Felipe y/o José Felipe Pérez Hernández
Expediente 221/2019 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 34 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 221/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 34
- Última actuación
- 13/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Felipe y/o José Felipe Pérez Hernández
- Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez, Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala
- Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez, Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala y Otros.
- Ma. del Carmen Pedraza Islas
- Héctor Maldonado Bonilla
Actuaciones
Las 4 más recientes de 34.
- Juicio de Amparo Directo
Toda vez que de la certificación secretarial se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes se hubieren inconformado con la resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el expediente, se declara que la misma ha causado estado. Archívese este asunto y hágase la anotación correspondiente en el libro de gobierno. Finalmente, tomando en consideración que este asunto no es de relevancia documental, se hace la declaratoria de que es susceptible de depuración.
- Juicio de Amparo Directo
Del estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que en sesión ordinaria remota en línea celebrada el veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, en cumplimiento a los Acuerdos Generales 10/2008, reformado por el diverso 29/2011, y 23/2008, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como el oficio SECNO/STCCNO/131/2020, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, dictó sentencia en el juicio de amparo directo penal 221/2019, en la que concedió la protección constitucional a FPH o JFPH, en los siguientes términos: 1) Dejar insubsistente la sentencia reclamada; 2) en términos de la jurisprudencia 61/2018, emitida por la Primera Sala del Alto Tribunal, revocar el fallo de primera instancia dictado en la causa penal de origen, a efecto de ordenar la reposición del procedimiento al momento inmediato anterior al dictado de esa sentencia, para que el juez cumpla con su deber y se cerciore de que las personas que asistieron al quejoso durante el curso del procedimiento, son, en realidad, licenciados en derecho, para lo cual deberá precisarle que dicho juzgador tendrá que desplegar todas las facultades legales, con la finalidad de allegarse las pruebas que acrediten dicho extremo; y solo en el supuesto de que no se logre la acreditación citada, resolver en consecuencia, con base en las directrices trazadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en particular, en el evento de que no se compruebe esa calidad, deberá reponer el procedimiento a fin de reparar la falta de asistencia por un defensor técnico y profesional; y, 3) hecho lo que precede, deberá precisar al juez de primer grado, que tendrá que continuar la secuela procesal hasta dictar la sentencia que legalmente corresponda, y sin más limitación que no agravar la pena, en atención al principio "non reformatio in peius", que prohíbe empeorar la situación jurídica del quejoso1." Este órgano colegiado, por auto de uno de marzo de dos mil veintiuno, tuvo por recibido el oficio 1TC AUX 2ª R.A- 982/2020, signado por el Secretario del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, por el que remitió el amparo directo 221/2019, con la sentencia dictada en el mismo, el toca penal 189/2018 y la causa penal 143/2010; y, con fundamento en los artículos 77 y 192 de la Ley de Amparo, se requirió a la autoridad responsable a fin que diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo y lo informara2. De autos se advierte que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento, y con esas constancias se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada3, sin que la hayan desahogado. En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. Ahora bien, del examen de las constancias remitidas por la propia autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que: 1. Mediante oficio TSJ-SP-21-04, de dieciocho de enero de dos mil veintiuno4, signado por la Secretaria de Acuerdos de la Sala Penal y Especializada en Administración de Justifica para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, informó que dejó insubsistente la sentencia definitiva de veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho. 2. El veinticinco de enero de dos mil veintiuno5, la Sala penal en términos de la jurisprudencia 61/2018, de la Primera Sala del Alto Tribunal, revocó la sentencia condenatoria de primera instancia pronunciada por el Juzgado Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer; por otra parte, ordenó la reposición del procedimiento para que el juzgado de origen cumpla con su deber y se cerciore de que las personas que asistieron al quejoso durante el curso del procedimiento son en realidad licenciados en derecho, para lo cual deberá precisarle que dicho juzgador tendrá que desplegar todas las facultades legales, con la finalidad de allegarse las pruebas que acrediten dicho extremo; y sólo en el supuesto de que no se logre la acreditación citada, resolver en consecuencia, con base en las directrices trazadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en particular, en el evento de que no se compruebe esa calidad, deberá reponer el procedimiento a fin de reparar la falta de asistencia por un defensor técnico y profesional. Atento a lo anterior, mediante acuerdo de quince de febrero de dos mil veintiuno6, el Juzgado de origen solicitó a la Directora de la Defensoría Pública y Asistencia Jurídico Social del Gobierno del Estado de Tlaxcala le informara si el profesional en derecho Domingo Lara Zepeda -defensor de oficio adscrito al Juzgado de origen y quien asistió al procesado- contaba con cédula profesional en derecho. Por lo que, mediante oficio A. J. 88/2021 de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno7, la Directora de la Defensoría Pública y Asistencia Jurídico Social del Gobierno del Estado de Tlaxcala, informó que el C. Domingo Lara Zepeda, cuenta con cédula y título profesional que lo acredita como licenciado en derecho. Asimismo, mediante diligencia de veinte de abril de dos mil veintiuno8, el Juez Penal de origen tuvo por presente a la C.MGS -quien ocupó el cargo de defensora particular del procesado-, identificándose con su cédula profesional número 09084216, expedida por la Secretaría de Educación Pública, la cual la acredita como licenciada en derecho. Por lo que, en cumplimiento a la presente ejecutoria el juzgado en mención se cercioró de que las personas que asistieron al quejoso en primera instancia, sí son profesionales en derecho, tal y como se demostró en líneas que anteceden; evitando violaciones procesales y derechos humanos en contra del sentenciado aquí quejoso. 3) Hecho lo anterior, el veintisiete de mayo de dos mil veintiuno9, el juez de primer grado dictó sentencia condenatoria en la que en atención a los efectos de la presente ejecutoria no agravó la pena impuesta al quejoso, atendiendo al principio "non reformatio in peius". De lo anterior se concluye que la autoridad responsable dio cumplimiento al fallo protector, como se hace patente de la confrontación entre los efectos para los cuales se concedió la protección constitucional solicitada y las actuaciones practicadas por aquélla en los términos precisados en párrafos anteriores. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo de la Ley de Amparo, se declara cumplida totalmente sin excesos ni defectos, la ejecutoria dictada en este juicio de garantías. Hágase del conocimiento a las partes, del presente acuerdo para los efectos señalados en el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo y, en su caso, una vez transcurrido el término de quince días establecido en el numeral 202, párrafo primero, de la citada ley, archívese el expediente como asunto concluido.
- Juicio de Amparo Directo
se tiene por recibido Oficio 405/2021, signado por el Juez Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, mediante el cual informa las gestiones tendentes a dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en este asunto. En tal condición, requiérase nuevamente al juez para que en el término de diez días hábiles, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, emita sentencia y remita constancia que así lo acredite, con el apercibimiento que de no hacerlo, se procederá de conformidad con el numeral 192 de la Ley de Amparo.
- Juicio de Amparo Directo
Se tiene por recibido el oficio signado por el Juez Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento de veinticinco de febrero pasado, comunica que siguiendo los lineamientos de la concesión del amparo dictado en el presente asunto, solicitó a la Directora de la Defensoría Pública y Asistencia Jurídico Social del Gobierno del Estado de Tlaxcala, informara si el profesional en derecho DLZ, quien asistió al procesado contaba con cédula profesional, y en su caso, remitiera copia certificada de la misma. En ese tenor, requiérase nuevamente al citado juez, para que en el término de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, informe las gestiones tendentes a dar cumplimiento, y remita constancia que así lo acredite.
Quedan 30 actuaciones en este expediente
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