Félix Álvarez Ortega

Expediente 736/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
736/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
27/09/2022

Partes del expediente

  • Félix Álvarez Ortega

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio que firma el actuario judicial adscrito al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, residente en Guanajuato, capital, mediante el cual remite el testimonio de la resolución dictada en el recurso de queja civil 146/2022 de ocho de septiembre de dos mil veintidós, que en su parte resolutiva determinó: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y acúsese recibo vía electrónica. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En cumplimiento al artículo 21, inciso b), del citado acuerdo general, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años -contados a partir de que se ordenó su archivo-, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión.

  2. Principal

    Por recibido el oficio firmado electrónicamente por el actuario judicial adscrito al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, mediante el cual informa que se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por ********************, quien se ostenta apoderado del quejoso ********************, en contra la determinación de dieciocho de julio del actual año, en la que se desechó la demanda de amparo; registrado como recurso de queja civil 146/2022. De lo anterior esta potestad federal toma conocimiento para constancia legal.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el escrito que firma Laurentino Lara Guzmán, quien se ostenta apoderado del quejoso **********, mediante el cual interpone recurso de queja en contra de la determinación de dieciocho de julio de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda de amparo que derivó en el expediente judicial en que se actúa; de conformidad con lo dispuesto por el artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, se ordena glosar copia del escrito de expresión de agravios de cuenta, para que obre como legalmente corresponda. Atento a lo anterior, con apoyo en el numeral 101 de la Ley de Amparo, ríndase por separado el informe justificado y remítase al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, en turno, el escrito de expresión de agravios, así como copia certificada de todo lo actuado en el presente expediente, para la substanciación del recurso interpuesto.

  4. Principal

    Recepción y registro de la demanda Vista la demanda de amparo presentada por ***********, quien se ostenta apoderado de************, en contra de actos del juez Civil de Partido con sede en Moroleón, Guanajuato, por estimarlos violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 14,16 y 17 constitucionales, en perjuicio de su mandante. Fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), bajo el registro número 736/2022-5. Desechamiento de la demanda Por tanto, con fundamento en los artículos 103 y 107 constitucionales, 1, 107, 113 y relativos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo de cuenta, en virtud de lo que a continuación se expone. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y su existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del precepto transcrito, se desprende que el Juzgado de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita reconocido en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, se precisa que la parte quejosa reclama en esta instancia constitucional: La resolución de fecha veintiuno de junio de dos mil veintidós, que dirimió el recurso de revocación interpuesto en contra del auto de uno de junio pasado, que proveyó lo relativo al desahogo de un artículo de prueba testimonial dentro del subyacente juicio ordinario civil ***************de la estadística del órgano jurisdiccional responsable. El anterior acto es reclamado a la autoridad: Juez Civil de Partido en Moroleón, Guanajuato. De los antecedentes del acto reclamado que se desprenden del escrito de demanda y que bajo protesta de decir verdad expone la parte agraviada, por ende, con eficacia probatoria plena, acorde a lo dispuesto por el artículo 197 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, emergen los siguientes datos relevantes del caso: Que mediante proveído de uno de junio de dos mil veintidós, dentro del juicio ordinario civil ***************, sobre nulidad de escritura, de la estadística del Juzgado Único Civil de Partido con sede en Moroleón, Guanajuato, se determinó conceder el plazo de quince días hábiles para el desahogo de la prueba testimonial ofertada por la parte aquí agraviada, a cargo de dos testigos nominados. No conforme con tal determinación -al considerar que es poco el tiempo para el desahogo-, la parte aquí quejosa interpuso el recurso de revocación, que se resolvió por interlocutoria de veintiuno de junio inmediato anterior, en el sentido confirmar el auto recurrido. Determinación de veintiséis de junio de dos mil veintidós, que constituye el acto reclamado en el presente asunto y que de acuerdo a los reseñados antecedentes del acto reclamado, se advierte que el acto impugnado se generó dentro del periodo de instrucción del juicio natural. Lo citado revela que en la especie se concretiza un motivo legal que hace improcedente la acción constitucional intentada; lo que se estudia de oficio, por así disponerlo el artículo 62 de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Mientras que el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que cuando se impugnan actos dentro de un procedimiento jurisdiccional, es procedente el amparo indirecto, siempre y cuando dichos actos sean de imposible reparación. Lo anterior es replicado por la Ley de Amparo, concretamente en su artículo 107, fracción V, cuando establece que el amparo indirecto procede contra actos en el procedimiento: "V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Cabe mencionar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el veintidós de mayo de dos mil catorce, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, estimó que en los trabajos legislativos de la reforma constitucional: a) Se destacó la demora excesiva que en algunos casos provocaba la interposición del juicio de amparo; b) Por ende, se apreció como una demanda social la necesidad de abreviar su procedimiento, eliminando a su vez la traba que significa su múltiple promoción indiscriminada, erigiéndose como un obstáculo para la pronta impartición de justicia; c) Se advirtió a título de hecho notorio que la substanciación y resolución del sumario constitucional propiciaba el alargamiento de los juicios; d) De ahí que hubo la evidente intención de concentrar en un solo juicio de amparo directo el estudio del cúmulo de violaciones procesales posibles, para que las presuntas infracciones al procedimiento se planteen mayormente en forma simultánea contra la sentencia de fondo; y, e) Con ello, se analicen todas las impugnaciones relacionadas con aspectos de naturaleza puramente adjetiva. Así, consideró el más alto tribunal que al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin a juicio, deberían hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento y, en vía de consecuencia, impedir una promoción abundante de demandas de amparo que, por formularse antes del dictado de la sentencia, obstaculizaban injustificadamente la celeridad de los procedimientos jurisdiccionales. De manera que, para que los actos que se reclamen en el juicio de amparo indirecto puedan ser estimados como de imposible reparación, es necesario: 1) Producir una afectación material a derechos sustantivos; 2) Sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; y, 3) Deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental. Consideraciones que, en su conjunto, se encuentran contenidas en la jurisprudencia por contradicción de criterios número P./J. 37/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 39, libro 7, junio de 2014, tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2006589, de rubro y contenido siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." De esta forma, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y son reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. En el caso, se reclama la interlocutoria que resolvió el recurso de revocación interpuesto en contra del auto de uno de junio de dos mil veintidós, que proveyó sobre el plazo otorgado para el desahogo de la prueba testimonial nominada a cargo de dos personas en el subyacente contradictorio. Controvertido natural que se encuentra en instrucción. En ese contexto, el acto reclamado descrito no puede estimarse como de imposible reparación, toda vez que no vulnera ningún derecho sustantivo de la parte quejosa, como puede ser entre otros, los derechos patrimoniales, la vida, la libertad o el estado civil. Por tanto, es inconcuso que la interlocutoria que se reclama ante esta potestad federal, constituye una cuestión de derecho procesal que no genera afectación a los derechos sustantivos de la parte quejosa, en razón de que con la misma, se reitera, no se afectan materialmente esos derechos, pues en modo alguno se impide el libre ejercicio de derechos de la parte promovente, antes bien, dichos derechos procesales surgen y se generan durante el trámite de un juicio o procedimiento, de tal forma que antes de este el particular no los tenía y si dichos derechos fueran violados, la resolución definitiva podría tener como efecto su restitución; en caso contrario, si tal determinación fuera en contra de los intereses de la parte agraviada y esas violaciones procesales trascendieran el resultado del fallo, podrían reclamarse por medio del juicio de amparo directo en términos de los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 170, 171 y 172 de la Ley de Amparo. Es de invocarse en apoyo de lo que antecede, la tesis I.8º. C. 22C (10ª.), con registro 2008458, legible en la página 2674, libro 15, febrero de 2015, tomo III, en materia civil de la Décima Época, de rubro y texto: "DERECHOS SUSTANTIVOS. SU DIFERENCIA CON LOS DERECHOS ADJETIVOS. De acuerdo con la doctrina, son derechos sustantivos los que se identifican con los bienes de la vida. En ese sentido, pueden considerarse sustantivos, sin pretender asignarles un orden, entre otros, los derechos patrimoniales, los que surgen de las relaciones de familia y del estado civil de las personas, la vida misma, la libertad personal, la de conciencia, la de expresión, el derecho al honor, a la intimidad, etc. En cambio, los derechos procesales o instrumentales, también llamados adjetivos, son únicamente el medio para hacer observar o proteger el derecho sustantivo. Tales derechos procesales no tienen por objeto su propio ejercicio, ni constituyen un fin en sí mismos, sino que se trata sólo de las reglas para obtener del Estado la garantía del goce de los bienes de la vida." En estas condiciones al surtirse de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda promovida por Laurentino Lara Guzmán, quien se ostenta apoderado de Félix Álvarez Ortega, en contra del acto que reclamó del juez Único Civil de partido con sede en Moroleón, Guanajuato, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la ley de la materia. Domicilio y autorizados Atento a que la parte quejosa no señaló domicilio en esta ciudad para recibir notificaciones, se ordena que la correspondiente al presente proveído y las subsecuentes que sean de índole personal, se le realicen mediante la lista de acuerdos que se publica en lugar visible de este juzgado; lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Sin que proceda tener como domicilio para recibir notificaciones el correo electrónico que menciona en su escrito de demanda ni el buzón electrónico correspondiente al Sistema del Poder Judicial del estado de Guanajuato, dado que dichas figuras no se encuentran reguladas en la normatividad que rige el juicio de amparo, por lo que únicamente será utilizado como canal de comunicación, en caso de ser necesario. Por cuanto a los autorizados que refiere, se les tiene únicamente en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, solo para recibir notificaciones e imponerse de autos, toda vez que no proporciona datos que justifiquen que cuentan con facultad legal para ejercer la profesión de abogado, tales como su número de cédula o su número de registro en el Sistema Computarizado respectivo. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.

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