Felipe Vicente González
Expediente 1040/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1040/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 06/08/2018
Partes del expediente
- Felipe Vicente González
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los autos, de los cuales se advierte que transcurrieron los cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el auto de veinticuatro de julio del año en curso (foja 13), a través del cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por Felipe Vicente González, sin que la parte quejosa lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 97 fracción I, inciso a), de la Ley de la materia, en relación con el diverso precepto legal 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, con fundamento en lo establecido en el artículo 21, fracción I del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, consultable en el Diario Oficial de la Federación número veinte, del veintiséis de octubre de dos mil nueve, se precisa que el presente expediente por tratarse de un asunto en el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo, es susceptible, en su oportunidad de ser destruido. Asimismo, se comunica a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11, 20 y 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, Archivos, y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo se procederá a su destrucción, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante.
- Principal
se tiene por no presentada la demanda de amparo...
- Principal
Por recibida la demanda de amparo promovida por Felipe Vicente González, por propio derecho, mediante la cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y otras autoridades; fórmese el cuaderno respectivo y regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 1040/2018. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 113 y 114 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar ante todo, el escrito de demanda, y si de dicho análisis advierte que hubiere alguna irregularidad, mandará prevenir al promovente para que cumpla los requisitos omitidos, expresando en el auto relativo las irregularidades o deficiencias que deban complementarse, para que éste pueda subsanarlas en tiempo. En ese tenor, con fundamento en el artículo 114, fracciones I, II y IV, en relación con el 108, fracciones IV y V, ambos de la Ley de Amparo, se considera pertinente requerir al promovente para que dentro del plazo de cinco días, siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, por escrito, con copias suficientes para las partes y bajo protesta de decir verdad, realice lo siguiente: PRIMERO. Toda vez que de la lectura integral hecha a la demanda de amparo se advierte que el quejoso reclama la inconstitucionalidad de los artículos 145 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como del diverso 22 del Código Penal del Estado de México, con motivo de su primer acto de aplicación, tiene la obligación de indicar en qué acto, resolución y/o determinación se encuentra contenido dicho acto de aplicación, así como la fecha de su emisión, y la data en que se le notificó y/o tuvo conocimiento de tal acto. Lo anterior, sin que obste que en el capítulo de antecedentes el quejoso refiera que la orden de aprehensión que reclama se emitió con base en el citado artículo 22 de la legislación local penal a que se hizo referencia, ello en virtud a que del resto de las manifestaciones hechas en el ocurso que se acuerda, el quejoso refiere que desconoce los datos de identificación del expediente en el que se ha emitido tal orden, por ende, es evidente que no tiene certeza plena del acto concreto de aplicación de los citados preceptos, aunado a que respecto del diverso artículo que tilda de inconstitucional, a saber, el 145 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no hace manifestación alguna. Por lo anterior, resulta evidente que pretende reclamar actos futuros de realización incierta, contra los cuales no procede el juicio de amparo indirecto, máxime que en sus antecedentes se limita a indicar que reclama la orden de aprehensión girada en su contra, debido a que se enteró por los medios de comunicación, que en días pasados se encontró en el municipio de Xonacatlan, Estado de México, un cadáver dentro de un automóvil marca Ford Mustag, modelo 1997, placas MWA1827, el cual fue objeto de una operación de compra venta realizada en agosto del año dos mil diecisiete, entre el quejoso y Jorge Navarrete García. Por tanto, el quejoso tiene la obligación de indicar en qué acto, resolución y/o determinación se encuentra contenido el primer acto de aplicación de los preceptos legales que tilda de inconstitucionales. Además, tal requerimiento obedece a que la precisión de los actos reclamados es un requisito esencial que debe contener toda demanda de amparo, toda vez que a través de esto se juzga la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se formula y se acredita ante la responsable, ya que lo anterior resulta indispensable para establecer la relación procesal en las controversias constitucionales; ello tomando en consideración que en el ámbito de impartición de justicia existen una diversidad de actos que pueden considerarse como violatorios de los derechos sustantivos del peticionario de amparo, por lo cual es de concluirse que debe requerirse al quejoso para que aclare la prevención indicada en párrafos que anteceden. Es aplicable la tesis XX.57 K, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la página 871, del Tomo III, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de marzo de mil novecientos noventa y seis, Novena Época, que establece: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRA POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTIAS.- De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda." Asimismo, es aplicable la Jurisprudencia P./J. 55/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, del Tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de julio de mil novecientos noventa y siete, Novena Época, con número de registro 198200, que establece: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento." SEGUNDO. Deberá indicar de manera precisa el lugar en el que se pretende ejecutar el acto que señala como reclamado, a saber, la orden de aprehensión dictada en su contra; ello en atención a que en el escrito de demanda no se advierte con claridad tal circunstancia, pues en el capítulo relativo a los hechos que constituyen los antecedentes del acto reclamado, el promovente en lo que interesa expresó lo que se transcribe: "4. El día de ayer me percate en las noticias que el vehículo anteriormente descrito se encontraba estacionado en una calle del municipio de Xonacatlán con un cadáver dentro, ante estas circunstancias, vengo a solicitar LA PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL POR UNA POSIBLE ORDEN DE APREHENSIÓN EN MI CONTRA, ANTE LA INVESTIGACIÓN POR PARTE DE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES." Sin embargo, el quejoso fue omiso en indicar con precisión la entidad, municipio o localidad en el que se pretende ejecutar el acto reclamado, pues debe existir manifestación expresa al respecto. Sirve de apoyo la tesis I.7o.A.100 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en la Novena Época, Tomo XXIII, Abril de 2006, Materia Común, Registro 175345, Página 990, que establece: "DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Conforme al precepto legal aludido, la parte quejosa debe manifestar los hechos y abstenciones descritos con antelación; sin embargo, en la hipótesis de que no sea satisfecha dicha carga procesal, el Juez Federal debe requerir para que sea subsanada la irregularidad. Ahora bien, en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, página mil ciento noventa y dos, vigésima segunda edición, Editorial Espasa Calpe, Sociedad Anónima, dos mil uno, Madrid, España, se establecen distintas acepciones de la palabra "hecho", entre ellas, las siguientes: "hecho, cha. [...] 5. Cosa que sucede. 6. [...] Acción que se ha llevado a cabo, adelantándose a cualquier evento que pudiera dificultarla o impedirla [...]". Por su parte, en la página ciento sesenta y dos de la obra consultada, es definido el vocablo "antecedente" de diferentes maneras, entre las cuales destaca la que se reproduce a continuación: "[...] 2. m. Acción, dicho o circunstancia que sirve para comprender o valorar hechos posteriores.". De la misma manera, en la página veintiuno del diccionario mencionado se establecen los conceptos de la palabra "acción", entre otros, los que se transcriben enseguida: "[...] Ejercicio de la posibilidad de hacer. 2. Resultado de hacer". En la página catorce se define el vocablo "abstención" de la manera siguiente: "[...] Acción y efecto de abstenerse". En esas condiciones se concluye que para dar cumplimiento al requisito previsto en la fracción IV del artículo 116 de la Ley de Amparo, concerniente a la manifestación bajo protesta de decir verdad sobre los hechos o abstenciones que le constan al gobernado y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, es necesario realizar una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de garantías, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al último párrafo del artículo 73 de la citada ley." Así como la diversa Jurisprudencia P./J. 127/99, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Noviembre de 1999, Materia Común, Registro 192843, Página 32, que establece: "PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA. Al señalar el artículo 116, fracción IV de la Ley de Amparo, como requisito en la demanda, el relativo a que el quejoso manifieste "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, estableció, con este requisito legal, que no constituye una fórmula sacramental o solemne, la obligación a cargo del quejoso de manifestar que su relato de hechos lo hace con sujeción a la verdad. Ahora bien, la omisión de esa declaración, puede llevar al juzgador a tener por no interpuesta la demanda, en caso de que el solicitante del amparo no llene ese requisito cuando sea prevenido para ello, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo. De igual forma, el hecho de que, aun habiendo realizado la protesta de decir verdad, el quejoso incurra en falsedad, lo hace acreedor a las sanciones privativas de libertad o pecuniarias, establecidas en el artículo 211 de la Ley de Amparo. De ahí que la frase "Protesto lo necesario", que aparece comúnmente al final de una demanda, como expresión de cortesía y que deja ver que el ocursante manifiesta a la autoridad sus respetos, atenciones y consideraciones no puede ser utilizada en sustitución de la protesta de decir verdad, establecido como requisito en la demanda de amparo, ya que ambas expresiones tienen contenidos y finalidades distintas." TERCERO. Señale a qué autoridad le atribuye la ejecución del acto reclamado con jurisdicción y competencia en el lugar en el que se pretende ejecutar el mandato de captura reclamado. CUARTO. Precise la forma en que cada una de las autoridades que señala como responsables ha intervenido en la emisión y ejecución del acto reclamado (orden de aprehensión), pues de lo manifestado bajo protesta de decir verdad en la demanda de amparo no se advierte la intervención del Juez de Control en Materia Penal con residencia en Lerma, Estado de México, del Director de la Policía Ministerial del Estado de México, ni mucho menos del Fiscal General de Justicia de esta entidad federativa. En otras palabras, deberá indicar los motivos por los cuales señaló como autoridades responsables a las precisadas en el párrafo anterior, pues de lo narrado en su demanda no se advierte su participación en la emisión y/o ejecución de los actos que reclama, e incluso se advierte que no se le ha requerido de forma personal o a través de alguno de sus familiares su comparecencia y/o presentación en algún centro de justicia, ni tampoco se le ha indicado que existe un mandato de captura en su contra, por lo cual se estima que el quejoso pretende reclamar actos futuros no inminentes de realización incierta, contra los cuales resulta improcedente el juicio de amparo. Al respecto, se hace del conocimiento a la parte quejosa las penas en que incurre en el caso de que exprese hechos falsos u omita los que consten en relación con el acto reclamado, contenidos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 261.- Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: - - - I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y - - - II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos." En la inteligencia que del escrito con el que cumpla lo solicitado deberán de exhibir (de ser posible), las copias necesarias para correr traslado a cada una de las partes, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 110 de la Ley de la materia. Es aplicable la jurisprudencia P/J.36/2001, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de la Nación, publicada en la página 79, del Tomo XIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de Abril del año dos mil uno, Novena Época, con número de registro 189977, que establece: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO.- Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." En este orden de ideas, se apercibe a la parte quejosa que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior, se procederá en términos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley en cita, esto es, se tendrá por no presentada la demanda. Con fundamento en lo previsto en el artículo 27 de la ley de la materia, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la parte quejosa en la demanda de cuenta, a saber, la lista que publica este Juzgado Federal. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de la materia, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Atento a la certificación de cuenta se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Luis Daniel Pedroza Albarrán, pues cuenta con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y de conformidad con la última parte del citado precepto legal, es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones, a las diversas personas que se mencionan en la demanda de cuenta, toda vez que carecen de registro en dicho sistema. Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Finalmente, no obstante que el presente auto debe notificarse de manera personal a la parte quejosa, como lo dispone el artículo 26, fracción I, inciso c), de la Ley de la materia, lo cierto es que en esta fecha se tuvo como domicilio para oír y recibir notificaciones de su parte la lista que se fija en este Juzgado de Distrito; por tanto, realícese la notificación de este auto por medio de lista.
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