Felix Benitez Zúñiga
Expediente 526/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 10 actuaciones registradas, la última del 3 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 526/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 03/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Felix Benitez Zúñiga
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
CITATORIO. Se notifica por medio de lista de acuerdos al defensor público del quejoso el proveído de treinta de agosto del año en curso, que en lo conducente dice: "Vista la certificación de cuenta, así como el estado que guardan los autos, se advierte que transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes recurrieran la resolución de treinta de julio de dos mil veintiuno, por el que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio, sin que se hayan inconformado; en consecuencia, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, para todos los efectos legales correspondientes, se declara que ha causado estado; por tanto, dése el aviso correspondiente a las partes y háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno. Destino del expediente Este juicio carece de relevancia documental y no contiene valores, ni documentos originales exhibidos por las partes; es susceptible de destrucción, en términos de lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, así como en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Finalmente, con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia, ARCHÍVESE este juicio como asunto totalmente concluido. Notifíquese; y, personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión, así como a su defensor público. toda vez que me constituí en el domicilio señalado en autos y al no haberse encontrado, de conformidad con el Artículo 27 Fracción I inciso b) y 29 de la Ley de Amparo, le notifico por Lista de Acuerdos dicho proveído. Notifíquese.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, así como el estado que guardan los autos, se advierte que transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes recurrieran la resolución de treinta de julio de dos mil veintiuno, por el que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio, sin que se hayan inconformado; en consecuencia, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, para todos los efectos legales correspondientes, se declara que ha causado estado; por tanto, dése el aviso correspondiente a las partes y háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno. Destino del expediente Este juicio carece de relevancia documental y no contiene valores, ni documentos originales exhibidos por las partes; es susceptible de destrucción, en términos de lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, así como en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Finalmente, con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia, ARCHÍVESE este juicio como asunto totalmente concluido. Notifíquese; y, personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión, así como a su defensor público.
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AVISO.- Se notifica por medio de lista de acuerdos al DEFENSOR PÚBLICO el proveído de TRIENTA DE JULIO del año en curso, que en lo conducente dice: " Visto el estado que guardan los autos, se desprende que los actos reclamados por el impetrante consisten en: a. La omisión injustificada por parte de la responsable a efecto de señalar audiencia relativa al beneficio preliberacional solicitado dentro de la carpeta de ejecución EJEC/OTE/0383/2020. b. La omisión de dar respuesta al oficio de once de junio de dos mil veintiuno, por el que se solicitó fecha de audiencia para el beneficio preliberacional. Actos que atribuyó al doctor z, Juez Especializado en Ejecución de Sanciones Penales en la Ciudad de México, quien al rendir su informe justificado los negó, y, en lo que interesa, en esencia indicó que el uno de septiembre de dos mil veinte, el aludido quejoso presentó un escrito por el que solicitó que le fuera concedida la libertad condicionada (sin monitoreo electrónico), por lo que por auto de esa data ordenó girar oficios al Director del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente y a la Subsecretaria del Sistema Penitenciario, a efecto de recabar los informes correspondientes; sin que fuera posible continuar con la tramitación del impetrante debido a la emergencia sanitaria actual y a la suspensión de labores ordenada en ese año; por lo que el nueve de marzo de la presente anualidad, requirió a la Subdirección de Coordinación de Control de Seguimiento a Externados Monitoreo Electrónico y Presentaciones Personales, a efecto de que indicara los requisitos para conceder la libertad condicionada solicitada por el quejoso. Así, el veintiuno de abril de este año, el aquí quejoso presentó diverso escrito a fin de que fuera resuelta su petición de uno de septiembre de dos mil veinte, misma que se agregó a los autos del expediente correspondiente y una vez que se contara con la información solicitada por la responsable, se acordaría lo conducente. Luego, por auto de veintiocho de abril siguiente, al advertirse que el aquí amparista había solicitado la libertad anticipada, la responsable lo tuvo por desistido en relación con la solicitud del beneficio de libertad condicionada, por lo que giró oficio al Director del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente a efecto de que remitiera la información correspondiente. Asimismo, en relación con el escrito del quejoso presentado el once de junio del año en curso, por el que solicitó se resolviera su petición de uno de septiembre de dos mil veinte, la responsable realizó las gestiones pertinentes a fin de regularizar dicha petición, reservándose el pronunciamiento respecto de la admisión o desechamiento de la petición formulada, hasta en tanto se recibiera la debida opinión técnica. Por escrito presentado el veintiocho de junio de dos mil veintiuno, el quejoso señaló que se desistía del beneficio prelibelacional de libertad condicionada y que en su momento promovería el diverso beneficio de libertad anticipada, por lo que en esa data se le tuvo por desistido de la solicitud de libertad condicionada. Lo anterior, se corrobora con las constancias anexas al informe justificado, documentales que adquieren valor probatorio pleno de conformidad con los normativos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles. En ese orden, el suscrito considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo. Se explica: Dicha hipótesis normativa requiere, para su actualización, el cumplimiento de tres requisitos: 1) que el acto reclamado subsista; 2) que no pueda surtir efecto legal o material; y, 3) que lo anterior se deba a que ha dejado de existir el objeto o materia del acto reclamado. En el caso concreto, si bien subsisten las omisiones reclamadas, pues la autoridad no resolvió lo conducente en relación con el beneficio de libertad condicionada solicitada por el quejoso, ni se advierte que le haya hecho de conocimiento la respuesta dada a su petición de once de junio del año en curso, lo cierto es que ya no surten efectos legales o materiales sobre la esfera jurídica del quejoso, en virtud de que ya se por auto de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, se le tuvo por desistido de la solicitud de libertad condicionada y cuya omisión de resolver era la que lo afectaba en su esfera de derechos, por lo que ha dejado de existir su objeto o materia. Apoya lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 2a./J.181/2006 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Diciembre de 2006, página 189, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." En consecuencia, los efectos de las omisiones que combate, ya no le causan perjuicio alguno, pues con independencia de que éstas subsistan, no vulneran su esfera jurídica, máxime que se desistió del beneficio de libertad condicionada solicitado del que emanan las omisiones reclamadas. De ahí que, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo. Consecuentemente a todo lo anteriormente razonado, de conformidad con lo establecido en el diverso 63, fracción V, de esa misma Ley, debe sobreseerse fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Lo anterior pues, en caso de continuar con el juicio de amparo en que se actúa, celebrar la audiencia constitucional y dictar el sobreseimiento relativo en ella, resultaría enteramente ocioso y atentatorio del principio de prontitud y expedites en la administración de justicia; por lo que, el sobreseimiento decretado más bien, como se señaló, es acorde a los principios fundamentales establecidos en el citado artículo 17 constitucional. No se inadvierte que, a esta fecha, no se tiene constancia de que el defensor público designado para la representación del aquí quejoso, lo hubiere asesorado a efecto de garantizar plenamente su derecho fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva; sin embargo, a juicio de quien resuelve, no puede soslayarse el estudio oficioso de la improcedencia del juicio respecto de las omisiones referidas, máxime cuando que, aun de acreditarse tal extremo, no cambiaría el sentido de esta determinación. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía y por las razones que se sostienen, la tesis II.2o.P.89 P (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 75, Febrero de 2020, Tomo III, página 2435, de rubro "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN AL DEBER DE GARANTIZAR ESE DERECHO CONFORME A LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 43/2019 (10a.), SI EL ESTUDIO OFICIOSO DE LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN, ORIGINA EL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA, AL DERIVAR DE LA INTERPRETACIÓN JURISPRUDENCIAL DE LA NORMA APLICABLE REALIZADA POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a.), de título y subtítulo: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.", estableció que el juicio de amparo promovido contra las omisiones inherentes a las condiciones de internamiento en un centro de reclusión, sin interponer previamente el mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal es improcedente, porque se actualiza la causa prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, por no agotarse el principio de definitividad que rige al juicio de amparo. Por otra parte, en el diverso criterio jurisprudencial 1a./J. 43/2019 (10a.), de título y subtítulo: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO.", la misma Sala dispuso el deber de los Jueces de Distrito de garantizar al quejoso el derecho fundamental de tutela jurisdiccional efectiva, mediante la designación de un representante, así como para el tribunal revisor de verificar que en el inicio del procedimiento del juicio de amparo se tuteló esa prerrogativa a favor de la parte inconforme y, en caso contrario, ordenar la reposición del procedimiento. Sin embargo, se actualiza una excepción a este último criterio obligatorio para los Jueces de Distrito, cuando el estudio oficioso de la improcedencia del juicio respecto de los actos referidos dé origen al desechamiento de plano de la demanda, al derivar de la interpretación jurisprudencial de la norma aplicable realizada por el propio Tribunal Constitucional, pues ante ese escenario, es evidente que la condición de defensa garantizada al quejoso en la parte inicial del juicio de amparo, no podría superar la obligatoriedad en la aplicación de la jurisprudencia que define la improcedencia del juicio, en términos del artículo 217, párrafo primero, de la Ley de Amparo. De ahí que a ningún fin práctico conduciría que el tribunal revisor ordenara la reposición del procedimiento para el efecto de que desde el inicio del juicio de amparo el juzgador de Distrito garantice el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva por medio de la representación del quejoso, si al proveer sobre la admisión de la demanda presentada por éste contra las condiciones de su internamiento carcelario, antes de intentar el amparo, debía agotar el mecanismo de controversia ante el Juez de ejecución o el de control, según se trate, lo que de inobservarse necesariamente obligaría al Juez de Distrito a arribar a la misma determinación, en el sentido de que se actualiza, de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia referida, decretada vía jurisprudencial por el Máximo Tribunal del País. Por ello, se concluye que esa obligación procedimental de garantizar el derecho de tutela judicial efectiva en el juicio de amparo, únicamente opera en favor del quejoso cuando la procedencia del juicio sea viable, esto es, cuando no encuentra obstáculo en la declaración de improcedencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante la jurisprudencia aplicable. En mérito de lo resuelto, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en autos. Notifíquese; y, personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión, así como a su defensor público. " toda vez que me constituí en el domicilio señalado en autos y al no haberse encontrado, de conformidad con el Artículo 27 Fracción I inciso c) y 29 de la Ley de Amparo, le notifico por Lista de Acuerdos dicho proveído. Notifíquese.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito cuenta, signado por el asesor jurídico del aquí quejoso ..., por medio del cual, exhibe constancias de la asesoría dada al aludido impetrante en relación con el presente juicio de amparo; lo anterior, para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
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