su desahogo bajo el argumento de que su comparecencia en el proceso les representa un peligro. Lo anterior es así, pues de no lograrse su presencia se propiciaría un desequilibrio procesal entre las partes, ya que mientras la representación social generó a partir de ellos pruebas de cargo, la defensa se vería privada del derecho de contradecirlos, sobre todo cuando son estratégicos para la resolución del tema a debate. Por tanto, de ser el caso y de cumplirse ciertas condiciones, dichas ampliaciones deben llevarse a cabo bajo medidas de protección a la seguridad e integridad personal de los mencionados servidores públicos, que no afecten la preeminencia de los apuntados derechos fundamentales." ********************En estas condiciones, es evidente que el medio ordinario de defensa establecido en el numeral 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, debe agotarse previo a la promoción del juicio de amparo indirecto, ya que al resolverse se puede obligar a la autoridad responsable a actuar como pretende la parte quejosa. ********************Aunado a lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la Acción de Inconstitucionalidad 10/2014 y sus acumuladas interpretó las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales a la luz de las disposiciones constitucionales, estableciendo (entre otras cosas) que los jueces de control juegan un papel central en el nuevo sistema de justicia penal, debido a ésta sentó sus bases en el pleno respeto a los derechos humanos, por lo que es claro que estos jueces se colocan como garantes, durante las etapas de investigación criminal, del debido proceso y del respeto de los derechos de las partes que intervienen o puedan verse afectadas por las diligencias y actuaciones de la autoridad investigadora. ********************Concluyó, que si la medida o actuación que pretenda llevar a cabo la autoridad dentro de la investigación no vulnera derechos fundamentales, no será necesaria la anuencia judicial, pero será siempre el juez de control el que califique en última instancia dicha circunstancia, de modo que el acudir ante él es la regla y solamente los actos que sean trascendentales son la excepción. Interpretación es congruente con los objetivos y diseño de la reforma que transformó el modelo procesal penal al sistema acusatorio y oral y, de mayor relevancia, es acorde con la extensa protección en materia de derechos humanos que brinda nuestra Constitución.********************Esta situación hace patente que el cuidado del principio de igualdad entre las partes derivado de la interpretación sistemática de los numerales 216 y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en concordancia con los diversos 10 y 11 del mismo ordenamiento, está a cargo del juez de Control, pues es la institución rectora del nuevo sistema procesal penal ante quien deben dilucidarse los actos de los que se duelan los intervinientes, ya sean positivos, omisivos o negativos. ********************Es aplicable la Jurisprudencia 1a./J. 27/2018 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Materia Penal, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, página 945, que a la letra dice:********************"SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos." ********************Por tanto, se considera que se actualiza la referida causa de improcedencia, toda vez que la quejosa está obligada a promover el medio de impugnación correspondiente contra la omisión a que hace referencia dentro de la carpeta de investigación de origen, antes de acudir a la instancia del amparo, pues de considerar lo contrario, se dejaría al arbitrio de las partes la procedencia o no de un medio ordinario de defensa contemplado en la legislación aplicable; sin que se advierta que la solicitante de la tutela constitucional se ubique en alguna de las excepciones al principio de definitividad. ********************En ese orden de ideas, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda, promovida por ********************, en favor del directo quejoso ******************** de conformidad con el numeral 61, fracción XX de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado atribuido al Agente del Ministerio Público del Fuero Común del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, con sede en la población de San Miguel Totolapan, Guerrero.****************************************Pronunciamiento respecto del acto reclamado consistente en la privación ilegal de la libertad fuera de procedimiento.****************************************Por otro lado, del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que el promovente señala como acto reclamado la privación ilegal de la libertad de su hermano ********************, atribuido a ***, representante y asesor del "Grupo Primer Paso de Alcohólicos y Drogadictos A.D."********************En consecuencia, con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE PLANO, para el efecto de que cese de inmediato la privación de la libertad de su hermano ******************** y la autoridad señalada como responsable se abstenga de realizar el acto reclamado. ********************Lo anterior, comuníquese sin demora a la autoridad señalada como responsable, por los medios que permitan lograr su inmediato cumplimiento. ********************Se apercibe a la autoridad responsable, a cumplir con la suspensión concedida, toda vez que de no hacerlo, incurrirá en el delito previsto en el artículo 262, fracción III, de la legislación invocada; por lo que de darse el supuesto, se dará vista al Agente del Ministerio Público de la Federación, para los efectos conducentes; debiendo informar a este juzgado, dentro del improrrogable plazo de veinticuatro horas, sobre las medidas que adopte al respecto, remitiendo copias certificadas de las constancias conducentes.********************Se requiere a la autoridad responsable para que informe a este juzgado, dentro del mismo lapso indicado, contado a partir de que le sea notificado este acuerdo, si el impetrante se encuentra a su disposición o bajo su custodia por virtud de alguna disposición legal que les autorice a detenerlo. ********************Ahora, con fundamento en los artículos 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento despacho al Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, con residencia en Arcelia, Guerrero, para que en auxilio de las labores propias de este órgano de control ordene a quien corresponda y realice la siguiente diligencia:********************1. Se constituya en el lugar donde se encuentra el directo quejoso ********************ubicado en el "Grupo Primer paso, que funciona con anexo, A.D., localizado en la población de Corral Falso, municipio de Ajuchitlan del Progreso, Guerrero."********************2. Le haga del conocimiento al citado impetrante el contenido de esta determinación y lo requiera a fin de que, en el acto de la diligencia, o bien, dentro del plazo de tres días, manifieste si ratifica o no la demanda promovida en su nombre por ********************. ********************3. Lo aperciba que de no ratificar la demanda de amparo se tendrá por no presentada, acorde con lo previsto en el artículo 15 de la Ley de la materia y se dejará sin efectos la suspensión de plano y oficio concedida en líneas que anteceden. ********************4. Lo requiera para que manifieste si es su deseo autorizar al promovente ********************, así como a los profesionistas citado en el ocurso que se atiende. ********************5. Asimismo, lo requiera para que en le diligencia o en el plazo de tres días legalmente computados señale domicilio en esta localidad para oír y recibir notificaciones; bajo el apercibimiento de no hacerlo así las subsecuentes notificaciones le serán realizadas por medio de lista, que se fija en este órgano jurisdiccional. ********************6. Notifique por oficio a la autoridad responsable la presente determinación. ********************En ese mismo orden, se hace saber al actuario, para que en el caso de que la autoridad responsable se negare a recibir el oficio derivado del presente asunto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, haga del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación. ********************Si a pesar de esto subsiste la negativa, asentará la razón en autos y se tendrá por realizada la notificación en ese momento, además de que si a consideración del suscrito se estima que el despliegue de su conducta es con notoria mala fe o negligencia inexcusable se hará acreedoras a las sanciones establecidas en el artículo 262 de la Ley de la materia. ********************En este contexto, se faculta al actuario judicial adscrito para que en el momento de la notificación respectiva y de ser necesario, realice las aclaraciones correspondientes con relación a la denominación actual y correcta de la autoridad o autoridades que estén ejecutando el acto reclamado, a quienes deberá apercibir que en el supuesto de no recibir las notificaciones en comento, con fundamento en lo previsto en los artículos 237, fracción I, 238 y 239 de la Ley de Amparo, se harán acreedores de una multa de cincuenta a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo.********************Se habilitan días y horas inhábiles para que se realicen las notificaciones que ameriten ser practicadas de manera personal en este sumario constitucional. ********************En el entendido de que para la práctica de las notificaciones personales, el fedatario correspondiente deberá seguir el protocolo de seguridad establecido por el Consejo de la Judicatura Federal para tal efecto. ********************Se faculta al juez auxiliar para que habilite horas y días inhábiles con la finalidad de que se realice la diligencia encomendada en términos del artículo 21 de la Ley de Amparo.********************Una vez que el quejoso ratifique la demanda de mérito se acordará lo conducente respecto al domicilio, autorizados, correo electrónico y número telefónico. ********************Se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ellos, para una mayor agilidad del asunto, continúen la tramitación del presente juicio mediante el esquema de "juicio en línea", a través del Portal de Servicios en Línea desarrollado y aprobado por el Consejo de la Judicatura ingresando para tal efecto a la liga Virtual https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda.********************En la inteligencia que pueden remitir su informe por escrito o vía telegráfica; por excepción los podrá remitir al correo oficial 9jdo21cto@correo.cjf.gob.mx, así como sus anexos debidamente escaneados, siempre y cuando manifieste, bajo protesta de decir verdad, que no tienen acceso a actuar desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y que los documentos digitalizados respectivos son copias íntegras e inalteradas de los documentos físicos; con el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por no presentado su informe y anexos, ya que no conservarán el valor probatorio que les corresponde conforme a la legislación aplicable.********************Se precisa que al momento de rendir sus informes justificados deberán citar el número de oficio que atienden.********************Autorizados.********************Se tiene a ******************** y********************, sí tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito que lo acredite para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, no así ********************por no contar con dicho requisito.********************Aviso de transparencia********************Asimismo, de conformidad con los artículos 3°, 8°, 9°, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, fracciones X y XI, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso numeral 73, fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; hágase del conocimiento de las partes que cuando se presente una solicitud de acceso a la información a las constancias que integran este expediente, se determinará sobre su procedencia y de ser así, se elaborará la versión pública respectiva en la que se testarán las partes o secciones clasificadas; asimismo, infórmeseles que están en aptitud de consentir la publicación de sus datos personales, con independencia de la obligación de este juzgado federal de proteger dichos datos.********************Tramitación e integración de expediente electrónico y físico********************En términos de los puntos Tercero, artículos 251, 263; CUARTO, artículos 3 y 23 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se establece que la digitalización legible de las promociones físicas o impresas recibidas en la oficialía de partes será a cargo del oficial judicial C encargado de la oficialía de partes; además, éstas serán firmadas electrónicamente e incorporadas al SISE por la persona secretaria encargada del asunto o de quien, en su momento, la cubra por goce de periodo vacacional, licencia o permiso.********************En el entendido que no deberán integrarse al expediente electrónico las copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier tipo de material sin leyenda relevante alguna, cuya presentación se aprecie encaminada a la protección de los documentos que se ingresan, ni las copias presentadas como "anexos" y que correspondan a actuaciones del propio órgano jurisdiccional.********************Mientras que la documentación recibida vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso.********************Asimismo, que las constancias de notificación, incluso las de correos o paquetería derivadas de este asunto, que se generen físicamente deberán agregarse digitalizadas y de manera legible al expediente electrónico y firmadas electrónicamente por parte de los actuarios a más tardar al día hábil siguiente de su práctica o recepción, para garantizar que ello se haga de manera oportuna; con la finalidad de que conserven el valor probatorio que les corresponda conforme a la legislación aplicable, ya que se presumirá que el documento digitalizado respectivo es copia íntegra e inalterada del documento físico.********************De igual forma, se establece que los funcionarios de firmar o incorporar al SISE los documentos digitalizados deberán cerciorarse que las constancias recibidas físicamente coinciden con las incorporadas al expediente electrónico, con la finalidad de garantizar la integridad del mismo.********************Notifíquese por lista y por despacho a ********************.

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