Felipe Vega Becerril y Otros.
Expediente 270/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 19 actuaciones registradas, la última del 26 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 270/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 26/11/2021
Partes del expediente
- Felipe Vega Becerril
- Felipe Vega Becerril y Otros.
- Isaac Nava Lugo y Otros.
- Daniela Monroy de Jesús y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Toluca, Estado de México, veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos del presente juicio, así como la certificación de cuenta, se aprecia que la parte quejosa no hizo valer el recurso que contempla el artículo 202 de la Ley de Amparo, en contra del proveído de catorce de octubre de dos mil veintiuno, en esas condiciones, se decreta que ha causado estado. En ese orden de ideas, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que el cuaderno principal es susceptible de depuración, en términos del artículo 18 de dicho Acuerdo, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I, inciso b), de dicho numeral, al ser un juicio de amparo en el que, se concedió la protección constitucional. Se comunica a las partes que de conformidad con el artículo 18 del Acuerdo en comentario, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este órgano de control constitucional durante el lapso de tres años y, dentro de los noventa días siguientes se depurará el expediente y terminado dicho proceso se solicitará su transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. En la inteligencia que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el artículo 21 de tal ordenamiento; asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental, por lo que no encuadra en los supuestos del artículo 15 del multicitado Acuerdo General. Devuélvanse a la autoridad responsable los anexos que remitió como justificación a su informe. Finalmente, se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes.
- Principal
Toluca, Estado de México, catorce de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se aprecia que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa en proveído de cuatro de octubre del año en curso, para que manifestara lo que a su derecho conviniera con la forma en que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, plazo en el cual, la parte quejosa promovió el escrito de cuenta identificado en el libro de correspondencia con el folio 14576. En ese sentido, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el escrito de cuenta, a través de la cual los quejosos Felipe Vega Becerril, Daniela Monroy de Jesús e Isaac Nava Lugo, refieren que la autoridad responsable no ha dado cumplimiento a lo ordenado en la ejecutoria dictada, pues señalan que no obstante que la autoridad responsable declara fundados los argumentos esgrimidos por éstos, de nueva cuenta introduce elementos nuevos a su determinación, que no fueron objeto de la resolución de primer grado, ni mucho menos establecidos en el citatorio a garantía de audiencia, con lo cual se extralimita en sus facultades; asimismo, mencionan que omite decretar si al declarar fundados los argumentos se solventaron o no las observaciones, pues se limita a señalar al resolver los puntos séptimo y décimo en que se determina la insubsistencia del daño causado, cuando de los puntos diversos que resuelve establece claramente si queda o no desvirtuado el daño causado. En esa tesitura, ténganse por hechas las manifestaciones de la parte quejosa; asimismo, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran este juicio para verificar el cumplimiento del fallo protector. Es aplicable, por analogía, la Jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito publicada con el número 247, en las páginas 203 y 204, de la actualización 2002, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, que establece: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." En principio, es de puntualizarse que el acto reclamado se hizo consistir en: "La resolución dictada en el expediente del recurso de revisión RR-PAR/28/2019 de once de noviembre de dos mil diecinueve". Previa substanciación del juicio de amparo, el veintiocho de agosto de dos mil veinte, se emitió la sentencia correspondiente, en la que no se amparó ni protegió a la parte quejosa. Inconformes con dicha determinación, los quejosos interpusieron recurso de revisión en contra la resolución antes referida, en el que, el Pleno del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con residencia en Naucalpan de Juárez, en los autos del amparo en revisión 169/2020 de su índice, reasumió jurisdicción y dictó una resolución cuyos puntos resolutivos son del tenor literal siguiente: "PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Felipe Vega Becerril, Daniela Monroy de Jesús e Isaac Nava Lugo, contra el acto y autoridad precisados en el resultando primero de la sentencia recurrida, por los motivos y fundamentos expuestos en el penúltimo considerando de esta resolución y para los efectos precisados en el último de los mismos." Asimismo, en relación a lo anterior, de la determinación emitida por el Ad quem se advirtió que se concedió el amparo para los siguientes efectos: "NOVENO. Atendiendo a lo argumentado en el considerando que antecede, con apoyo en los artículos 74, fracciones V y VI, y 77, de la Ley de Amparo, se concede a la parte quejosa el amparo que solicita, para el efecto de que la autoridad responsable, Auditor Superior de Fiscalización del Estado de México: 1. DEJE INSUBSISTENTE la resolución de once de noviembre de dos mil diecinueve, dictada dentro del expediente RR-PAR/28/2019; 2. Emita otra en la que, reiterando las partes que no fueron materia de la concesión, realice el estudio de los agravios quinto, sexto, séptimo, décimo, décimo primero, décimo segundo, décimo tercero y décimo cuarto propuestos por los quejosos recurrentes en su recurso de revisión, relativas las observaciones marcadas con los números 0014, 0015, 0016, 0018, 0004, 0019, 0020 y 0021, de la diversa dictada en el expediente SOFEM/UAJ/PAR-IM/191/17, en los términos de las consideraciones de la presente ejecutoria, y, resuelva conforme a derecho corresponda." Por tanto, en atención a lo ordenado por la superioridad, en cuatro de mayo del año en curso, se requirió a la autoridad responsable su cumplimiento. Posteriormente, el catorce de mayo del año en cuso, se tuvo por recibido el oficio OSFEM/UAJ/OS/OSB/264/2021 (con anexos), remitido por el Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, al que anexó el acuerdo de insubsistencia, así como la resolución de fecha doce de mayo de dos mil veintiuno, emitidos en el recurso de revisión RR-PAR/28/2019; de los cuales se aprecia que dejó insubsistente el auto de once de noviembre de dos mil diecinueve y emitió una nueva resolución. Luego, mediante auto de veintiséis de mayo del año en curso, se declaró por cumplida la ejecutora a que se ha hecho alusión; no obstante, la parte quejosa, interpuso recurso de inconformidad en contra de dicha determinación, en el que, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con residencia en Naucalpan de Juárez, en los autos del recurso de inconformidad 26/2021 de su índice, cuyo punto resolutivo es del tenor literal siguiente: "ÚNICO. Es FUNDADO el recurso de inconformidad." En ese sentido, en atención a las consideraciones del Ad quem, se dejó sin efectos el auto de veintiséis de mayo pasado y toda vez que de lo resuelto en la ejecutoria que se recibió, se advierte que dicho órgano colegiado, declaró fundado el recurso dado que precisó que "la responsable no acató en sus términos la ejecutoria dictada, toda vez que aún cuando dejó sin efectos la resolución reclamada, y en relación con los agravios séptimo y décimo, declaró fundados los argumentos propuestos por la quejosa inconforme, no declaró la indebida motivación de dicha resolución, como se ordenó en la parte considerativa de la referida ejecutoria, sino atendiendo a elementos diversos, declaró no solventadas las observaciones correspondientes." Posteriormente, el diez de septiembre pasado, se tuvo por recibido el oficio OSFEM/UAJ/DS/DSB/798/2021 (con anexo), signado por el Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos, del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, a través del cual en atención al auto de treinta y uno de agosto pasado, remitió la resolución pronunciada dentro del recurso de revisión RRPAR/ 28/2019 de su índice, refiriendo que atendió los lineamientos de la ejecutoria pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, en el recurso de inconformidad 26/2021, por lo que se dio vista a los quejosos para que manifestara lo que se a su derecho legal convenga. Seguido el trámite, mediante auto de veintitrés de septiembre pasado, en atención a las consideraciones hechas valer por la parte quejosa, así como de una comparación a lo ordenado por la superioridad y a lo resuelto por la autoridad responsable en cumplimiento a ello, se señaló que la autoridad responsable continuaba atendiendo a elementos diversos para resolver, y omitió pronunciarse si son solventadas o no las observaciones correspondientes, por lo que se le requirió a ésta para que dieron debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En atención a ello, en acuerdo de cuatro de octubre del año en curso, se recibió el oficio OSFEM/UAJ/DS/DSB/938/2021, mediante el cual el Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, en atención al auto de veintitrés de septiembre pasado, remitió la resolución pronunciada el veintiocho siguiente, dentro del recurso de revisión RR-PAR/28/2019 de su índice, refiriendo que atendió los lineamientos de la ejecutoria pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, en el recurso de inconformidad 26/2021. De lo anterior y visto lo ordenado por la superioridad se advierte que la autoridad responsable cumplió con la directriz de la concesión del amparo. Así pues, del análisis comparativo entre lo resuelto en la ejecutoria de amparo y la conducta desplegada por la responsable respecto de aquélla, se concluye que en el caso particular se ha dado cumplimiento al fallo protector, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, y consecuentemente, se colige que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de sus derechos humanos transgredidos, lo que constituye el fin último de la ejecutoria de amparo; por lo tanto, toda vez que la autoridad responsable no incurrió en defecto, al acatar cabalmente los efectos de la sentencia amparadora; así como tampoco incurrió en exceso, ya que no se extralimitó de lo expresamente solicitado; se declara cumplida la sentencia. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301 del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2009, Novena Época, materia común, con número de registro 165807, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Previas anotaciones en el libro de gobierno, hágase del conocimiento de la quejosa la presente determinación, para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo, quedando a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y forma que considere convenientes. No se soslayan los argumentos que hacen valer los quejosos en el escrito de cuenta, en relación a que refieren que la autoridad responsable no ha dado cumplimiento a lo ordenado en la ejecutoria dictada, no obstante, al resolver los puntos siete y diez, la autoridad responsable, no se advierte que haya introducido nuevos elementos para pronunciarse respecto a ellos, declaró fundados sus agravios, declaró la indebida motivación de la resolución de diecisiete de enero de dos mil diecinueve, determinó la insubsistencia del daño ocasionado al erario del municipio de Jilotepec, Estado de México, respecto a las cantidades ahí señaladas, las cuales fueron descontadas del monto que deberán cubrir los aquí quejosos, por lo que deberá estarse a lo acordado en párrafos anteriores.
- Principal
Toluca, Estado de México, cinco de octubre de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio (con anexo) de cuenta, a través del cual el Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, en atención al auto de veintitrés de septiembre pasado, remite la resolución pronunciada el veintiocho siguiente, dentro del recurso de revisión RR-PAR/28/2019 de su índice, refiriendo que atendió los lineamientos de la ejecutoria pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, en el recurso de inconformidad 26/2021. Atento a lo anterior, unicamente agréguese a los autos para que obre como corresponda en virtud de que mediante auto de cuatro de octubre pasado, se tuvo por recibido dicho comunicado y se acordó lo propio.
- Principal
MESA IV. Toluca, Estado de México, cuatro de octubre de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio (con anexo) de cuenta, a través del cual el Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, en atención al auto de veintitrés de septiembre pasado, remite la resolución pronunciada el veintiocho siguiente, dentro del recurso de revisión RR-PAR/28/2019 de su índice, refiriendo que atendió los lineamientos de la ejecutoria pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, en el recurso de inconformidad 26/2021. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio y anexos de cuenta, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días contado a partir de la legal notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, en relación con la forma en que la responsable da cumplimiento al fallo protector; apercibida que en caso de ser omisa, se resolverá sobre el particular, con base en las constancias que obran en el sumario constitucional. Encuentra sustento lo anterior, en lo conducente, en la Jurisprudencia 247, de La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Novena Época, a página 203, cuyo contenido es del tenor siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia."
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