Felix Antonio Mena Herrera

Expediente 660/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 57 actuaciones registradas, la última del 15 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
660/2021
Año
2021
Actuaciones
57
Última actuación
15/08/2023

Partes del expediente

  • Felix Antonio Mena Herrera
  • Lida María Novelo Alcocer
  • Felix Antonio Mena Herrera y Otros.
  • Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado, con sede en Tizimín, Yucatán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 57.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, quince de agosto de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el oficio remitido vía electrónica por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, a través del cual comunica el acuerdo que se emitió en el amparo en revisión ******************** de su índice y acusa recibo del juicio de amparo 660/2021-VII-I, que le fue remitido por este Juzgado para la substanciación del recurso de revisión interpuesto por los quejosos ********************, en contra de la sentencia firmada el quince de mayo del año en curso. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Karen Azalia Mendoza Sánchez, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, ocho de agosto de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el oficio remitido vía electrónica por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, a través del cual comunica que admitió el recurso de revisión interpuesto por los quejosos ********************, en contra de la sentencia firmada el quince de mayo del año en curso, registrándolo con el número ******************** de su índice y acusa recibo de las constancias que le fueron enviadas por este Juzgado para la tramitación del recurso en comento. Ahora bien, como lo solicita la superioridad, remítase el original del presente juicio de amparo, para los efectos legales conducentes. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995, autorizado mediante oficio CCJ/ST/1003/2023, de trece de marzo de dos mil veintitrés, ante la licenciada Juana Mecalco Collí, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veinte de julio de dos mil veintitrés. Se tiene por recibido el oficio de la Secretaria de Acuerdos en funciones de Juez Interina, del Juzgado Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado, con sede en Tizimín, autoridad señalada como responsable en este asunto, con el que informa la fecha de recepción de los oficios 19602/2023 y 19603/2023. En atención a lo anterior, este juzgado tiene por notificado el proveído de seis de junio de dos mil veintitrés, en la fecha señalada en el oficio de cuenta, al Juez y Secretario de Acuerdos del Juzgado Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado, con sede en Tizimín. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Juana Mecalco Collí, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Vistos, para resolver el presente juicio de amparo número 660/2021-VII-I, promovido por Lida María Novelo Alcocer y Félix Antonio Mena Herrera en contra de los actos reclamados a la Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado y Secretario de su adscripción, con sede en Tizimín, Yucatán, por violación a los artículos 1, 8, 14, 16 y 17 Constitucional; y, R e s u l t a n d o: Primero. Demanda de Amparo. En demanda de amparo presentada en línea el veintiuno de abril de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito, y turnada a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, por Lida María Novelo Alcocer y Félix Antonio Mena Herrera, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado y Secretario de su adscripción, con sede en Tizimín, Yucatán, los cuales los hizo consistir esencialmente en: El auto de fecha ocho de abril de dos mil veintiuno, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 36/2014 publicado el día doce del mismo mes y año, mediante el cual desechó de plano el recurso de apelación hecho valer en contra del acuerdo del cuatro de marzo de dos mil veintiuno, que inadmitió el incidente de inexistencia de obligaciones y nulidad absoluta de la acción cambiaria directa. Segundo. Admisión de demanda. Por acuerdo de veintidós de abril de dos mil veintiuno; se admitió la demanda, se solicitó a las autoridades señaladas como responsables sus correspondientes informes con justificación, mismos que en su oportunidad fueron puestos a la vista de las partes; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, la intervención legal que le compete, se emplazó al tercero interesado y se citó a las partes para la celebración de la audiencia constitucional que previos diferimientos tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Ley de Amparo, 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, del Acuerdo General número 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos, en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Juzgado de Distrito; lo anterior porque en el presente caso se reclama un acto cuya ejecución tiene lugar dentro del territorio en el que este Juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se fija claramente el acto reclamado, para lo cual debe analizarse íntegramente la demanda de amparo, incluso la totalidad de las constancias existentes en el expediente, pues constituyen un todo, con la finalidad de fijar lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente lo que en apariencia señaló como tal, acorde con la tesis P.VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." De manera que, los quejosos Lida Maria Novelo Alcocer y Félix Antonio Mena Herrera, reclaman al Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado y Secretario de su adscripción, la resolución de fecha ocho de abril de dos mil veintiuno, dictada en el juicio ejecutivo mercantil 36/2014, relativo al desechamiento de plano del recurso de apelación promovido en contra del el acuerdo del cuatro de marzo de dos mil veintiuno, que inadmitió el incidente de inexistencia de obligaciones y nulidad absoluta de la acción cambiaria directa, por considerar inoperantes los agravios propuestos por el quejoso, al ser notoriamente frívolo e improcedente dicho recurso, al ser cosa juzgada su pretensión. Tercero. Existencia del acto reclamado. El Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado y Secretario de su adscripción, con sede en Tizimín, Yucatán, al rendir sus respectivos informes justificados, manifestaron que son ciertos los actos reclamados; de ahí que los mismos deban considerarse como existentes, lo que se corrobora con las constancias que integran el juicio ejecutivo mercantil 36/2014, que la responsable allegó a este juicio, de las que se advierte la existencia del acto reclamado. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Cuarto. Causas de improcedencia. Las partes no hicieron valer ninguna causal de improcedencia, ni quien esto juzga advierte la actualización de alguna de oficio, por tanto, procede avocarse al estudio de los conceptos de violación, sin que exista la necesidad de transcribirlos, en virtud de que su reproducción no es necesaria para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad, según lo dispuso la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia número 2ª./J.58/2012. Quinto. Análisis de los conceptos de violación. No existiendo causa de improcedencia que hagan valer las partes, ni advirtiéndose de oficio alguna, se procede al análisis de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa en su escrito de demanda de amparo respecto de dicho acto, que por economía procesal se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 58/2010, aprobada por la Segunda Sala del Alto Tribunal del País, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XXXI, Mayo de 2010, registro número 164618. Respecto a dicho acto reclamado los quejosos señalan en sus conceptos de violación que se transgredieron en su perjuicio los numerales 1, 14, 16 y 17 de la Carta Magna y 25.1 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, al desechar el incidente de inexistencia de obligaciones y nulidad absoluta de todo lo actuado dentro del juicio radicado dentro del expediente 36/2014, por estimar que las firmas que obran en el pagaré no fueron puestas de puño y letra de los quejosos, de acuerdo al dictamen pericial exhibido por el fiscal investigador. Que se viola su derecho al debido proceso y equidad entre las partes al invocar preceptos y fundamentos inaplicables al caso concreto al sustentar sus argumentaciones en criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación anteriores a la reforma Constitucional y que son violatorios a los principios contenidos en el artículo 1 de la Constitución. Igualmente se viola el artículo 325 párrafo segundo (sic), que establece que el auto que admite la demanda no es recurrible, el que la desecha es apelable, por lo que el escrito de demanda tiene los mismos efectos que el escrito de incidental, por lo que estaba obligada admitir el recurso de apelación. Ahora bien, a consideración de quien esto resuelve dichas manifestaciones formuladas por la parte quejosa a manera de conceptos de violación, resultan inoperantes, atento a las siguientes consideraciones: En primer lugar, conviene precisar que los conceptos de violación se pueden calificar inoperantes al actualizarse algún impedimento técnico que imposibilite el examen del planteamiento efectuado, lo que puede derivar, entre otros supuestos, de los que se precisan a continuación: 1. Ante la falta de afectación directa al promovente de la parte considerativa que controvierte; 2. Ante la omisión de la expresión de agravios referidos a la cuestión debatida; 3. Para el caso de existir expresión de agravios, su formulación material resulte incorrecta, por incumplir las condiciones atinentes a su contenido, que puede darse: a) Por no controvertir de manera suficiente y eficaz las consideraciones que rigen la sentencia; b) Por introducir pruebas o argumentos novedosos a la litis del juicio de amparo; y, c) En caso de reclamar infracción a las normas fundamentales del procedimiento, al omitir patentizar que se hubiese dejado sin defensa al recurrente o su relevancia en el dictado de la sentencia; 4. Ante la existencia de cualquier obstáculo que se advierta y que impida al órgano revisor el examen de fondo del planteamiento propuesto, como puede ser: a) Cuando se desatienda la naturaleza del juicio de amparo y del órgano que emitió la sentencia; o, b) Cuando exista jurisprudencia que resuelve el fondo del asunto planteado. Las consideraciones vertidas encuentran sustento, en la jurisprudencia 2a./J. 188/2009 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta con el número de registro 166031, que dice: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS EN LOS QUE SE PRODUCE UN IMPEDIMENTO TÉCNICO QUE IMPOSIBILITA EL EXAMEN DEL PLANTEAMIENTO QUE CONTIENEN. Conforme a los artículos 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 83, fracción IV, 87, 88 y 91, fracciones I a IV, de la Ley de Amparo, el recurso de revisión es un medio de defensa establecido con el fin de revisar la legalidad de la sentencia dictada en el juicio de amparo indirecto y el respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento, de ahí que es un instrumento técnico que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función jurisdiccional, cuya materia se circunscribe a la sentencia dictada en la audiencia constitucional, incluyendo las determinaciones contenidas en ésta y, en general, al examen del respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento del juicio, labor realizada por el órgano revisor a la luz de los agravios expuestos por el recurrente, con el objeto de atacar las consideraciones que sustentan la sentencia recurrida o para demostrar las circunstancias que revelan su ilegalidad. En ese tenor, la inoperancia de los agravios en la revisión se presenta ante la actualización de algún impedimento técnico que imposibilite el examen del planteamiento efectuado que puede derivar de la falta de afectación directa al promovente de la parte considerativa que controvierte; de la omisión de la expresión de agravios referidos a la cuestión debatida; de su formulación material incorrecta, por incumplir las condiciones atinentes a su contenido, que puede darse: a) al no controvertir de manera suficiente y eficaz las consideraciones que rigen la sentencia; b) al introducir pruebas o argumentos novedosos a la litis del juicio de amparo; y, c) en caso de reclamar infracción a las normas fundamentales del procedimiento, al omitir patentizar que se hubiese dejado sin defensa al recurrente o su relevancia en el dictado de la sentencia; o, en su caso, de la concreción de cualquier obstáculo que se advierta y que impida al órgano revisor el examen de fondo del planteamiento propuesto, como puede ser cuando se desatienda la naturaleza de la revisión y del órgano que emitió la sentencia o la existencia de jurisprudencia que resuelve el fondo del asunto planteado." Así pues, en el caso en particular, a consideración de quien esto resuelve, los argumentos hechos valer en los conceptos de violación formulados por los quejosos en su escrito inicial de demanda, son inoperantes en la medida en que no controvierten de manera suficiente y eficaz las consideraciones que rigen el acuerdo reclamado. Lo anterior es así, dado que no señala en forma concreta los conceptos de violación que aduce dejó de analizar la responsable y el motivo por el cual considera que no eran inoperantes tal y como señaló la responsable en la resolución reclamada, puesto que solo se limitó a señalar que la autoridad violó sus derechos fundamentales de debido proceso y equidad al desechar su apelación en contra de la inadmisión del incidente de inexistencia de obligaciones y nulidad absoluta de todo lo actuado, al no reconocer los quejosos como como suyas las firmas contenidas en el documento base de acción, conforme al dictamen pericial exhibido por el fiscal investigador, incumpliendo así con la función primordial de todo concepto de violación. Esto es, en el sentido de que deben expresarse las razones jurídicas concretas contra los fundamentos de la determinación reclamada, es decir, controvertir de manera suficiente y eficaz las consideraciones que rigen el acuerdo reclamado, como fueron que de acuerdo al artículo 1341 del Código de Comercio por tratarse de una sentencia definitiva, resulta improcedente su apelación, aunado a que la inexistencia de la acción, ilegalidad del documento crediticio, al fraude procesal, debió ser planteado en el momento procesal oportuno durante el desarrollo del juicio en el que tuvo la oportunidad de alegar, incluso en la sentencia en la que se determinó que los demandados no justificaron sus excepciones; además, el supuesto que pretende apelar no se encuentra contemplado en el artículo 1345 del Código de Comercio, lo que conllevó a desechar de plano su recurso con fundamento en el artículo 1054 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al Código de Comercio, a fin de no repercutir en la ejecución de dicha sentencia y el derecho de las partes involucradas a una justicia pronta y expedita como establece el numeral 17 del Constitución y, así poner de manifiesto ante la potestad federal que lo considerado por la autoridad es contrario a la ley o a la interpretación jurídica de la misma, ya sea porque siendo aplicable determinada disposición legal no se aplicó o porque se aplicó sin ser aplicable, o bien porque no se hizo una correcta interpretación de la ley, o, finalmente, porque el acuerdo no se apoyó en principios generales de derecho aplicables al caso concreto. Lo anterior se estima de esa manera, porque con los argumentos formulados a manera de conceptos de violación, no ataca en forma alguna las consideraciones expuestas por la autoridad responsable en la determinación reclamada, en cuanto a lo inoperante de sus conceptos de violación que fue en esencia el motivo por el cual la autoridad responsable desestimó los mismos y desechó el recurso de apelación hecho valer por los aquí quejosos en contra del auto de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, dictado en el expediente 36/2014. Así las cosas, debe decirse que si las manifestaciones realizadas a manera de conceptos de violación formulados de manera abstracta y genérica no combaten de manera suficiente y eficaz las consideraciones que rigen la sentencia reclamada, este órgano de control constitucional no se encuentra en condiciones de estudiar la inconstitucionalidad que se le atribuye, puesto que hacerlo equivaldría a suplir la deficiencia de la queja en un caso no permitido, ni legal ni constitucionalmente. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia número 173, de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 116, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, registro 394,129, del tenor literal siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACION. SON INOPERANTES SI NO ATACAN LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO RECLAMADO. Si los conceptos de violación no atacan los fundamentos del fallo impugnado, la Suprema Corte de Justicia no está en condiciones de poder estudiar la inconstitucionalidad de dicho fallo, pues hacerlo equivaldría a suplir las deficiencias de la queja en un caso no permitido legal ni constitucionalmente, si no se está en los que autoriza la fracción II del artículo 107 reformado, de la Constitución Federal, y los dos últimos párrafos del 76, también reformado, de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado no se funda en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte, ni tampoco se trate de una queja en materia penal o en materia obrera en que se encontrare que hubiere habido en contra del agraviado una violación manifiesta de la ley que lo hubiera dejado sin defensa, ni menos se trate de un caso en materia penal en que se hubiera juzgado al quejoso por una ley inexactamente aplicable." Y el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, localizable en la página 2117, del Libro 18, Mayo de 2015, Tomo III, Materia Común, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro 2009040, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES AQUELLOS EN LOS QUE LA QUEJOSA OMITE PRECISAR Y CONCRETAR LAS REGLAS, NORMAS O PRINCIPIOS LÓGICOS QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEJÓ DE OBSERVAR EN LA SENTENCIA RECLAMADA. En los asuntos en los que no es aplicable la suplencia de la queja deficiente, se actualiza la inoperancia de los conceptos de violación planteados, cuando el promovente del amparo en éstos omite precisar y concretar cuáles son las reglas de la lógica y de la sana crítica que la autoridad responsable dejó de observar en la resolución, además de omitir exponer específicamente en sus motivos de disenso, la creencia falsa y/o idea equivocada, así como el error en el razonamiento o la argumentación en que incurrió la responsable en la resolución reclamada, con motivo de la inobservancia a esas reglas, normas o principios lógicos, puesto que, sólo en esas condiciones, el órgano de control constitucional estará en aptitud de examinar la cuestión planteada en los conceptos de violación de que se trata." No impide declarar inoperantes los presentes conceptos de violación, la circunstancia de que conforme a la jurisprudencia P./J. 68/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en las páginas 38, del Tomo XII, agosto de 2000, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR.", es suficiente expresar con claridad la causa de pedir, señalando la lesión provocada por la resolución impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que surja la obligación de realizar el examen respectivo. Sin embargo, también lo es que tal criterio obedece a la necesidad de precisar que los mismos no necesariamente deben formularse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero, de ninguna manera implica que la parte quejosa se limite a realizar meras afirmaciones sin fundamento, menos que deje de combatir las consideraciones del acto de molestia, pues es claro que le corresponde exponer razonadamente el por qué estima ilegal el acto que reclama, salvo en los casos de suplencia de la queja. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 1ª./J. 81/2002, emitida por la Primera Sala del más alto Tribunal del país, consultable en la página 61, del tomo XVI, diciembre de 2002, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es de este tenor: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el porque estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse." En consecuencia, al resultar inoperantes, los conceptos de violación analizados, lo que legalmente procede es negar a los quejosos Lida María Novelo Alcocer y Félix Antonio Mena Herrera en contra de los actos reclamados a la Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado y Secretario de su adscripción, con sede en Tizimín, Yucatán. Sexto. Publicidad. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no será objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. Por lo expuesto y con fundamento además en los artículos 76 al 78 de la Ley de Amparo, se resuelve: Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a los quejosos Lida María Novelo Alcocer y Félix Antonio Mena Herrera en contra de los actos reclamados a la Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado y Secretario de su adscripción, con sede en Tizimín, Yucatán. Segundo. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, hasta el día de hoy quince de mayo de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores de este Juzgado, ante la secretaria licenciada Juana Mecalco Collí, que autoriza y da fe.

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