Felix Antonio Flores Escobar y Otros.

Expediente 1707/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1707/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
25/10/2022

Partes del expediente

  • Felix Antonio Flores Escobar y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, veinticinco de octubre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio INM/ORLREY/DAJ/2215/2022, y atento a su contenido, téngase a la autoridad responsable, Representante Local en Reynosa del Instituto Nacional de Migración (en su denominación correcta), rindiendo su informe justificado, y al efecto informa lo correspondiente al proceso migratorio de los quejosos 1) Felix Antonio Flores Escobar. 2) Rudy Bladimir Rámirez Gónzalez, y/o Rudy Vladimir Ramirez Gómez, y/o Rudy Bladimir Ramírez Gómez 3) Víctor Manuel Gómez Núñez, 4) Kevin Jairo Murillo Matúte, 5) José Francisco Maldonado Martínez y, 6) Victoria Alejandra Camey de León. Asimismo, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en el aludido informe de cuenta. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA Ahora bien, de las constancias que remite la autoridad responsable, este órgano de control constitucional estima que con las mismas, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo que constituye una cuestión de orden público y estudio preferente, atento al diverso numeral 62 de le ley de la materia; por tanto, en el presente juicio de amparo resulta innecesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional y dictar sentencia en la que deba analizarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados por la parte quejosa, por actualizarse la causal en comento. Asimismo, la jurisprudencia II.1o. J/5, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultada en el Semanario Judicial de la Federación, donde aparecen como datos la página 95, del Tomo VII, relativa a Mayo de 1991, Octava Época, Materia Común, cuyos rubro y texto son los siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.". En efecto, el artículo y fracción en cita, textualmente establecen: "61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; ." Sentado lo anterior, tenemos que la parte quejosa reclama primordialmente la detención que como persona extranjera ejecuta en su contra la responsable, y como consecuencia, diversos actos relacionados con dicha detención. Dentro de ese contexto, tenemos que la responsable informa que el doce de agosto de dos mil veintidós, el Sub-Representante Local del Instituto Nacional de Migración de Reynosa, Tamaulipas, emitió respectivamente la resolución de salida sujeta a control a favor de los aquí quejosos 1) Felix Antonio Flores Escobar. 2) Rudy Bladimir Rámirez González, 3) Víctor Manuel Gómez Núñez, 4) Kevin Jairo Murillo Matúte, 5) José Francico Maldonado Martínez y, 6) Victoria Alejandra Camey de León. De lo antes expuesto, es claro que el estado de incertidumbre en que se encontraba la parte quejosa hasta antes de la presentación de la demanda ha desaparecido, ya que como se dijo, quedó en libertad y, por ende, la detención que reclama en este juicio como acto primordial, ha cesado, habida cuenta que ello ocurrió con posterioridad a la fecha de presentación de la demanda de amparo [once de agosto de dos mil veintidós], que lo fue el doce de agosto del año en curso. Conviene agregar que, en la diligencia de ratificación de la demanda de amparo, los directos quejosos expresaron que se encontraban bien de salud y que no habían sido objeto de alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional; de ahí que se tenga la plena certeza de que tales actos nunca existieron. En tales condiciones, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, en relación con el 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos del acto reclamado como principal (detención). Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Junio de 1999, tesis 2ª./J.59/99, página 38, registro 193758, bajo el rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que aun sin hacerlo destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenía antes de la violación constitucional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto la razón que justifica la procedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Igualmente, es aplicable la jurisprudencia 2ª./J.10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, Tomo XVII, marzo de 2003, página 386, registro 184572 que es del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." SE DEJA SIN EFECTOS LA FECHA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En mérito de lo anterior, se ordena cancelar la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, lo que deberá hacerse del conocimiento de las partes en el juicio. SE DECLARA LA FIRMEZA DEL PRESENTE PROVEÍDO En otro orden de ideas, tomando en consideración que en este juzgado se reciben un gran número de asuntos con las características del juicio de amparo en que se actúa; por tanto ante la práctica y experiencia en este tipo de juicios, lleva a sostener que los autos en los cuales se desecha la demanda, se tiene por no interpuesta o sobresee fuera de audiencia, no son recurridos por los directos agraviados; por ende, de manera excepcional y temporal y como una medida de política judicial para disminuir la carga laboral, se declara la firmeza del presente proveído. Háganse las anotaciones necesarias en el Libro Uno de Juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. ARCHIVO En consecuencia, archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se desprende que son susceptibles de destrucción sólo los sobreseimientos dictados en sentencia o fuera de audiencia, autos que desechan o tienen por no interpuesta la demanda de garantías, y los que declinan la competencia, así como los incidentes que niegan la suspensión provisional y la definitiva, al ser sobreseimientos o proveídos que sin decidir el juicio en lo principal lo dan por concluido. En consecuencia, de conformidad con el punto 7.4, del capítulo 7, del Manual relativo al Acuerdo indicado en el párrafo anterior, el presente asunto es susceptible de depuración, dado que se concedió la suspensión de oficio y de plano; asimismo carece de información reservada, ya que no fue objeto de solicitud de acceso a la información; no tiene documentos originales y carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del propio Acuerdo General; valoración que deberá constar en la carátula de este expediente en términos del artículo 35, párrafo segundo, del mismo Acuerdo. Con fundamento en el penúltimo párrafo, del artículo 18, del acuerdo en comento, este expediente debe conservarse por un término de tres años, contado a partir de esta fecha. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, este juzgado deberá depurar el expediente; este órgano jurisdiccional deberá depurar los expedientes conservando las constancias y actuaciones más relevantes. Terminando el proceso de depuración, solicítese la transferencia correspondiente. Asimismo, háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado, y en el sistema integral de seguimiento de expedientes, incluyendo la de la destrucción respectiva, conforme al artículo 23 del Acuerdo General de trato.

  2. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, once de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, de la cual se desprende la imposibilidad de celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, en virtud de que el presente juicio de amparo no se encuentra debidamente integrado, toda vez que las autoridades responsables, no han rendido ni informado el cumplimiento a la suspensión de plano de los actos reclamados, concedida a los quejosos Félix Antonio Flores Escobar, Rudy Vladimir Ramírez Gómez, Víctor Manuel Gómez Núñez, Kevin Jairo Murillo Matute, José Francisco Maldonado Martínez y Victoria Alejandra Camey de León. En mérito de lo anterior, requiérase de nueva cuenta a las autoridades señaladas como responsables, para que dentro del plazo improrrogable de veinticuatro horas informen la forma y términos en que dieron cumplimiento al proveído de once de agosto pasado, en donde se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados al directo quejoso Félix Antonio Flores Escobar, Rudy Vladimir Ramírez Gómez, Víctor Manuel Gómez Núñez, Kevin Jairo Murillo Matute, José Francisco Maldonado Martínez y Victoria Alejandra Camey de León; aunado a que tampoco han rendido su respectivo informe justificado, no obstante estar notificadas del oficio por el cual se les solicitó. De igual forma, con fundamento en el artículo 126, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, requiérase a las citadas responsables para que dentro del plazo legal concedido en el párrafo que antecede, hagan del conocimiento de este juzgado si con motivo de la suspensión de plano que le fue concedida a los quejosos de mérito, los mismos fueron puestos en libertad; en la inteligencia de que deberán remitir copia certificada de las constancias con las que acrediten su dicho. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior en el plazo legal concedido, o de no informar el motivo que se los impida, se harán efectivas las medidas de apremio contenidas en el proveído en que se concedió la suspensión de plano, inclusive, se analizará la existencia de una posible violación a la suspensión, que puede culminar con la denuncia que refiere el artículo 209 de la Ley de Amparo, ante el Ministerio Público de la Federación por el delito que, según el caso, establecen las fracciones III y IV del artículo 262 de la invocada ley. Finalmente, para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional y se fijan las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese...

  3. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, quince de agosto de dos mil veintidós. FOLIO 11755 Visto lo de cuenta, agréguese el oficio con terminación 1393/2022, signado electrónicamente por la autoridad responsable Representante Local en Reynosa del Instituto Nacional de Migración, por medio del cual anexa constancias relativas al proceso migratorio del directo quejoso Cristian Alexander Orellana Cruz y/o Cristhian Alexander Orellana Cruz. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA Ahora bien, de las constancias que remite la autoridad responsable, este órgano de control constitucional estima que con las mismas, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo que constituye una cuestión de orden público y estudio preferente, atento al diverso numeral 62 de le ley de la materia; por tanto, en el presente juicio de amparo resulta innecesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional y dictar sentencia en la que deba analizarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados por la parte quejosa, por actualizarse la causal en comento. Asimismo, la jurisprudencia II.1o. J/5, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultada en el Semanario Judicial de la Federación, donde aparecen como datos la página 95, del Tomo VII, relativa a Mayo de 1991, Octava Época, Materia Común, cuyos rubro y texto son los siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.". En efecto, el artículo y fracción en cita, textualmente establecen: "61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; ." Sentado lo anterior, tenemos que la parte quejosa reclama primordialmente la detención que como persona extranjera ejecuta en su contra la responsable, y como consecuencia, diversos actos relacionados con dicha detención. Dentro de ese contexto, tenemos que la responsable anexó al informe de trato, copias certificadas de las constancias que integran el procedimiento migratorio de origen de la parque quejosa, a las cuales se otorga pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de las que se advierte que el veintidós de abril de dos mil veintidós, el Sub-Representante Local del Instituto Nacional de Migración de Reynosa, Tamaulipas, determinó otorgar a la parte quejosa oficio de salida sujeto a control de la estación migratoria. De lo antes expuesto, es claro que el estado de incertidumbre en que se encontraba la parte quejosa hasta antes de la presentación de la demanda ha desaparecido, ya que como se dijo, quedó en libertad; por ende, la detención que reclama en este juicio como acto primordial, ha cesado, habida cuenta que ello ocurrió con posterioridad a la fecha de presentación de la demanda de amparo. Conviene agregar que, en la diligencia de ratificación de la demanda de amparo, la parte quejosa expresó que se encontraba bien de salud y que no había sido objeto de alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional; de ahí que se tenga la plena certeza de que tales actos nunca existieron; máxime que ello constituye una confesión expresa con valor probatorio pleno, en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En tales condiciones, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, en relación con el 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos del acto reclamado como principal (detención). Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Junio de 1999, tesis 2ª./J.59/99, página 38, registro 193758, bajo el rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que aun sin hacerlo destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenía antes de la violación constitucional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto la razón que justifica la procedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Igualmente, es aplicable la jurisprudencia 2ª./J.10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, Tomo XVII, marzo de 2003, página 386, registro 184572 que es del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." SE DEJA SIN EFECTOS LA FECHA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En mérito de lo anterior, se ordena cancelar la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, lo que deberá hacerse del conocimiento de las partes en el juicio. SE DECLARA LA FIRMEZA DEL PRESENTE PROVEÍDO En otro orden de ideas, tomando en consideración que en este juzgado se reciben un gran número de asuntos con las características del juicio de amparo en que se actúa; por tanto ante la práctica y experiencia en este tipo de juicios, lleva a sostener que los autos en los cuales se desecha la demanda, se tiene por no interpuesta o sobresee fuera de audiencia, no son recurridos por los directos agraviados; por ende, de manera excepcional y temporal y como una medida de política judicial para disminuir la carga laboral, se declara la firmeza del presente proveído. Háganse las anotaciones necesarias en el Libro Uno de Juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. ARCHIVO En consecuencia, archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido.

  4. Principal

    Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio con terminación 2358-IX/2022, signado electrónicamente por la autoridad responsable, Director de Relaciones Laborales de la Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración, con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas, por medio del cual pretende dar cumplimiento al requerimiento efectuado mediante oficio 11645/2022, de veinte de junio del presente año. Lo anterior, pues la autoridad responsable aduce que en fecha diecinueve de abril del año en curso, remitió el expediente personal de la aquí quejosa, lo que acredita con la guía certificada que anexa. Por lo anterior, no ha lugar a tener por cumplido el requerimiento en mención, en virtud de que, dicho requerimiento iba encaminado a que la responsable remitiera las constancias relativas al procedimiento administrativo sin número, instaurado en contra de la aquí quejosa Ana Beatriz Campos Limón, dentro del cual se le impuso una amonestación y apercibimiento para que modifique su conducta laboral; así como de todas y cada una de las constancias inherentes a dicho procedimiento. En tal virtud, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, con relación al numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, requiérase de nueva cuenta a la responsable, Director de Relaciones Laborales de la Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración, con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas, para que dentro del plazo de tres días, computado legalmente, remita la totalidad de las constancias que integran el procedimiento administrativo sin número, instaurado en contra de la aquí quejosa Ana Beatriz Campos Limón, dentro del cual se le impuso una amonestación y apercibimiento para que modifique su conducta laboral, así como de todas y cada una de las constancias inherentes a dicho procedimiento. Cabe resaltar que en dicho procedimiento se emitió la resolución de fecha veintitrés de marzo de dos mil veintiuno (la cual se señala como acto reclamado), en la que se decretó y ordenó amonestación, apercibimiento y descuento de pago salarial del día veintitrés de noviembre de dos mil veinte -por lo que deberá remitir éste y no el expediente personal que ya obra en autos- documentos que resultan necesarios para resolver este contradictorio constitucional. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior, se le impondrá, una multa equivalente a cien veces el valor diario, que tenga en esta fecha, la unidad de medida y actualización, conforme a los artículos 237, fracción I, y 259 de la propia ley.

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