Felix Adrian Sixtega Hernández
Expediente 308/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 308/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 30/04/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Felix Adrian Sixtega Hernández
- Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distito Judicial de Jalacingo, Veracruz
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta de la que se advierte que el auto de trece de abril de dos mil dieciocho, por el que se desechó de plano la demanda, no fue recurrido por la parte promovente, y que ya ha transcurrido el término que la ley le concede para hacerlo; por consiguiente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, conforme al artículo segundo de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. En consecuencia, háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno respectivo y archívense las actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, en cumplimiento al Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al haberse desechado de plano la demanda origen de los presentes autos, por lo que una vez transcurridos más de cinco años se procederá a la destrucción del mismo, lo cual se llevará a cabo con posterioridad al TREINTA DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS. De conformidad con lo establecido en el Capítulo Tercero, punto décimo, fracción I, del acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en el entendido de que se trasferirá con posterioridad al TREINTA DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. Por otro lado, el presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado.
- Principal
RAZÓ. NOTIFICACIÓN POR LISTA PARTE QUEJOSA Xalapa-Enríquez, Veracruz, trece de abril de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por Félix Adrián Sixtega Hernández contra actos del Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con sede en Jalacingo, Veracruz. Al respecto, se acuerda: FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE bajo el número 308/2018. FACULTAD DE DESECHAR LA DEMANDA ANTE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El dispositivo transcrito establece que el juez de amparo tiene la obligación de estudiar la demanda de amparo y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable por identidad de razón, la jurisprudencia J/6 sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, del texto y rubro siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita.". INTERPRETACIÓN DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. En la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, al haberse promovido fuera del término que para tales efectos prevé la Ley de la Materia. Se dice lo anterior, toda vez que del contenido de la demanda de amparo se logra conocer que el solicitante de amparo, reprocha de la autoridad que señala como responsable: El auto de vinculación a proceso dictado el doce de febrero de dos mil dieciocho, dentro del proceso penal número C-69/2017-2, por el delito de pederastía agravada cometido en agravio de su menor hijo de identidad resguardada, por lo que en esa fecha tuvo conocimiento del acto que se combate, pues para el desahogo de dicha diligencia es necesaria la presencia del imputado; por tanto, es evidente que desde esa data, el accionante constitucional, quedó debidamente notificado del acto reclamado, tal como lo establece la regla general establecida en el artículo 84 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dice: "Artículo 84. Regla general sobre notificaciones. Las resoluciones deberán notificarse personalmente a quien corresponda, dentro de las veinticuatro horas siguientes a que se hayan dictado. Se tendrán por notificadas las personas que se presenten a la audiencia donde se dicte la resolución o se desahoguen las respectivas diligencias.". Ahora, el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)." De la interpretación del precepto transcrito se advierte que los actos consentidos tácitamente, son aquellos contra los que no se promueve el juicio de amparo dentro del plazo que se precisa en el artículo 17 de la Ley de Amparo, que no es otra cosa que la promoción del juicio de amparo de forma extemporánea. Así, para poder establecer si el juicio de amparo es extemporáneo, debe acudirse a lo que establecen los artículos 17 y 18 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales a la letra dicen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: Fracción I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; Fracción II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; Fracción III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; Fracción IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataque a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de los Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzada al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo.". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de entrada en vigor." De los preceptos recién transcritos, se desprende que el término con el que cuentan los justiciables para promover el juicio de amparo es de quince días, contados a partir de que surta sus efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que se reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Esto es, el plazo genérico para promover el juicio de amparo es de quince días, contado a partir del día siguiente: a) Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la determinación que reclama; b) Al en que el quejoso haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución; y c) Al en que se haya ostentado sabedor del acto en cuestión. Como se dejó establecido en párrafos precedentes, se desprende claramente que el quejoso Félix Adrián Sixtega Hernández tuvo conocimiento del auto de vinculación a proceso de doce de febrero de dos mil dieciocho, dictado en el proceso penal número C-69/2017-2, del índice del Juzgado de Control de Jalacingo, Veracruz, desde la misma fecha en que fue emitido, y por tanto le fue notificado de conformidad con el artículo 84 del Código Adjetivo invocado. Así, ante la exigencia de que exista prueba que el quejoso tuvo conocimiento de la existencia del acto reclamado, ello se infiere de la propia naturaleza del acto reclamado, en razón de que para llevar a cabo la audiencia en la que se resuelve la situación jurídica del imputado, es requisito legal, que éste se encuentre presente. En el caso, se aprecia que se actualiza la hipótesis señalada en el inciso a), pues al quejoso Félix Adrián Sixtega Hernández, tuvo conocimiento del auto de vinculación a proceso de doce de febrero de dos mil dieciocho, el cual surtió sus efectos al día siguiente hábil; es decir, el trece de ese mismo mes y año. Por tanto, el plazo de quince días que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, para promover el juicio de amparo, empezó a computarse, el catorce de febrero y feneció el seis de marzo, ambos de dos mil dieciocho, descontando los días inhábiles, en términos de lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley de Amparo vigente y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Y, si la demanda de amparo se presentó hasta el doce de abril del año en curso, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, según se advierte del sello fechador, es claro, que la misma resulta extemporánea. Es aplicable, la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, del tenor: "AMPARO CONTRA EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. SI FUE EMITIDO ANTES DEL 2 DE ABRIL DE 2013 Y EL JUICIO SE PROMOVIÓ CON POSTERIORIDAD AL INICIO DE VIGENCIA DE LA LEY DE LA MATERIA PUBLICADA EN ESA FECHA, EN ATENCIÓN AL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA, EL PLAZO DE QUINCE DÍAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA EN QUE AQUÉLLA ENTRÓ EN VIGOR (3 DE ABRIL) Y NO DEL DÍA SIGUIENTE AL QUE SE COMPUTAN LOS PLAZOS CONFORME A SU ARTÍCULO 18. Conforme a la legislación penal ordinaria es obligación de las autoridades judiciales aplicar retroactivamente la ley en beneficio del reo y su incumplimiento es violatorio del derecho humano de exacta aplicación de la ley, contenido en el artículo 14, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, en atención a que es un principio general de derecho que cuando la ley anterior o posterior resulta más benéfica para el inculpado que aquella conforme a la cual se siguió el proceso, debe aplicarse la más benigna en el dictado de la sentencia correspondiente. Ahora bien, si se promueve la demanda de amparo contra el auto de vinculación a proceso, en términos de los artículos 21 y 22 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, ésta puede presentarse en cualquier tiempo, por encontrarse dentro de la excepción al plazo genérico de quince días a que se refiere el citado artículo 22, fracción II; mientras que conforme al artículo 17 de la ley vigente, el plazo para presentarla es de quince días, pues aun cuando es un acto de naturaleza penal que ataca la libertad personal del inculpado, se dicta dentro de un procedimiento judicial; por ende, no se encuentra en ninguno de los supuestos de excepción a que se refiere este numeral. Sin que lo anterior comprenda la aplicación retroactiva de la ley en perjuicio del gobernado, ni constituya un derecho adquirido, pues esa circunstancia no puede materializarse como tal, al tratarse de un requisito que la ley impone al quejoso para poder ejercer el juicio de amparo, el cual obedece al interés público que se erige como facultad del legislador para establecer diversos requisitos u obligaciones en la norma, lo que implica modificarla para lograr una mejor impartición de justicia. Sin embargo, cuando el auto de vinculación a proceso fue emitido antes del 2 de abril de 2013 y el juicio se promueve con posterioridad al inicio de vigencia de la Ley de Amparo vigente, para efectos del cómputo respectivo, no debe tomarse en cuenta su artículo 18 que dispone que los plazos para promover la demanda deberán computarse a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; en que haya tenido conocimiento; o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución; pues en atención al derecho de acceso a la justicia, debe contabilizarse a partir de que surtió efectos la publicación de dicha ley en el Diario Oficial de la Federación, esto es, el 3 de abril de 2013. Ello, al constituir la publicación de la ley un hecho notorio para los gobernados y hacer las veces de notificación; estimar lo contrario, sería aplicar la ley en su perjuicio y negarles el acceso a la justicia, porque en la mayoría de los casos el plazo habrá fenecido.". Así también, la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que dice: "DEMANDA DE AMPARO CONTRA EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. SI ÉSTE SE DICTÓ DURANTE LA VIGENCIA DE LA LEY DE AMPARO ABROGADA Y EL JUICIO SE PROMOVIÓ CON POSTERIORIDAD AL 3 DE ABRIL DE 2013, EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO PRO PERSONA Y AL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA, DEBE PRESCINDIRSE DEL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTARLA, ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 18 DE LA LEY DE LA MATERIA VIGENTE, ASÍ COMO DE SU ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO, PÁRRAFO SEGUNDO. Conforme al artículo 170, fracción I, último párrafo, de la Ley de Amparo, el proceso penal inicia con el auto de vinculación a proceso; acto que, en términos del numeral 22, fracción II, de la ley de la materia, vigente hasta el 2 de abril de 2013, no tenía un plazo para su impugnación a través del juicio constitucional, y que ahora, acorde con los artículos primero, tercero, quinto, párrafo segundo y décimo transitorios, de la nueva ley, le son aplicables los plazos previstos en su artículo 18, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación del acto o resolución que se reclame. Sin embargo, en atención al principio pro persona, establecido en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe interpretarse el orden normativo favoreciendo en todo tiempo a las personas otorgando la protección más amplia, lo que implica prescindir de aquellas que los restrinjan. Asimismo, el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconoce el derecho fundamental de acceso a la justicia; consecuentemente, si dicho auto de vinculación a proceso se dictó durante la vigencia de la mencionada ley abrogada, y el juicio se promueve con posterioridad a la citada fecha, en atención al principio y derecho mencionados, debe prescindirse del cómputo del plazo para la presentación de la demanda de amparo establecido en el aludido artículo 18, así como de su artículo quinto transitorio, párrafo segundo, ya que es a partir de la entrada en vigor de esa nueva legislación, en que el quejoso tiene conocimiento de los nuevos plazos para promover su demanda. Estimar lo contrario, en la mayoría de los casos, implicaría un vencimiento del plazo, inclusive antes de su entrada en vigor; lo cual atenta contra el derecho de acceso a la justicia del quejoso, porque ni siquiera se le permitiría ejercer su derecho a promover el juicio de amparo, al aplicarle una regla procesal que materializa en ineficaz su pretensión.". Sin que por otra parte, se esté en alguno de los supuestos de excepción que previene el referido artículo 17 de la Ley de Amparo, ya que como se precisó, el acto reclamado lo constituye un auto de vinculación a proceso, por lo que no consiste ni en una norma general autoaplicativa, ni en un procedimiento de extradición, una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga pena de prisión, actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas, alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o, la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; de ahí que la demanda de garantías debió presentarse dentro del plazo de quince días como lo alude el primer párrafo del referido precepto 17 de la Ley de Amparo. Encuentra sustento lo anterior en la Jurisprudencia 12/2015 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA. El plazo para promover el juicio de amparo indirecto contra autos restrictivos de la libertad personal dictados dentro del proceso penal que se pronuncien a partir de esa fecha, es el genérico de 15 días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que es acorde con el principio de progresividad en materia de protección de los derechos humanos, ya que esa medida legislativa permite a quienes la ley considera como víctimas saber con certeza que transcurrido dicho periodo esa decisión se encuentra firme para poder promover, cuando legalmente les está permitido, las medidas provisionales que garanticen una eventual reparación del daño, en términos del derecho fundamental contenido en la fracción VI del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que uno de los derechos de los sujetos pasivos del delito consiste en la posibilidad de solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Además, tomando en cuenta que el nuevo sistema penal acusatorio, conforme al primer párrafo del artículo 20 constitucional, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, resulta necesario garantizar la secuencia continua de las fases que lo componen para proteger los derechos de las víctimas, así como la seguridad jurídica necesaria para que esos juicios no se prolonguen excesivamente en su perjuicio, y menos aún en el de los propios procesados. Finalmente, la figura de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios permite que las personas afectadas con ese tipo de decisiones presenten su demanda en el plazo de 15 días sin necesidad de mayor asesoría, porque los órganos de amparo deben examinar oficiosamente la legalidad del acto reclamado, lo que implica que sea cual fuere su estrategia defensiva, corresponde al juzgador examinar con acuciosidad su legalidad, aun cuando no hayan alegado la violación que encuentre el órgano de amparo. De ahí que el plazo de 15 días es suficiente para entablar su defensa, porque basta con que opten por solicitar la protección de la Justicia Federal para que los Jueces de Distrito, aun ante la ausencia de conceptos de violación, analicen si hubo o no violación de sus derechos fundamentales, en términos del artículo 79, fracción III, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, además, porque debe tenerse en cuenta que no hay obligación alguna de mantener invariables los periodos procesales que con anterioridad se hubiesen instituido en las leyes que se abrogan, pues salvo los plazos previstos a nivel constitucional, cualesquiera otros establecidos para el ejercicio de un derecho se ubican dentro del campo de libertad de configuración normativa que corresponde al legislador ordinario, máxime que respecto de los plazos para presentar la demanda de amparo, los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal no establecen lapso alguno específico para promover el juicio contra actos restrictivos de la libertad dictados dentro del proceso penal.". Además en dicha jurisprudencia el Pleno señaló que conforme al primer párrafo del artículo 20 constitucional, el nuevo sistema penal acusatorio, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación; por lo que tomando en cuenta ello, resulta necesario garantizar la secuencia continua de las fases que lo componen para proteger los derechos de las víctimas, así como la seguridad jurídica necesaria para que esos juicios no se prolonguen excesivamente en su perjuicio, y menos aún en el de los propios procesados. También acotó, que la figura de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, permite que las personas afectadas con ese tipo de decisiones presenten su demanda en el plazo de quince días sin necesidad de mayor asesoría, porque los órganos de amparo deben examinar oficiosamente la legalidad del acto reclamado, lo que implica que sea cual fuere su estrategia defensiva, corresponde al juzgador examinar con acuciosidad su legalidad, aun cuando no se haya alegado la violación que encuentre el órgano de amparo. De ahí que, el Pleno de nuestro Máximo Tribunal señaló que el plazo de quince días, es suficiente para entablar su defensa, porque basta con que opten por solicitar la protección de la Justicia Federal para que los Jueces de Distrito, aun ante la ausencia de conceptos de violación, analicen si hubo o no violación a sus derechos fundamentales, en términos del artículo 79, fracción III, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Ello, porque debe tenerse en cuenta que no hay obligación alguna de mantener invariables los períodos procesales que con anterioridad se hubiesen instituido en las leyes que se abrogan, pues salvo los plazos previstos a nivel constitucional, cualesquiera otros establecidos para el ejercicio de un derecho, se ubican dentro del campo de libertad de configuración normativa que corresponde al legislador ordinario, máxime que respecto de los plazos para presentar la demanda de amparo, los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal no establecen lapso alguno específico para promover juicio contra actos restrictivos de la libertad dictados dentro del proceso penal. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, del contenido siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. TRATÁNDOSE DEL AUTO DE FORMAL PRISIÓN DEBE PRESENTARSE DENTRO DEL PLAZO DE 15 DÍAS, CONFORME A LA NUEVA LEY DE AMPARO, AUN CUANDO SU DICTADO SE HAYA REALIZADO DURANTE LA VIGENCIA DE LA ANTERIOR. De acuerdo con el artículo 170, fracción I, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, el proceso penal inicia con el auto de vinculación a proceso o con el auto de formal prisión; en tanto, los artículos primero, tercero, quinto, párrafo segundo y décimo transitorios de esta ley, disponen que los actos que se hubieren dictado o emitido con anterioridad a la ley, que a su entrada en vigor no hubiere vencido el plazo para la presentación de la demanda conforme a legislación abrogada, les serán aplicables los plazos de la vigente contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación del acto o resolución que se reclame. De ahí que, si la formal prisión se emitió con anterioridad a la entrada de la nueva Ley de Amparo, y que a su inicio en vigor no había fenecido el término para instar el juicio de garantías conforme a la ley abrogada, la cual preveía que en tratándose de actos restrictivos de libertad, el juicio de amparo se podía promover en cualquier tiempo, es incuestionable que de acuerdo al quinto transitorio, debe atenderse al plazo de quince días que prevé el numeral 17 de la ley de la materia vigente, por no ubicarse en alguno de los casos de excepción que éste contempla; por ende, si la demanda de garantías se presenta durante la vigencia de la actual ley de la materia y fuera del plazo que la misma prevé, aun cuando la resolución reclamada se haya emitido con anterioridad, es incontrovertible su extemporaneidad.". De igual forma, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que dispone: "ACTOS CONSENTIDOS AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquella resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73 en relación con el 145 de la Ley en cita.". Por último, debe decirse que a fin de respetar los principios de pro persona y recurso efectivo, como parte del derecho fundamental de acceso a la tutela jurisdiccional, el gobernado no queda exento de ajustarse los principios de procedencia previstos en las leyes para interponer un medio de defensa, de ahí que el derecho a un recurso efectivo, contemplado en el artículo 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin verificar los requisitos de procedencia previstos en las leyes, porque las formalidades procesales son la vía que hace posible llegar a una adecuada resolución. Al respecto, resulta aplicable la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el epígrafe: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano.". Así como la diversa del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, que señala: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación fue reformado, además de otros, el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el fin de precisar, entre otras cuestiones, que en este País todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección; que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con dicha Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, y que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Ahora bien, los artículos 17 constitucional y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconocen el derecho de las personas a que se les administre justicia, el acceso a ésta y a contar con un recurso sencillo y rápido, o efectivo, de ninguna manera pueden ser interpretados en el sentido de que las causales de improcedencia del juicio de amparo sean inaplicables, ni que el sobreseimiento en él, por sí, viola esos derechos. Por el contrario, como el derecho de acceso a la justicia está condicionado o limitado a los plazos y términos que fijen las leyes, es claro que en ellas también pueden establecerse las condiciones necesarias o presupuestos procesales para que los tribunales estén en posibilidad de entrar al fondo del asunto planteado, y decidir sobre la cuestión debatida. Por tanto, las causales de improcedencia establecidas en la Ley de Amparo tienen una existencia justificada, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo.". Por ende, como se adelantó, se actualiza la causa de improcedencia que señala el artículo 61, fracción XIV, primer párrafo, en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, relativa al consentimiento tácito del acto reclamado. Es decir, la demanda de amparo se presentó fuera del término que para tal efecto prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo, pues trascurrió en exceso el plazo que el citado numeral prevé. DESECHAMIENTO En consecuencia, lo procedente en el caso es desechar de plano por notoria y manifiesta causa de improcedencia la demanda de amparo promovida por Félix Adrián Sixtega Hernández, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XIV, primer párrafo, en relación con los numerales 17 y 18, y el diverso 113, todos de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia J/4, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.". Se hace la precisión que de conformidad con el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, algunas tesis y jurisprudencias, resultan aplicables en el presente asunto, pues si bien es cierto, el contenido de las mismas alude a la anterior Ley de Amparo; contienen los mismos principios de la ley de la materia vigente a partir del tres de abril de dos mil trece. COMO DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA se tiene el que señala en el escrito que se provee y por autorizado en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Julio Cesar Lozada Domínguez, quienes acorde a los lineamientos trazados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, que establece el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, cuenta con el registro número 171762 y por autorizado en términos restringidos del citado artículo, Mario Antonio Licea Serralde, toda vez que dentro de la base de datos del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, no aparece el registro correspondiente, amén de que tampoco acreditó contar con documento legal para ejercer la profesión de licenciado en derecho. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Holder Gómez, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el licenciado Julio Cesar López Céspedes, Secretario de Juzgado, con que actúa y da fe. Doy fe. L´JCLC/iggz
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