Felisa Olivera Ángeles
Expediente 1434/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 7 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1434/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 19/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Felisa Olivera Ángeles
- Felisa Olivera Ángeles y Otros.
- Décima Segunda Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado De Oaxaca
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
"San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de abril de dos mil veintitrés. Causa ejecutoria Vistos los autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra la sentencia de veintidós de marzo de dos mil veintitrés, en la que se negó la protección constitucional a *********** y ************ o E**********, sin que se hubiere interpuesto algún medio de impugnación en ese plazo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2, de la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO EJECUTORIA LA REFERIDA SENTENCIA; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. Publicación de datos personales Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales; dese cumplimiento a lo establecido por los numerales 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, el siete de febrero de dos mil diecisiete. Archivo del expediente Por otra parte, dado que no existe asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en los artículos 18, 20 y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental Este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General citado en último término. Destino Ahora, dado que en la sentencia engrosada el veintidós de marzo de dos mil veintitrés, se negó la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; transcurridos más de tres años, a partir de la fecha en que se ordenó el archivo de este expediente, y dentro de los siguientes noventa días, procédase a su DEPURACIÓN, conforme la fracción I inciso b) artículo 18 del referido acuerdo; y, en su oportunidad, solicítese la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Devolución Discos y tomo Por lo anterior, carece de relevancia documental, la permanencia en este Juzgado de los dos discos versátiles digitales certificados derivados de la causa penal 922/2021 del índice del Juzgado de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca, así como el toca penal JOTPAI/15/2022 del índice de la Décima Segunda Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, que fueron remitido por la Magistrada responsable en apoyo a su informe justificado, por lo que devuélvanse dichas documentales, sin que sea necesario el acuse correspondiente. Se hace del conocimiento Finalmente, mediante oficio que al efecto se envíe, hágase del conocimiento esta determinación a la Jueza de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, para los efectos que estime pertinentes respecto a la suspensión del proceso penal número 922/2021 de su estadística, decretada en acuerdo inicial de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós. Notifíquese por lista electrónica."
- Principal
eintidós de marzo de dos mil veintitrés1434/2022Víctor Manuel Jaimes MorelosBernabé Lalito Hernández Flores VISTOS los autos, para resolver en sentencia el juicio de amparo indirecto 1434/2022, promovido por ******** y ********* o **********, por derecho propio; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el catorce de diciembre de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec y, que, por razón de turno, correspondió conocer a este Juzgado, ******** y ********* o **********, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, por derecho propio, contra la autoridad y por el acto siguientes: Autoridad responsable "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE: La DÉCIMA SEGUNDA SALA PENAL UNITARIA, DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE OAXACA, encabezada por la MAGISTRADA PRESIDENTA MAESTRA BERENICE RAMÍREZ JIMÉNEZ.". Acto reclamado "IV.- ACTO RECLAMADO O ACTOS RECLAMADOS: A. La Resolución dictada con fecha veintidós de noviembre de dos mil veintidós, bajo el Toca Penal JOTPAI/15/2022, (QUE CONFIRMA EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO), dictado en contra de las suscritas ****y ****, como probables responsables en el hecho que la ley señala como delito de despojo agravado, cometido en perjuicio de la víctima Beatriz López Coca) formado con motivo del Recurso de apelación interpuesto por las suscritas, en contra del AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO, de fecha veintiséis de mayo en curso, dictada por la Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, Sede San Francisco Tanivet, Oaxaca, por el delito de *********, previsto en los artículo 384 fracción I, agravado por el artículo 386, sancionado por el artículo 385 fracción III, todos del Código penal del Estado de Oaxaca, en perjuicio patrimonial de BEATRIZ LÓPEZ COCA bajo la causa penal **********". Acto que estimaron violatorios de los derechos humanos contenidos en los artículos 1º, 14, párrafo segundo, 16 y 20, apartado "B", de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite. Por auto de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, se radicó la demanda con el número 1434/2022; se admitió a trámite; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio intervención al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se ordenó emplazar a la parte tercera interesada; y se citó a las partes a la audiencia constitucional, la que, previo diversos diferimientos se celebró al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, es legalmente competente para resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 94, 103 fracción I y 107 de la Constitución Federal; 35 y 37 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación, el quince de febrero de dos mil trece, ya que el acto reclamado versa sobre la materia penal. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Antes de establecer lo relativo a la certeza del acto de autoridad reclamado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consiste, atendiendo a la integridad de la demanda, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente. En el caso, de la lectura integral efectuada a la demanda de amparo, así como de las constancias que integran este asunto, se advierte que la parte quejosa reclama de la Magistrada responsable: 1. La resolución dictada el veintidós de noviembre de dos mil veintidós, en el toca penal****, por la que la Magistrada de la Décima Segunda Sala Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, confirmó el auto de vinculación a proceso dictado en su contra el veintiséis de mayo de dos mil veintidós, en la causa penal**********, por la Jueza de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, con sede en San Francisco Tanivet, Tlacolula, Oaxaca, por su probable participación en el hecho que la ley señala como el delito de despojo agravado, cometido en perjuicio patrimonial de la víctima Beatriz López Coca. Sirve de apoyo, la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno del Máximo Tribunal del País, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". Y por las razones que contiene, la jurisprudencia 1347, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Magistrada de la Décima Segunda Sala Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, ya que al rendir su informe justificado convino en la existencia del acto reclamado. Lo que se corrobora con las constancias que para tal efecto acompañó a su informe justificado, consistente en el original del toca penal JOTPAI/15/2022 de su índice, así como dos discos CD, de los que se evidencia la resolución reclamada, a los cuales se les concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia conforme a su numeral 2º. Al respecto, tiene aplicación la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), con número de registro 2004362, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, agosto de 2013, Tomo 1, página 703, Décima Época, de rubro y texto: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga". De ahí que se tenga como cierto el acto reclamado para todos los efectos legales a que haya lugar. CUARTO. Causas de improcedencia. Sea que las partes lo aleguen o no, en el caso, se examinará si, en la especie, opera alguna causal de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, al analizar los autos del presente juicio se advierte que las partes no invocaron ninguna causal de improcedencia y este órgano jurisdiccional no advierte, de oficio, la actualización de diversa causal; por lo que, procede abordar el análisis de fondo de la cuestión planteada. QUINTO. Conceptos de violación. Resulta innecesaria la transcripción de los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, en razón a que no existe disposición en la Ley de Amparo, que obligue a realizarlo; al respecto, se cita la jurisprudencia 58/2010, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". SEXTO. Estudio. Son infundados e inoperantes los conceptos de violación que se plantean en la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, sin que se advierta deficiencia de la queja que se deba suplir en términos del artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. I. Antecedentes. En principio, de los antecedentes del acto reclamado se conoce que: 1. El veinte de mayo de dos mil veintidós, tuvo verificativo la audiencia inicial en la causa penal *****, en la cual la institución ministerial, formuló imputaci**************** Y *************, por su probable participación en el hecho que la ley señala como el delito de despojo agravado, cometido en perjuicio patrimonial de la víctima Beatriz López Coca, luego, en la referida audiencia las imputadas se reservó su derecho a rendir su declaración, y solicitó la ampliación del término constitucional, y la institución ministerial, solicitó que se vinculara a proceso al aquí quejoso, en razón de que hasta ese momento procesal existían datos de prueba suficientes para establecer que probablemente se materializaron hechos que la ley señala como delito de despojo agravado, y que el investigado indiciariamente participó en su comisión. Posteriormente, en la audiencia de ampliación del término constitucional (veintiséis de mayo de dos mil veintidós), decretó auto de vinculación a proceso en contra de ******** y *********, por su probable participación en el hecho que la ley señala como el delito de despojo agravado, cometido en perjuicio patrimonial de la víctima Beatriz López Coca. 2. Inconforme con dicha determinación, la parte quejosa interpuso recurso de apelación, el cual fue turnado a la Décima Segunda Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, quien mediante resolución dictada el veintidós de noviembre de dos mil veintidós, en el toca penal *************, confirmó la determinación apelada. Determinación que es la que constituye el acto reclamado en el presente juicio. II. Conceptos de violación. 1. Violación a las reglas de contar con un recurso efectivo, sencillo y rápido. Argumenta la parte quejosa que la resolución reclamada viola en su perjuicio las reglas de contar con un recurso efectivo, sencillo y rápido, al realizar una valoración a los datos de prueba que fueron ofrecidos a su favor, y que el tribunal de alzada no tuteló de manera efectiva el acceso a la justicia de manera eficaz al resolver el recurso, ante la falta de congruencia de la resolución que se combate. Al respecto, de acuerdo con la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos, lo que, como lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conlleva a que ese recurso sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido o no en una violación a los derechos humanos y, en su caso, proveer lo necesario para remediarla. Que el hecho de que las acciones intentadas por los gobernados no se resuelvan favorablemente a sus intereses, no significa que no tuvieron acceso a un recurso efectivo para proteger sus derechos, pues si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, para resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los tribunales deban resolver el fondo del asunto planteado, favorablemente, sin que importe verificar la procedencia de sus pretensiones. En tales condiciones, es infundado el argumento en estudio, ya que el recurso de apelación previsto en el artículo 467, fracción VII, del Código Nacional de Procedimientos Penales, es el medio de defensa idóneo para impugnar el auto de vinculación dictado en contra de las quejosas, y el hecho de que la Magistrada responsable haya confirmado el auto de vinculación dictado en su contra, no implica una violación a su derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo. 2. Vulneración al artículo 14 de la Constitución Federal. Las quejosas alegan también que se viola en su perjuicio lo dispuesto en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dicha disposición establece lo siguiente: "Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho.". De los antecedentes de la causa penal y del toca de apelación, se advierte que se respetó el derecho de audiencia y el debido proceso de las aquí quejosas, toda vez que se brindó lo necesario a las imputadas y a su defensa a efecto de que aportaran y expusieran los datos de prueba que estimaran conducentes, también se les otorgó la oportunidad de que argumentaran en su favor respecto de los actos procesales que han acontecido y que a la postre conllevaron al dictado del auto de vinculación a proceso. Asimismo, la parte quejosa tuvo la oportunidad de impugnar el auto de vinculación dictado en su contra, pues el procedimiento de segunda instancia se instauró a petición de la parte quejosa y la resolución reclamada deriva del recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada el veintiséis de mayo de dos mil veintidós en la causa penal de origen. De manera que se respetó también a las promoventes del amparo su derecho a impugnar la resolución de primer grado, lo cual también es parte integrante de las formalidades esenciales del procedimiento. En apoyo a lo anterior, se cita la siguiente jurisprudencia 1a./J. 11/2014 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor literal siguiente: "DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO. Dentro de las garantías del debido proceso existe un "núcleo duro", que debe observarse inexcusablemente en todo procedimiento jurisdiccional, y otro de garantías que son aplicables en los procesos que impliquen un ejercicio de la potestad punitiva del Estado. Así, en cuanto al "núcleo duro", las garantías del debido proceso que aplican a cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional son las que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha identificado como formalidades esenciales del procedimiento, cuyo conjunto integra la "garantía de audiencia", las cuales permiten que los gobernados ejerzan sus defensas antes de que las autoridades modifiquen su esfera jurídica definitivamente. Al respecto, el Tribunal en Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 47/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995, página 133, de rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.", sostuvo que las formalidades esenciales del procedimiento son: (i) la notificación del inicio del procedimiento; (ii) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; (iii) la oportunidad de alegar; y, (iv) una resolución que dirima las cuestiones debatidas y cuya impugnación ha sido considerada por esta Primera Sala como parte de esta formalidad. Ahora bien, el otro núcleo es identificado comúnmente con el elenco de garantías mínimo que debe tener toda persona cuya esfera jurídica pretenda modificarse mediante la actividad punitiva del Estado, como ocurre, por ejemplo, con el derecho penal, migratorio, fiscal o administrativo, en donde se exigirá que se hagan compatibles las garantías con la materia específica del asunto. Por tanto, dentro de esta categoría de garantías del debido proceso, se identifican dos especies: la primera, que corresponde a todas las personas independientemente de su condición, nacionalidad, género, edad, etcétera, dentro de las que están, por ejemplo, el derecho a contar con un abogado, a no declarar contra sí mismo o a conocer la causa del procedimiento sancionatorio; y la segunda, que es la combinación del elenco mínimo de garantías con el derecho de igualdad ante la ley, y que protege a aquellas personas que pueden encontrarse en una situación de desventaja frente al ordenamiento jurídico, por pertenecer a algún grupo vulnerable, por ejemplo, el derecho a la notificación y asistencia consular, el derecho a contar con un traductor o intérprete, el derecho de las niñas y los niños a que su detención sea notificada a quienes ejerzan su patria potestad y tutela, entre otras de igual naturaleza". Así como la tesis LXXVI/2005 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página doscientos noventa y nueve, tomo XXII, agosto de dos mil cinco, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 177539, de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO DE IMPUGNACIÓN DE LAS SENTENCIAS. CONSTITUYE UNA DE LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. De los artículos 14, segundo párrafo; 17, segundo párrafo y 107, fracción III, inciso a), todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que constituye una formalidad esencial del procedimiento el hecho de que sea impugnable un acto definitivo de un tribunal que lesiona los intereses o derechos de una de las partes. En efecto, si los citados artículos 14 y 17 obligan, respectivamente, a que en los juicios seguidos ante los tribunales se respeten las formalidades esenciales del procedimiento y a que la justicia se imparta de manera completa e imparcial, y por su parte el aludido artículo 107 presupone la existencia de medios impugnativos en contra de sentencias definitivas, laudos y resoluciones que ponen fin al juicio mediante los cuales se nulifiquen, revoquen o modifiquen, es evidente que dentro de dichas formalidades están comprendidos los medios ordinarios de impugnación por virtud de los cuales se obtiene justicia completa e imparcial." 3. Vulneración al artículo 16 de la Constitución Federal. En otro apartado de sus conceptos de violación, las quejosas señalan que la resolución reclamada viola en su perjuicio lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Federal, dado que no está fundada y motivada. Al respecto el primer párrafo de dicho numeral establece lo siguiente: "Art. 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo". Dicho argumento también es infundado, ya que contrario a lo expuesto por éstas, la misma sí cumple con los estándares que impone el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues se encuentra debidamente fundada y motivada, toda vez que tanto la Jueza de Control como la Magistrada responsable, al emitir el auto de vinculación a proceso y la confirmación de éste, respectivamente, citaron los numerales legales que sirvieron de apoyo a sus determinaciones y expresaron los razonamientos que las llevaron a concluir como lo hicieron. Así, respecto del delito que se imputa a las quejosas, señaló que el mismo se encuentra previsto en el artículo 384, fracción I, en relación con el diverso 386, ambos del Código Penal del Estado de Oaxaca. De igual forma, respecto a la incorporación de los datos de prueba y desahogo de las mismas, se llevó a cabo conforme a los artículos 259, 261, 262, 263 y 265, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por otra parte, la Magistrada responsable al resolver el recurso de apelación planteado por las justiciables, se pronunció sobre todos y cada uno de los agravios expresados por éste, sin extender el examen de la decisión a cuestiones no planteadas en ellos o más allá de los límites del recurso, precisando, salvo que se trate de un acto violatorio de derechos fundamentales. En efecto, cabe señalar que el primer párrafo del artículo 461 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dispone: "Artículo 461. Alcance del recurso El Órgano jurisdiccional ante el cual se haga valer el recurso, dará trámite al mismo y corresponderá al Tribunal de alzada competente que deba resolverlo, su admisión o desechamiento, y sólo podrá pronunciarse sobre los agravios expresados por los recurrentes, quedando prohibido extender el examen de la decisión recurrida a cuestiones no planteadas en ellos o más allá de los límites del recurso, a menos que se trate de un acto violatorio de derechos fundamentales del imputado. En caso de que el Órgano jurisdiccional no encuentre violaciones a derechos fundamentales que, en tales términos, deba reparar de oficio, no estará obligado a dejar constancia de ello en la resolución." De donde se obtiene que el tribunal de apelación sólo podrá pronunciarse sobre los agravios expresados por el recurrente, impidiendo extender el examen de la decisión reclamada a cuestiones no planteadas en éstos, en su caso, más allá de los límites del recurso, a menos que se trate de un acto violatorio a sus derechos fundamentales. Lo anterior, ya que con base al principio dispositivo que rige el sistema penal acusatorio, se limita la actuación del tribunal de alzada, debido a que éste sólo puede actuar y resolver sobre aquello que le es planteado por las partes. Restricción que también tiene por objeto respetar la inmediación y contradicción que requiere la apreciación de los datos de prueba expuestos. En ese sentido, el Tribunal de apelación se encuentra constreñido únicamente a entrar al estudio de lo peticionado, estando impedido por regla general para abordar oficiosamente cuestiones que no hayan sido elevadas a su potestad, a menos que advierta violación a derechos fundamentales. Sirve de apoyo, el criterio de jurisprudencia por contradicción 1a./J. 17/2019, emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "RECURSO DE APELACIÓN PENAL EN EL SISTEMA ACUSATORIO. LAS SALAS DEBEN SUPLIR LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA PARA REPARAR OFICIOSAMENTE VIOLACIONES A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL IMPUTADO. De una lectura del artículo 461 del Código Nacional de Procedimientos Penales se desprenden dos reglas: (i) el órgano jurisdiccional debe reparar oficiosamente las violaciones a derechos fundamentales; pero (ii) cuando no se esté en ese supuesto, el órgano jurisdiccional debe limitarse al estudio de los agravios planteados, sin tener que fundar y motivar la ausencia de violaciones a derechos. Para precisar lo anterior es importante distinguir entre dos momentos diferentes: el análisis del asunto y el dictado de la sentencia. Así, aunque las reglas antes descritas cobran vigencia al momento de dictar la sentencia de apelación, el Tribunal de Alzada debe analizar la sentencia impugnada en su integridad para verificar que no existan violaciones a derechos humanos; y posteriormente, al emitir su decisión, debe limitarse al estudio de los agravios, salvo que hubiere advertido violaciones a los derechos fundamentales del imputado, en cuyo caso deberá reparar las violaciones oficiosamente. Por lo tanto, aunque los Tribunales de Alzada deben analizar toda la sentencia, no tienen el deber de reflejar ese análisis en los considerandos de su decisión. En consecuencia, se puede concluir que el Código Nacional de Procedimientos Penales contempla -de manera implícita- el principio de suplencia de la queja a favor del imputado. Es importante precisar que la facultad de reparar violaciones a derechos de forma oficiosa se encuentra acotada a la materia del recurso. En este sentido, la suplencia de la queja no opera del mismo modo en procesos abreviados, que en procesos ordinarios. En el primer caso, tal como esta Primera Sala sostuvo en la contradicción de tesis 56/2016, sólo puede analizarse la violación a los presupuestos jurídicos para la procedencia de esa forma de terminación anticipada del proceso penal. Mientras que en el segundo, se podrá analizar cualquier acto que sea materia de la sentencia que resuelva el juicio oral y que implique una violación a los derechos fundamentales del acusado, como lo podrían ser, según sea el caso: la valoración de pruebas, el estudio de tipicidad, la reparación del daño y la individualización de la pena, entre otras cuestiones. Ahora, también debe aclararse que sólo se hace referencia a la suplencia de la queja en favor del imputado, por lo que la Primera Sala, en este momento, no se pronuncia sobre la aplicabilidad de ese principio en favor de otras partes. 4. Falta de actos de dominio previo a los eventos denunciados. Señalan las quejosas que la representación social al momento de comunicar el hecho materia de la imputación, no demostró que la víctima desde que adquirió el bien inmueble en conflicto haya realizado actos de dominio sobre él, ya que de acuerdo a la víctima y los testigos, fue a partir del veintiocho de junio de dos mil diecinueve, cuando llegó a limpiar el terreno y construyó supuestamente un cuarto de lámina. Dicho argumento es infundado, ya que como acertadamente sostuvo la Magistrada responsable, de la declaración de la víctima y de los testimonios de Donají Minerva López López, Perla Isayana López López, Bonifacio López Ramírez e Isaías Hernández Olivera, es posible conocer que desde que la víctima adquirió el inmueble en conflicto, ha ejercido actos de posesión sobre el mismo, pues desde la fecha de su adquisición lo había mandado a limpiar de vez en cuando. Asimismo, que el veintiocho de junio de dos mi diecinueve, el papá de sus hijas fue a limpiar el terreno, percatándose que parte de dicho inmueble ya estaba cercado; que la víctima con el apoyo del papá de sus hijas construyó ahí un cuarto de lámina, por lo que el seis de julio de dos mil diecinueve (fecha en que terminó de construirse el cuarto) se mudó a vivir ahí con su mamá a dicho inmueble. De lo anterior se conoce, que previo a los eventos denunciados (doce de julio de dos mil diecinueve), la víctima (tercera interesada) sí había ejercido actos de posesión sobre el inmueble en conflicto. 5. La representación no logró establecer con claridad la conducta que desplegaron las quejosas en relación a los hechos que se les atribuye. Dicho argumento también es infundado, ya que como lo sostuvo la Magistrada responsable, de los datos de prueba ofrecidos por la institución ministerial, específicamente de las declaraciones de la víctima; de los testigos Donají Minerva López López, Perla Isayana López López, Bonifacio López Ramírez, Isaías Hernández Olivera y Constantino Caballero Villegas, es posible inferir hasta este momento procesal, que el doce de julio de dos mil diecinueve, entre las diez y diez treinta horas, aproximadamente un grupo de ocho personas entre las que se encuentran las aquí quejosas, de propia autoridad y ante la ausencia de la víctima, cercaron con láminas Tecate, el inmueble ubicado en la calle de Quetzalcóatl, sin número, esquina con andador Náhuatl, colonia Anáhuac, Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, le pusieron una puerta metálica con una cadena y candado. Que a partir de esa fecha las aquí quejosas se posesionaron del referido inmueble y ya no dejaron que la víctima pudiera ingresar a dicho inmueble que es de su propiedad. 6. Falta de pronunciamiento en relación a la documental ofrecida en la foja marcada con el número 7. Señalan las quejosas que la autoridad responsable no se pronunció respecto de la documental ofrecida en la foja marcada con el número 7, en el que se vertió la siguiente información: "Sumando las superficies de los polígonos de las parcelas 215, 490, 223 y 486, da un total de 3-66-92-641 hectáreas las cuales no fueron objeto de expropiación, por lo que restada esta del polígono general con superficie de 98-74-68-.391 hectáreas resulta un total de 95-07-76 hectáreas, que es la que señala el decreto presidencial expropiatorio". Dicho argumento es infundado, ya que si bien la autoridad responsable no se refirió de manera expresa a la documental que refieren las quejosas, en la página 59 de la resolución reclamada sí señaló que las pruebas ofrecidas por las apelantes, como también lo sostuvo la jueza de la causa, no acreditan que el inmueble ubicado en calle Quetzalcóatl, sin número, esquina Andador Náhuatl, colonia Anáhuac, Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, de la zona 01, manzana 050, lote 16, con una superficie de 188 metros cuadrados, se encuentra dentro de la parcela 486 del ejido de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, que fue asignada a Elena Manuela Ángeles Bartolano en una asamblea de delimitación, destino y asignación de tierras. Además de que las medidas y colindancias de dicho inmueble, no coinciden con las del diverso que reclama como suyo la víctima, por lo que no se puede establecer que Felisa Olivera Ángeles sea propietaria del mismo bien inmueble que refiere la víctima fue despojada. 7. Trato diferenciado en la valoración de los medios de prueba ofrecidos. Arguyen las quejosas que la Magistrada responsable les dio un trato desigual al momento de otorgar estimación y alcance probatorio respecto de todos los documentos ofrecidos, ya que la resolución reclamada resulta meramente dogmática Lo anterior deviene inoperante, ya que en la parte de la resolución impugnada que transcriben para sustentar su dicho, la responsable no realizó ninguna valoración probatoria respecto de los documentos ofrecidos en la causa penal de origen, sino que, lo que ahí sostuvo la Magistrada responsable, es que aun y que por la vía legal correspondiente se llegara acreditar lo alegado por las apelantes, en el sentido de que Felisa Olivera Ángeles es la propietaria del inmueble en conflicto, el delito en estudio se actualiza aunque el derecho a la posesión sea dudoso o esté en disputa. Lo cual se estima correcto, ya que como se advierte de los datos de prueba ofrecidos por la institución ministerial, está demostrado que en la fecha de los eventos, la ofendida se encontraba en posesión del inmueble en conflicto, de ahí que las aquí quejosas posiblemente procedieron antijurídicamente, pues no obstante conocer tal circunstancia, dolosamente la desconocieron, realizando actos de ocupación sobre dicho inmueble. Ello, con independencia de que las aquí quejosas se ostenten también como propietarias del bien inmueble en cuestión, toda vez que corresponde a los tribunales competentes decidir a quién corresponde el derecho a poseerlo; de manera que, si las imputadas se estimaban con derechos sobre el inmueble, debieron acudir ante la autoridad competente, antes de obrar por cuenta propia, ocupando un inmueble en posesión de tercera persona, que cuenta con título que la ostenta como propietaria. Se invoca en apoyo la jurisprudencia 1ª./J. 70/2011, en materia penal, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 83, del Tomo XXXIV, Agosto de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 161324, que dice "DESPOJO. SE ACTUALIZA ESTE DELITO AUNQUE EL DERECHO A LA POSESIÓN SEA DUDOSO O ESTÉ EN DISPUTA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). Los artículos 191, fracción I y 192, del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, abrogado, y el numeral 222, fracción I, del mismo ordenamiento vigente, al prever que comete el delito de despojo el que sin consentimiento de quien tenga derecho a otorgarlo o engañando a éste ocupe un inmueble ajeno o haga uso de él o de un derecho real que no le pertenezca, tutelan la posesión inmediata de los inmuebles, su propiedad y los derechos reales, lo cual conlleva implícita la figura de la posesión; y el legislador sanciona la sustracción del patrimonio por medios no legítimos, del corpus y del animus que integran la posesión y no sólo uno de esos elementos, pues ambos en conjunto forman la figura genérica de este delito. Ahora bien, para integrar el tipo penal del delito de despojo, es necesario que se presente la conducta dolosa de usurpar un derecho ajeno sobre un inmueble a través de su ocupación o uso, o de un derecho real, a fin de integrar la parte objetiva y subjetiva del tipo, expresada esta última en el querer y entender la conducta ilícita, esto es, la sustitución del poseedor en sus derechos. De manera que si se demuestra que en la fecha del hecho el pasivo estaba en posesión del inmueble -la cual ejerce por virtud de un título de propiedad- debe estimarse que el activo procede antijurídicamente si no obstante conocer tal circunstancia, dolosamente lo desconoce, realizando actos de ocupación sobre el inmueble, con independencia de ostentarse también como propietario, en tanto que los tribunales de materia diversa a la penal son los competentes para decidir a quién corresponde la propiedad del inmueble y, en consecuencia, el derecho a poseer; de ahí que aun ante la potencial existencia del derecho de propiedad a favor del activo sobre el inmueble objeto del delito, éste se actualiza ante la demostración del hecho posesorio de la parte que se dice ofendida y también propietaria del bien, en tanto que los artículos 192, primer párrafo, y 222, último párrafo, citados, prevén que las sanciones se impondrán aunque el derecho a la posesión sea dudoso o esté en disputa, sin que dicho supuesto sea un problema de naturaleza civil (por no tratarse de establecer el título de propiedad que debe prevalecer), porque la conducta del agente atenta contra la posesión que la ofendida ejerce legítimamente, lo que implica hacerse justicia por propia mano, lo cual está prohibido por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que si el inculpado se estima con derechos sobre el inmueble, los tiene expeditos en la vía civil para exigirlos antes de obrar por cuenta propia, ocupando un inmueble en posesión de tercera persona, quien también cuenta con título que la ostenta como propietaria". 8. No se acredita el medio comisivo consistente en la furtividad. Argumentan también las quejosas, que en el caso no se acredita el medio comisivo consistente en la furtividad, escondidas, a hurtadillas, pretendiendo ser descubierto. Lo anterior es infundado, ya que como acertadamente sostuvo la Magistrada responsable, de los datos de prueba ofrecidos por la institución ministerial en la audiencia relativa, se advierte que los hechos que se les atribuyen a las quejosas, se realizó en ausencia de la víctima, por tanto es irrelevante la circunstancia de que alguna otra persona haya presenciado la conducta realizada, dado que el delito de despojo consiste en una maniobra oculta o clandestina para ocupar o usar el objeto material del delito, lo que implica que la conducta se realice cuando el propietario o poseedor se encuentra ausente y el sujeto activo se aprovecha o se vale de dicha circunstancia. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 15/2005 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 114, Tomo XXI, Marzo de 2005, Materias(s): Penal, Registro digital: 179045, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. "DESPOJO. PARA QUE SE ACTUALICE LA FURTIVIDAD, COMO ELEMENTO NORMATIVO DE AQUÉL, ES IRRELEVANTE QUE EL OBJETO MATERIAL DEL DELITO ESTÉ O NO VIGILADO POR SU PROPIETARIO O POSEEDOR. La doctrina penal, en general, acepta que la furtividad en el delito de despojo consiste en una maniobra oculta o clandestina para ocupar o usar el objeto material del delito, lo que implica que la conducta se realice cuando el propietario o poseedor se encuentra ausente y el sujeto activo se aprovecha o se vale de dicha circunstancia, de lo que se deduce que la furtividad utilizada por el sujeto activo del delito ocurre en función del sujeto pasivo exclusivamente, de ahí que la actualización de tal elemento normativo sea independiente al hecho de que alguna otra persona se entere de la conducta en cuestión; en tales condiciones, es evidente que la circunstancia de que el objeto material del delito esté o no vigilado por su propietario o poseedor, es irrelevante para la existencia de la furtividad. En tales condiciones, no es aplicable la tesis aislada XIII.3o.2 P, de rubro: "DESPOJO. PARA ACREDITAR LA FURTIVIDAD, COMO MEDIO COMISIVO DE ESTE DELITO, NO BASTA QUE LA OCUPACIÓN DEL INMUEBLE SE REALICE EN AUSENCIA DE QUIEN LEGÍTIMAMENTE PODÍA OPONERSE A ELLO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA)", que invocan las quejosas, ya que, con independencia de que se trata de una tesis aislada no obligatoria para este juzgador, existe jurisprudencia de la Primera Sala del Alto Tribunal del País respecto del tema en estudio. En consecuencia, al resultar infundados e inoperantes los conceptos de violación, lo que procede es negar el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. SÉPTIMO. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, de conformidad con los artículos 6, párrafo segundo, apartado A, fracción II y, 16, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con los diversos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de febrero de dos mil diecisiete, lo procedente es ordenar la publicación de la presente sentencia con supresión de datos. Sustenta a lo anterior, el criterio identificado con el número 01/2011, emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, al resolver la Clasificación de Información 241/2010-J, de veintisiete de enero de dos mil once, bajo el rubro siguiente: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONEN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN." OCTAVO. Anotaciones y firma de oficios. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Asimismo, se faculta a la actuaria adscrita para que firme y envíe los oficios que deriven de esta determinación Por lo expuesto, fundado, se R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Felisa Olivera Ángeles y Manuela Ángeles Bartolano o Elena Manuela Alejandra Ángeles Bartolano, contra el acto precisado en el considerando segundo de esta sentencia y por las razones expuestas en el considerando sexto. SEGUNDO. En su oportunidad, dese cumplimiento a los considerandos séptimo y octavo de este fallo, en los términos ahí precisados. Notifíquese personalmente.veintidós de marzo de dos mil veintitrés1434/2022Víctor Manuel Jaimes MorelosBernabé Lalito Hernández Flores VISTOS los autos, para resolver en sentencia el juicio de amparo indirecto 1434/2022, promovido por ******** y ********* o **********, por derecho propio; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el catorce de diciembre de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec y, que, por razón de turno, correspondió conocer a este Juzgado, ******** y ********* o **********, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, por derecho propio, contra la autoridad y por el acto siguientes: Autoridad responsable "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE: La DÉCIMA SEGUNDA SALA PENAL UNITARIA, DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE OAXACA, encabezada por la MAGISTRADA PRESIDENTA MAESTRA BERENICE RAMÍREZ JIMÉNEZ.". Acto reclamado "IV.- ACTO RECLAMADO O ACTOS RECLAMADOS: A. La Resolución dictada con fecha veintidós de noviembre de dos mil veintidós, bajo el Toca Penal *********, (QUE CONFIRMA EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO), dictado en contra de las suscritas *********** y ***********, como probables responsables en el hecho que la ley señala como delito de despojo agravado, cometido en perjuicio de la víctima ***********) formado con motivo del Recurso de apelación interpuesto por las suscritas, en contra del AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO, de fecha veintiséis de mayo en curso, dictada por la Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, Sede San Francisco Tanivet, Oaxaca, por el delito de DESPOJO AGRAVADO, previsto en los artículo 384 fracción I, agravado por el artículo 386, sancionado por el artículo 385 fracción III, todos del Código penal del Estado de Oaxaca, en perjuicio patrimonial de ********* bajo la causa penal **********". Acto que estimaron violatorios de los derechos humanos contenidos en los artículos 1º, 14, párrafo segundo, 16 y 20, apartado "B", de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite. Por auto de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, se radicó la demanda con el número 1434/2022; se admitió a trámite; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio intervención al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se ordenó emplazar a la parte tercera interesada; y se citó a las partes a la audiencia constitucional, la que, previo diversos diferimientos se celebró al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, es legalmente competente para resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 94, 103 fracción I y 107 de la Constitución Federal; 35 y 37 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación, el quince de febrero de dos mil trece, ya que el acto reclamado versa sobre la materia penal. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Antes de establecer lo relativo a la certeza del acto de autoridad reclamado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consiste, atendiendo a la integridad de la demanda, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente. En el caso, de la lectura integral efectuada a la demanda de amparo, así como de las constancias que integran este asunto, se advierte que la parte quejosa reclama de la Magistrada responsable: 1. La resolución dictada el veintidós de noviembre de dos mil veintidós, en el toca penal*********, por la que la Magistrada de la Décima Segunda Sala Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, confirmó el auto de vinculación a proceso dictado en su contra el veintiséis de mayo de dos mil veintidós, en la causa penal **********, por la Jueza de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, con sede en San Francisco Tanivet, Tlacolula, Oaxaca, por su probable participación en el hecho que la ley señala como el delito de despojo agravado, cometido en perjuicio patrimonial de la víctima Beatriz López Coca. Sirve de apoyo, la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno del Máximo Tribunal del País, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". Y por las razones que contiene, la jurisprudencia 1347, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Magistrada de la Décima Segunda Sala Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, ya que al rendir su informe justificado convino en la existencia del acto reclamado. Lo que se corrobora con las constancias que para tal efecto acompañó a su informe justificado, consistente en el original del toca penal *********** de su índice, así como dos discos CD, de los que se evidencia la resolución reclamada, a los cuales se les concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia conforme a su numeral 2º. Al respecto, tiene aplicación la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), con número de registro 2004362, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, agosto de 2013, Tomo 1, página 703, Décima Época, de rubro y texto: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga". De ahí que se tenga como cierto el acto reclamado para todos los efectos legales a que haya lugar. CUARTO. Causas de improcedencia. Sea que las partes lo aleguen o no, en el caso, se examinará si, en la especie, opera alguna causal de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, al analizar los autos del presente juicio se advierte que las partes no invocaron ninguna causal de improcedencia y este órgano jurisdiccional no advierte, de oficio, la actualización de diversa causal; por lo que, procede abordar el análisis de fondo de la cuestión planteada. QUINTO. Conceptos de violación. Resulta innecesaria la transcripción de los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, en razón a que no existe disposición en la Ley de Amparo, que obligue a realizarlo; al respecto, se cita la jurisprudencia 58/2010, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". SEXTO. Estudio. Son infundados e inoperantes los conceptos de violación que se plantean en la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, sin que se advierta deficiencia de la queja que se deba suplir en términos del artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. I. Antecedentes. En principio, de los antecedentes del acto reclamado se conoce que: 1. El veinte de mayo de dos mil veintidós, tuvo verificativo la audiencia inicial en la causa penal *************, en la cual la institución ministerial, formuló imputación en contra de ****** y *************, por su probable participación en el hecho que la ley señala como el delito de despojo agravado, cometido en perjuicio patrimonial de la víctima Beatriz López Coca, luego, en la referida audiencia las imputadas se reservó su derecho a rendir su declaración, y solicitó la ampliación del término constitucional, y la institución ministerial, solicitó que se vinculara a proceso al aquí quejoso, en razón de que hasta ese momento procesal existían datos de prueba suficientes para establecer que probablemente se materializaron hechos que la ley señala como delito de despojo agravado, y que el investigado indiciariamente participó en su comisión. Posteriormente, en la audiencia de ampliación del término constitucional (veintiséis de mayo de dos mil veintidós), decretó auto de vinculación a proceso en contra de ************* y **********, por su probable participación en el hecho que la ley señala como el delito de despojo agravado, cometido en perjuicio patrimonial de la víctima ************. 2. Inconforme con dicha determinación, la parte quejosa interpuso recurso de apelación, el cual fue turnado a la Décima Segunda Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, quien mediante resolución dictada el veintidós de noviembre de dos mil veintidós, en el toca penal JOTPAI/15/2022, confirmó la determinación apelada. Determinación que es la que constituye el acto reclamado en el presente juicio. II. Conceptos de violación. 1. Violación a las reglas de contar con un recurso efectivo, sencillo y rápido. Argumenta la parte quejosa que la resolución reclamada viola en su perjuicio las reglas de contar con un recurso efectivo, sencillo y rápido, al realizar una valoración a los datos de prueba que fueron ofrecidos a su favor, y que el tribunal de alzada no tuteló de manera efectiva el acceso a la justicia de manera eficaz al resolver el recurso, ante la falta de congruencia de la resolución que se combate. Al respecto, de acuerdo con la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos, lo que, como lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conlleva a que ese recurso sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido o no en una violación a los derechos humanos y, en su caso, proveer lo necesario para remediarla. Que el hecho de que las acciones intentadas por los gobernados no se resuelvan favorablemente a sus intereses, no significa que no tuvieron acceso a un recurso efectivo para proteger sus derechos, pues si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, para resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los tribunales deban resolver el fondo del asunto planteado, favorablemente, sin que importe verificar la procedencia de sus pretensiones. En tales condiciones, es infundado el argumento en estudio, ya que el recurso de apelación previsto en el artículo 467, fracción VII, del Código Nacional de Procedimientos Penales, es el medio de defensa idóneo para impugnar el auto de vinculación dictado en contra de las quejosas, y el hecho de que la Magistrada responsable haya confirmado el auto de vinculación dictado en su contra, no implica una violación a su derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo. 2. Vulneración al artículo 14 de la Constitución Federal. Las quejosas alegan también que se viola en su perjuicio lo dispuesto en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dicha disposición establece lo siguiente: "Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho.". De los antecedentes de la causa penal y del toca de apelación, se advierte que se respetó el derecho de audiencia y el debido proceso de las aquí quejosas, toda vez que se brindó lo necesario a las imputadas y a su defensa a efecto de que aportaran y expusieran los datos de prueba que estimaran conducentes, también se les otorgó la oportunidad de que argumentaran en su favor respecto de los actos procesales que han acontecido y que a la postre conllevaron al dictado del auto de vinculación a proceso. Asimismo, la parte quejosa tuvo la oportunidad de impugnar el auto de vinculación dictado en su contra, pues el procedimiento de segunda instancia se instauró a petición de la parte quejosa y la resolución reclamada deriva del recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada el veintiséis de mayo de dos mil veintidós en la causa penal de origen. De manera que se respetó también a las promoventes del amparo su derecho a impugnar la resolución de primer grado, lo cual también es parte integrante de las formalidades esenciales del procedimiento. En apoyo a lo anterior, se cita la siguiente jurisprudencia 1a./J. 11/2014 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor literal siguiente: "DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO. Dentro de las garantías del debido proceso existe un "núcleo duro", que debe observarse inexcusablemente en todo procedimiento jurisdiccional, y otro de garantías que son aplicables en los procesos que impliquen un ejercicio de la potestad punitiva del Estado. Así, en cuanto al "núcleo duro", las garantías del debido proceso que aplican a cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional son las que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha identificado como formalidades esenciales del procedimiento, cuyo conjunto integra la "garantía de audiencia", las cuales permiten que los gobernados ejerzan sus defensas antes de que las autoridades modifiquen su esfera jurídica definitivamente. Al respecto, el Tribunal en Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 47/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995, página 133, de rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.", sostuvo que las formalidades esenciales del procedimiento son: (i) la notificación del inicio del procedimiento; (ii) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; (iii) la oportunidad de alegar; y, (iv) una resolución que dirima las cuestiones debatidas y cuya impugnación ha sido considerada por esta Primera Sala como parte de esta formalidad. Ahora bien, el otro núcleo es identificado comúnmente con el elenco de garantías mínimo que debe tener toda persona cuya esfera jurídica pretenda modificarse mediante la actividad punitiva del Estado, como ocurre, por ejemplo, con el derecho penal, migratorio, fiscal o administrativo, en donde se exigirá que se hagan compatibles las garantías con la materia específica del asunto. Por tanto, dentro de esta categoría de garantías del debido proceso, se identifican dos especies: la primera, que corresponde a todas las personas independientemente de su condición, nacionalidad, género, edad, etcétera, dentro de las que están, por ejemplo, el derecho a contar con un abogado, a no declarar contra sí mismo o a conocer la causa del procedimiento sancionatorio; y la segunda, que es la combinación del elenco mínimo de garantías con el derecho de igualdad ante la ley, y que protege a aquellas personas que pueden encontrarse en una situación de desventaja frente al ordenamiento jurídico, por pertenecer a algún grupo vulnerable, por ejemplo, el derecho a la notificación y asistencia consular, el derecho a contar con un traductor o intérprete, el derecho de las niñas y los niños a que su detención sea notificada a quienes ejerzan su patria potestad y tutela, entre otras de igual naturaleza". Así como la tesis LXXVI/2005 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página doscientos noventa y nueve, tomo XXII, agosto de dos mil cinco, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 177539, de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO DE IMPUGNACIÓN DE LAS SENTENCIAS. CONSTITUYE UNA DE LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. De los artículos 14, segundo párrafo; 17, segundo párrafo y 107, fracción III, inciso a), todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que constituye una formalidad esencial del procedimiento el hecho de que sea impugnable un acto definitivo de un tribunal que lesiona los intereses o derechos de una de las partes. En efecto, si los citados artículos 14 y 17 obligan, respectivamente, a que en los juicios seguidos ante los tribunales se respeten las formalidades esenciales del procedimiento y a que la justicia se imparta de manera completa e imparcial, y por su parte el aludido artículo 107 presupone la existencia de medios impugnativos en contra de sentencias definitivas, laudos y resoluciones que ponen fin al juicio mediante los cuales se nulifiquen, revoquen o modifiquen, es evidente que dentro de dichas formalidades están comprendidos los medios ordinarios de impugnación por virtud de los cuales se obtiene justicia completa e imparcial." 3. Vulneración al artículo 16 de la Constitución Federal. En otro apartado de sus conceptos de violación, las quejosas señalan que la resolución reclamada viola en su perjuicio lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Federal, dado que no está fundada y motivada. Al respecto el primer párrafo de dicho numeral establece lo siguiente: "Art. 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo". Dicho argumento también es infundado, ya que contrario a lo expuesto por éstas, la misma sí cumple con los estándares que impone el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues se encuentra debidamente fundada y motivada, toda vez que tanto la Jueza de Control como la Magistrada responsable, al emitir el auto de vinculación a proceso y la confirmación de éste, respectivamente, citaron los numerales legales que sirvieron de apoyo a sus determinaciones y expresaron los razonamientos que las llevaron a concluir como lo hicieron. Así, respecto del delito que se imputa a las quejosas, señaló que el mismo se encuentra previsto en el artículo 384, fracción I, en relación con el diverso 386, ambos del Código Penal del Estado de Oaxaca. De igual forma, respecto a la incorporación de los datos de prueba y desahogo de las mismas, se llevó a cabo conforme a los artículos 259, 261, 262, 263 y 265, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por otra parte, la Magistrada responsable al resolver el recurso de apelación planteado por las justiciables, se pronunció sobre todos y cada uno de los agravios expresados por éste, sin extender el examen de la decisión a cuestiones no planteadas en ellos o más allá de los límites del recurso, precisando, salvo que se trate de un acto violatorio de derechos fundamentales. En efecto, cabe señalar que el primer párrafo del artículo 461 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dispone: "Artículo 461. Alcance del recurso El Órgano jurisdiccional ante el cual se haga valer el recurso, dará trámite al mismo y corresponderá al Tribunal de alzada competente que deba resolverlo, su admisión o desechamiento, y sólo podrá pronunciarse sobre los agravios expresados por los recurrentes, quedando prohibido extender el examen de la decisión recurrida a cuestiones no planteadas en ellos o más allá de los límites del recurso, a menos que se trate de un acto violatorio de derechos fundamentales del imputado. En caso de que el Órgano jurisdiccional no encuentre violaciones a derechos fundamentales que, en tales términos, deba reparar de oficio, no estará obligado a dejar constancia de ello en la resolución." De donde se obtiene que el tribunal de apelación sólo podrá pronunciarse sobre los agravios expresados por el recurrente, impidiendo extender el examen de la decisión reclamada a cuestiones no planteadas en éstos, en su caso, más allá de los límites del recurso, a menos que se trate de un acto violatorio a sus derechos fundamentales. Lo anterior, ya que con base al principio dispositivo que rige el sistema penal acusatorio, se limita la actuación del tribunal de alzada, debido a que éste sólo puede actuar y resolver sobre aquello que le es planteado por las partes. Restricción que también tiene por objeto respetar la inmediación y contradicción que requiere la apreciación de los datos de prueba expuestos. En ese sentido, el Tribunal de apelación se encuentra constreñido únicamente a entrar al estudio de lo peticionado, estando impedido por regla general para abordar oficiosamente cuestiones que no hayan sido elevadas a su potestad, a menos que advierta violación a derechos fundamentales. Sirve de apoyo, el criterio de jurisprudencia por contradicción 1a./J. 17/2019, emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "RECURSO DE APELACIÓN PENAL EN EL SISTEMA ACUSATORIO. LAS SALAS DEBEN SUPLIR LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA PARA REPARAR OFICIOSAMENTE VIOLACIONES A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL IMPUTADO. De una lectura del artículo 461 del Código Nacional de Procedimientos Penales se desprenden dos reglas: (i) el órgano jurisdiccional debe reparar oficiosamente las violaciones a derechos fundamentales; pero (ii) cuando no se esté en ese supuesto, el órgano jurisdiccional debe limitarse al estudio de los agravios planteados, sin tener que fundar y motivar la ausencia de violaciones a derechos. Para precisar lo anterior es importante distinguir entre dos momentos diferentes: el análisis del asunto y el dictado de la sentencia. Así, aunque las reglas antes descritas cobran vigencia al momento de dictar la sentencia de apelación, el Tribunal de Alzada debe analizar la sentencia impugnada en su integridad para verificar que no existan violaciones a derechos humanos; y posteriormente, al emitir su decisión, debe limitarse al estudio de los agravios, salvo que hubiere advertido violaciones a los derechos fundamentales del imputado, en cuyo caso deberá reparar las violaciones oficiosamente. Por lo tanto, aunque los Tribunales de Alzada deben analizar toda la sentencia, no tienen el deber de reflejar ese análisis en los considerandos de su decisión. En consecuencia, se puede concluir que el Código Nacional de Procedimientos Penales contempla -de manera implícita- el principio de suplencia de la queja a favor del imputado. Es importante precisar que la facultad de reparar violaciones a derechos de forma oficiosa se encuentra acotada a la materia del recurso. En este sentido, la suplencia de la queja no opera del mismo modo en procesos abreviados, que en procesos ordinarios. En el primer caso, tal como esta Primera Sala sostuvo en la contradicción de tesis 56/2016, sólo puede analizarse la violación a los presupuestos jurídicos para la procedencia de esa forma de terminación anticipada del proceso penal. Mientras que en el segundo, se podrá analizar cualquier acto que sea materia de la sentencia que resuelva el juicio oral y que implique una violación a los derechos fundamentales del acusado, como lo podrían ser, según sea el caso: la valoración de pruebas, el estudio de tipicidad, la reparación del daño y la individualización de la pena, entre otras cuestiones. Ahora, también debe aclararse que sólo se hace referencia a la suplencia de la queja en favor del imputado, por lo que la Primera Sala, en este momento, no se pronuncia sobre la aplicabilidad de ese principio en favor de otras partes. 4. Falta de actos de dominio previo a los eventos denunciados. Señalan las quejosas que la representación social al momento de comunicar el hecho materia de la imputación, no demostró que la víctima desde que adquirió el bien inmueble en conflicto haya realizado actos de dominio sobre él, ya que de acuerdo a la víctima y los testigos, fue a partir del veintiocho de junio de dos mil diecinueve, cuando llegó a limpiar el terreno y construyó supuestamente un cuarto de lámina. Dicho argumento es infundado, ya que como acertadamente sostuvo la Magistrada responsable, de la declaración de la víctima y de los testimonios de ***********, **************,*** e ************, es posible conocer que desde que la víctima adquirió el inmueble en conflicto, ha ejercido actos de posesión sobre el mismo, pues desde la fecha de su adquisición lo había mandado a limpiar de vez en cuando. Asimismo, que el veintiocho de junio de dos mi diecinueve, el papá de sus hijas fue a limpiar el terreno, percatándose que parte de dicho inmueble ya estaba cercado; que la víctima con el apoyo del papá de sus hijas construyó ahí un cuarto de lámina, por lo que el seis de julio de dos mil diecinueve (fecha en que terminó de construirse el cuarto) se mudó a vivir ahí con su mamá a dicho inmueble. De lo anterior se conoce, que previo a los eventos denunciados (doce de julio de dos mil diecinueve), la víctima (tercera interesada) sí había ejercido actos de posesión sobre el inmueble en conflicto. 5. La representación no logró establecer con claridad la conducta que desplegaron las quejosas en relación a los hechos que se les atribuye. Dicho argumento también es infundado, ya que como lo sostuvo la Magistrada responsable, de los datos de prueba ofrecidos por la institución ministerial, específicamente de las declaraciones de la víctima; de los testigos *********, ********, ******, ***** y ************, es posible inferir hasta este momento procesal, que el doce de julio de dos mil diecinueve, entre las diez y diez treinta horas, aproximadamente un grupo de ocho personas entre las que se encuentran las aquí quejosas, de propia autoridad y ante la ausencia de la víctima, cercaron con láminas Tecate, el inmueble ubicado en la calle de ***********, sin número, esquina con andador **********, colonia **********, **********, le pusieron una puerta metálica con una cadena y candado. Que a partir de esa fecha las aquí quejosas se posesionaron del referido inmueble y ya no dejaron que la víctima pudiera ingresar a dicho inmueble que es de su propiedad. 6. Falta de pronunciamiento en relación a la documental ofrecida en la foja marcada con el número 7. Señalan las quejosas que la autoridad responsable no se pronunció respecto de la documental ofrecida en la foja marcada con el número 7, en el que se vertió la siguiente información: "Sumando las superficies de los polígonos de las parcelas 215, 490, 223 y 486, da un total de 3-66-92-641 hectáreas las cuales no fueron objeto de expropiación, por lo que restada esta del polígono general con superficie de 98-74-68-.391 hectáreas resulta un total de 95-07-76 hectáreas, que es la que señala el decreto presidencial expropiatorio". Dicho argumento es infundado, ya que si bien la autoridad responsable no se refirió de manera expresa a la documental que refieren las quejosas, en la página 59 de la resolución reclamada sí señaló que las pruebas ofrecidas por las apelantes, como también lo sostuvo la jueza de la causa, no acreditan que el inmueble ubicado en calle Quetzalcóatl, sin número, esquina Andador Náhuatl, colonia Anáhuac, Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, de la zona 01, manzana 050, lote 16, con una superficie de 188 metros cuadrados, se encuentra dentro de la parcela ****** del ejido de ************, que fue asignada a ********** en una asamblea de delimitación, destino y asignación de tierras. Además de que las medidas y colindancias de dicho inmueble, no coinciden con las del diverso que reclama como suyo la víctima, por lo que no se puede establecer que *********** sea propietaria del mismo bien inmueble que refiere la víctima fue despojada. 7. Trato diferenciado en la valoración de los medios de prueba ofrecidos. Arguyen las quejosas que la Magistrada responsable les dio un trato desigual al momento de otorgar estimación y alcance probatorio respecto de todos los documentos ofrecidos, ya que la resolución reclamada resulta meramente dogmática Lo anterior deviene inoperante, ya que en la parte de la resolución impugnada que transcriben para sustentar su dicho, la responsable no realizó ninguna valoración probatoria respecto de los documentos ofrecidos en la causa penal de origen, sino que, lo que ahí sostuvo la Magistrada responsable, es que aun y que por la vía legal correspondiente se llegara acreditar lo alegado por las apelantes, en el sentido de que Felisa Olivera Ángeles es la propietaria del inmueble en conflicto, el delito en estudio se actualiza aunque el derecho a la posesión sea dudoso o esté en disputa. Lo cual se estima correcto, ya que como se advierte de los datos de prueba ofrecidos por la institución ministerial, está demostrado que en la fecha de los eventos, la ofendida se encontraba en posesión del inmueble en conflicto, de ahí que las aquí quejosas posiblemente procedieron antijurídicamente, pues no obstante conocer tal circunstancia, dolosamente la desconocieron, realizando actos de ocupación sobre dicho inmueble. Ello, con independencia de que las aquí quejosas se ostenten también como propietarias del bien inmueble en cuestión, toda vez que corresponde a los tribunales competentes decidir a quién corresponde el derecho a poseerlo; de manera que, si las imputadas se estimaban con derechos sobre el inmueble, debieron acudir ante la autoridad competente, antes de obrar por cuenta propia, ocupando un inmueble en posesión de tercera persona, que cuenta con título que la ostenta como propietaria. Se invoca en apoyo la jurisprudencia 1ª./J. 70/2011, en materia penal, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 83, del Tomo XXXIV, Agosto de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 161324, que dice "DESPOJO. SE ACTUALIZA ESTE DELITO AUNQUE EL DERECHO A LA POSESIÓN SEA DUDOSO O ESTÉ EN DISPUTA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). Los artículos 191, fracción I y 192, del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, abrogado, y el numeral 222, fracción I, del mismo ordenamiento vigente, al prever que comete el delito de despojo el que sin consentimiento de quien tenga derecho a otorgarlo o engañando a éste ocupe un inmueble ajeno o haga uso de él o de un derecho real que no le pertenezca, tutelan la posesión inmediata de los inmuebles, su propiedad y los derechos reales, lo cual conlleva implícita la figura de la posesión; y el legislador sanciona la sustracción del patrimonio por medios no legítimos, del corpus y del animus que integran la posesión y no sólo uno de esos elementos, pues ambos en conjunto forman la figura genérica de este delito. Ahora bien, para integrar el tipo penal del delito de despojo, es necesario que se presente la conducta dolosa de usurpar un derecho ajeno sobre un inmueble a través de su ocupación o uso, o de un derecho real, a fin de integrar la parte objetiva y subjetiva del tipo, expresada esta última en el querer y entender la conducta ilícita, esto es, la sustitución del poseedor en sus derechos. De manera que si se demuestra que en la fecha del hecho el pasivo estaba en posesión del inmueble -la cual ejerce por virtud de un título de propiedad- debe estimarse que el activo procede antijurídicamente si no obstante conocer tal circunstancia, dolosamente lo desconoce, realizando actos de ocupación sobre el inmueble, con independencia de ostentarse también como propietario, en tanto que los tribunales de materia diversa a la penal son los competentes para decidir a quién corresponde la propiedad del inmueble y, en consecuencia, el derecho a poseer; de ahí que aun ante la potencial existencia del derecho de propiedad a favor del activo sobre el inmueble objeto del delito, éste se actualiza ante la demostración del hecho posesorio de la parte que se dice ofendida y también propietaria del bien, en tanto que los artículos 192, primer párrafo, y 222, último párrafo, citados, prevén que las sanciones se impondrán aunque el derecho a la posesión sea dudoso o esté en disputa, sin que dicho supuesto sea un problema de naturaleza civil (por no tratarse de establecer el título de propiedad que debe prevalecer), porque la conducta del agente atenta contra la posesión que la ofendida ejerce legítimamente, lo que implica hacerse justicia por propia mano, lo cual está prohibido por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que si el inculpado se estima con derechos sobre el inmueble, los tiene expeditos en la vía civil para exigirlos antes de obrar por cuenta propia, ocupando un inmueble en posesión de tercera persona, quien también cuenta con título que la ostenta como propietaria". 8. No se acredita el medio comisivo consistente en la furtividad. Argumentan también las quejosas, que en el caso no se acredita el medio comisivo consistente en la furtividad, escondidas, a hurtadillas, pretendiendo ser descubierto. Lo anterior es infundado, ya que como acertadamente sostuvo la Magistrada responsable, de los datos de prueba ofrecidos por la institución ministerial en la audiencia relativa, se advierte que los hechos que se les atribuyen a las quejosas, se realizó en ausencia de la víctima, por tanto es irrelevante la circunstancia de que alguna otra persona haya presenciado la conducta realizada, dado que el delito de despojo consiste en una maniobra oculta o clandestina para ocupar o usar el objeto material del delito, lo que implica que la conducta se realice cuando el propietario o poseedor se encuentra ausente y el sujeto activo se aprovecha o se vale de dicha circunstancia. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 15/2005 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 114, Tomo XXI, Marzo de 2005, Materias(s): Penal, Registro digital: 179045, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. "DESPOJO. PARA QUE SE ACTUALICE LA FURTIVIDAD, COMO ELEMENTO NORMATIVO DE AQUÉL, ES IRRELEVANTE QUE EL OBJETO MATERIAL DEL DELITO ESTÉ O NO VIGILADO POR SU PROPIETARIO O POSEEDOR. La doctrina penal, en general, acepta que la furtividad en el delito de despojo consiste en una maniobra oculta o clandestina para ocupar o usar el objeto material del delito, lo que implica que la conducta se realice cuando el propietario o poseedor se encuentra ausente y el sujeto activo se aprovecha o se vale de dicha circunstancia, de lo que se deduce que la furtividad utilizada por el sujeto activo del delito ocurre en función del sujeto pasivo exclusivamente, de ahí que la actualización de tal elemento normativo sea independiente al hecho de que alguna otra persona se entere de la conducta en cuestión; en tales condiciones, es evidente que la circunstancia de que el objeto material del delito esté o no vigilado por su propietario o poseedor, es irrelevante para la existencia de la furtividad. En tales condiciones, no es aplicable la tesis aislada XIII.3o.2 P, de rubro: "DESPOJO. PARA ACREDITAR LA FURTIVIDAD, COMO MEDIO COMISIVO DE ESTE DELITO, NO BASTA QUE LA OCUPACIÓN DEL INMUEBLE SE REALICE EN AUSENCIA DE QUIEN LEGÍTIMAMENTE PODÍA OPONERSE A ELLO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA)", que invocan las quejosas, ya que, con independencia de que se trata de una tesis aislada no obligatoria para este juzgador, existe jurisprudencia de la Primera Sala del Alto Tribunal del País respecto del tema en estudio. En consecuencia, al resultar infundados e inoperantes los conceptos de violación, lo que procede es negar el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. SÉPTIMO. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, de conformidad con los artículos 6, párrafo segundo, apartado A, fracción II y, 16, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con los diversos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de febrero de dos mil diecisiete, lo procedente es ordenar la publicación de la presente sentencia con supresión de datos. Sustenta a lo anterior, el criterio identificado con el número 01/2011, emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, al resolver la Clasificación de Información 241/2010-J, de veintisiete de enero de dos mil once, bajo el rubro siguiente: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONEN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN." OCTAVO. Anotaciones y firma de oficios. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Asimismo, se faculta a la actuaria adscrita para que firme y envíe los oficios que deriven de esta determinación Por lo expuesto, fundado, se R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ******** y ********* o **********, contra el acto precisado en el considerando segundo de esta sentencia y por las razones expuestas en el considerando sexto. SEGUNDO. En su oportunidad, dese cumplimiento a los considerandos séptimo y octavo de este fallo, en los términos ahí precisados. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de enero de dos mil veintitrés. Vista la razón actuarial de diecisiete de enero del año en curso, se advierte la imposibilidad que tuvo el actuario adscrito a este juzgado para notificar a la parte quejosa el acuerdo de dieciséis de enero en curso.Por tanto, a efecto de evitar dilaciones procesales, con fundamento en el artículo 27, fracción I de la Ley de Amparo, se instruye al actuario judicial adscrito, notificar a la representante común de la parte quejosa ******, este proveído y el diverso de dieciséis de enero del año en curso, así como los subsecuentes que ameriten notificación personal en este asunto, en el domicilio ubicado en *****, toda vez que el mismo fue señalado por la quejosa como su domicilio particular en la demanda que dio origen a este expediente. Notifíquese personalmente a la representante común de la parte quejosa *****este acuerdo y el diverso de dieciséis de enero en curso, en el domicilio precisado anteriormente.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a dieciséis de enero de dos mil veintitrés Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, incorpórese a los autos el oficio 07/2023 signado por la Magistrada Titular de la Décima Segunda Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, mediante el cual rinde su informe justificado. Dese vista a las partes con el contenido de dicho informe, para que manifiesten lo que a sus intereses convenga; sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia respectiva. Por otra parte, conforme al numeral 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas documentales de la autoridad responsable las que adjunta a su oficio cuenta, consistentes en el original del toca penal ******* de su índice, y dos discos en formato DVD derivados de la causa penal ***** del índice del Juzgado de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca; mismas que se desahogan en razón a su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ellas en el momento procesal oportuno. Acúsese recibo, por así haberlo solicitado expresamente. Ahora, a fin de facilitar el manejo del expediente citado, y con fundamento en lo establecido en penúltimo párrafo del numeral 22 del acuerdo 12/2020 , se ordena guardarlo por separado en la secretaría de este Juzgado, formando el cuaderno auxiliar I anexo a este juicio de amparo, respetando el folio y entresello correspondientes. Hágase del conocimiento a las partes, que al contener información confidencial y de conformidad con lo establecido en el artículo 23 del citado Acuerdo General, dicha documental no formará parte del expediente electrónico de este juicio, por lo que, queda a su disposición para su consulta, a fin de que puedan imponerse de su contenido y manifestar lo que a sus derechos convenga. Se ordena realizar la certificación correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respecto al cuaderno auxiliar. Por cuanto a los dos discos en formato DVD derivados de la causa penal ********** del índice del Juzgado de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca; guárdense en la Secretaría de este Juzgado, en la inteligencia de que quedan a disposición de las partes para su consulta. No obstante lo anterior, con fundamento en los artículos 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, como lo dispone su artículo 2°, dése vista a las partes quejosa y tercera interesada por el plazo de tres días, con los discos ópticos mencionados a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en dichos formatos digitales. Por lo que, deberán presentarse en las instalaciones de este Juzgado en días y horas hábiles con identificación oficial vigente para tal efecto. Apercibidos que de no realiza ninguna manifestación en el plazo concedido o de no presentarse físicamente en este Juzgado, sin posterior acuerdo, se entenderá su desinterés en la vista otorgada. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 43/2013, aprobada por la Primera Sala de la suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de fecha diecisiete de abril de dos mil trece, al resolver la contradicción de tesis 455/2012, cuyo rubro y texto son los siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga". Para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy se difiere y se fijan las ONCE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL NUEVE DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, para su celebración. Notifíquese por lista electrónica; y personalmente a la parte quejosa y tercera interesada.
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