Félix Abel Tobón Linares

Expediente 1070/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1070/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
06/10/2022

Partes del expediente

  • Félix Abel Tobón Linares

Actuaciones

  1. Principal

    En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, se notifica por lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal; a la parte tercero interesado, el acuerdo de fecha veintisiete de septiembre de dos mil veintidós , el cual en lo conducente señala: Morelia, Michoacán, veintisiete de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y toda vez que de la certificación que antecede se advierte que el Ejido "Lic. Juan Ortiz Murillo", perteneciente al Municipio de Acuitzio del Canje, Michoacán, no realizó manifestaciones en relación a las constancias remitidas por la autoridad responsable Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en esta ciudad, respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en el presente juicio. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, procede a pronunciar resolución sobre el cumplimiento de que se trata en los términos siguientes: 1) Mediante sentencia definitiva de doce de marzo de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Ejido "Lic. Juan Ortiz Murillo", perteneciente al Municipio de Acuitzio del Canje, Michoacán, para el efecto de que la autoridad responsable Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en esta ciudad, realizara lo siguiente: ".1. Respete los derechos de propiedad y por ende, de posesión, que el ejido quejoso *****detenta respecto de la fracción de terreno ubicado en La ****, esquina con calle del Durazno, Colonia La Florida, en el Municipio de Acuitzio del Canje, Michoacán, con extensión superficial de dos mil trescientos veinte metros cuadrados, el cual forma parte de la totalidad de los predios denominados La Isla y San Pedrito o La Florida, ubicados dentro del Municipio de Acuitzio del Canje, Michoacán, con una superficie total de veintiún hectáreas, setenta áreas y cero centiáreas. 2. Deje insubsistente lo actuado en el juicio ordinario civil relativo a la acción plenaria de posesión 308/2018, a partir del escrito de contestación de demanda, sin que los efectos de la presente sentencia tengan el alcance de dejar insubsistentes los llamamientos a juicio de las partes contendientes en dicho controvertido. 3. Hecho lo anterior, la autoridad jurisdiccional responsable deberá otorgar al ejido quejoso "Lic Juan Ortiz Murillo" el derecho de audiencia en dicho procedimiento, esto es, incorporarlo a la litis a defender sus derechos posesorios, respecto del multicitado predio.". 2) Determinación que fue recurrida en revisión, cuyo conocimiento correspondió al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, en la cual se resolvió: "...PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. Segundo. La Justicia Federal ampara protege a Ejido "Lic. Juan Ortiz Murillo", contra el acto reclamado de la autoridad responsable, señalada en el resultando primero de esta ejecutoria, para los efectos precisados en la sentencia recurrida...". 3) En auto de quince de julio de dos mil veintidós se declaró ejecutoriada la sentencia y, con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en esta ciudad. - Por oficio 2038/2022, adjuntó copias certificadas del auto de dieciséis de agosto de dos mil veintidós, emitido en el juicio ordinario civil 308/2018, en el que dejó insubsistente todo lo actuado a partir del escrito de contestación de demanda presentado el veintisiete de abril de dos mil dieciocho, por los apoderados jurídicos de la demandada Maribel Herrera Álvarez, así como todos los actos posteriores a dicha diligencia, incluyendo la sentencia definitiva de seis de febrero de dos mil diecinueve, a fin de respetar los derechos de propiedad y la posesión, que el ejido quejoso "Lic. Juan Ortiz Murillo", detenta respecto de la fracción de terreno ubicado en La Isla y San Pedrito o la Florida", situado en la calle Flores Magón, esquina con calle El Durazno, colonia La Florida, en el municipio de Acuitzio del Canje, Michoacán, con una extensión superficial de dos mil trescientos veinte metros cuadrados, el cual forma parte de la totalidad de los predios denominados La Isla y San Pedrito o La Florida, ubicado dentro del Municipio de Acuitzio del Canje, Michoacán, con una superficie total de veintiún hectáreas, setenta áreas y cero centiáreas. Asimismo, dejó intocado el llamamiento a juicio a la demandada Maribel Herrera Álvarez. Finalmente, a fin de estar en condiciones de otorgar al ejido quejoso "Lic. Juan Ortiz Murillo" el derecho de audiencia en dicho procedimiento, esto es, incorporarlo a la litis a defender sus derechos posesorios, respecto del multicitado predio, se ordenó requerir por notificación personal, a la parte actora del presente juicio, Joaquín García Margain Díaz Barriga, albacea y heredero de la sucesión testamentaria a bienes de Carlota Mora y López y/o Carlota Mora López, a fin de que amplíe su demanda inicial en contra del citado ejido, señalando al efecto los nombres y domicilios de sus representantes legales, para estar en condiciones de llamarlo a juicio; debiendo exhibir los juegos de copias de la demanda y documentos anexos a la misma que sean necesarios y, a la vez, los juegos de copias necesarios del escrito con el que cumpla con lo anterior, para correr traslado con los mismos, al multireferido ejido por conducto de sus representantes legales, a fin de continuar con la prosecución del presente juicio. Con base en lo hasta aquí expuesto, se declara que en la especie la sentencia de amparo ha quedado cumplida, en su totalidad, sin excesos ni defectos, puesto que la autoridad responsable Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en esta ciudad dejó insubsistente todo lo actuado a partir del escrito de contestación de demanda presentado el veintisiete de abril de dos mil dieciocho, por los apoderados jurídicos de la demandada ******, así como todos los actos posteriores a dicha diligencia, incluyendo la sentencia definitiva de seis de febrero de dos mil diecinueve; asimismo, dejó intocado el llamamiento a juicio a la demandada *******y a fin de estar en condiciones de otorgar al ejido quejoso "Lic. Juan Ortiz Murillo" el derecho de audiencia en dicho procedimiento, requirió a la parte actora para que ampliara su demanda respecto de dicho Ejido, y hasta en tanto cumpliera se continuaría el procedimiento y, por ende, con ello se cumplió al incorporarlo a la Litis del juicio de origen; de ahí que se tenga por cumplida la ejecutoria de que se trata. Una vez que transcurra el término de quince días a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, a efecto de que alguna de las partes en el presente asunto interponga, de ser su deseo, recurso de inconformidad en contra del presente proveído, provéase lo relativo al archivo de este expediente. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintisiete de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que el término de veinte días concedido a la parte quejosa para cumplir con el requerimiento realizado por proveído de cuatro de marzo de dos mil veintidós, para que compareciera ante este órgano jurisdiccional a recoger los edictos a fin de llevar acabo su publicación, para emplazar a juicio al tercero interesado *****, transcurrió del veinticuatro de agosto al veintitrés de septiembre del año en curso, descontándose de dicho computo los días catorce al dieciséis de septiembre del año en curso, así como los sábados y domingos, por ser inhábiles, con fundamento en el artículo 19 de la Ley de Amparo, 143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y circular 5/2022 de treinta de marzo de dos mil veintidós, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, sin que lo hiciera, ya que no obra constancia en autos que así lo indique. Asimismo, se precisa que el término antes mencionado, empezó a transcurrir en el término precisado en el párrafo que antecede; en razón, que la parte quejosa interpuso recurso de queja contra el auto de cuatro de marzo de dos mil veintidós, mismo que se declaró infundado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito; motivo por el cual, por acuerdo de nueve de agosto de esta anualidad, se levantó la suspensión del juicio en que se actúa y dicho acuerdo le fue notificado a la parte quejosa el veintidós de agosto de dos mil veintidós (foja 156), de ahí que, sea esta data en la que empezó a transcurrir el término de veinte días para recoger los edictos aludidos. En mérito de lo expuesto, de conformidad a lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, este juzgador, de oficio, considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, de la ley citada con anterioridad, que en su orden establecen textualmente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: (.) III. Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto: (.) b) Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio de origen. Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En caso de que el quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo." Ahora bien, del análisis de las constancias relativas al presente juicio, se observan los siguientes antecedentes: I. Mediante proveído de uno de septiembre de dos mil veintiuno, se tuvo a ****** como tercero interesado, de conformidad con lo establecido por los artículos 5°, fracción III, de la Ley de Amparo. II. Luego, dada la imposibilidad que se tuvo de emplazar al tercero interesado, en auto de doce de noviembre de dos mil veintiuno, se giraron oficios de búsqueda a fin de localizar algún domicilio para emplazar a éste, ello en razón, que la quejosa manifestó que sólo contaba con un domicilio (fojas 59 y 60). III. Posteriormente, el cuatro de marzo de dos mil veintidós, tomando en cuenta que se concluyó la investigación del tercero interesado Cecilio Alonso Huerta, sin que se lograra su emplazamiento, es la razón, por la que se ordenó que el mismo se efectuara mediante edictos a costa de la parte quejosa, ante la imposibilidad que se ha tenido para emplazar al citado tercero, con apoyo en los artículos 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo y 315 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, así como notificar personalmente a la parte quejosa y dejando a su disposición los referidos edictos, a fin de que compareciera a recogerlos; bajo apercibimiento que de no acreditar ante este juzgado haberlos entregado para su publicación, dentro del término de veinte días siguientes al en que quedaron a su disposición, o de no manifestar el impedimento legal que tuviera para ello, se decretaría el sobreseimiento en el presente juicio, quedando notificado el quejoso del citado auto el dieciséis de marzo de dos mil veintidós. IV. Sin embargo, la parte quejosa inconforme contra el auto de cuatro de marzo de dos mil veintidós, interpuso recurso de queja contra el mismo; el cual fue resuelto el catorce de julio de esta anualidad, en el recurso 92/2022, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, mediante el cual se resolvió: "...ÚNICO. Es infundado el recurso." V. De ahí que, en acuerdo de nueve de agosto de dos mil veintidós, se ordenó levantar la suspensión del procedimiento en el juicio en que se actúa, señalando fecha y hora para el desahogo de la audiencia constitucional; por tanto, el término de veinte días para recoger los edictos ordenados en el acuerdo de cuatro de marzo de esta anualidad, empezó a transcurrir a partir de la notificación que se efectuó al acuerdo de nueve de agosto del año en curso. En ese contexto, se advierte que la parte quejosa no cumplió con el requerimiento formulado por proveído de cuatro de marzo de dos mil veintidós, referente a que dentro del término de veinte días compareciera ante este órgano jurisdiccional a recoger los edictos, fin de llevar a cabo su publicación a efecto de emplazar a juicio al tercero interesado Cecilio Alonso Huerta,o bien, manifestara si tiene alguna imposibilidad legal para ese fin, no obstante que a la fecha ya transcurrió el término otorgado, lo procedente es sobreseer el presente juicio de amparo fuera de audiencia. No es obstáculo a la anterior determinación, la existencia de la jurisprudencia 2ª./J. 108/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 416, Tomo XXXII, Agosto de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO"3; pues si bien es cierto, que de conformidad con el artículo 192 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia que establezca el Máximo Tribunal del país, es de observancia obligatoria para los juzgados de Distrito, también lo es, que en el proveído de cuatro de marzo de dos mil veintidós, se brindó a la parte quejosa el término de veinte días para que compareciera ante este órgano jurisdiccional a recoger los edictos a efecto de llevar a cabo su publicación, o bien, manifestara el impedimento que tuviera para ello, lo cual no hizo; de ahí que no se ubique en el supuesto que establece la referida jurisprudencia. Sin embargo, como se dijo, en el caso concreto, previo a ordenar el emplazamiento del tercero interesado a través de edictos a costa del quejoso, se ordenó la investigación de su domicilio, sin obtener resultados favorables; y, al dejarlos a su disposición por el término previsto por la Ley de Amparo, con apercibimiento de aplicarle medidas de apremio en caso de no acatar tal decisión, el promovente no compareció a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, a fin de que, tanto de su afirmación, como de los elementos que consten en autos existan indicios que confirmen tal situación, a fin de que el suscrito juzgador, exclusivamente en este supuesto, solicitara al Consejo de la Judicatura Federal que absorba el gasto relacionado con la publicación de los edictos para emplazar al tercero perjudicado, a fin de no dejar a los sujetos a que se refiere el artículo 212 de la Ley de Amparo en estado de indefensión. Hipótesis fácticas que, en el presente asunto no concurrieron, virtud a que, se itera, el inconforme soslayó, por lo menos, manifestar su imposibilidad material para acudir por los edictos y, por ende, sufragar su costo. En mérito de lo anterior, es indudable que, como ya se dijo, en el caso concreto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, de la Ley de Amparo, motivo por el cual, procede sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia Constitucional, en términos del artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. En ese contexto, se deja sin efectos la fecha de la audiencia Constitucional, programada para las ONCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

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