Félix Alexis Hinojosa Hernández
Expediente 1300/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo. 8 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1300/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 08/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Félix Alexis Hinojosa Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que el fallo dictado en este expediente no fue recurrido dentro del término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la mencionada ley, se declara que la sentencia de veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés (fojas 67 a 76), en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a ********************ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes, háganse las anotaciones en el libro respectivo. Ahora, con fundamento en el artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se requiere al Juez Calificador adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública Tránsito y Vialidad Municipal de esta ciudad: a) Deje insubsistente el acuerdo de barandilla de uno de agosto de dos mil veintitrés, así como la multa impuesta equivalente a ******************** su conmutabilidad por arresto de veinticuatro horas, que constituye el acto reclamado en la presente vía constitucional. Con apercibimiento que de no hacerlo dentro del plazo concedido, se le impondrá a una multa de cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, equivalente a diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, moneda nacional, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en turno para que continúe con el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación; lo anterior, con apoyo en los artículos 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo. Por otra parte, con fundamento en el artículo 195 de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de la autoridad responsable que el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de la responsabilidad correspondiente, pero podría tomarse en consideración como atenuante de la sanción penal. De igual forma, con apoyo en el artículo 193, párrafo segundo de la Ley de Amparo, se informa a la autoridad responsable que se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales. En el entendido que la responsabilidad a que se hace referencia en líneas precedentes, es la que deriva de la comisión del delito previsto en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, que establece: Artículo 267. Se impondrá pena de cinco a diez años de prisión y multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos a la autoridad que dolosamente: - - - I. Incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir."* Asimismo, se comunica a la autoridad responsable que no obstante llegara a dejar el cargo durante la tramitación del procedimiento de ejecución del fallo protector, la responsabilidad derivada de su incumplimiento subsiste en términos de los artículos 193, párrafo primero y 269 de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto son: Época: Décima Época Registro: 2007918 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I Materia(s): Común Tesis: P./J. 54/2014 (10a.) Página: 19 PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo.
- Principal
(5)...R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a **************contra los actos reclamados y autoridades precisados en los considerados segundo y tercero. SEGUNDO. En términos de los artículos 74, fracción V, y 77, fracción I, y segundo párrafo, de la Ley de Amparo, a fin de restituir al quejoso en el derecho subjetivo violentado por la actuación del Juez Calificador adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública Tránsito y Vialidad Municipal de esta ciudad, deje insubsistente el acuerdo de barandilla de uno de agosto de dos mil veintitrés, así como la multa impuesta equivalente a ************su conmutabilidad por arresto de veinticuatro horas, que constituye el acto reclamado en la presente vía constitucional.
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(5)...Visto el estado de autos, se desprende que se encuentran señaladas las diez horas con nueve minutos de este día para la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, al tomar en consideración que el secretario encargado del Despacho por licencia de la Titular, no se encuentra autorizado para resolver en definitiva en el presente asunto, en términos de lo dispuesto por el artículo 44, segundo párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, resulta procedente diferir la misma y para que tenga lugar se fijan las diez horas con veintitrés minutos del veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Resulta aplicable a lo anterior por el precedente siguiente: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2020764 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Común Tesis: I.5o.P. J/4 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 71, Octubre de 2019, Tomo IV, página 3393 Tipo: Jurisprudencia SECRETARIO DE JUZGADO ENCARGADO DEL DESPACHO EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 43 O 161 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. AL NO SER LA DECLARATORIA DE CUMPLIMIENTO UNA DILIGENCIA, PROVIDENCIA DE MERO TRÁMITE, O RESOLUCIÓN DE CARÁCTER URGENTE, DICHO FUNCIONARIO CARECE DE ATRIBUCIONES LEGALES PARA DECIDIR SI LA SENTENCIA DE AMPARO SE ENCUENTRA O NO CUMPLIDA. En términos del precepto mencionado, en las ausencias del Juez de Distrito menores a quince días (párrafo primero), el secretario se encargará de practicar las diligencias y dictar las providencias de mero trámite y las resoluciones de carácter urgente, y cuando aquéllas sean superiores a dicho periodo (párrafo segundo), el Consejo de la Judicatura Federal autorizará al correspondiente secretario o designará a la persona que deba sustituir al Juez de Distrito durante su ausencia y, entre tanto se hace esa designación o se autoriza al secretario, éste se encargará del despacho del juzgado, practicará las diligencias y dictará las providencias de mero trámite, así como las de carácter urgente, sin resolver en definitiva. Por su parte, respecto de la ausencia del titular del órgano jurisdiccional con motivo del disfrute de su periodo vacacional, el secretario encargado del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, únicamente se encuentra facultado para: i) practicar diligencias; ii) dictar providencias de mero trámite; iii) emitir resoluciones de carácter urgente; y, iv) resolver los juicios de amparo cuyas audiencias se hayan señalado para los días en que el Juez de Distrito se encuentre gozando de sus vacaciones, a no ser que dichas audiencias deban diferirse o suspenderse con arreglo a la ley. Lo anterior, porque la ausencia del Juez de Distrito por este motivo, no es una situación imprevista susceptible de extenderse, pues por disposición expresa del artículo 160 de la propia ley orgánica, cada periodo vacacional comprende una duración de quince días. Bajo ese panorama, el cumplimiento o no de una ejecutoria de amparo importa una decisión que no se encuentra comprendida en ninguna de esas hipótesis; primeramente, porque no es una diligencia ni constituye una providencia de mero trámite, ya que requiere de un importante y trascendente juicio de valoración en torno a las actuaciones realizadas en acatamiento a un fallo protector que, en su regularidad, puede conducir a la imposición de una multa y, eventualmente, al inicio del procedimiento de inejecución que culmina con la separación del cargo del titular de la autoridad responsable y su consignación ante un Juez penal; además, porque no está comprendida en la connotación legal de urgente empleada en esa fase, tan es así, que los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo autorizan la ampliación del plazo; de lo que se colige que la resolución de cumplimiento de una ejecutoria de amparo es una decisión exclusiva del titular del órgano de control constitucional. Por tanto, el secretario de juzgado encargado del despacho por vacaciones de su titular o en términos del artículo 43 invocado, carece de atribuciones legales para decidir si la sentencia de amparo se encuentra o no cumplida."
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(5) Visto el estado de autos, se desprende que para esta data se encuentra señalada la audiencia constitucional; sin embargo, ésta no habrá de llevarse a cabo, al tomar en consideración que entre la fecha de notificación del auto de veintidós de agosto del presente año, en el que se tuvo por rendido el informe justificado por la autoridad responsable la Jueza Calificador del Segundo Turno de la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad Municipal de Pachuca de Soto, Hidalgo, y la fecha señalada para la audiencia constitucional, no median los ocho días previstos en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Por lo tanto, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional para las diez horas con nueve minutos del veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. Apoya lo anterior, la jurisprudencia cuyos datos de localización son los siguientes: "Registro digital: 191995 Instancia: Pleno Novena Época Materia(s): Común Tesis: P./J. 54/2000 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XI, Abril de 2000, Página 5 Tipo: Jurisprudencia AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario."
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