Felix Alejandro Faller Medina

Expediente 1893/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1893/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
17/12/2021

Partes del expediente

  • Felix Alejandro Faller Medina

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto dictado en este juicio el veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno; con fundamento en los artículos, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en términos del artículo 2o de la citada Ley de Amparo, se declara que el expresado auto que SOBRESEE en estos autos fuera de audiencia, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto definitivamente concluido. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo, no obra documento original y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del Punto Vigésimo primero del citado Acuerdo General, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Notifíquese. Así lo acordó y firma Daniel Rodríguez Mendoza, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del despacho por vacaciones de la titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación anterior, por autorización otorgada en sesión de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada en oficio CCJ/ST/4228/2021, suscrito por la Secretaria Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, asistido de Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio suscrito por la Encargada del Despacho del Registro Agrario Nacional Delegación Yucatán, con sede en esta ciudad, y anexo que acompaña, mediante el cual cumple con el requerimiento que se le hizo en proveído de dieciséis de noviembre del año en curso, e informa que el veinticuatro de los corrientes el quejoso FÉLIX ALEJANDRO FALLER MEDINA, se apersonó a dicha Delegación para entender la notificación y entrega de los títulos de propiedad de origen parcelario respecto de la parcela 2 del ejido de Chicxulub, municipio de Chicxulub Pueblo, Yucatán; en tal virtud, téngase a la citada autoridad responsable dando cumplimiento al requerimiento aludido, y déjese sin efectos el apercibimiento decretado en dicha data. Ahora bien, se trae a colación que el acto que el quejoso FÉLIX ALEJANDRO FALLER MEDINA reclamó en su demanda de amparo, consistió en la omisión de la responsable de dar respuesta a su petición realizada mediante escrito presentado el veintiséis de junio de dos mil diecisiete, al cual le recayó el acuse de solicitud 3117006745, mediante el cual solicitó la entrega del título de origen parcelario de la parcela 2 del ejido de Chicxulub, municipio de Chicxulub Pueblo, Yucatán. En virtud de lo anterior, en atención al acto reclamado y el contenido de las constancias que se allegaron al oficio de la responsable, esta Juzgadora Federal advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, cuyo estudio es preferente, la cual establece literalmente, lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Al respecto, es conveniente señalar que conforme a lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se estima que para que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiera otorgado el amparo, es decir como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del quejoso o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así, de las constancias que integran este juicio, las cuales tienen pleno valor probatorio al tenor de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, como ya se dijo, se advierte que la parte quejosa reclamó de la autoridad responsable la omisión de la responsable de dar respuesta a su petición realizada mediante escrito presentado el veintiséis de junio de dos mil diecisiete, al cual le recayó el acuse de solicitud 3117006745, mediante el cual se solicitó la entrega del título de origen parcelario de la parcela 2 del ejido de Chicxulub, municipio de Chicxulub Pueblo, Yucatán Ahora bien, de las constancias que obran autos y las remitidas por la responsable en esta data, se aprecia que el veinticuatro de los corrientes el quejoso FÉLIX ALEJANDRO FALLER MEDINA, se apersonó a dicha Delegación para entender la notificación y entrega de los títulos de propiedad de origen parcelario respecto de la parcela 2 del ejido de Chicxulub, municipio de Chicxulub Pueblo, Yucatán. De lo anterior, se puede advertir que la autoridad responsable ya ha dado contestación al escrito presentado el veintiséis de junio de dos mil diecisiete, y se realizó la entrega de los título de origen parcelario solicitados, por lo que considera que el acto reclamado cesó sus efectos, pues el quejoso obtuvo la entrega del título con posterioridad a la presentación de la demanda. Precisado lo anterior, se afirma que en la especie se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues es evidente que la conducta omisiva de la responsable cesó en sus efectos, pues ya ha dado contestación al escrito de cuatro de julio de dos mil diecinueve presentado por el quejoso. Robustece lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejo huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento, fuera de audiencia, en el presente juicio de amparo por lo que respecta al acto reclamado de la autoridad responsables, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la propia legislación; en consecuencia, se deja sin efecto la fecha y hora señalada para la audiencia constitucional, esto es, las DIEZ HORAS CON TREINTA Y UN MINUTOS DEL TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Agréguese a estos autos informe justificado rendido por la Encargada del Despacho del Registro Agrario Nacional Delegación Yucatán, con sede en esta ciudad, con cinco anexos que adjunta; y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes en este juicio y relaciónese al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Asimismo, téngase como su domicilio para oír y recibir notificaciones, el mencionado en su informe con justificación. Ahora bien, del contenido del oficio de cuenta, se advierte que la responsable solicitó a esta autoridad, le comunique a la parte quejosa, que deberá presentarse personalmente a las instalaciones de dicha dependencia, a las doce horas del veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, a efecto de que se notifique y entregue la documentación correspondiente al título de propiedad de origen parcelario respecto de la parcela 2 del ejido de Chicxulub, municipio de Chicxulub Pueblo, Yucatán, a favor de FÉLIX ALEJANDRO FALLER MEDINA. De igual forma, se reitera a la responsable el requerimiento realizado en el auto admisorio, para que de tener conocimiento de la actualización de alguna causa de improcedencia, la haga del conocimiento de la suscrita, esto es, para que de entregarse el título de propiedad relativo, se informe a este órgano de control constitucional, con las constancias conducentes que lo acrediten; subsistiendo el apercibimiento decretado en el sentido de que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa de treinta a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con artículo 251 de la citada Ley de la Materia. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Audiencia constitucional. En Mérida, Yucatán, a las diez horas con diecinueve minutos del quince de octubre de dos mil veintiuno, día y hora señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 1397/2021, promovido por Amado Baas Montejo, por su propio derecho. Estando en audiencia pública Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistida de Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe, se procede a celebrarla sin la asistencia de las partes. Por tanto, la Jueza declara abierta la audiencia. El Secretario hace relación de la demanda y demás constancias de autos y da cuenta con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, los cuales ya obran agregados en autos. Acto seguido, la Jueza acuerda: Ténganse por rendidos en tiempo y forma los informes justificados de las autoridades señaladas como responsables, para que sean tomados en consideración como corresponda. Abierto el período de pruebas, se da cuenta con las constancias que remitieron las autoridades responsables, como justificación de sus actos, y con las que exhibió la parte quejosa en su escrito inicial de demanda. En mérito de lo anterior, la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas antes citadas, las cuales se tienen por desahogadas en virtud de su naturaleza jurídica; no habiendo ninguna otra por desahogar se cierra dicho periodo. Abierto el período de alegatos, el Secretario hace constar que las partes no los formularon; con lo que se cierra esta etapa de la audiencia. A continuación, no habiendo otro asunto pendiente por desahogar, se procede a dictar la resolución que en derecho proceda. Visto, para resolver el presente juicio de garantías 1397/2021, promovido por Amado Bass Montejo, por su propio derecho, contra el acto que reclaman del Delegado Estatal del Registro Agrario Nacional en Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, y de otras autoridades, por violación a los artículos 16 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el cinco de agosto de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, que por razón de turno correspondió al que actúa y fue recepcionada el mismo día, Amado Baas Montejo, por su propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclamaron del Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, así como del Director General, Director General de Registro y Control Documental, Director del Departamento de Informática y Jefe del Departamento de Titulación, todos del Registro Agrario Nacional, con residencia en la Ciudad de México, que hizo consistir en la omisión de dar respuesta a su petición formulada mediante escrito presentado el seis de junio de dos mil diecinueve, al cual le recayó la solicitud 31190005091 y, por ende, la omisión de expedirle el certificado parcelario correspondiente. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Mediante proveído de seis de agosto de dos mil veintiuno, se admitió la demanda de amparo de que se trata; se pidió a las autoridades responsables su informe de ley; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, la intervención que legalmente le corresponde; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que, previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Esta Juzgadora Federal es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, acorde a lo establecido en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, Constitucionales; 36, 37 y 114 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y los artículos primero, fracción XIV, segundo fracción XIV, punto tercero y artículo cuarto, fracción XIV, todos del Acuerdo General 3/2013 (la última fracción modificada mediante el Acuerdo General 3/2015 por el mismo órgano), del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar claramente el acto reclamado, con base en el estudio integral de la demanda de garantías, para establecer lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente el que en apariencia señaló como tal, acorde con la tesis P.VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Por tanto, de una revisión integral de la demanda de amparo, así como de las constancias que remitieron las autoridades responsables, se desprende que la parte quejosa reclama de las responsables, la omisión de dar respuesta a su petición formulada mediante escrito presentado el seis de junio de dos mil diecinueve, al cual le recayó la solicitud 31190005091 y, por ende, la omisión de expedirle el certificado parcelario correspondiente. TERCERO. Oportunidad de la presentación de la demanda. La demanda de amparo se estima presentada de manera oportuna, toda vez que en la especie se reclama una abstención, cuya impugnación no está sujeta al término de quince días que ordinariamente se señala, ya que al respecto se actualiza una de las excepciones a la regla genérica contenida en el artículo 17 de la Ley de Amparo, pues no corre término alguno para la promoción del juicio de amparo, dado que la omisión del actuar de las responsables, que es lo que produce el agravio, es de tracto sucesivo, en tanto que no se consuma en un solo evento, sino que se prolonga en el tiempo, de momento a momento. Sirve de sustento a esa consideración la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, de rubro: "ACTO NEGATIVO. CONTRA EL, NO CORRE EL TÉRMINO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 21, DE LA LEY DE AMPARO." CUARTO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto omisivo reclamado a las responsables Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, así como del Director General, Director General de Registro y Control Documental, Director del Departamento de Informática y Jefe del Departamento de Titulación, todos del Registro Agrario Nacional, con residencia en la Ciudad de México, pues de sus informes de ley se advierte que, a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, no habían dado contestación a la petición de la parte quejosa. QUINTO. Análisis de la litis constitucional. Resultan esencialmente fundados los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa en su demanda de amparo, en contra del acto reclamado a las autoridades responsables, consistente omisión de éstas de dar respuesta a la solicitud que presentó ante el Delegado del Registro Agrario Nacional en Yucatán, el seis de junio de dos mil diecinueve. En efecto, el quejoso alega que las responsables, sin razón fundada y motivada, ha violado sus derechos fundamentales, al haber transcurrido en exceso el término para que se le dé contestación a su solicitud, lo que le ocasiona perjuicio a su persona y derechos constitucionales, pues las responsables no han cumplido con la obligación de darle contestación, misma que les impone el precepto constitucional antes invocado, y que se refiere al derecho de legalidad y de impartición de justicia pronta y expedita. Ahora bien, del examen de las constancias ofrecidas por la parte quejosa y las remitidas por las responsables como justificación a sus informes, las cuales tienen valor probatorio en términos de los artículos 129, 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2º de la Ley de Amparo, se destaca lo siguiente: El seis de junio de dos mil diecinueve, la parte quejosa presentó ante la Delegación Estatal del Registro Agrario Nacional en Yucatán, su petición de inscripción de la adopción de dominio pleno a su favor, respecto de una parcela ubicada en el ejido de Ticopo, municipio de Acanceh, Yucatán, generándose la solicitud 31190005091; sin que a la fecha obre respuesta alguna a dicha solicitud. Como primer punto, es pertinente señalar que de los hechos expuestos en la demanda de garantías y anexos que se acompañan, se evidencia que se refieren a la vulneración del derecho de petición que todo gobernado tiene, establecido en el artículo 8 de la Carta Magna. Dicho derecho fundamental que consagra el artículo 8 de la Constitución Federal, es conocido con el nombre de derecho de petición, que establece lo siguiente: "Artículo 8. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." La existencia de este derecho es la consecuencia de una exigencia jurídica y social en un régimen de legalidad. Así es, sociológica e históricamente el derecho de petición se revela como la exclusión o negación de la llamada vindicta privada, en cuyo régimen a cada cual le era dable hacerse justicia por su propia mano. La potestad jurídica de petición, cuyo titular es el gobernado en general, es decir, toda persona moral o física que tenga este carácter se deriva como derecho subjetivo público individual de la garantía respectiva consagrada en el numeral aludido. En esa virtud, la persona tiene la facultad de acudir ante cualquier autoridad, formulando una solicitud o instancia escrita de cualquier índole, la cual adopta, específicamente, el carácter de simple petición administrativa, acción, recurso, etc., de suerte que el estado y las autoridades (funcionarios y empleados), en razón a la relación jurídica consignada en el numeral citado, tienen como obligación ya no un deber de carácter negativo o abstención como en la anteriores garantías, sino la ejecución o cumplimiento positivo de un hacer, consistente en dictar un acuerdo escrito a la solicitud que el gobernado eleve. Dicho acuerdo no es sino el parecer que emite el órgano estatal sobre la petición formulada, sin que ello implique que necesariamente deba resolver de conformidad con los términos de la solicitud, sino basta con que sea congruente con dicha instancia. Por lo tanto, una autoridad cumple con la obligación que le impone el mencionado precepto, al dictar un acuerdo expresando por escrito, respecto de la solicitud que se le haya elevado, independientemente del sentido y términos en que esté concebido, y además, que lo haga del conocimiento del solicitante; pero no solamente debe pronunciar dicho acuerdo y notificar su contenido, sino que la respuesta debe ser congruente con lo solicitado. Ciertamente, de la redacción del referido numeral 8 de la Constitución Federal, se desprende que para dar debido cumplimiento a lo preceptuado en el mismo debe reunirse los siguientes requisitos formales: a) A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido. b) Que la respuesta sea congruente con la petición planteada. c) Hacerlo conocer en breve término al peticionario. Por otra parte, respecto a la calificación registral para la inscripción, en el caso, de derechos parcelarios, y por consiguiente la expedición del certificado correspondiente, cuya omisión reclama la peticionaria de amparo, su tramitación se encuentra prevista en el Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional; por tanto, se hace necesario, transcribir algunos preceptos del ordenamiento de mérito: "Artículo 51. El Registro garantizará en sus procedimientos registrales que se salvaguarden en lo conducente, los principios registrales de rogación, buena fe, legalidad, prelación, tracto sucesivo, celeridad y publicidad. El procedimiento registral inicia con la presentación de la solicitud en las Delegaciones o en los Centros de Atención que correspondan, debiéndose invariablemente registrar el número de entrada progresivo, fecha y hora para los efectos legales correspondientes, atendiendo a los Manuales de procedimientos que correspondan." "Artículo 52. Los registradores examinarán bajo su responsabilidad, cada uno de los documentos y actos jurídicos que en ellos consten, para determinar si los mismos reúnen los requisitos de forma y fondo exigidos por la normativa que los rija, con el fin de garantizar los principios de legalidad y certeza jurídica. El registrador deberá cerciorarse de que no se ha presentado con anterioridad documento alguno que contenga actos inscribibles que se opongan al que se solicita. El Registrador no calificará la legalidad de las sentencias o resoluciones presentadas a inscripción, pero si a su juicio existe alguna imposibilidad material o legal por la que ésta no pueda practicarse, pondrá el caso en conocimiento del Delegado y del Director General de Asuntos Jurídicos, para que por su conducto se dé cuenta a la autoridad ordenadora; si a pesar de ello ésta insiste en que se cumpla su mandato, se procederá conforme a lo ordenado, tomándose razón del hecho en el asiento correspondiente. Las calificaciones positivas o negativas deberán producirse en un plazo que no excederá de sesenta días naturales, contado a partir de la fecha de presentación de la documentación de que se trate. Será positiva cuando resuelva autorizar la inscripción solicitada y será negativa cuando resuelva denegar el servicio registral." "Artículo 53. Las resoluciones administrativas de calificación deberán: I. Estar debidamente fundadas y motivadas; II. Ser expedidas con el señalamiento de lugar y fecha de emisión; III. Constar por escrito y con la firma autógrafa del servidor público autorizado para su expedición, y IV. Dar respuesta integral a la solicitud." "Artículo 60. Las prevenciones y las calificaciones registrarles negativas deberán ser notificadas al interesado en los términos señalados en el Capítulo VII de este Reglamento." De la transcripción anterior se advierte que a toda solicitud respecto de calificaciones registrales debe recaer una respuesta, en sentido positivo o negativo y contados a partir de la fecha de presentación dentro de un plazo que no excederá de sesenta días naturales de la documentación de que se trate; además, la respuesta debe ser integral a la solicitud, siendo que dicha calificación debe ser notificada al interesado. Reflexionando sobre los hechos y el contexto legal anotado, este órgano de control constitucional estima que, en el presente caso, se reitera, resultan esencialmente fundados los conceptos de violación propuestos por la parte quejosa en su escrito de demanda y suficientes para concederle el amparo y la protección de la Justicia Federal, en razón de que ha transcurrido en exceso el termino de sesenta días naturales para emitir la determinación de la calificativa registral solicitada, sin que se hubiere hecho, como se explicará a continuación. Partiendo de la premisa anterior y de las constancias que integran el presente juicio de amparo antes relatadas, se advierte que las autoridades responsables no han dado contestación a la solicitud que les formulara la parte quejosa por escrito presentado el seis de junio de dos mil diecinueve, generándose como número de solicitud 31190005091, misma que fue exhibida con su demanda de amparo, cuya omisión de respuesta, constituye el acto reclamado en este asunto, con lo cual se incumple con lo preceptuado en el numeral 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues se reitera, en el caso, no se evidencia que haya recaído respuesta alguna a la petición de mérito. En efecto, la parte peticionaria de amparo adjuntó a su libelo constitucional, copia fotostática del acuse de recibo de su solicitud hecha al Delegado del Registro Agrario Nacional, recepcionada por dicha autoridad el seis de junio de dos mil diecinueve; mismo documento que adquiere valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en el 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en el que se advierte que la parte quejosa solicitó la inscripción de la adopción de dominio pleno a su favor de la parcela ubicada en el ejido de Ticopo, municipio de Acanceh, Yucatán, así como la consecuente expedición del certificado parcelario relativo. Por tanto, resulta evidente que la omisión que reclama la parte peticionaria de amparo, respecto a la petición de mérito, deviene en una conducta violatoria del artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conculcando de esta manera el derecho fundamental de la parte quejosa de recibir una respuesta a la petición formulada por escrito, en forma pacífica y congruente, y que ésta se haga de su conocimiento en breve término, vulnerando con ello el derecho subjetivo público de la parte interesada; ello, pues en el caso, tomando en cuenta lo previsto en los artículos 52, 53 y 60 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, puede deducirse que la calificación para la inscripción de la parcela sita en el ejido de Ticopo, municipio de Acanceh, Yucatán, que solicita la parte peticionaria, ya sea en sentido positivo o negativo, debe producirse en un plazo que no exceda de sesenta días naturales, contados a partir de la fecha de presentación de la documentación de que se trate, siendo que la misma debe ser notificada a la parte interesada. En efecto, si se toma en cuenta que la petición y documentación de mérito, fueron presentadas ante la responsable, con residencia en esta ciudad de Mérida, Yucatán, el seis de junio de dos mil diecinueve, y al día de la fecha de la presente audiencia constitucional (quince de octubre de dos mil veintiuno), han pasado más de dos años cuatro meses, por lo que resulta evidente que ha transcurrido en exceso el plazo de los sesenta días naturales que establece el citado precepto 52 del reglamento en comento, para dar respuesta al escrito presentado por la parte quejosa y, por tanto, al no existir respuesta alguna en sentido positivo o negativo a la petición formulada, es dable concluir que las autoridades responsables no ha cumplido con la garantía que consagra a favor del quejoso el numeral 8 de la Carta Magna, a razón de que no obra constancia en autos que acredite que ha recaído acuerdo a la solicitud que les fuera hecha. Ello, cuenta habida que el artículo 8 Constitucional garantiza, como derecho fundamental de los gobernados, que a toda petición debe recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacer conocer ese acuerdo en breve término al peticionario. Asimismo, es importante destacar que si ese derecho constitucional debe tener algún sentido y no ser impreciso, es claro que cuando la petición elevada a la autoridad contiene la solicitud de una conducta de dar o de hacer a la que la parte peticionaria estima tener derecho, y si esa petición se funda y motiva, la respuesta de la autoridad no debe ser evasiva, o sibilina, o limitarse a dar largas al asunto, ni a embrollarlo, sino que en forma clara y directa debe resolver sobre la pretensión deducida, por tanto, los numerales 52 y 53 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, disponen que a toda solicitud debe recaer una respuesta, en sentido positivo o negativo y dentro de un plazo que no excederá de sesenta días naturales, además la respuesta debe ser integral a la solicitud, y por su parte el artículo 60 dispone que las calificaciones registrales deben ser notificadas al interesado, lo que en el caso específico no ha acontecido. No pasa desapercibido para esta Juzgadora que el Delegado Estatal del Registro Agrario Nacional, al rendir su informe con justificación, señalara que remitió a las oficinas centrales, con sede en la Ciudad de México, la solicitud planteada por la parte quejosa, y a su vez, las autoridades sitas en dicha localidad, al rendir su correspondiente informe con justificación, señalaran que en virtud de que la petición fue presentada ante la Delegación del Estado de Yucatán, es a ésta a quien le corresponde dar contestación; pues no debe perderse de vista que dichas autoridades están compelidas de acuerdo a sus funciones a dar debido cumplimiento al derecho fundamental contenido en el artículo 8 Constitucional y dar respuesta en forma congruente a lo solicitado por la parte quejosa, como lo es, la liberación de la clave que permita la inscripción del citado trámite. Es aplicable al caso, por analogía, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo CXIX, visible a página 1711, que dice textualmente: "PETICIÓN, DERECHO DE. No basta para satisfacer el derecho de petición garantizado por el artículo 8o. de la Constitución, que la autoridad responsable exprese en su informe justificado que comunicó al promovente el resultado de su instancia, mencionando fecha y número del oficio en que dice haberlo hecho, sino justifica la propia responsable esta afirmación en manera alguna ni acredita en autos que efectivamente dio la debida respuesta a la solicitud de que se trata y puso en conocimiento del quejoso el resultado de su gestión." Así como las tesis de la Sexta y Quinta Época, de la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en las páginas 87 del Tomo Tercera Parte, II y 165 del Tomo CXIV, respectivamente, del Semanario Judicial de la Federación, de los rubros y textos siguientes: "PETICIÓN, DERECHO DE. A toda petición que se haga, deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario; pero se debe entender, como lo indica la lógica más elemental, que el acuerdo recaído debe ser congruente con la petición formulada." "PETICIÓN, DERECHO DE. El artículo 8o. constitucional no excluye del cumplimiento de los requisitos reglamentarios a las personas que han formulado una solicitud, toda vez que la obligación que dicho precepto legal impone a las autoridades, consiste únicamente en dar una contestación congruente con lo solicitado, mas no en resolver favorablemente a los intereses del solicitante el asunto propuesto a su consideración." Congruente con lo anterior, también resulta aplicable al caso, la tesis del Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, consultable en la página 426, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: IV, Noviembre de 1996, Novena Época, que dice: "DERECHO DE PETICIÓN. DEBE ACREDITARSE FEHACIENTEMENTE QUE LA RESPONSABLE NOTIFICÓ EL ACUERDO AL QUEJOSO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL. El artículo 8o. constitucional contiene dos requisitos formales que toda autoridad debe observar con el objeto de cumplir íntegramente con el imperativo constitucional en comento, que son: a) dictar el acuerdo correspondiente y b) que se comunique en breve término ese proveído al interesado conforme a las disposiciones legales que rigen el acto; por tanto, aun cuando llegare a estimarse que la autoridad recurrente cumplió con el primero de los requisitos formales, al turnar el escrito de petición suscrito por el agraviado a la autoridad correspondiente, por tratarse de un asunto de su exclusiva competencia, si no acredita en forma fehaciente que se dio a conocer en breve término el contenido del proveído en cuestión al quejoso, por medio de notificación personal o a través del acuse de recibo del Servicio Postal Mexicano que contenga la firma autógrafa del peticionario de garantías, es evidente que no se dio cabal cumplimiento al segundo requisito formal contenido en la garantía tutelada por el artículo 8o. de la Carta Magna." En mérito de lo antes expuesto, y en virtud de que es evidente que las responsables han transgredido en perjuicio del quejoso, el derecho de petición consagrado en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es dable otorgarle el amparo y la protección de la Justicia Federal que insta. SEXTO. Efectos de la protección constitucional. Con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo se precisa que el amparo concedido tiene el efecto: Que el Delegado del Registro Agrario Nacional del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, de inmediato, dado el tiempo transcurrido, cumpla con lo dispuesto en el artículo 8 Constitucional, 56, 57 y 64 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, y con libertad de jurisdicción, dé respuesta a lo requerido por el quejoso en su escrito presentado el seis de junio de dos mil diecinueve, respecto de la solicitud de inscripción de la adopción de dominio pleno a su favor, de la parcela ubicada en el ejido de Ticopo, municipio de Acanceh, Yucatán, así como respecto de la consecuente expedición del título de propiedad, debiendo hacérselo de su conocimiento, de manera personal, a la brevedad debida. Y para que las diversas autoridades Director General, Director General de Registro y Control Documental, Director del Departamento de Informática y Jefe del Departamento de Titulación, todos del Registro Agrario Nacional, con residencia en la Ciudad de México, en el ámbito de sus atribuciones, den cumplimiento a la sentencia concesoria del amparo. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento además en los artículos 73 y 74 de la Ley de Amparo, se RESUELVE ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Amado Baas Montejo, contra el acto que reclamó al Delegado del Registro Agrario Nacional del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, y de otras autoridades; que hizo consistir en la omisión de dar respuesta a la petición formulada mediante escrito presentado el seis de junio de dos mil diecinueve, al cual le recayó la solicitud 31190005091 y, por ende, la omisión de expedirle el certificado parcelario correspondiente; lo anterior, por los motivos precisados en el considerando quinto de esta sentencia y para los efectos precisados en el sexto subsecuente. Notifíquese por lista.

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